* La región sur del Edomex, tierra de paso de las drogas pero también escenario de cultivos y cuartel general, fue una de las puertas para que La Familia se instalara en la entidad. Hoy es el cártel dominante, según informes de la delegación de la Procuraduría General en Toluca, de la propia Agencia de Seguridad Estatal y de los propios pobladores, quienes no sólo enfrentan la pobreza histórica de la región y la opresión de los caciques políticos, sino la transformación de un territorio en una pequeña nación con leyes autónomas, jefes propios y un poder económico superior al resto de los municipios, donde la administración estatal no puede o no quiere meter las manos.
Miguel Alvarado
El sur del Estado de México es desde años uno de los bastiones dominados por el narcotráfico. Tierra de paso de las drogas pero también escenario de cultivos y cuartel general, fue una de las puertas para que La Familia se instalara en la entidad. Hoy es el cártel dominante, según informes de la delegación de la Procuraduría General en Toluca, de la propia Agencia de Seguridad Estatal y de los propios pobladores, quienes no sólo enfrentan la pobreza histórica de la región y la opresión de los caciques políticos, sino la transformación de un territorio en una pequeña nación con leyes autónomas, jefes propios y un poder económico superior al resto de los municipios, donde la administración estatal no puede o no quiere meter las manos.
En agosto del 2009, el alcalde entrante Zeferino Cabrera Mondragón pactaba el despido de 179 empleados municipales que no estaban sindicalizados. De la noche a la mañana, una lista colocada en la oficina de Administración avisaba a los afectados que pasaran a recoger sus cosas, aún cuando se había acordado una revisión particular de cada caso. El regidor priista Honorato Arce denunció la presencia de al menos cuatro personas ajenas al cabildo de Cabrera que intervienen en los asuntos que sólo competen a los regidores, síndicos y la propia presidencia.
Rosalba Flores, reportera de la revista Poder Edomex, escribía el 19 de noviembre del 2009 que Zeferino Cabrera Mondragón “admitió que recibió llamadas telefónicas para extorsionarle y fue evasivo al cuestionarle si hay presencia de los Zetas o La Familia en el municipio sureño, ya que aseguró, sólo son rumores que no puede confirmar y propuso preguntarle al gobernador”.
En la misma, el edil reconocía los enfrentamientos entre los grupos delictivos y el temor de los habitantes, pero luego matizó al asegurar que el principal delito en esa región era el abigeato.
“Y aunque el ejército acude ocasionalmente, indicó que no han solicitado más seguridad pues hay cosas delicadas. No requerimos más seguridad, con los elementos que están es más que suficiente para lo que compete a mi ámbito municipal como gobierno”.
Las extorsiones a las que se refería el presidente municipal tenían que ver con protección, pero dijo que había muchos que recibían ese tipo de llamadas y recordó apaga el celular porque “no pasa nada”.
“Piden dinero o si no eres hombre muerto, pues va de… este… medio millón de dólares hasta… son gente que incluso está en la cárcel y hacen llamadas nada más, muchos han caído, a varios de mis compañeros que anduvieron de campaña recibieron llamadas, a mí me ha pasado varias veces pero no he caído en ese error”.
Aprovechó para decir que los sembradíos de mariguana en la zona eran sólo un mito porque ellos nada saben, al igual que las ejecuciones que de tanto en tanto se presentan.
Y Zeferino tenía razón a medias. Nadie quiere saber. Por eso, uno de los últimos enfrentamientos entre Zetas y la Familia pasó casi desapercibido. El primero de julio del 2009 en el sur de la entidad, dejaba 7 sicarios detenidos, cinco camionetas de lujo, una moto aseguradas y 25 armas de grueso calibre confiscadas, cerca del poblado de Caja de Agua, en los límites con Guerrero.
