Secuestrador premiado

* Margarito Salas Reyes trabajaba como intendente en la Cámara de Diputado local, en el centro de Toluca. El 20 de diciembre del 2011 había sido galardonado por la Junta de Coordinación Política, en la Ceremonia de Estímulos y Recompensas, en la categoría de Atención al Público. Margarito acudió a la ceremonia, junto con decenas de premiados, y escuchó las palabras de José Manzur Quiroga, en ese entonces diputado local y presidente de la JCP. Dos años después secuestraba y asesinaba a un joven estudiante de la capital del Edomex.

 

Miguel Alvarado

A Carlos Eduardo Martínez González la desatención de las autoridades del Estado de México le costó la vida. El 14 de febrero del 2013, este joven, estudiante de la escuela Montessori de Toluca, fue secuestrado por cuatro personas, entre ellos una mujer, y asesinado cuando lo empujaron desde el Puente de Calderón, en la carretera a Ixtapan de la Sal, desde una altura de más de 100 metros. Su cuerpo, encontrado y levantado por la policía ministerial, permaneció en la morgue de Tenancingo durante medio año, hasta que fue identificado por sus familiares luego de la detención de los culpables.

Uno de ellos, Margarito Salas Reyes trabajaba como intendente en la Cámara de Diputado local, en el centro de Toluca. El 20 de diciembre del 2011 había sido galardonado por la Junta de Coordinación Política, en la Ceremonia de Estímulos y Recompensas, en la categoría de Atención al Público. Margarito acudió a la ceremonia, junto con decenas de premiados, y escuchó las palabras de José Manzur Quiroga, en ese entonces diputado local y presidente de la JCP, quien dijo que los servidores públicos del poder Legislativo del Estado de México “son la imagen y presencia cotidiana de nuestra institución ante la sociedad, su esfuerzo representa la tarea fundamental de prestar todos los días, a toda hora, los servicios y las respuestas requeridas para el desarrollo armónico de las actividades y para la elevación de su bienestar personal”. El boletín 1681 emitido por la propia Cámara da cuenta de la ceremonia y se ´puede ubicar en el sitio web de la propia Legislatura, http://www.cddiputados.gob.mx.

Margarito, secuestrador pero bien educado y quien por aquel premio no se hizo famoso ni rico, era novio de Beatriz Alejandra Morales Sendo, de 24 años y empleada de una óptica. Era vecina comercial del negocio de Carlos Eduardo y su familia, quienes mantenían una tortería entre las calles de Juan Aldama y Morelos y allí acudía casi a diario a comer. Hizo amistad con el muchacho, según las versiones de los familiares, y logró subirlo a un auto para llevarlo a Tenancingo, a una casa de seguridad. Desde allí exigieron un rescate por 10 millones de pesos, que al paso de los días fue bajando hasta quedar en 2 millones. Sin embargo, el 17 de febrero los secuestradores decidieron asesinar de Carlos Eduardo. Los otros dos cómplices, Emiliano Victoria Reyes y Silverio Victoria Hernández, también están detenidos y esperan por una sentencia.

El caso evidencia el grado de descomposición social que ha alcanzado la ciudad, pero también comprueba, una vez más, la ineficiencia de las autoridades, poco aptas para realizar investigaciones elementales como corroborar la presencia de cuerpos en morgues mexiquenses. El diario local Alfa recuerda que al menos hay otro caso similar, el de Bárbara Reyes Muñiz, de 17 años, secuestrada en Cuautitlán Izcalli y hallada en una morgue de aquel municipio 20 meses después. También evidencia a la Cámara de Diputados local y su sistema de contrataciones, que no puede detectar perfiles sicológicos o tendencias criminales en sus empleados, aunque pareciera una paradoja, pues los diputados son tradicionalmente calificados de corruptos e ineficaces. El gobernador de la entidad, Eruviel Ávila, se pronuncia tibiamente sobre el crimen y cuestionada policía que mantiene el Estado, aunque una de sus principales promesas de campaña era reorganizarla. Lo púnico que ha hecho fue crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque dejó los mismos cánones y reglamentos de la anterior Agencia de Seguridad Estatal. Criticado por  preferir aparecer en eventos de caridad como en Metepec, el 21 de agosto, donde acompañó a la actriz Angélica Rivero, esposa del presidente mexicano Peña Nieto, invitada por la Fundación Dondé a un acto de caridad. El padre del menor secuestrado había iniciado una serie de protestas afuera de la oficina del gobernador para demandar su intervención pero Ávila siempre guardó distancias y silencio, que autocalifica su gestión como “un gobierno humanista”. El 31 de julio d este año, el Ejecutivo mexiquense reconocía los altos índices de pobreza e inseguridad en su territorio. “Merecemos tranquilidad, merecemos paz en nuestros municipios”, diría hace más de un año el mandatario.

El Estado de México es una entidad incontrolable. Esto explica en parte que en el 2013 los plagios se incrementaran 15 por ciento, pues oficialmente hay 89 secuestros en seis meses, aunque el número sólo corresponde a casos denunciados. Este año han muerto seis víctimas a manos de sus captores. Durante junio, se capturó a 37 secuestradores en 15 días, dos diarios en promedio. Tamaulipas, Michoacán y el Edomex son líderes nacionales en denuncias por secuestro, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La entidad experimenta un incremento del 50 por ciento en los procesos judiciales iniciados, apunta la revista Proceso. Por su parte, el Centro de Investigación para el Desarrollo califica al secuestro en el Edomex como de afectación media y lo coloca en el lugar 16 a nivel nacional, en el 2012.

