Todo el poder en familia

* Estadísticas que la PGR y la PGJEM han elaborado sobre asesinatos con características de ejecución o ligados al crimen organizado —cuerpos con señales de tortura, maniatados, mutilados, con los ojos vendados y, en su gran mayoría, con el tiro de gracia— indican que en el Estado de México las muertes violentas por arma de fuego aumentaron de 111 en 2007, a 364 en 2008, 490 en 2009 y 623 en 2010. Este texto es un extracto del libro Los Golden Boy’s, escrito por Francisco Cruz en el 2012, editado por Planeta.

 

Francisco Cruz Jiménez

El asesinato de Christopher Salvador Vergara Cruz fue, para muchos, un claro indicio de cómo andaban las cosas en el estado de México. Ni la sólida relación comercial entre Televisa y Peña pudo ocultar los pactos de algunos funcionarios con el crimen organizado, entre los que destacan los  casos de José Manzur Ocaña, delegado de la PGR en el estado de México en 2007 —heredero de uno de los apellidos de mayor abolengo político mexiquense en las últimas décadas—, y del extinto atlacomulquense Cuitláhuac Ortiz Lugo —jefe de la Policía Ministerial del Estado de México y primo de sangre de Peña—, quienes en el sexenio peñanietista abrieron la puerta para convertir al estado de México en el refugio de los grandes capos del narcotráfico, tal y como se advierte en los libros Tierra narca y AMLO, mitos, mentiras y secretos, publicados por la Editorial Planeta.

Como dato curioso, el 22 de junio de 2009 se instruyó un pliego de ejercicio de acción penal, por delincuencia organizada y otros delitos, contra Manzur Ocaña, delegado de la PGR en el estado de México del 1 de agosto de 2007 al 7 de julio de 2008. Hoy es considerado prófugo de la justicia federal y desde aquel día nadie sabe nada de él. Por si pocos lo saben, el caso no es menor. Como referencia puede señalarse que Manzur Ocaña es medio hermano del diputado federal José Manzur Quiroga, quien por tres años se desempeñó como subsecretario general de Gobierno en la administración de Peña, cargo que también ocupó durante el sexenio de Montiel. Los Manzur son originarios de El Oro, municipio localizado al norte de la entidad mexiquense.

Cuitláhuac Ortiz, cuya carrera policial despegó con Peña —unidos por lazos de sangre a través de la madre del comandante y el finado padre del gobernador—, fue involucrado en la cadena de jefes de las policías del estado de México comprometidos con Joaquín El Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leyva, pero que se habían acercado a La Familia.

Aunque el parentesco con el gobernador Peña le sirvió como manto protector y nunca se le abrió una investigación formal, a Ortiz Lugo se le implicó en el robo de tres  millones de dólares que La Familia habría entregado a un grupo de policías mexiquenses. Esa cantidad era independiente de las que la organización destinaba cada mes para el delegado de la PGR, José Manzur Ocaña.

El 15 de noviembre de 2009, desde las corporaciones policiacas mexiquenses se informó que Ortiz Lugo había muerto porque, en estado de ebriedad, estrelló contra un árbol la camioneta Silverado que conducía. Esto sucedió a las afueras del lujoso fraccionamiento en el que se encontraba su residencia, en una de las exclusivas zonas de Atlacomulco. Con su muerte se fueron para siempre las acusaciones y los señalamientos públicos de su complicidad con el crimen organizado. Y nadie recordó su parentesco con Enrique, o muy pocos se atrevieron a hacerlo.

Para ilustrar la situación en que se encuentra el Estado de México basta con enumerar a los “distinguidos” personajes del crimen organizado que, en los sexenios de Montiel y Peña, se asentaron en algunas de las más exclusivas zonas como Interlomas en Huixquilucan, Condado de Sayavedra en Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Lerma, Metepec, Valle de Bravo, Luvianos y Coacalco:

Los hermanos Beltrán Leyva, Joaquín Guzmán Loera—“el Chapo Guzmán”—”, el texano Édgar Valdés Villareal —“LaBarbie”—, Carlos González Montemayor —“El Charro”—, Jorge Balderas Garza —“El JJ”—,  Jorge Gerardo Álvarez Vázquez —“El Indio”—, José Filiberto Parra Ramos — “La Perra”—, y el colombiano Pablo Emilio Reyes Hoyos —“El Chaparrito”—, quienes se distinguían por ser el otro brazo fuerte del entonces gobernador Enrique.

Como muestra se puede recordar que en pleno poder del peñanietismo en territorio mexiquense nacieron dos cárteles: La mano con ojos y Los templarios. Y que en septiembre de 2008 se reportó la primera gran matanza colectiva del país en la zona boscosa del parque nacional de La Marquesa, donde un escuadrón de la muerte integrado por policías municipales y estatales bajo el mando de Raúl Villa Ortega —“El R”, por reclutador—, asesinó a 24 humildes albañiles, de quienes se sabe que vivían en una relación homosexual. Fue este un trabajo de “limpieza social”.

Estadísticas que la PGR y la PGJEM han elaborado sobre asesinatos con características de ejecución o ligados al crimen organizado —cuerpos con señales de tortura, maniatados, mutilados, con los ojos vendados y, en su gran mayoría, con el tiro de gracia— indican que en el Estado de México las muertes violentas por arma de fuego aumentaron de 111 en 2007, a 364 en 2008, 490 en 2009 y 623 en 2010.

Un análisis elaborado en mayo de 2005 con estadísticas de la PGJEM, y publicado después en el libro Tierra narca, el Estado de México, refugio de los grandes capos del narcotráfico sorprendió al gobierno estatal: “Durante los últimos cinco años se han cometido más de un millón 220 mil 142 delitos, o unos 637 por día, un crimen cada dos minutos, promedio.”

Reportes de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) establecen: “Llos delitos de alto impacto, como son secuestro, homicidio y violación se incrementaron en casi 21 por ciento en el periodo comprendido del 2005 a 2007. […] En materia de secuestro, el porcentaje se incrementó en casi 21.5 por ciento entre 2005 y 2007, con 140 casos en total. […] Y el homicidio aumentó [cerca de] 23 por ciento, ya que en 2005 se reportaron 5 mil 108 ocho casos, contra 2 mil 365 denuncias de 2006 y 6 mil 274 en 2007”.

Las organizaciones que pelean el territorio son los cárteles de Sinaloa, Los Zetas, La Familia Michoacana —que dio paso a La mano con ojos—, Los Pelones, Pacífico Sur, los remanentes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y el grupo del hoy detenido Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. En municipios al norte, como Atlacomulco y su vecino, El Oro, se han identificado grupos del cártel de Juárez. Y en Valle de Bravo se ha documentado la presencia de células que responden directamente a El Chapo Guzmán.

