La escuela sin Enlace

* La Prueba Enlace le cambió la lógica a la escuela, redujo su función a un entrenamiento, se olvidó del desarrollo integral y del pensamiento del alumno. Momentáneamente, con esta suspensión, queda a la deriva pedagógica y sólo la creatividad docente la puede salvar.

 

Luis Zamora Calzada

El anuncio del secretario de Educación Pública federal, Emilio Chuayffet, respecto a la suspensión de la aplicación de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares, mejor conocida como “Prueba Enlace”, acaba con una cadena de prácticas que tenían “secuestrada” a la escuela.

Los acreedores de los estímulos económicos que se otorgaban por los “buenos resultados” obtenidos de la aplicación, con montos que se repartían entre todo el personal de la escuela, se resentirán. Para las instituciones con profesores que les fue mal en los puntajes y que fueron etiquetados como “focalizados”, con todas las repercusiones del propio señalamiento, significará un verdadero respiro de la asfixia administrativa y burocrática a que fueron sometidos por ese hecho.

En el fondo la escuela dejará de “entrenar” a los alumnos para resolver esta prueba, en los ocho años que duró su aplicación, se ubicó en el centro y fue eje de las mismas, repercutiendo en la educación que se impartía.

La pretensión de los administradores educativos fue mejorar sus resultados, aceptando incluso que con “ensayos” se alcanzaría ese objetivo, lo que nunca se logró, ubicando a nuestra entidad siempre por debajo de la media nacional.

Diferentes editoriales hicieron sus negocios con esta evaluación. Como ejemplo,  “Entrenamiento para Enlace”, adquirido por un sinnúmero de maestros de las escuelas secundarias del Edomex, utilizado en dos momentos del ciclo escolar, tomaba como referente los contenidos del nivel reproduciendo el formato de cuarenta preguntas con cuatros opciones para elegir y una hoja de respuestas para el llenado de los alvéolos.

La intención era familiarizar a los estudiantes con la prueba, pues “nuestros alumnos no terminan de aprender a seleccionar la respuesta correcta y señalarlo en el círculo correspondiente”, comentan algunos docentes.

Durante su aplicación, la Prueba Enlace le cambió la lógica a la escuela, redujo su función a un entrenamiento, se olvidó del desarrollo integral y del pensamiento del alumno. Momentáneamente, con esta suspensión, queda a la deriva pedagógica y sólo la creatividad docente la puede salvar.

 

Justicia selectiva

 

 

Al parecer el mensaje y la lección que pretendieron dar instancias municipales y estatales, era otorgar a los aliados todas las facilidades a los que se atreven a exigir todo el peso de la ley. Algunas acciones son burdas, impresionantes: la anunciada llegada de filiales de Antorcha Campesina a Toluca el 17 de julio, provocó que el municipio retirara todas sus vallas en la madrugada para que los más de tres mil visitantes ocuparan libremente la Plaza Cívica, sin que nadie los molestara.

La otra cara de la moneda. Un grupo de maestros de escuelas populares, provenientes de la parte oriente de nuestra entidad llevaban varios día de plantón, ocupando, en acuerdo con personal de la Subsecretaría General del gobierno estatal, un espacio de quince metros del citado lugar, para obtener respuesta del otorgamiento de registro de validez oficial de ocho escuelas preparatorias. Ellos fueron víctimas del embate de quien dijo ser el secretario del Ayuntamiento local, quien pretendió notificar verbalmente a los profesores para que se retiraran de la plaza porque él no había otorgado ninguna autorización para su uso.

El autoritarismo llegó al grado de una denuncia penal en contra de los docentes, señalando como hecho delictivo el “estorbo del aprovechamiento de bienes de uso común”, en agravio de la “colectividad”, con un reporte de audiencia que asienta que el secretario del Ayuntamiento, subdirector y consejero jurídico, con el notario público 81, casualmente se dieron cuenta de la “ocupación de la plaza” sin permiso alguno, lo que motivó iniciar la carpeta de investigación 160170360150913, con causa 901/2013, en donde se ordena citar a cuatro docentes para que el ministerio público formule la imputación.