El secuestro ha incrementado la aparición de negocios relacionados con la seguridad, pero casi ninguno es accesible a la población media, que no puede pagar este tipo de servicios. La empresa Protecto Galss asegura que nada más en la ciudad de México, a partir del 2005, se presentan unos 56 mil secuestros express en el país, y que 156 mil de ellos ocurren en la ciudad de México. La empresa ofrece blindaje para automóviles pero el paquete más barato cuesta 400 mil pesos. De cualquier forma no se trata de protegerse contra el crimen, cualquier a que sea, sino de evitar que suceda. Los números para el Montielato, que cumple ya 14 años, están en contra de la buena voluntad e intenciones de cualquiera que intente gobernar una entidad en manos del interés particular.

Diarios de un despachador de gasolina

* Aristegui representa de pronto el lado público cuerdo en el debate sobre el petróleo, aunque ni es debate y de todas maneras Pemex será vendido. Lozoya es el personero de una incongruencia que no puede ser explicada cabalmente porque será un negocio entre particulares. ¿Quién gana con la venta de Pemex? ¿Y quién gana con la filmación de Kick-Ass 2?

 

Miguel Alvarado

Personas comunes disfrazadas de superhéroes toman las calles de Nueva York y hacen el bien. O lo que los gringos creen que está bien. Luchan contra negros y pandilleros hispanos y provocan al barrio metiéndose, cargados de joyas de fantasía, en callejones sin salida. Un tonto adolescente que se hace llamar Kick-Ass entrena duro junto a una chiquilla de 15 años, quien le provee de la exacta sabiduría del madrazo en los desos o de la mortal caricia de los chacos en los aquellos. Pronto, el tal Kick-Ass está listo para combatir el crimen desde su escuela preparatoria, mientras se deja ver en las principales avenidas de aquella ciudad y junta a sociópatas como él en la aventura sempiterna del bien contra el mal, apoyado en la inútil obsesión del feis.

En México corren tiempos de bandas presidenciales y asesinatos en masa que no se denuncian. El exterminio de la pobreza no funcionará matando pobres, que encima representan la inconformidad colectiva y que está dispuesta a protestar por todo, incluso porque la selección de futbol no vaya al Mundial de los fifos. Nada es lo que parece en la ficción mandada a hacer por el gabinete del presidente Peña Nieto, quien no cree en los superhéroes si no trabajan en su tiempo libre como despachadores de gasolina o altos ejecutivos de la Exxon. Nadie espera nada de la venta de Pemex, y tampoco entiende el significado de un crecimiento anual de 3.8 por ciento, rebajado a estas alturas por el secretario Luis Videgaray a 1.8. Significa poco, pero es casi todo lo que representa el país. No hay dinero, puede traducirse desde la esquina de la simpleza, o el que hay no será repartido –como siempre- a partes iguales. No es necesario, aunque siempre queda el resabio de la presencia –ausencia- de un superhéroe, aunque sea como el Kick- Ass de la desastrosa saga del director Jeff Wadlow y de los ilustradores y cuentacuentos Millar y Romita. Lástima que Pemex no sea digna de ser dibujada en uno de esos cómics secuenciales donde todo es sufrimiento –sin dolor no hay ganancia, dice la bélica Blackwater y algún roshi trascendental- pero al final los buenos o al menos los capaces se quedan con el negocio. Datos de Reporte índigo, algunos pocos para no aburrir, señalan que Pemex “tiene costos de producción más baratos que Statoil y Petrobras, los dos modelos que se buscan replicar con la reforma energética… supera al doble en eficiencia a British Petroleum, Chevron, Shell, Exxon Mobil y otras petroleras que entrarían al país gracias a la apertura… tiene mejores rendimientos de operación que las seis petroleras privadas más importantes del mundo… a pesar de la declinación de sus campos, de la merma en sus exportaciones, de la corrupción y los altísimos impuestos que paga, es la quinta petrolera que produce más petróleo en el mundo, la primera en el continente americano. La superan cuatro compañías con las que tiene algo en común: son estatales. Pertenece a los gobiernos de sus países”. Así pues, el mejor negocio del mundo es una petrolera bien administrada; el segundo mejor negocio del mundo es una petrolera mal administrada y el tercer mejor negocio del mundo es una petrolera vendida por el Grupo Atlacomulco.

La aventura de la privatización nada tiene que ver con una película de Hollywood pero tampoco con la realidad mexicana. El director general de Pemex, el principal portavoz de la participación privada en el petróleo, Emilio Lozoya Austin, no pudo responder preguntas simplísimas que la periodista Carmen Aristegui le planteó. ¿Por qué quieren comprar gas asiático más caro, cuando el mexicano vale infinitamente menos? ¿Por qué no endeudar a Pemex, si siempre ha operado así? ¿Qué pasará con la parte fiscal de Pemex? Como villano acorralado, Lozoya balbuceó y enrojeció de manera inapropiada para el Club de los Cínicos. No es que no sepa, es que no puede, dijeron los asistentes a esa entrevista, que luego fue retirada de las redes sociales.

Aristegui representa de pronto el lado público cuerdo en el debate sobre el petróleo, aunque ni es debate y de todas maneras Pemex será vendido. Lozoya es el personero de una incongruencia que no puede ser explicada cabalmente porque será un negocio entre particulares. ¿Quién gana con la venta de Pemex? ¿Y quién gana con la filmación de Kick-Ass? Predecible, llena de clichés, de chistes para geeks pero con una actriz tan llamativa como el pecado, Chloë Moretz, también protagónica de la versión gringa para Déjame Entrar, vampírica cinta aplaudida al menos por mí para su original, cuyo título sueco suena algo así como Låt den rätte komma in. Por cierto, Suecia exporta 243 mil 200 barriles por día contra los 2.53 millones de barriles diarios que los mexicanos sacan de su territorio, según Index Mundi, que además señala que esa nación es una de las economías no petroleras más prósperas del mundo, que apuesta por energía nuclear e hidroeléctricas.