Si uno se atiene a documentos que obran en investigaciones de fiscales federales, escuchas telefónicas o reportes internos elaborados por agentes de la PGR, hay dos casos en especial que, por sus peculiaridades, se insertan en la tradición más oscura de la política mexicana priista, es decir, las eternas dudas sobre la muerte de Mónica Pretelini y el asesinato de los cuatro escoltas de la familia Peña Pretelini en el puerto de Veracruz.

Al paso de los años, cohíben las permanentes imágenes de estos eventos. Ambos se resumen neciamente entrelazados en la intimidad; sus fibras se arremolinan enmarañándose más. Se van para volver de nuevo. Detrás de la fachada de “olvido” persisten las dudas.

Aunque hay datos en voluminosos expedientes de investigaciones que encabezan fiscales federales de la PGR, nada se ha esclarecido respecto al tema, y a muchos, entre ellos Peña, les conviene que se olvide.

Las élites

* Las reformas venideras no van a consideran a la sociedad, por ello, concatenado al pronunciamiento de Habermas, está la declaración del ex presidente Lázaro Cárdenas: “muy certeras sus palabras del informe, de que “los hombres del gobierno son servidores y no negociantes”.

 

Luis Zamora Calzada

Gracias a información publicada la semana pasada, se supo que el filósofo Jürgen Habermas sugirió desde Grecia a los grupos gobernantes que “hay que alejarse del proyecto elitista elaborado por las élites políticas actuales en Europa e implicar a los ciudadanos”, o se generarán acontecimientos severos, lo que es aplicable en su totalidad a nuestro país.

En todas las reformas constitucionales aprobadas hasta ahora, el gran ausente ha sido el pueblo. Hay en el ambiente una sensación de menosprecio a la gente por parte de la clase política, lo que es palpable en los comentarios cotidianos, dejando sentir que el mayor enemigo de la élite gobernante son los ciudadanos que se atreven a informarse para cuestionar y protestar las acciones que se están efectuando. Reiteradamente se asegura que los grupos en comparsa priorizan sus intereses, ignorando los requerimientos de los ciudadanos, que debieran ser la razón de su actuar.

En materia educativa ocurre algo similar. En los sexenios anteriores se determinó reducir los contenidos del México antiguo y la época colonial y ahora por disposición de la instancia educativa federal se impartirán, nuevamente en primer grado de secundaria, porque la primera decisión no dio resultados, según se asegura. En ambos casos no se consideró al maestro, tampoco a los alumnos, que fueron privados de esta información.

En el mismo tenor desaparece la boleta de calificaciones, conocida en el ciclo escolar anterior como “Cartilla de Educación Básica”, la que provocó crisis en miles de maestros por su inútil llenado de alvéolos en todos los niveles. Será sustituida por un reporte de calificaciones de cinco a diez pero tampoco fue tomado en cuenta el criterio del maestro.

Las reformas venideras no van a consideran a la sociedad, por ello, concatenado al pronunciamiento de Habermas, está la declaración del ex presidente Lázaro Cárdenas: “muy certeras sus palabras del informe, de que ‘los hombres del gobierno son servidores y no negociantes. Deben convencerse que las tareas administrativas y la acción política se dirigen al servicio de la sociedad’ y de que ‘no dejemos por descuido, apetito o complicidad, que se transformen en utilidades individuales, que son utilidades de la nación”, realizadas en carta dirigida a Jesús Reyes Heroles, que cobra vigencia en estos momento de ausencia de un nacionalismo que debiera sustentarse en nuestra Constitución y ser tomado en cuenta por la élite en turno.

 

 

¿Tapetes educativos?

 

 

Los datos oficiales publicados a nivel federal dieron a conocer que en nuestra entidad el número de habitantes en pobreza extrema, sin posibilidades de garantizarse su alimentación diaria, ha crecido hasta llegar a  616 mil personas, más 416 mil sin trabajo, que nos ubica en el nada honroso segundo lugar de desempleo a nivel nacional. Ante este panorama ocurre de manera incomprensible y no explicable desde ningún punto de vista legal, político, cultural, un hecho que debiera detonar la indignación social, cometido por la Secretaría de Educación Pública estatal.

En entrevista, el secretario del ramo aseguró que se trataba de un programa especial originado de una supuesta demanda recibida. Días después aseguró que la petición fue planteada al gobernador en sus giras (sin mostrar documental que acreditara su dicho) y que la idea era responder a ese requerimiento, cumpliendo así con un “grito desesperado del pueblo” para hacer yoga, en tanto los 616 mil habitantes en pobreza que se mueran de hambre.

Agregó que el yoga es un deporte diferente que reúne trabajo físico, espiritual, mental y por ello su proyecto, nacido de la “demanda”, se pretende difundir y en un arranque patriótico y contra todo lo esperado estableció la meta: “romper un récord Guinness”, sin aclarar si esta pretensión también es demanda del pueblo, en los que se incluyen los 416 mil que no tienen trabajo.

“Fundado en el mandato popular” y de acuerdo a los datos publicados en el portal de Transparencia, destinó del gasto educativo 11 millones 759 mil 250 pesos, para la compra de los tapetes (según se reporta, se pagó casi al triple del costo real unitario), que se utilizarán en este infundado programa, adquiriendo ese carácter al no estar establecido en ninguna parte de las leyes que nos rigen en materia educativa, asunto que no debe quedar sólo en declaraciones diversas de algunos legisladores. Es indispensable acudir a la ley para evitar este tipo de hechos que van en detrimento de la población mexiquense, que paga impuestos hasta en el agua que consume.

Ciudad de crimen

* La alcaldesa de Toluca, Martha Hilda González Calderón afirma que la inseguridad en esta ciudad es igual a la de otras urbes en el país, aunque se apreciación no resuelve nada. Esta afirmación contiene entre líneas la respuesta: no hay todavía suficiente presupuesto para el rubro pero tampoco especialistas que puedan organizar planes y llevarlos a cabo, tan es así que se depende casi en lo absoluto de los programas de la Federación.

 

Miguel Alvarado

El gobierno del Estado de México gasta en administrar e impartir justicia 2 mil 758 millones 543 mil 826 pesos; en prevención y reinserción social mil 231 millones 25 mil 176 pesos; en procuración de justicia 2 mil 181 millones 203 mil 616 pesos; en derechos humanos 144 millones 147 mil 897 pesos; en seguridad pública 6 mil 395 millones 383 mil 482 pesos y en protección civil 525 millones 725 mil 67 pesos, según el Presupuesto de Egresos 2013 que aprobó la Cámara de Diputados local. La seguridad y la justicia es uno de los gastos de mayor envergadura para la entidad, que sin embargo no termina de resolver problemas elementales como capacitación policiaca y superar controles de confianza.