‘“De acuerdo a los habitantes de la región, aproximadamente a las 14:00 dos grupos de presuntos sicarios se enfrentaron a balazos cuando uno de ellos buscaba ejecutar a Osiel Jaramillo, famoso dirigente del crimen organizado en la zona sur del Estado de México. Sus pistoleros lo defendieron, y no es la primera vez que esto sucede, pues hace dos semanas intentaron ejecutarlo en un partido de futbol y hace menos de una semana lo volvieron a balear cuando salía de una de sus casas de seguridad”, indicó uno de los habitantes de Caja de Agua, que pidió no revelar su nombre, ‘porque me matan’”.
Aunque la policía estatal llegó después, reportó a dos agentes heridos y la nota señalaba que se recogieron por lo menos 12 cuerpos de sicarios en el lugar de los hechos.
Los testigos de Caja de Agua saben que no fueron 12 los asesinados aquella tarde. Allí se recogieron más de 40 cadáveres, resultado de una de las batallas más cruentas de las que se tenga registro en el país. Los lugareños supieron luego que los ganadores habían sido los de la Familia, grupo que comenzó la conquista de territorios mexiquenses hace unos cuatro años y que poco a poco se adueñó de las plazas. Con aquella matanza del primero de junio la Familia se supo dueña de Luvianos. El resto del año otros encuentros lo confirmaron. Dueños ya de la plaza, se dedicaron al negocio. Comenzaron por las autoridades de los municipios de Zacazonapan, San Martín Otzoloapan, Luvianos, Tlatlaya, Amatepec y Temascaltepec, a quienes extorsionan cada quincena a cambio de la seguridad tan negada por el edil Cabrera. No sólo las autoridades deben cooperar, también lo hacen los empleados municipales.
Al mismo tiempo, dicen los habitantes, pactaban con las diversas policías. Hay nuevo dueño, les dijeron y fijaron con ellos una cuota de 100 mil dólares al mes que reciben los elementos de la Procuraduría estatal coludidos con ellos y la ASE, quienes a cambio permiten a los miembros de cártel ir armados por las calles de los municipios sin ser molestados. Garantizaron también respetar las importaciones de droga que el grupo realiza a Estados Unidos, Canadá, Colombia e incluso China, además de permitir la expansión hacia Toluca, Metepec y Zinacantepec.
Los habitantes de aquella región fueron también extorsionados para permitirles trabajar en sus ocupaciones. Millonarios cobros fueron exigidos a ganaderos y comerciantes, que prefirieron abandonar la zona pues también se practicó una “limpia” contra los supuestos socios, aliados o conocidos de los Zetas, quienes fueron levantados y expulsados o asesinados. A quienes no cooperan, aseguran, se les queman sus propiedades y confiscan los artículos de labranza. Los dueños de la región cobran incluso para sembrar tomate o maíz. La gente se ha marchado pero la que se queda no puede denunciar. “Es lo mismo, no importa a quién se le diga, todos están vendidos”, dicen.
El 16 de octubre del 2009, la agencia local de Toluca, MVT, reportaba una balacera en Caja de Agua, Luvianos, que dejó dos fallecidos, tres autos abandonados y signos de más muertos, además de cientos de casquillos percutidos, así como media docena de granadas de fragmentación.
“Entre los vehículos que quedaron abandonados en el sitio, todos llenos de boquetes provocados por impactos de balas calibre 0.762 milímetros, capaces de atravesar fuselajes blindados, destaca una camioneta Ford, tipo Lobo, color rojo, de modelo reciente; una Pick Up marca Ford con matrícula de Nuevo León dentro de la cual hicieron detonar una granada de fragmentación, por lo que prácticamente estaba destruida, así como un automóvil deportivo tipo Bora, de Volkswagen, con placas de Guerrero. De acuerdo a los primeros peritajes, estos vehículos participaron en una persecución y luego se cerraron el paso los unos a los otros, dado que todos presentaban huellas de haberse entrechocado. Aparentemente, llegó el momento en que los sicarios bajaron de las unidades e intercambiaron disparos de armas de fuego de grueso calibre, además de granadas de fragmentación”, decía aquella nota.
El último conteo sobre municipios con presencia de la Familia, Zetas y afines a los hermanos Beltrán Leyva arrojaba un total de 28, de los cuales 17 estaban en poder de los michoacanos, los Beltrán tenían 6 y los Zetas operaban en 14.