Para entender los porqués de la venta de Pemex no es necesario un tipo disfrazado de verde ni un presidente como Peña Nieto. Vender Pemex cualquiera lo hace. Hacer de la paraestatal un negocio boyante que beneficie al país, se necesita un gabinete con valor, inteligencia y güevos, y hasta eso pocos.

Cuotas escolares

* Queda claro que al prohibir pago alguno en los rubros mencionados, la autoridad escolar está impedida legalmente para promover cualquier cuota voluntaria de los padres de familia. Las primeras reacciones observadas el jueves y viernes de la semana pasada respecto a erogación alguna para inscribir a sus hijos en la escuela no se hicieron esperar, ciudadanos con verdaderas carencias económicas no realizaron ninguna aportación.

 

 

Luis Zamora Calzada

La presentación la semana pasada de las reformas a la Ley General de Educación, la iniciativa de Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente en el Congreso de la Unión, establece el marco legal que regirá a la educación pública del país.

El marco jurídico que se plantea genera verdaderas complicaciones para la vida escolar, en particular lo establecido en el artículo 6 de la Ley General de Educación, que señala que las donaciones o cuotas voluntarias no se entenderán como contraprestaciones. Sin embargo, se admiten con la obligación de la autoridad educativa de determinar mecanismos para regular, vigilar y transparentarlas.

Prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione el servicio, especificando que no se puede condicionar ningún cobro para la inscripción, acceso a la escuela, aplicación de exámenes, entrega de documentación o afectar la igualdad en el trato a los alumnos.

Aun cuando se establece el diseño de mecanismos de participación estatal y municipal, no se menciona cómo cubrir gastos inmediatos que ya ejerce la escuela, como en los casos donde las asociaciones de padres de familia pagaban a personal secretarial y manual, quedando a partir de ahora estos trabajadores en riesgos de desempleo al no contar con la plaza correspondiente.

Queda claro que al prohibir pago alguno en los rubros mencionados, la autoridad escolar está impedida legalmente para promover cualquier cuota voluntaria de los padres de familia. Las primeras reacciones observadas el jueves y viernes de la semana pasada respecto a erogación alguna para inscribir a sus hijos en la escuela no se hicieron esperar, ciudadanos con verdaderas carencias económicas no realizaron ninguna aportación.

El panorama es complejo, la puesta en marcha de las escuelas requiere del pago de gastos que el Estado no cubre, urge la programación de financiamiento destinado a cada centro educativo y una inmediata será la creación de plazas para el personal que ha venido laborando por años en las instituciones educativas. Las tareas que desempeñan son indispensables para el funcionamiento escolar.

 

 

Suspensión de clases

 

 

El calendario del ciclo escolar iniciado establece que el trabajo con alumnos formalmente empieza el 19 de agosto y concluye el miércoles 15 de julio del 2014, marcando una Semana Nacional de Evaluación, del 16 al 20 de junio del año siguiente.

Para el desarrollo de los consejos técnico escolares se destinan trece días, de los cuales ya se ejercieron cinco. Quedan ocho, programados para el último viernes de los meses de septiembre, octubre, noviembre de este año y enero, febrero, marzo y junio del siguiente, con la obligatoriedad de reunir a los maestros para revisar el Plan de Mejora, que en teoría se integró la semana pasada. Como es de esperarse, estos días no acudirán los alumnos a clases.

Es ya de conocimiento público el número de suspensiones de labores docente, que en total suman diez días, calendarizando dos en el periodo vacacional de Fin de Año y uno en sábado, día no hábil para las escuelas, quedando por tanto de manera efectiva siete, distribuidos para el lunes 16 de septiembre, 18 de noviembre del 2013 y tres de febrero, diecisiete de marzo, uno, cinco y quince de mayo del año entrante.

Este calendario es obligatorio para todas las escuelas del país. Técnicamente se debe respetar en todos los estados y es notorio que no se destina ningún día de suspensión para otras tareas, como suelen ser algunas de carácter sindical.

En nuestra entidad, para “Juegos de los Maestros” estatales, al menos se suspendían dos días para todos los docentes y un número amplio no asistía a clases para acudir a los juegos en sus fases llamadas regional y estatal, dos más con suspensión de al menos 4 mil profesores, que acuden a las asambleas sindicales; en esta ocasión no podrá destinarse ningún día para estas actividades, la delicada tarea de la Secretaría de Educación será convencer a sus afiliados para ocupar sábados y domingos para estos eventos no contemplados en el calendario escolar.

Pasado presidencial

* “La ejecución de los escoltas de la familia Peña Pretelini, la muerte de Mónica Pretelini y las llamadas interceptadas por la PGR pertenecen al anecdotario o la historia política de una entidad que, en el sexenio de Peña, vio pasar a cuatro titulares de la Procuraduría de Justicia: Alfonso Navarrete Prida, Abel Villicaña Estrada, Alberto Bazbaz Sacal y Alfredo Castillo Cervantes—. Con dos, Navarrete y Castillo, insertos en 2012 en el equipo presidencial peñista”, escribe el periodista Francisco Cruz en su libro Los Golden Boy’s, editado por Planeta en el 2012 y al cual pertenece este texto.

 

Francisco Cruz Jiménez

Transcurría la mañana del 11 de enero (del 2007) cuando fuentes extraoficiales confirmaron que, en los primeros minutos de la madrugada de ese jueves, Mónica Pretelini de Peña, en ese entonces esposa del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, había muerto a los 44 años de edad. La noticia estremeció y puso a la expectativa a todo el país. Encabezado por Peña, el gobierno del Estado de México calló deliberadamente y no hizo nada por aclarar rumores de todos los calibres —incluidos uno sobre suicidio y otro sobre homicidio—, ni las contradicciones que se hicieron públicas y se convirtieron en una fuente inagotable de especulaciones que aún persiguen a Peña.