Toluca, capital del estado más poblado del país, ha sido por fin tomado sin miramientos por una ola de inseguridad que algunos llaman crimen organizado. Si bien en cierto que desde hace años zonas específicas de la ciudad son base de operaciones de bandas y cárteles, todavía se respetaba alguna parte, que permanecía intocada y era marcada como sitio seguro por las autoridades. Tres de estas colonias eran la Morelos, Federal y Granjas, residenciales tranquilos con pocos comercio, hogar de maestros y trabajadores estatales, beneficiados con las primeras casas que entregó el gobierno, en los años 50. Grandes y confortables, no se parecen en nada a los modernos departamentos verticales, que encuentran su modelo reproductivo en Cuautitlán Izcalli. Hogar de funcionarios importantes y con vigilancia policiaca continua, las colonias en cuestión apenas registraban algunos robos o incidentes de poca monta, hasta este año, cuando los asaltos a las casas se hicieron cotidianos. En ellos, según los vecinos, estaban involucrados vigilantes de a pie o en bicicleta, pues sólo ellos saben con precisión el momento en que las propiedades se encuentran solas. Algunos creen que el Estado de México experimenta una especie de michoacanización y que ha alcanzado a la capital que albergó al actual presidente mexicano durante seis años y buena parte de su vida pública.

Pero esos residentes ven lejano ese panorama. No existe el nivel de agresión que se observa en Michoacán. Así y todo, apenas el primero de agosto del 2013, a las dos de la tarde, un hombre fue secuestrado en la esquina de Eulalia Peñaloza y Felipe Villanueva, en la colonia Federal, a la vista de transeúntes y comerciantes. Un auto le cerró el paso, mientras caminaba aquellas calles y sin mediar nada lo subieron. Los testigos aseguran que era uno de los jefes de colonos de aquella parte y que se encontraba en desacuerdo con algunos otros. Pero los más aseguran que se debe a una campaña que esa colonia impulsa como parte de un sistema de autoayuda, ante la evidente inoperancia policiaca y que implica colocar mantas con los retratos de asaltantes y ladrones del rumbo. La evidenciación es parte de una respuesta a la autoridad municipal, liderada por la alcaldesa priista Martha Hilda González, a quien se le responsabiliza por no garantizar la seguridad en la ciudad. Hace unos meses, la región norte del municipio, habitada por mayoría otomí, reclamaba al municipio el abandono en que se encuentra. Pronto comenzaron movimientos para obtener la independencia de Toluca, pues 23 mil personas son más que suficientes para gobernarse solas. La respuesta fue inmediata: despensas e inscripciones en programas sociales y hasta una presentación de la Orquesta Sinfónica calmaron algunos ánimos pero no el principal problema. González Calderón declaró públicamente que la región norte era la prioridad para su gobierno, lo que fue interpretado por vecinos del centro como una muestra de que el gobierno no sabe qué hacer ni cómo cumplir sus obligaciones. Miles de volantes impresos de manera artesanal circularon por la colonia Morelos, donde vecinos organizados hacían público su descontento.

González Calderón afirma que la inseguridad en esta ciudad es igual a la de otras urbes en el país, aunque se apreciación no resuelve nada. Esta afirmación contiene entre líneas la respuesta: no hay todavía suficiente presupuesto para el rubro pero tampoco especialistas que puedan organizar planes y llevarlos a cabo, tan es así que se depende casi en lo absoluto de los programas de la Federación.

Es cierto que los pretextos sobran. El 3 de agosto, al menos tres autos estacionados en la vía pública, en la colonia Federal, fueron despojados de sus llantas. Dejados en cuatro tabiques, enervó la indignación vecinal, aunque hasta el momento se ha topado con la pared burocrática y poco o nada se ha resuelto.  En el 2011 un grupo de secuestradores había rentado una propiedad en la calle Esteban Plata, en la colonia Granjas, para usarla como casa de seguridad. Luego de algunos casos, fueron detenidos por la policía, pero los vecinos aseguran que los plagiarios cuentan con algún tipo de protección oficial, pues un año después el cabecilla se paseaba por las calles sin que nadie lo molestara ni mediara explicación sobre su libertad.

Mientras el gobierno estatal dirime la suerte de Eruviel Ávila y compra, entre otras cosas, 12 millones pesos en alfombras para yoga, como documenta el diario local Alfa, también espera las reacciones del cártel de La Familia Michoacana, que según versiones oficiales perdió a su líder en Luvianos, Pablo Jaimes, La Marrana, en un enfrentamiento con soldados. Jaimes no era el único líder pero sí uno de los más influyentes en la Tierra Caliente mexiquense, que colinda con Guerrero y Michoacán. Y como en toda cadena criminal, el grupo delictivo busca nuevo dirigente e El Pony o El Player, según la Procuraduría estatal, quien confirmó el deceso el 7 de agosto. La presencia de este cártel en Toluca se relaciona con plagios, secuestros, extorsiones, control de piratería y trasiego de droga. En el centro de la ciudad, algunos pequeños comercios han cerrado debido a la presión de pagos por parte de este grupo. Los dueños de bares saben que deben negociar con ellos si quieren permanecer abiertos, pero aún así sus demandas son imposibles para algunos, que deben cerrar los locales para que solamente los criminales los utilicen, sin pagar los consumos.

Si las colonias Federal, Morelos y Granjas habían permanecido más o menos al margen de la actividad delincuencial, no sucede lo mismo en el resto del municipio. De punta a punta, los reclamos por el crimen son proferidos, pero no resueltos. Nadie se salva, desde alumnos del Tecnológico de Monterrey, hasta empleados de la zona del aeropuerto, padecen asaltos, amenazas y secuestros. Una de las promesas de campaña de González Calderón era abatir los índices criminales en la capital e impulsarla como una de las más importantes. Para eso firmó cerca de 25 compromisos, imitando las campañas de Enrique Peña. Hasta el momento, los compromisos más sensibles esperan mejor oportunidad.

El Barco Ebrio

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De los casi 53 millones 350 mil mexicanos en situación de pobreza contabilizados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) hasta el año 2012 (sobre un universo total de 117 millones 300 mil), el Estado de México concentra 7 millones 328 mil 700, es decir el 13.73 por ciento. Esta cifra lo mantiene en el primer lugar nacional, seguido, no precisamente de cerca, por Veracruz, Chiapas y Puebla.

 

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El informe de resultados de la Medición de la Pobreza 2012, publicado conforme dicta la Ley General de Desarrollo Social y  muy a pesar de los idolatras del régimen el pasado 29 de julio, muestra también que casi un millón de estos pobres lo están en situación extrema (945 mil 700).

 

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En la misma línea del informe del Instituto Nacional de Geografía, Informática y Estadística (INEGI) sobre las clases medias en México, dado a conocer el 12 de junio anterior con el evidente objetivo de destacar y celebrar su supuesto crecimiento, en éste se resaltan algunos matices para minimizar la gravedad del tema, como por ejemplo que en esta entidad la pobreza extrema disminuyó, al pasar de 1 millón 341 mil 200 a esos 945 mil 700.