A unos la complacencia, a otros la “criminalización”. Sin ser mal pensado, si los grupos pertenecieran al mismo partido político seguramente hasta cobijas les hubieran llevado.

Poder en venta

* “Pintoresca y pícara como suele ser la relación prensa-PRI, por decir lo menos, los casos pequeños de corrupción quedan “archivados” en donde casi nadie los puede tomar. Y esa fue la situación que enfrentó el director de una pequeña revista en Toluca, a quien, en plena campaña, los priistas le ofrecieron un “negocio” redondo en el que ganaría 60 millones de pesos, libres de paja y polvo”. Este reportaje es parte del libro Los Golden Boy’s, del periodista mexiquense Francisco Cruz Jiménez, editado por Planeta en el 2012.

 

Francisco Cruz Jiménez

Los políticos y gobernantes siempre han estado rodeados de escándalos, malas decisiones, grandes obras para beneficio de unos cuantos y proyectos personales que los encumbran o aseguran en el siguiente escalafón del poder; pero el modelo informativo sólo permite conocer algunos de los muy llamativos.

Por ejemplo, el 11 de junio de 2012, el diario británico The Guardian recuperó cables elaborados por diplomáticos de Estados Unidos en México y divulgados por Wikileaks, en los que, desde 2009, se alertaba sobre la relación entre Televisa y Peña Nieto y en los que se expresaba inquietud de ese país por tales nexos. Y que Peña, en particular, “está pagando por debajo de la mesa a medios de comunicación para una favorable cobertura de noticias”.

“Los cables de los Estados Unidos retoman lo publicado por The Guardian en el sentido de que el candidato favorito en las elecciones presidenciales de México ha pagado por cobertura televisiva favorable. […] Es un hecho ampliamente aceptado, por ejemplo, que el monopolio Televisa respalda al gobernador (Peña) y le proporciona una extraordinaria cantidad de tiempo de emisión y otros tipos de cobertura. […] Ha puesto en marcha importantes proyectos de obras públicas en las zonas seleccionadas por los votos y, tanto analistas como dirigentes priistas, han expresado a funcionarios políticos de Estados Unidos su creencia de que él está pagando a los medios de comunicación para una cobertura favorable, así como potencialmente el financiamiento de encuestadores para influir en los resultados de sus encuestas. […] Los periodistas y sus jefes han sido más o menos libres para dedicarse a la larga tradición electoral mexicana de vender notas favorables y una cobertura para la difusión de candidatos y partidos”.

Documentos consultados por el rotativo inglés estaban archivados bajo el nombre de Yessica de Lamadrid que en esos momentos era empleada de (la empresa) Radar y amante de Peña. De Lamadrid declaró a The Guardian que ella creía que los documentos eran falsos. También dijo que, en los proyectos promocionales en los que trabajó para políticos, nunca se pusieron contenidos a la venta.

Televisa emitió un indignado rechazo y cuestionó la veracidad de la información de The Guardian, pero los señalamientos, se dijo, están respaldados por los documentos enviados por la Embajada de Estados Unidos en la ciudad de México a otros organismos gubernamentales de Estados Unidos en 2009.

En respuesta a la negación de Peña y a la demanda de Televisa de una disculpa, el rotativo inglés emitió una declaración pública: “The Guardian se ha comprometido a informar sobre temas relacionados con México y mantenemos lo dicho ante el artículo en cuestión”.

Documentos publicados por The Guardian muestran que Peña pagó alrededor de 3 millones de dólares por 180 “noticias” favorables en Televisa, además de varias emisiones especiales de noticias, entrevistas con el candidato y otra cobertura sesgada. Además pagó cerca de 2 millones de dólares por anuncios pagados en la televisora.