Seis años después, nadie sabe a ciencia cierta qué sucedió. No lo saben ni siquiera los médicos que la atendieron aquella noche en la Cruz Roja, ni los empleados del Centro Médico de Toluca —en Metepec— y del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), a quienes se les preguntó insistentemente si allí se encontraba internada una persona de apellido Pretelini, debido a que muchos sabían que, antes del traslado a la Ciudad de México, en esos tres lugares se había atendido a la esposa del gobernador. Sin embargo, el tiempo se ha encargado de diseminar y alimentar las dudas en torno al súbito fallecimiento.

Miguel Alvarado escribió el 11 de enero de 2009 en el semanario Nuestro Tiempo: “La vida de Peña se convulsionó a partir de entonces, epilépticamente desgarrada. Pero el luto no duró mucho. Pronto estaba de vuelta, tratando muy a su manera la administración estatal. El nombre de Mónica pronto fue sustituido y una larga lista de aspirantas [sic] al DIF estatal apareció en la agenda del llamado Viudo de Oro”.

En el sótano quedaron los recuerdos de Mónica, sus reclamos por las aventuras extramaritales de Peña y los secretos de una enfermedad desconocida. No obstante, su muerte no ha dejado de ser un amasijo de secretos mal guardados, mezclados con habladurías que el tiempo y el manejo que de ellos hizo el ex gobernador la han mantenido vigente. Todavía, más allá del simple morbo que representa ver sufrir a una familia por cuestiones del corazón, falta conocer el desenlace de historias paralelas, tal es el caso del asesinato de los guardias que cuidaban la seguridad de la familia Peña-Pretelini, una pista poco explorada, al menos en lo periodístico.

El atentado ocurrió la noche del 10 de mayo de 2007 y cobró la vida de los agentes mexiquenses Roberto Delgado Nabor, Erick Rey López Sosa, Guillermo Ortega Serrano y Fermín Esquivel Almazán —de 24, 37, 34 y 35 años de edad, respectivamente—, todos elementos de élite y  confianza comisionados por la Agencia de Seguridad Estatal.

Pequeños detalles contenidos en documentos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) —archivados en juzgados federales o agencias del Ministerio Público a los que se tiene acceso en los primeros días de enero de 2012— muestran, entre otras cosas, por qué las autoridades mexiquenses se apresuraron a declarar, anticipándose a las autoridades judiciales veracruzanas, que los cuatro guardaespaldas de la familia Peña Pretelini fueron víctimas de matones al servicio del narcotráfico.

Ciertamente, el atentado estuvo a cargo de los capos del crimen organizado —como declaró Humberto Benítez Treviño, secretario general de Gobierno en esos tiempos— la noche en que los escoltas de Peña resguardaban la seguridad de sus hijos Paulina, Alejandro y Nicole, quienes vacacionaban en el puerto acompañados por su abuelos maternos Hugo Pretelini y Olga Sáenz, además de Claudia, hermana de Mónica. Pero se omitió decir quién había dado la orden, así como los intereses que se movían detrás.

Muertos los cuatro escoltas, los asesinos se perdieron en la zona turística del puerto. El caso quedó enterrado en los panteones de Zinacantepec y Toluca junto con los cuerpos, ya sin vida, de los cuatro agentes. Mientras  a los familiares se les consoló  con 370 mil pesos de seguros  y una compensación por cada uno de los muertos, a cambio de discreción. Todos callaron, pero muy pocos repararon en que Fermín Esquivel era una de las pocas personas que conocía detalles de la vida matrimonial de Enrique Peña y Mónica Pretelini porque su comisión oficial con la pareja no había comenzado el día de su asesinato, sino que llevaba varios años trabajando como escolta de la familia.

El asesinato terminó por perderse en una maraña burocrática judicial a partir del lunes 20 de mayo de 2008, cuando un comando de encapuchados irrumpió en un domicilio de la avenida 16 de Septiembre en Luvianos —un pequeño municipio al sur del estado, sumido en la pobreza y bajo el dominio de El Chapo Guzmán, Los Zetas y La Familia Michoacana—, y ejecutó al maestro Ranferi González Peña, un supervisor escolar de zona de cuarenta y cinco años de edad, considerado hasta ese momento cabecilla de los asesinos a sueldo de La Familia.

El homicidio fue perpetrado con, al menos, una decena de descargas de armas de fuego de alto poder. Los asesinos encapuchados —quienes vestían uniformes negros con las siglas de la Agencia Federal de Investigaciones  (AFI) y la Agencia de Seguridad Estatal  (ASE)— abordaron dos camionetas que los esperaban y huyeron. Pero cuando la familia de la víctima aún no salía del estupor, regresaron por el cadáver y lo metieron en uno de los vehículos. De allí se dirigieron a una casa de materiales, donde secuestraron al arquitecto Ranferi González Rodríguez, hijo de González Peña.

Aunque sólo se habló de dos camionetas, vecinos de la familia recuerdan que, a las ocho y diez de la mañana, por la avenida 16 de Septiembre apareció un convoy, instaló un retén en dos esquinas y, en un par de minutos, unos cinco sicarios descendieron de dos camionetas con vidrios polarizados, irrumpieron en el domicilio de González Peña y lo asesinaron, frente a su madre y dos de sus hermanas, de nueve y diez años de edad, respectivamente.

En las calles de Luvianos nadie habla. Se respira el miedo. Pero todavía se recuerda que, en los días previos a la ejecución y al secuestro, allegados al maestro Ranferi —hermano de Alberto González Peña, El Coronel, jefe de una célula de Los Zetas en la zona, desde donde lo ascendieron a Veracruz— abrieron la boca y alardearon sobre algunas propiedades “liberadas” luego de una incursión al puerto de Veracruz para silenciar a un grupo de agentes del Estado de México.