 

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Lo cierto es que esos 7 millones 328 mil 700 de mexiquenses pobres son 600 mil más que el año 2010, cuando sólo lo eran 6 millones 712 mil.

 

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Según la citada Ley, en México se mide la pobreza a partir de ocho factores, seis agrupados bajo el concepto de” carencias sociales” (Rezago educativo, Acceso a los servicios de salud, Acceso a la seguridad social, Calidad y espacios de la vivienda, Acceso a los servicios básicos en la vivienda y Acceso a la alimentación) y dos relacionados directamente con el ingreso (Ingreso inferior a la línea de bienestar e Ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo).

 

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Cuando alguien tiene ingresos por arriba de la línea de bienestar con no más de una carencia social,  se encuentra en situación de “pobreza moderada”, mientras que si sus ingresos están por debajo y alcanza hasta tres de tales carencias, entonces se ubica en condición de “pobreza extrema”.

 

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Sobre esta base, el informe señala que sigue creciendo el número de mexiquenses sin acceso a seguridad social, mientras que en las otras “carencias” disminuye.

 

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Este supuesto avance palidece ante el dato que revela el aumento de mexiquenses en riesgo de ver caer sus ingresos o perderlos -lo que los pondría, a su vez, en riesgo de caer en situación de pobreza-, de casi 900 mil en 2010 a poco más de 1 millón 250 mil en 2012. Adicionalmente, los mexiquenses en situación vulnerable, que en 2010 eran 3 millones 27 mil personas, ahora son 2 millones 808 mil, es decir, poco más de 200 mil en dos años perdieron su zona de confort.

 

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Como en el resto del país, en esta entidad se replican algunas tendencias relevantes, como que la pobreza en sus dos vertientes se concentra en las ciudades, afecta principalmente a menores de 18 años y mayores de 64 y por igual a hombres y mujeres. La pobreza extrema, en particular, afecta más al medio rural y significativamente a la población indígena.

 

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Ya no sorprende que a las actividades de cierto relieve del gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, asistan también como “invitados de honor” o “testigos de calidad” los titulares del Poder Judicial y del Legislativo: en esta entidad la división de poderes es prácticamente inexistente. A veces sorprenden, sin embargo, las escasas novedades tanto en las formas como en el fondo de esos eventos.

 

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Es el caso del pasado “Foro Región Centro-Sur del País, Infraestructura: Comunicación y Desarrollo para México”, organizado por el diputado mexiquense en el Congreso federal, Alberto Curi Naime, en uno de los más modernos y nuevos hoteles de la capital estatal.

 

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Ahí llegó, como si cualquier cosa –el viernes 2 de agosto por la mañana-, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura local, seguido por quien debería ser primero en jerarquía, Francisco Rodríguez Posada, presidente en turno de la directiva legislativa, pero relegado siempre a segundo plano por el área de Comunicación Social del Congreso local.

 

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Y decimos como si nada porque si alguien se ufana de su escaso entendimiento en dicho rubro, el de la infraestructura, es ese diputado. En más de una vez lo hemos escuchado, sea de manera personal, incluso por internet, a través del canal oficial de la Cámara de Diputados, expresar lo que piensa del tema y otros más, expresiones que lo retratan en toda su magnitud, que no es, por cierto, la del “estadista” que la Dirección General de Comunicación Social del Poder Legislativo se empeña en hacernos creer.

 

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Palabras más, palabras menos, sobre todo en ese tipo de actos populistas que nos retraen a los años 70 y 80, antes o después de haber repartido a diestra y siniestra despensas, juegos de herramientas y accesorios para autos, pero en especial dinero contante y sonante, el susodicho dice: “yo siempre les he dicho a mis presidentes municipales que lo primero es ayudar a la gente. Y que vean si la gente se puede esperar sin su calle, sin su banqueta, tal vez uno o dos años más, y que mejor les apoyen con recursos para que sean productivos. Porque a ver, ¿a poco una persona le va a dar de mordidas a las banquetas? ¿A poco se van a quitar el hambre mordiendo el cemento? No. Es mejor que se esperen un rato más sin sus calles y primero que se les apoye para no pasar hambres”.

 

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Este pedazo de oratoria suele completarlo con rimbombantes anuncios sobre nuevos “apoyos” a la gente, que van desde más despensas hasta becas para los hijos, pasando por tabletas electrónicas para los estudiantes e incontables recursos para los transportistas, quienes al parecer son su sector social favorito. “A ver tú, diputado fulano, ahí te voy a mandar todo esto para que te pongas a trabajar”, afirma no sin evidente entusiasmo.

 

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Y por si fuera poco, por si faltara mayor contundencia a su elementalísimo discurso, suele despedirse con otra expresión digna del pasado más repulsivo del régimen: “así que, señores presidentes, pónganse a trabajar en esto porque no olviden que el que da más, dura más”. Toda una declaración de fe que no requiere de mayor explicación a la luz de sus primitivas convicciones.

 

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Pero dice el refrán que no tiene la culpa el indio, sino el gobernador que lo ha encumbrado. Quizá ni siquiera se dio cuenta ni reparó en la incongruencia que su sola presencia representaba en ese foro, y por ello aplaudió como todo mundo las no menos exageradas sentencias del ex secretario de Finanzas estatal, Murrieta Cummings, ahora subsecretario de Gerardo Ruiz Esparza en Comunicaciones y Transportes, del mismo diputado Curi Naime que de especialista en educación con Ávila Villegas ahora lo es en infraestructura en el Congreso federal, y del propio mandatario mexiquense que elevaron a piedra filosofal para el desarrollo del país a la construcción de mayor infraestructura pública. Cosas veredes, que dijera un rey…

Narcópolis

* Atrapado en una confrontación entre las organizaciones criminales, ante la casi nula capacidad policiaca estatal para enfrentarlos, sumado a la protección de funcionarios, políticos y autoridades policiacas, el Estado de México es un espejo que refleja la realidad de todo el país. En algunos municipios las bandas de criminales imponen su toque de queda cuando lo deciden y nadie debe circular mientras que las caravanas de grandes capos o cargamentos transitan por calles, brechas, terracerías, caminos, senderos de pueblos, rancherías o zonas residenciales.

 

Francisco Cruz

A Enrique Peña Nieto no hay manera de quitarle el aparente aspecto juvenil que resultó la mejor estrategia para obtener mayoría de votos en las elecciones de gobernador en 2005. En esos tiempos, el llamado Golden Boy sacaba provecho de la comparación que se hacía entre él y su tío Arturo Montiel Rojas, un dinosaurio que buscaba la candidatura presidencial priista y cuyo único atractivo era su esposa francesa Maude Marie Laure Christiane Versini Lancry.