Pintoresca y pícara como suele ser la relación prensa-PRI, por decir lo menos, los casos pequeños de corrupción quedan “archivados” en donde casi nadie los puede tomar. Y esa fue la situación que enfrentó el director de una pequeña revista en Toluca, a quien, en plena campaña, los priistas le ofrecieron un “negocio” redondo en el que ganaría 60 millones de pesos, libres de paja y polvo.

El editor deja a un lado la parsimonia y recuerda cómo se enteró del fabuloso  negocio y cómo llegaron hasta él: “Eran las 4 de la tarde del viernes 1 de junio del 2012. Una junta secreta se realizaba en el PRI del Estado de México, en la sede de las oficinas tricolores de la capital mexiquense, sobre la avenida Alfredo del Mazo, nombre de tres integrantes del enjoyado Grupo Atlacomulco, impulsor político de la carrera pública de Enrique Peña Nieto.

Esa reunión tenía como objetivo operar las órdenes provenientes del PRI nacional para recuperar el terreno que su aspirante presidencial había perdido. Un estudio interno revelaba la catástrofe. Peña sería tercer lugar en las encuestas si el voto duro no funcionaba el domingo 1 de julio. Así, en uno de los salones de aquella bodega-edificio donde despachara alguna vez Arturo Montiel Rojas, como presidente del Comité Directivo Estatal, un grupo de operadores sin nombre ni rostro conocido, implementó la campaña.

Cerca de mil millones de pesos se moverían desde Toluca y serían encauzados a la compra de utilitarios. De buenas a primeras, impresores y vendedores de publicidad se encontraron con pedidos urgentes y multimillonarios: 6 millones de playeras blancas, por 60 millones de pesos; 3 millones de pelotitas antiestrés por 18 millones de pesos, 170 mil lonas con el rostro del candidato por 10 millones de pesos, 5 millones de bolsas ecológicas por 25 millones de pesos, un número indeterminado de ceniceros, de la marca Tokai y al final, todavía el 14 de junio, cualquier cosa que tuviera impresa la imagen del esposo de ‘La Gaviota’.

Esos pedidos quebraron los mercados. El Estado de México fue incapaz de responder a la disparatada demanda, pero también el resto del país, cuyas fábricas y proveedores reportaban las mismas, absurdas cantidades. Algunas ciudades de plano se negaron a cotizar, pues el PRI les ha quedado mal en pagos; sobre todo, porque ‘es para un partido de ladrones’, decían los comerciantes, que desdeñaban pagos en efectivo y sin obligación de entregar facturas”.

Al editor toluqueño le ofrecieron hacerse cargo de la compra de las playeras y la adquisición de las pelotitas antiestrés. Pero, ciertamente el negocio tenía un pero… “me pidieron que se manejara el dinero en efectivo —los 60 millones de pesos de las playeras y 18 millones de las pelotitas— y sin facturas. Sin nada que pudiera ligar el gasto al PRI ni al comité de campaña”. Como respuesta, los “negociantes” priistas recibieron un rotundo no. Finalmente, los productos fueron encontrados en el norte del país y transportados en tráileres a bodegas diseminadas por la ciudad de Toluca.

Los números que al gobierno mexiquense le interesan son ampliamente conocidos: a partir de 2005, el gobierno del Estado de México gastó, oficialmente, poco más de mil millones de pesos para difundir la imagen, promesas, acciones y logros de Peña como precandidato a gobernador y, más tarde, como gobernador de la entidad,  así como fortalecer su liderazgo entre los priistas.

En 2006, la Legislatura local le autorizó 133 millones 390 mil 2 pesos para difundir su imagen a través del programa de Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo. No obstante, la cuenta pública de ese año reportó 204 millones 547 mil 200 pesos gastados; en 2007 tuvo a su disposición 142 millones 644 mil 226 pesos; en 2008, 143 millones 382 mil 370 pesos; en 2009 le aprobaron 172 millones 304 mil 442 pesos; en 2010, 179 millones 300 mil pesos; y en 2011 el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ernesto Némer Álvarez —casado con Carolina Monroy, prima del gobernador— operó para que le aprobaran un presupuesto de 178 millones 825 mil 119 pesos para promocionarse.