La segunda semana de enero de 2012, un documento abrió nuevas interrogantes. Perdida en un expediente sobre delincuencia organizada, de más de cinco mil fojas, en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/231/2008, aparece la transcripción de llamadas —de un teléfono intervenido—, en las que un par de narcotraficantes da a conocer pormenores de la ejecución de los cuatro escoltas de la familia Peña Pretelini. Las llamadas se transcriben en 42 hojas tamaño oficio y, desde el inicio, ponen de manifiesto  que se trata del Estado de México.

Aunque prácticamente en cada una de las páginas se hace alusión a la entidad mexiquense, es al llegar a las primeras líneas de la página 14 cuando aparece pleno el tema de la ejecución de los cuatro escoltas de la familia Peña Pretelini:

—Nada más Manzur. Hay la posibilidad de que se vaya a Veracruz. Pero con este, Miguel [Fidel] Herrera, lo pidió para allá por una chamba especial que se hizo para el gobernador [Peña].

—Ajá, ajá. —responde Eduardo.

—Entonces pues, le dan en la madre a los de seguridad de Peña Nieto.

—Sí, sí, sí. —lacónica es la respuesta de Eduardo.

Más claro, ni el agua, Peña había echado mano de sus otros aliados para concluir con el caso de su esposa Mónica, pues, con el asesinato de Fermín Esquivel, se borró la posibilidad de reconstruir cualquier momento de su vida al lado de Peña.

La ejecución de los escoltas de la familia Peña Pretelini, la muerte de Mónica Pretelini y las llamadas interceptadas por la PGR pertenecen al anecdotario o la historia política de una entidad que, en el sexenio de Peña, vio pasar a cuatro titulares de la Procuraduría de Justicia: Alfonso Navarrete Prida, Abel Villicaña Estrada, Alberto Bazbaz Sacal y Alfredo Castillo Cervantes—. Con dos, Navarrete y Castillo, insertos en 2012 en el equipo presidencial peñista.

Pero, más allá del brillo que puede dar un llamado para unirse al equipo presidencial, hay otras caras ocultas que comenzaron a ser visibles a través de la ley del plomo y de una extraña prosperidad que sólo se nota en las organizaciones criminales que se han asentado en una entidad en la que se tiene por costumbre negar la violencia, como si los mexiquenses fueran ciegos o no la vivieran en carne propia.

Aunque los temas no salen a la luz pública, el peñanietismo dejó oscuros pendientes a su paso por la entidad: la venganza e imposición del régimen de terror a través de corporaciones policiacas estatales, la criminalización de movimientos sociales e invención de delitos a sus líderes —destacan los ejemplos de Ignacio del Valle Medina, Juan Carlos Estrada Romero, Julio César Espinoza Ramos, y el del activista y defensor de indígenas mazahuas Santiago Pérez Alvarado—, o las cuatro exoneraciones endilgadas a Montiel.

A toda esta maraña de corrupción, muertes inexplicables, venganzas, feminicidios, se puede sumar otra,  igual de interesante, que tiene que ver con la extraña  “desaparición” —entre la noche del domingo  21 y la madrugada del 22 de marzo de 2010— de la niña Paulette Gebara Farah. Caso que se integra con las turbias investigaciones sobre su supuesta “aparición”, nueve días después, así como las razones de su muerte. Sombras de duda han quedado desde entonces, por más estudios científicos que la Procuraduría se afanó en difundir.

Pemex, para empezar

* En el Edomex el gobernador Eriviel Ávila aplaude donde puede la reforma energética y la llama “nueva etapa en la que los consensos serán indispensables para lograr las reformas estructurales que transformarán al país, y reviviendo el espíritu de los Tratados de Teoloyucan, los mexiquenses decimos al unísono: sí a la unidad, sí a la modernización, sí a los consensos, sí a mover a México”. Extraña forma tiene el mandatario de interpretar públicamente el proyecto del Grupo Atlacomulco si se tiene en cuenta los niveles de inoperancia en los que mantiene a su administración. Para alguien que combate a la inseguridad con más policías, arengas y deslindes, el tema de Pemex no puede significar mucho y un poco de populismo puede resolverlo.

 

Miguel Alvarado

México está en venta, aunque hace mucho que sus principales activos están en manos privadas. La “apertura de Pemex y el sector energético es nada más el paso legal que da la administración de Enrique Peña y su Grupo Atlacomulco para de una vez dejarse de simulaciones. ¿Quién gana con todo esto? El ciudadano promedio, no. En todo caso, la industria mexicana en poder de quienes gobiernan y han gobernado el país por décadas. Habrá derrama y habrá oasis de riquezas. Algunos de los que ahora no ven bonanza la encontrarán y quizás por un tiempo se experimente una suerte de impulso económico. Pero el problema no es la privatización, sino la impunidad y corrupción de quienes hacen la operación y de hecho manejan los sectores en cuestión.

En realidad no s ele puede creer a Peña Nieto que busque un beneficio común si se examinan los seis años que pasó al frente del Estado de México, una entidad que ahora es una de las 10 más endeudadas del país, pero que curiosamente no observa esa crisis como su mayor problema. La participación privada en Pemex no garantiza que los ciudadanos se beneficien. Las cosas seguirán igual, en un escenario sin movimientos profundos. Los ricos, más ricos, el resto trabajando para ellos. Algunos ubican ya a Emilio Azcárraga como uno de los nuevos dueños de la energía eléctrica y señalan que la propuesta de Peña Nieto sobre el petróleo reproduce letra por letra a Lázaro Cárdenas, cuando nacionalizó aquella industria, como medida para ganarse el consenso popular. Peña, cuestionado por la forma en que llegó a la presidencia de México, no necesita del apoyo ciudadano, que además puede comprarlo. Las utilidades compartidas significan que el Estado vende el crudo pero debe entregar parte de las ganancias a la empresa que lo extrajo o lo procesó, casi lo mismo que se hace ahora pero con el sindicato de Romero Deschamps. La desigualdad en el país permite esto y más. La trampa consiste en hacer creer que el mexicano promedio tiene capacidad de decisión. Así, se le entrega el poder de protestar, disfrazado de derecho, de hacer marchas o mítines, de organizarse hasta en partidos políticos y de expresarse públicamente. Pero eso no incide en nada. Nunca ha sucedido que el consenso popular, si no es apadrinado por un político o un militar, llegue a obtener lo que reclama, más si es éste es razonable.