Enrique representaba la fuerza del impulso priista y, supuestamente, una renovación en los cuadros políticos. Aunque obtuvo la gubernatura a través de una campaña plagada de inmoralidades, así como de ocurrencias en torno a su apostura, su partido empezó a ver en el guapo Peña a su mejor precandidato presidencial. Sin embargo, ni la imagen ni el constante entrenamiento han servido para hacer creer que pertenece y representa a un PRI renovado.

En plena campaña de 2012 —cuando en Tepotzotlán le tomaron protesta como candidato presidencial del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)—, a sus expertos en imagen se les ocurrió que era posible aparentar madurez y sabiduría con unas bonitas canas al más puro estilo del actor Jaime Camil.

Peña salió al paso de las críticas enseñando “interesantes” sienes que llevaban el mensaje de una sabiduría adquirida en románticos lances políticos. Sin embargo, las canas no pudieron hacer nada para evitar, el 22 de mayo, el impacto de un misil estadunidense para involucrar a tres ex gobernadores priistas tamaulipecos —Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores— con el crimen organizado.

El cuartel central peñista tomó acuse de recibo, pero apenas resentía el impacto del obús Cavazos-Yarrington-Hernández, cuando se hizo público que investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) involucraban al ex gobernador chihuahuense José Reyes Baeza, incondicional de Peña en su campaña presidencial, como un protector a sueldo de los capos del Cártel de Juárez.

Las indagatorias sobre Reyes Baeza incluían su llegada a la alcaldía de la fronteriza Ciudad Juárez —centro operativo de “El Viceroy” Vicente Carrillo Fuentes, hermano del extinto Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”—, y apoyos económicos del “narco” para fortalecer su campaña por la gubernatura de Chihuahua. En la mesa también se puso la desaparición y asesinato —el 8 y 9 de agosto del 2006 respectivamente— del periodista Enrique Perea Quintanilla.

Si hasta febrero de 2012 la vida sentimental que se tejía a Peña en las revistas del corazón, del jet set y la farándula —con Jessica Delamadrid, Rebeca Solano, Maritza Díaz y Angélica Rivera, amén de la extinta Mónica Pretelini— había definido su presencia pública, el caso de los ex gobernadores mostró un oscuro pasado del Partido Revolucionario Institucional.

Si se mira hacia atrás, bien valdría la pena analizar no sólo la situación en los estados del norte o algunos del sur, sino en la misma casa del presidente Peña: el estado de México, que durante su administración (2005-2011) se convirtió en el refugio favorito de los grandes capos del crimen organizado, así como en la capital del asesinato y violación de mujeres. Los capos se sintieron a gusto, “entraron como Pedro por su casa”, impusieron su “orden” y se disputaron la plaza.

“Por miedo a la inseguridad, residentes de Huixquilucan están huyendo a ciudades de Estados Unidos como Texas y Florida. Tal es su temor, que ni la seguridad privada con la mayor tecnología y capacitación, vivir en fraccionamientos con circuito cerrado de vigilancia, o adquirir cotosos blindajes, los han podido retener”, escribieron, el 30 de junio de 2011, Claudia Solera y Laura Toribio en Excélsior.

Por su parte, Diario Amanecer publicó el 23 de abril de 2010: “Huixquilucan… residencia de narcos y políticos (…) la gravedad del asunto se recrudeció durante la administración de Montiel, cuando el entonces alcalde David Korenfeld Federman, secretario del Agua del gobierno peñista, abrió las puertas de la municipalidad al crimen organizado, dicen, en un afán de evitarse conflictos que afectaran su débil carrera política. […] No es desconocido, entonces, que actualmente opera un corredor del narcotráfico en los municipios de Huixquilucan, Metepec, Ixtapan de la Sal y Valle de Bravo”.

El narcotráfico se ha convertido en eje de la violencia en el Estado de México. Da la impresión de que los capos tienen motivos para sentirse seguros, pues son los dueños de la fuerza y la intimidación. Sus peores enemigos son, en la mayoría de las ocasiones, ellos mismos.

La dinámica de la delincuencia organizada cambió en los gobiernos estatales de Emilio Chuayffet Chemor y César Camacho Quiroz, luego despegó en el sexenio de Arturo Montiel Rojas y se consolidó con Peña Nieto. Ninguno encontró la fórmula para hacer frente a los grupos del crimen, capaces de repartir dinero en todos los niveles de gobierno y de armarse mejor que los policías de cualquier municipio.

La entidad mexiquense, pues, ha dado pauta para todo. Y, con una guerra personal como la que declaró Felipe Calderón a los cárteles del narcotráfico —y cuyos saldos incluyen 250 mil desplazados, 30 mil desaparecidos, 20 mil huérfanos y 5 mil niños ejecutados—, la agenda legislativa del nuevo mandatario será fundamental.

Muchos son los testimonios que sustentan la buena relación entre los grandes capos y el gobierno a cambio de favores mutuos, sin embargo, como bien reza el dicho: “Picar está en la naturaleza del alacrán”, que ilustra la muerte de varios políticos en manos del crimen organizado.

Tal es el caso del presidente municipal de Zacualpan, José Eduviges Nava Altamirano, secuestrado y ejecutado el viernes 19 de agosto de 2011. O de un amigo muy querido de Peña, Christopher Salvador Vergara Cruz, presidente municipal de Ixtapan de la Sal, asesinado en una emboscada en octubre de 2008, acontecimiento que hizo saber a Enrique con quién trataba.

 

 

Testigo de honor

 

A poco más de cuatro años de distancia, apenas sus familiares y uno que otro amigo recuerdan a Vergara Cruz. Nadie tiene presente que la suya fue de las primeras ejecuciones de un alcalde —de un municipio “importante” y, además, un personaje muy cercano al gobernador—,  atribuida a pistoleros y matones a sueldo de los cárteles del crimen organizado.

Cuando se recorren las calles pintorescas de Ixtapan —un municipio-balneario semitropical, dos horas al sur de Toluca, la capital mexiquense—, da la impresión de que todo sigue igual, que el tiempo se detuvo en sus aguas termales y donde las principales actividades económicas son las de siempre comercio, turismo, migrantes y narcotráfico.

La población parece haberse adaptado muy bien. Y así acepta a su élite local, encabezada por la familia San Román— una de las familias más pudientes del municipio— con sus excesos y todo lo que representó el asentamiento de la alta clase política del Estado de México en los sexenios de Montiel y Peña. La ejecución de Vergara es un tema que nadie quiere recordar. Y muy pocos se atreven a hablar de los cárteles del  crimen organizado.

Alto y elegante siempre, Vergara se distinguió por su habilidad para relacionarse con los poderosos del lugar. Pero esta no era la mejor de sus cualidades, sino ser integrante del grupo de Golden Boy’s encumbrado por Montiel, a la sombra del gobernador Peña y de su secretario de Trabajo, José Adán Ignacio Rubí Salazar.