Según el portal de Transparencia del gobierno mexiquense, en 2005 Peña y su antecesor Montiel contrataron espacios publicitarios por más de 129 millones 998 mil 335.13 pesos. La publicidad alcanzó para cubrir a 255 medios, controlando prácticamente todas las plumas en año electoral. La empresa de Emilio Azcárraga fue la más bendecida con 36 millones 414 mil 848 pesos facturados; pues 31 millones 644 mil 36 pesos correspondieron a Televisa, 391 mil 649 al diario deportivo Ovaciones, un millón 522 mil 163 a Editorial Televisa, mientras que Editorial Clío cobró 2 millones 875 mil.

Antes del primer debate de los candidatos en 2012, el equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador documentó que, sólo en su primer año, el gobierno mexiquense destinó 742 millones de pesos para promocionar la imagen de Enrique Peña Nieto.

Aunque Peña hizo esfuerzos para desmentir los datos —acción a la que se sumaron personajes como el escritor Héctor Aguilar Camín, quien además intentó, si bien en forma fallida, desacreditar al periodista Jenaro Villamil—, esa información había sido publicada por la revista Proceso —firmada por Jenaro Villamil— en octubre de 2005. Los recursos, se informó entonces, “forman parte del ‘Plan de Acción’ que Televisa negoció con el gobierno de Peña para fortalecer su liderazgo a nivel nacional y su proyección a nivel nacional e internacional”.

La Fundación Jumex

* La entrada de la fábrica Jumex está habituada a recibir tráileres y proveedores más que aficionados al arte contemporáneo, entonces hay que dar una identificación, anotar los datos y esperar un poco a que les den permiso o alguien autorice. Entra el grupo a la fábrica, que tiene agradables banquetas y algunas cuidadas áreas verdes entre los grandes edificios o naves, y camina unos diez minutos hasta llegar. La Fundación es toda gris, el color del cemento sin pintar, para preparar a los visitantes a la apatía de lo expuesto y al estilo de bodega de la Fundación.

 

Rodrigo López

Antes, los humanos comían frutas. Había árboles, se estiraban y tomaban un durazno o una manzana. Ahora hay oxxos y máquinas dispensadoras en abundancia, o al menos más que parques de árboles frutales.

Si hemos puesto atención a los anuncios, sabemos que los jugos son más ricos que las frutas, y los de Jumex más, porque le cantan a las frutas.

Jumex tiene más de cincuenta años y se define como una empresa mexicana con tradición y valores. Y por si no lo sabían, también compran arte, mucho arte.

Volvamos a nuestro sujeto de estudio, un estudiante de artes plásticas. Decide visitar la Fundación Jumex. Entonces toma un bello camión de cuarenta y dos pesos, moneda nacional, que sale de la Terminal de Toluca con destino a Observatorio. Hace un recorrido mediano-largo en Metro y toma una combi. Y hecho esto, está parado en persona frente a la eminente fábrica de Jumex.

Va con un grupo, cabe aclarar, de no haber sido así quizás no habría podido siquiera llegar. La Fundación está dentro de la fábrica, en Ecatepec. Puede parecer algo tonto poner un museo de arte dentro de una fábrica, y lo es. Pero pronto se reparará ese descuido, ya que habrá uno nuevo al lado del Museo Soumaya en Polanco. Los millonarios se atraen.

La entrada de la fábrica Jumex está habituada a recibir tráileres y proveedores más que aficionados al arte contemporáneo, entonces hay que dar una identificación, anotar los datos y esperar un poco a que les den permiso o alguien autorice. Entra el grupo a la fábrica, que tiene agradables banquetas y algunas cuidadas áreas verdes entre los grandes edificios o naves, y camina unos diez minutos hasta llegar. La Fundación es toda gris, el color del cemento sin pintar, para preparar a los visitantes a la apatía de lo expuesto y al estilo de bodega de la Fundación.