En el Edomex el gobernador Eriviel Ávila aplaude donde puede la reforma energética y la llama “nueva etapa en la que los consensos serán indispensables para lograr las reformas estructurales que transformarán al país, y reviviendo el espíritu de los Tratados de Teoloyucan, los mexiquenses decimos al unísono: sí a la unidad, sí a la modernización, sí a los consensos, sí a mover a México”. Extraña forma tiene el mandatario de interpretar públicamente el proyecto del Grupo Atlacomulco si se tiene en cuenta los niveles de inoperancia en los que mantiene a su administración. Para alguien que combate a la inseguridad con más policías, arengas y deslindes, el tema de Pemex no puede significar mucho y un poco de populismo puede resolverlo.

Para el ciudadano común, la privatización de Pemex es un ente abstracto que significa vender un bien del cual nunca ha participado, salvo para pagar las enormes deudas que la paraestatal representa, como los 100 mil millones de dólares para jubilaciones o los 60 mil millones que se gastan en operaciones que generalmente no llegan a nada. El hito más importante en la modernización del país tiene sin cuidado a José Alberto Pérez, un vendedor de paletas en los camiones urbanos de Toluca. Según él, su situación no cambiaría porque “no hay un trabajo que garantice que no me van a despedir. Soy obrero y a veces consigo un lugar en alguna fábrica pero no duro ni tres meses porque son temporales. El dinero del petróleo nunca lo he visto. Nadie lega y te dice que ahí está lo que te toca, y sé que es así, que hay un procedimiento pero si los gobiernos reciben esos apoyos primero, nada garantiza que lleguen a donde dicen que llegarán. El problema no es la venta, es la corrupción, pues ésa seguirá existiendo con empresas privadas o sin ellas de por medio. Vendo paletas, pero no soy tonto. Ignoro muchas cosas pero veo los años que llevo trabando. No tengo nada”. ¿Cómo se le explica a los 50 millones de pobres una reforma energética? O la educativa, que nadie pela salvo por la detención de Elba Esther Gordillo. La construcción de un país apto para el engaño ha costado tiempo, dinero y sangre pero al final se ha conseguido. A nombre de la globalidad o la modernización cualquiera puede ser presidente, sin importar preparación o intenciones y puede disponer de bienes públicos para beneficios poco claros.

El espectáculo de Peña no se reduce a las reformas energéticas. También cuela, de una vez, la posibilidad de legalizar la mariguana de una vez por todas. El tema terminará por convertirse en una de las cortinas de humo de su administración para los momentos cruciales, aunque uno sería muy ingenuo si pensara que la privatización del petróleo no está pactada todavía y se tiene el asentimiento de quienes deciden. No pasaría nada sin el apoyo del empresariado norteamericano, y las cúpulas políticas del país. Compartir Pemex y lo que resulte es una decisión tomada incluso desde antes de las elecciones, pues este apartado era uno de los aspectos fundamentales que llevaron al poder al sobrino de Arturo Montiel. Pemex estaba pactado en la agenda presidencial y se ofrecería a la iniciativa privada. No es una ocurrencia, pues, la privatización. Hace años que la agenda del priismo y sus aliados en otros partidos la diseñan.

 

Las pirámides olvidadas

* Huamango, pues, se ufana de proteger estas y aquellas cosas, que en ciertos momentos políticos pudieron causar algún desencuentro, también político, claro, porque al resto le importa un poco menos que un bledo que las calles se llamen de tal forma. Huamango domina, además, el Valle de los Espejos, llamado así por la cantidad de ojos de agua que, dicho sea de paso, ya no son tantos. Eso y la tradicional migración a Estados Unidos forman el pintoresco panorama de lo que se puede ver nada más al paso. El Acambay de peñascos y profundidades queda para lugareños y curiosos.

 

Miguel Alvarado

La zona arqueológica de Humanago es una de las más abandonadas de la entidad. Pero no por descuidada o por sus ruinas al borde del desmoronamiento. Es nada más porque nadie va, a nadie se le ocurre que en la cima del cerro más alto de Acambay pueda haber algo más que árboles o magueyes. Y es así. El acceso gratuito a nadie engatusa. Al fin y al cabo son ruinas las que uno tiene enfrente y no hay acceso a internet ni vale la pena comentar en redes sociales. “Estoy parado frente a una base de piedra que, dicen, es de la época de los aztecas. Pero nada más contiene pasto”, podría poner alguien que de pronto rondara aquel terreno, de unas dos hectáreas, una de las fortalezas últimas de matlazincas y aztecas en el límite de los revoltosos purépechas, invencibles hasta la llegada de Cortés.

Ahora sin taximaroas ni soldadesca, la región norte del Edomex enfrenta, sin embargo, otros desafíos, unos menos sangrantes que otros. Según algunos, Acambay es la tierra donde nació Enrique Peña, minucia pasada por alto cuando se revisa el historial de presidentes municipales. Algunos Peña. No. Muchos más de lo deseado aparecen sin vacilación en casi todos los trienios. Peñas por aquí, por allá. Acambay, aparte la mala leche, significa “Peñasco de Dios”. La cabecera municipal, al pie de Huamango, tiene también sus curiosidades y allí es bien fácil encontrar una calle que se llame Alfonso Navarrete Prida, en honor del secretario federal del Trabajo del mismo nombre, exonerador del ex gobernador Arturo Montiel, quien también recibe homenaje en un andador que ostenta una bonita placa metálica aunque, no se sabe por qué, su patronímico aparece rayado con ingenua vergüenza o lo contrario. Pero clarito se lee, a pesar de las lluvias y los bienintencionados, que fue él quien inauguró y bautizó semejante avenida.