Se puede decir que su habilidad para hacer tratos la aprendió  bien de  Rubí, uno de los hombres más poderosos de aquella región. Diputado local de 1996 a 1999, y ex alcalde de Ixtapan, fincó su influencia en la capacidad de negociador que descubrieron de inmediato personajes de las familias más influyentes del lugar como los San Román y Montiel.

Fue Rubí, en la gestión municipal que encabezó entre 2000 y 2003, quien autorizó la construcción de hoteles de cinco estrellas y fraccionamientos de lujo como Rancho San Diego, El Country Club, Gran Reserva y Residencial Ixtapan Grand Reserva, que hoy habitan Montiel, Peña, Miranda Nava y la familia Domit, entre otros.

También promovió acuerdos municipales para excluir a pequeños hoteleros y concederles favores a los grandes empresarios turísticos. Los pequeños empresarios acusaron de caciquismo al entonces alcalde Rubí y denunciaron favoritismos para las poderosas familias que controlan aquel municipio, como las de Eduardo Beltrán, cercano al propio Rubí, la de Roberto San Román Dunne y la de Arturo San Román Moore.

Gracias a estas “buenas acciones” consiguió que su sobrino, Christopher Salvador Vergara Cruz, fuera considerado como candidato priista a la alcaldía, cargo que recibía con un sinfín de compromisos adquiridos por su tío y que eran imposibles de deshacer.

Esta habilidad para relacionarse con los poderosos se hizo evidente el 11 de enero de 2007, fecha en que contrajo matrimonio con la joven Denisse Muñoz Hernández, pues entre sus testigos se vio acompañado por tres personalidades  importantes. Una de primer orden, el gobernador Enrique Peña Nieto, testigo de honor en aquel enlace. Los otros, Gabriel Olvera Hernández, alcalde de Valle de Bravo; y Gerardo Xavier Hernández Tapia, presidente municipal de Coatepec Harinas.

El lugar elegido para la boda religiosa fue la Parroquia de la Asunción de María, donde llegó la contrayente enfundada en un espectacular vestido blanco y caminando por el camino de alcatraces y rosas blancas con las cuales se adornó toda la iglesia; a su lado estaban sus padrinos de Velación, Rubí Salazar y su esposa Laura del Carmen Soto de Rubí.

Allí estaban Ana María Hernández Escobar, Alfredo Muñoz y Gloria Cruz Vázquez— madre de Vergara— para fungir como sus testigos de honor en la firma del matrimonio civil en el Golf Country Club, donde la juez de lujo fue María Guadalupe Monter Flores, en ese entonces directora del Registro Civil estatal. Gracias a su amistad con Peña, Monter escalaría a la Secretaría de Educación, luego a la de Turismo y se haría de una notaría, pero en aquel enero de 2007 todo estaba concentrado en la felicidad de la pareja.

Nadie imaginó que esta felicidad iba a durar muy poco, pues Vergara fue emboscado y asesinado —con proyectiles de armas de fuego de grueso calibre— la tarde del 4 de octubre de 2008, cuando circulaba por la carretera que comunica al municipio mexiquense de Coatepec Harinas con el de Pilcaya, en Guerrero.

Vergara conducía su camioneta Trail Blazer, placas LXP 7055 del Estado de México, cuando fue alcanzado por un vehículo desde donde le hicieron más de 20 disparos. El ataque se reportó a las tres y cuarto de la tarde. El alcalde, de 33 años de edad, acompañado por dos de sus subalternos, regresaba de Guerrero, cerca del paraje de Mesón Viejo, en la comunidad San Alejo, cuando fue emboscado. Con impactos de bala en el parabrisas, así como en la puerta del piloto y la trasera del lado izquierdo, la camioneta del edil quedó a un costado de la carretera.

El alcalde recibió 13 impactos de bala, mientras Alfredo Rodríguez González, secretario del ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, y Raymundo Fuentes Rivera, tercer regidor, recibieron uno cada quien. Estos últimos fueron trasladados en helicópteros al Centro Médico del ISSEMyM en Toluca.

Corresponsal del diario La Jornada, el reportero toluqueño Israel Dávila escribió el 5 de octubre de 2008: “Más de 500 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal, del Ejército y la Policía Federal Preventiva instrumentaron un operativo en al menos seis municipios aledaños a Ixtapan y colocaron unos 12 retenes donde revisaban todos los vehículos que circulaban por las carreteras del sur del estado. Los retenes más grandes se habilitaron en la zona limítrofe con Guerrero”. Fuentes extraoficiales aseguran que este alcalde, como el resto de los ediles de la zona sur del estado, han sido extorsionados por bandas del crimen organizado, quienes presuntamente les exigen 40 mil dólares a cambio de seguridad.

Inmediatamente circularon versiones sobre la culpabilidad de células de Los Zetas y La Familia Michoacana, cuyas actividades consisten en el secuestro, homicidio, extorsión, venta y distribución de drogas. En una inusitada labor de inteligencia policiaca, tres días después había 14 detenidos, integrantes de La Familia y presuntos autores materiales del homicidio.

El gobernador condenó el homicidio apenas enterado, pero se guardó muy bien las relaciones extralaborales que mantenía con el alcalde. Rubí guardó silencio y consumió su pena lo mejor que pudo. La familia San Román también guardó silencio, pero organizaron a la población para que acompañara en el funeral y entierro a Vergara. Ellos mantuvieron su acostumbrado bajo perfil, resguardados detrás de los muros del hotel Ixtapan.

Días antes del asesinato, Vergara había denunciado, ante las autoridades correspondientes, amenazas e intentos de extorsión. Responsabilizaba al crimen organizado, pero sólo obtuvo como respuesta un “no pasa nada, no eres el único”.

No era la primera vez que viajaba a Pilcaya. El 26 de abril del 2007 había ido a Guerrero para participar, con el gobernador de esta entidad, Zeferino Torreblanca, en la inauguración de la vía de acceso a aquel lugar.

Sin duda alguna, sus tratos con el crimen organizado se salieron de control, pues el 3 de marzo del 2007 negó en el periódico El Universal que la siembra de droga en el sur afectara el flujo turístico en su municipio. “Ixtapan de la Sal es un pueblo tranquilo aun cuando es la ventana para entrar al estado de México… la detención de personas con armas largas, al igual que en varios municipios del sur especialmente en los denominados de Tierra Caliente, no implica que exista en esta zona la presencia de algún grupo armado”, precisó.

La versión de Vergara Cruz era poco creíble, pues para entonces ya era público que, al menos 34 municipios de la zona sur de la entidad, entre ellos Zacualpan, Coatepec Harinas, Ixtapan del Oro, Amatepec, Villa Guerrero, Zumpahuacán, Tonatico, Sultepec, Tlatlaya, Luvianos, Tejupilco, Temascaltepec y Acambay estaban cercados por el “narco”, y que 15 alcaldes habían sido víctimas de extorsión por parte de algunas organizaciones del crimen organizado. Los capos querían seguridad y que se les permitiera distribuir droga.