Huamango, pues, se ufana de proteger estas y aquellas cosas, que en ciertos momentos políticos pudieron causar algún desencuentro, también político, claro, porque al resto le importa poco menos que un bledo que las calles se llamen de tal forma. Huamango domina, además, el Valle de los Espejos, llamado así por la cantidad de ojos de agua que hay aunque, dicho sea de paso, ya no son tantos. Eso y la tradicional migración a Estados Unidos forman el pintoresco panorama de lo que se puede ver nada más al paso. El Acambay de peñascos y profundidades queda para lugareños y curiosos.

La actual frontera michoacana queda todavía a una hora y media de trayecto y la arancela el municipio de El Oro, una especie de set de pueblo minero disfrazado para un duelo de pistoleros, un desfile de bailarinas de can-can. El Oro maquilla bien su mexiquense miseria porque le apuesta al turismo, que en realidad deja bien poquito. Pueblo mágico, entre comillas, porque así aparece en el enorme anuncio de bienvenida, es más bien la resonancia de tiempos mejores y una desesperanza por lo que no ha llegado y tal vez nunca ocurra. Alguna vez una de las ciudades más ricas de América Latina, El Oro se conforma en el 2013 con un vagón-cafetería, donde ofrecen Nestea del más rancio abolengo a 30 pesos más hielo y pan francés con enanismo por casi 70. Eso, y algunas bocas de mina le hacen al teatro en esos lindes a los que sucede el límite michoacano, por cierto uno de los más amables que le tocan al Estado de México.

Nada más salir de El Oro, el buen viajante se topa de frente con un espectacular a pie de carretera que anuncia la polvareda de los tiempos actuales. Un enorme retrato de los tres narcotraficantes más buscados se da de topes con los pasajeros. Allí, debajo de una línea donde se ofrecen 30 millones de pesos de recompensa, hay tres caras ya azuladas por el aire, el sol y el sentido común. Nadie acierta a hablar y revelar paraderos o andanzas. Ese, el verdadero border, es el significado de un país quebrado por una guerra que sucede justo delante de nuestros ojos, pero que nadie ve.

El Oro es un mal pretexto para encontrar Maravatío y Tlalpujahua, esta última sede moderna de un festival de cine de terror pero también hogar invaluable de Santa Clos. Y es que justo allí se localiza uno de los comercios más florecientes de esferas de Navidad y artículos relacionados, que son cientos de miles, elaborados por manos expertas obligadas a cambiar el sentido de sus creaciones. Así, extraños y gigantescos árboles verdes, rosas y dorados crecen sembrados por mágicas virtudes de duendes de oropel, que perviven entre cajas de esferas de todos tamaños y materiales mientras una pequeña horda de fanáticos de las campanas de Belén aprovecha para hacer pedidos en 13 de agosto. Total, ya están allí, y qué más da. La Casa de Santa Claus, fundada en 1975, da fe de lo anterior y además oferta un restorán para que los compradores restablezcan bríos y chequen estados de cuenta. Afuera, el mercado más tradicional hace mala pareja con la Casa de Santa, iglesia de plástico que sirve, sin embargo, para derramar dinero que de otra forma nunca llegaría. Exportan, dicen, hasta a algunas partes de Estados Unidos, en el colmo de las buenas intenciones.

Tlalpujahua no es territorio narco, pero sí una puerta que adentra. En El Oro, militares y federales hacen guardia efectiva en los límites de la paz. Nadie más relajados que ellos, pero tal vez eso cambie. Lo mismo se decía de Tuxpan, un pequeño municipio junto a Zitácuaro, al cual llegaron los desplazados de Luvianos, solo para encontrar la muerte a manos de un comando mexiquense que de inmediato se devolvió al Triángulo de la Brecha. Pocas veces se han contabilizados tantas muertes inútiles aunque, eso sí, muy ejemplares. Desde Huamango se observa todo, incluso lo que está por suceder.

Todo el poder en familia

* Estadísticas que la PGR y la PGJEM han elaborado sobre asesinatos con características de ejecución o ligados al crimen organizado —cuerpos con señales de tortura, maniatados, mutilados, con los ojos vendados y, en su gran mayoría, con el tiro de gracia— indican que en el Estado de México las muertes violentas por arma de fuego aumentaron de 111 en 2007, a 364 en 2008, 490 en 2009 y 623 en 2010. Este texto es un extracto del libro Los Golden Boy’s, escrito por Francisco Cruz en el 2012, editado por Planeta.

 

Francisco Cruz Jiménez

El asesinato de Christopher Salvador Vergara Cruz fue, para muchos, un claro indicio de cómo andaban las cosas en el estado de México. Ni la sólida relación comercial entre Televisa y Peña pudo ocultar los pactos de algunos funcionarios con el crimen organizado, entre los que destacan los  casos de José Manzur Ocaña, delegado de la PGR en el estado de México en 2007 —heredero de uno de los apellidos de mayor abolengo político mexiquense en las últimas décadas—, y del extinto atlacomulquense Cuitláhuac Ortiz Lugo —jefe de la Policía Ministerial del Estado de México y primo de sangre de Peña—, quienes en el sexenio peñanietista abrieron la puerta para convertir al estado de México en el refugio de los grandes capos del narcotráfico, tal y como se advierte en los libros Tierra narca y AMLO, mitos, mentiras y secretos, publicados por la Editorial Planeta.