Atrapado en una confrontación entre las organizaciones criminales, ante la casi nula capacidad policiaca estatal para enfrentarlos, sumado a la protección de funcionarios, políticos y autoridades policiacas, el Estado de México es un espejo que refleja la realidad de todo el país. En algunos municipios las bandas de criminales imponen su toque de queda cuando lo deciden y nadie debe circular mientras que las caravanas de grandes capos o cargamentos transitan por calles, brechas, terracerías, caminos, senderos de pueblos, rancherías o zonas residenciales.

Coacalco, Ecatepec, Tultitlán, Luvianos, Huixquilucan, Atizapán, Naucalpan, Ixtapan de la Sal y Metepec son territorios donde los cárteles del Golfo de Sinaloa, Los Zetas, y La Familia se disputan los territorios imponiendo su ley y derecho de paso.

En Chihuahua, Coahuila, Baja California, Quintana Roo, Sonora, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Jalisco, Colima, Nayarit, Tabasco, Campeche, Durango, Veracruz, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán los cárteles han crecido como un monstruo de mil cabezas y se han diseminado por cada rincón.

La importancia del Estado de México no sólo radica en que sea la entidad “más rica del país”, cuyo presupuesto sexenal se aproxima al billón de pesos, sino porque su situación geográfica y colindancia con Michoacán, Morelos, Guerrero y el Distrito Federal ofrecen excelentes rutas para el trasiego de droga, su siembra, la instalación de laboratorios para procesarla y acceso al  mayor centro financiero y bancario del país.

Un verano insolente

* Da una especie de resquemor que los rescates de la historia, tergiversada por el paso de los años y la lejanía de los narradores, lleguen en forma de globitos de texto y tengan apellidos belgas. Tarde, muy tarde, casi 100 años, se entrega una revisión muy por encimita –entendible- del México artístico de los años 20. Cosa curiosa, ese México intelectual de aquellas décadas está identificado, para el conocedor superficial, con puros artistas extranjeros. Pero qué más da si la selección de futbol necesita argentinos.

 

Miguel Alvarado

Como que eso de los cómics de pronto levanta una insondable pared de güeva. La lejanía de los cósmicos misterios de los Linternas Verde o los amoríos hipergladulares de El Hombre de Acero han terminado por hacernos entender que los superhéroes de verdad rondan más bien las calles donde uno vive y no se detienen, no muchos en todo caso, a comprar periódicos o revistas en los puestos de las esquinas.

Inútiles como los futbolistas profesionales, los escenarios de los cómics nadan alejados, como a la deriva, en una maraña de cables feisbuquescos y teorías conspiratorias donde La Familia Michoacana no existe ni siquiera para hacerle publicidad a la policía federal. Sólo los flojos leen las patrañas de un hombre que corre más rápido que la luz, pero también se meriendan, vía sopa Maruchan, los noticieros de la televisión, de polímera consistencia, y los programas de opinión, que registran formatos tan conceptuales que uno prefiere ir a misa o, en todo caso, escribir y dibujar un relato.

¿Cómo hacerle para que una pequeña parte de la realidad mexicana aparezca en viñetas con colores predeterminados y pantones novísimos cuando se supone que es precisamente eso concreto y horripilante lo que nos obliga a refugiarnos en lecturas de baratería inconmensurable? Porque, ¿cómo hacerle para que aparezca la deleznable Marrana –en la versión más heroica de la Marina- y no se diga en las facultades que se ejerce un culto a los malosos? Porque, ¿cómo es el país que gobiernan Peña Nieto y sus cuates y cómo es el lugar donde uno vive? ¿De veras es tan difícil dibujarlo, ponerle los diálogos que oímos todos los días y hacer de lo que todos hacen que no ven, no miran, un medio para decir que está allí? O, ¿cómo hacer para, precisamente, no hacerle así, no dibujar aquello que sabemos es lo cotidiano y escoger mensajes de buenaventura y esperanza, de buenas noticias, aunque sean tan malas como las peores? Pues sí, parece fácil levantarse un día de madrugada e instalarse con un cuadernillo de dibujo en una de las escaleras de la Central de Abastos o ir, en camión de tres estrellas y pantalla de cinito incluida, a la Tierra Caliente de entrada por salida, nomás a pararse en los mercados, escuchar a los comerciantes y regresar por la tarde con el lápiz sin usar y la libreta en blanco. Como si no hubiera ya suficiente miedo. Pero entonces este México que cada uno vive a su manera se pierde y desde una viñeta del Memín Pingüín nada se podrá recordar después.

Da una especie de resquemor que los rescates de la historia, tergiversada por el paso de los años y la lejanía de los narradores, lleguen en forma de globitos de texto y tengan apellidos belgas. Tarde, muy tarde, casi 100 años, se entrega una revisión muy por encimita –entendible- del México artístico de los años 20. Cosa curiosa, ese México intelectual de aquellas décadas está identificado, para el conocedor superficial, con puros artistas extranjeros. Pero qué más da si la selección de futbol necesita argentinos. Por las páginas de la novela gráfica “Un verano insolente”, desfilan la fotógrafa italiana Tina Modotti, su pareja, el gringo Edward Weston y una fauna sorprendente de dibujos muy parecidos a Diego Rivera o Nahui Ollin, vientre de la Virgen Morena en ojos de verdísima tiniebla.

Esa insolencia de verano, escrita por Denis Lapière y dibujada por el catalán Rubén Pellejero es, sin embargo, una pequeña obrita de arte porque los paisajes, las ambientaciones, la forma de abordar situaciones y hasta los ridículos verbos intransitivos del castellano están bien colocados, ni más arriba ni más abajo. Allí sí están los anarquistas, los matones, los pintores calientes, las fotógrafas ultramonas, los fotógrafos audaces, los homosexuales picarones, los comunistas al rojo vivo, los taxistas buena onda, los políticos con pistola y las putas pobres de piqueras desfallecidas. Parece que están todos, y la ventaja para aquella historia es que sus principales protagónicos están muertos. De hecho, todos están muertos, excepto los autores.

Así que, ¿cómo describir al México del 2013 sin que las maestras universitarias digan que se hace apología del criminal? ¿Dónde caben los 121 mil muertos de Calderón y Peña Nieto, lo macabro que no queremos y que además no pedimos, y nuestra paz forzada a tiros? De todas maneras es un cómic, y así como los diarios y todos los medios de comunicación, eligen una parte para mostrar. Pero para qué clavarse si ya se acerca la quincena y el Supermán sale cada quince días, junto con el Batman, perfectamente editados y maquetados por Televisa y sus secuaces. O si uno quiere esperar todavía un poco más, los nuevos cómics de los walking deads no tardan ni tantito. Es como todo. Revisar al Kalimán con el único objetivo de decir que fue creado por mexicanos es tan de güeva como aventarse alguna saga sesentera del Hombre Araña o El Sargento Furia, cuando lo único negro que tenía era su alma de celulosa.