Como dato curioso, el 22 de junio de 2009 se instruyó un pliego de ejercicio de acción penal, por delincuencia organizada y otros delitos, contra Manzur Ocaña, delegado de la PGR en el estado de México del 1 de agosto de 2007 al 7 de julio de 2008. Hoy es considerado prófugo de la justicia federal y desde aquel día nadie sabe nada de él. Por si pocos lo saben, el caso no es menor. Como referencia puede señalarse que Manzur Ocaña es medio hermano del diputado federal José Manzur Quiroga, quien por tres años se desempeñó como subsecretario general de Gobierno en la administración de Peña, cargo que también ocupó durante el sexenio de Montiel. Los Manzur son originarios de El Oro, municipio localizado al norte de la entidad mexiquense.

Cuitláhuac Ortiz, cuya carrera policial despegó con Peña —unidos por lazos de sangre a través de la madre del comandante y el finado padre del gobernador—, fue involucrado en la cadena de jefes de las policías del estado de México comprometidos con Joaquín El Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leyva, pero que se habían acercado a La Familia.

Aunque el parentesco con el gobernador Peña le sirvió como manto protector y nunca se le abrió una investigación formal, a Ortiz Lugo se le implicó en el robo de tres  millones de dólares que La Familia habría entregado a un grupo de policías mexiquenses. Esa cantidad era independiente de las que la organización destinaba cada mes para el delegado de la PGR, José Manzur Ocaña.

El 15 de noviembre de 2009, desde las corporaciones policiacas mexiquenses se informó que Ortiz Lugo había muerto porque, en estado de ebriedad, estrelló contra un árbol la camioneta Silverado que conducía. Esto sucedió a las afueras del lujoso fraccionamiento en el que se encontraba su residencia, en una de las exclusivas zonas de Atlacomulco. Con su muerte se fueron para siempre las acusaciones y los señalamientos públicos de su complicidad con el crimen organizado. Y nadie recordó su parentesco con Enrique, o muy pocos se atrevieron a hacerlo.

Para ilustrar la situación en que se encuentra el Estado de México basta con enumerar a los “distinguidos” personajes del crimen organizado que, en los sexenios de Montiel y Peña, se asentaron en algunas de las más exclusivas zonas como Interlomas en Huixquilucan, Condado de Sayavedra en Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Lerma, Metepec, Valle de Bravo, Luvianos y Coacalco:

Los hermanos Beltrán Leyva, Joaquín Guzmán Loera—“el Chapo Guzmán”—”, el texano Édgar Valdés Villareal —“LaBarbie”—, Carlos González Montemayor —“El Charro”—, Jorge Balderas Garza —“El JJ”—,  Jorge Gerardo Álvarez Vázquez —“El Indio”—, José Filiberto Parra Ramos — “La Perra”—, y el colombiano Pablo Emilio Reyes Hoyos —“El Chaparrito”—, quienes se distinguían por ser el otro brazo fuerte del entonces gobernador Enrique.

Como muestra se puede recordar que en pleno poder del peñanietismo en territorio mexiquense nacieron dos cárteles: La mano con ojos y Los templarios. Y que en septiembre de 2008 se reportó la primera gran matanza colectiva del país en la zona boscosa del parque nacional de La Marquesa, donde un escuadrón de la muerte integrado por policías municipales y estatales bajo el mando de Raúl Villa Ortega —“El R”, por reclutador—, asesinó a 24 humildes albañiles, de quienes se sabe que vivían en una relación homosexual. Fue este un trabajo de “limpieza social”.

Estadísticas que la PGR y la PGJEM han elaborado sobre asesinatos con características de ejecución o ligados al crimen organizado —cuerpos con señales de tortura, maniatados, mutilados, con los ojos vendados y, en su gran mayoría, con el tiro de gracia— indican que en el Estado de México las muertes violentas por arma de fuego aumentaron de 111 en 2007, a 364 en 2008, 490 en 2009 y 623 en 2010.

Un análisis elaborado en mayo de 2005 con estadísticas de la PGJEM, y publicado después en el libro Tierra narca, el Estado de México, refugio de los grandes capos del narcotráfico sorprendió al gobierno estatal: “Durante los últimos cinco años se han cometido más de un millón 220 mil 142 delitos, o unos 637 por día, un crimen cada dos minutos, promedio.”

Reportes de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) establecen: “Llos delitos de alto impacto, como son secuestro, homicidio y violación se incrementaron en casi 21 por ciento en el periodo comprendido del 2005 a 2007. […] En materia de secuestro, el porcentaje se incrementó en casi 21.5 por ciento entre 2005 y 2007, con 140 casos en total. […] Y el homicidio aumentó [cerca de] 23 por ciento, ya que en 2005 se reportaron 5 mil 108 ocho casos, contra 2 mil 365 denuncias de 2006 y 6 mil 274 en 2007”.

Las organizaciones que pelean el territorio son los cárteles de Sinaloa, Los Zetas, La Familia Michoacana —que dio paso a La mano con ojos—, Los Pelones, Pacífico Sur, los remanentes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y el grupo del hoy detenido Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. En municipios al norte, como Atlacomulco y su vecino, El Oro, se han identificado grupos del cártel de Juárez. Y en Valle de Bravo se ha documentado la presencia de células que responden directamente a El Chapo Guzmán.

Si uno se atiene a documentos que obran en investigaciones de fiscales federales, escuchas telefónicas o reportes internos elaborados por agentes de la PGR, hay dos casos en especial que, por sus peculiaridades, se insertan en la tradición más oscura de la política mexicana priista, es decir, las eternas dudas sobre la muerte de Mónica Pretelini y el asesinato de los cuatro escoltas de la familia Peña Pretelini en el puerto de Veracruz.

Al paso de los años, cohíben las permanentes imágenes de estos eventos. Ambos se resumen neciamente entrelazados en la intimidad; sus fibras se arremolinan enmarañándose más. Se van para volver de nuevo. Detrás de la fachada de “olvido” persisten las dudas.

Aunque hay datos en voluminosos expedientes de investigaciones que encabezan fiscales federales de la PGR, nada se ha esclarecido respecto al tema, y a muchos, entre ellos Peña, les conviene que se olvide.

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