Mientras pasan 60 años para que los cárteles narcotraficantes sean explicados de otra forma –una guerra de guerrillas, por ejemplo, una lucha armada entre políticos de pacotilla- los Illuminati se divierten jugando con los símbolos. La ese supermanesca como anticipo del ojo que todo lo ve o el infinito turbulento aparecen por doquier, hasta en los conciertos de Nelly Furtado y sus pases dobles regalados en algún lugar de Polonia. El símbolo no tiene poderes místicos, ni siquiera mágicos, como pretendía Beto el Boticario, pero sin el emblema pocos son menos que nada. Los cómics justifican y oficializan esas formas patrocinadas por patadas energéticas de Monster y Red Bull, garras y toros. Y a veces cruces o budas sonrientes, serios, le ponen tono a la sicosis del quebranto. Nadie quiere saber nada cuando ya lo sabe todo, o al menos todo de esa parte de la historia que le traspasa a uno y no lo deja dormir porque las ventanas están abiertas y por allí se cuela, se cuela, se cuela.

El Barco Ebrio

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Nunca antes en la historia de la humanidad, un hombre tan poco destacado había generado tanta cantidad de información en torno a él. Y es que el ex gobernador del Estado de México, Enrique Peña, actual presidente mexicano, tiene en su haber al menos 5 libros sobre su persona y cientos de miles de notas y reportajes, de todas las índoles, que algo dicen acerca suyo. Un pequeño análisis de sus actividades y propuestas, más allá de ser presidente, dicen a esta columna que realmente hay muy poco que resaltar como logro o simple propuesta, que sus habilidades no exceden a las de un ciudadano común y que incluso están por debajo de ellas y que su única gracia, por vida y obra de su apellido y relaciones familiares, hasta el momento, es pertenecer al Grupo Atlacomulco, esa fantasmal organización que nada más no existe, no se ubica en ninguna parte y no tiene control sobre nada que sea político o empresarial en México. Ni siquiera deportistas de mediano talento han levantado tal ámpula, aunque también, en el caso de Peña, ha costado al Edomex sus buenos 800 millones de pesos anuales para el pago de publicidades. Según la Secretaría de Gobernación, a Peña le costó 8.5 millones de pesos dar su primer mensaje, el 1 de diciembre del 2012.

 

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Uno que sale con nuevo libro es Rafael Loret, padre del conductor de Televisa, Carlos Loret, con un escrito llamado Despeñaderos. No se sabe bien a bien de qué vaya, aunque es claro que habla sobre lo que siempre ha redactado el autor, y aunque el presidente aparece en la portada, parte de su contenido abarca diversos periodos de la política en el país.

 

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Rafael Loret es recordad porque en su última entrega publicó una supuesta llamada telefónica del Chapo Guzmán, que contestó Peña Nieto, todavía gobernador, en la que le advertía que no llegaría  a la presidencia mexicana. La versión de Loret se recuerda en el marco de la guerra que se libra en Michoacán, donde hasta al gobernador interino, Jesús Reyna García, lo ligan con el cártel de Los Caballeros Templarios. Ese Reyna es originario de Huetamo, uno de los municipios más importantes en el trasiego y siembra de droga, ubicado dentro del Triángulo de la Brecha, en la Tierra Caliente que comparten Guerrero, el Edomex y Michoacán mismo. Quienes conocen Huetamo saben que aquel municipio no representa poca cosa en esas ligas.

 

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En Toluca la Organización Ciudadana para la Renovación Social, que dirigen Efrén Ricardo Villegas López y Hedilberto Domínguez, apunta que la Federación ha cancelado, aunque de manera extraoficial, los apoyos oficiales para 43 proyectos emprendedores que esperaba resolución, y que se tramitan ante la delegación del Instituto Nacional de la Economía Social. Según ellos, han organizado manifestaciones para exigir explicación, por lo menos, acerca de aquella decisión y han buscado la intervención del presidente Peña para que no deje que Toluca se cierre a estos patrocinios o programas, que anteriormente los tramitaba la actualizada dependencia del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad Servidos, Fonaes, Servidos.

 

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Miguel Ángel Contreras Nieto, procurador de Justicia del Edomex, sabía en lo que se metía cuando aceptó la invitación de Eruviel Ávila para encabezar la PGJEM, que había tenido como jefes a los más polémicos y cuestionados procuradores en los últimos años, como Alberto Bazbaz y Alfredo Castillo, a quienes el caso de la niña Paulette debió enterrarlos políticamente para siempre. Ellos, como muchos otros, se cayeron para arriba, pero Contreras no encontró una silla lo suficientemente cómoda. Así, el Inegi le hace algunas cuentas al Estado de México y le señala que hay 14 mil 63 asesinatos desde el 2006. Parce que para un estado con 15 millones de habitantes, la cifra queda corta. Se trata sólo de los denunciados, la llamada cifra negra que dicen las mismas autoridades, es apenas el 25 por ciento del estimado total. Si hacemos caso, una simple operación arroja la cantidad de 56 mil 252 homicidios.

 

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A Contreras debe preocuparle, no hay duda, pero también debe responder sobre la capacidad de su dependencia, que nada más no da visos de inteligencia en los casos sensibles. El secuestro del alumno del colegio Montessori, el asesinato del poeta Guillermo Fernández, por mencionar sólo dos de tantos cientos, son ejemplos que están allí, en espera de respuestas. La entidad es un territorio fuera de control, donde la ley ni la justicia importan un bledo. Es de todos sabida la penetración e influencia del narcotráfico en el Edomex y la inoperancia que ante los cárteles presentan las dependencias obligadas a enfrentarlos. Si a eso se le suma lo cotidiano –como si los cárteles no lo fueran ya-, a Contreras le toca bailar con el más feo.

 

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A Eruviel Ávila le quedaría un mes y medio en el poder mexiquense. Si se va, el acomodo ya se lo encontraron como asesor de la Presidencia. Y eso y nada es prácticamente lo mismo para un tipo cuya aspiración personal es tan grande como la de su jefe. Si no se va, el resto de su gestión será como lo que ya cursó. Atado de manos, de pies y de cartera, al hombre que empezó en la política como vidriero no se le auguran buenos tiempos, salvo que decida hacerse cargo de su propia historia, cualquiera que sea la que elija. L alista de sustitutos existe, a pesar de todo, aunque se ha reducido considerablemente. Luis Miranda y María Elena Barrera llevarían una ventaja sobre los demás.

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