Entran, se registran de nuevo. Por fortuna es gratis y les dan una breve (demasiado, quizás), introducción a la exposición. La muestra contiene quince obras (la colección consta de miles, pero están mejor guardadas) y se “articula” en torno a la ciudad y a la fábrica misma. No hay fichas técnicas para no “distraer” a los espectadores con cosas superfluas como el título o el autor de cada obra. En una pared hay, en inglés y en español -qué detalle- un pequeño “texto curatorial” con referencias al pie de unos cuatro filósofos, y del cual el estudiante y su grupo no entienden más que lo que dice el título y ya le dijeron hace unos minutos: “ciudad”, “caza”, “naturaleza”, “arte contemporáneo”, “curador”.

Al lado de la entrada hay un atril con una partitura. Los estudiantes se ponen enfrente e intentan descifrarlo. Les dicen que una vez a la semana viene un violinista y la interpreta. Está compuesta para imitar el ruido de un mosquito.

Entran y la primera pieza le parece un plumero colgando del techo con una especie de bolsa de tela en la parte superior. Como no hay fichas técnicas, no hay clave alguna para interpretar eso. O es algo muy sutil y profundo o es una muestra más de la estupidez reinante en las instituciones del arte. Nuestro estudiante se inclina a favor de la segunda opción.

Luego ve un perro en el piso. Es como los perros callejeros. Tiene la apariencia de estar dormido. Descubre que está disecado. Su sentimentalismo teme que lo hayan matado a propósito. Le parece poco probable. Este perro disecado lo pone a pensar, tiene presencia pero emana del perro, nada se percibe de su autor.

Luego viene un video de un hombre en bicicleta recorriendo un parque en Holanda u otro país feliz. Lo aburre, no aguanta más de cinco minutos y abandona la sala de proyección.

Entra en una gran sala cuadrada. En cada pared se proyecta una imagen inmensa, de más de dos metros y medio de alto. Son cuatro payasos dormidos, su respiración, su inflarse y desinflarse. Pasado el primer momento no hay asombro. Piensa que si el cuarto fuera suyo proyectaría películas o algo que valiera la pena. Se rinde a develar el misterio y sale.

Otro video, ahora de unos peluches. Ve que sus compañeros lo miran atentos. Se pregunta si entienden algo. Está de mal humor, no puede definir bien por qué, pero se rehúsa a poner pose de goce estético (de pie, mirada fija, ceño fruncido, la mano en la barbilla). Siente que todo está tan vacío que lo puede llenar con lo que quiera, que no hay nada detrás, así como no se siente la fruta en los jugos. Si el espectador es como un niño (en constante espera), él es un niño decepcionado.

No se asombra ante una montaña de barro de cinco metros de altura ni ante un tronco cortado encima de un espejo, ni ante unas lámparas de fotografía iluminando una pared blanca. Piensa que quiere volver al centro del DF y comer algo, unos tacos por ejemplo. Eso lo acercaría más a la vida.

Pero como ya está ahí, sube a la biblioteca de la Fundación. Unas personas sentadas frente a unas computadoras, unos estantes de madera. Reconoce los títulos de dos o tres libros. El ambiente es algo fúnebre, ni siquiera sabe si lo dejarían sacar un libro o si se congelaría al tocarlo. Igual no hay mesas o sillas disponibles, y quienes están ahí parecen trabajar en la Fundación. Baja las escaleras y encuentra a su grupo algo aburrido. En la entrada les dan una revista y un jugo. Les preguntan qué les pareció y nadie tiene algo que decir u opinar. Movimientos de cabeza o de hombros. Nos invitan a visitarlos en su nuevo museo. Seguro.

Se quedaron con ganas de una fruta de verdad, de un jugo con sabor, de un arte con vida.

Descomposición

* Toluca, la sede de los poderes políticos más poderosos del país, había logrado mantenerse al margen de la violencia y el narcotráfico, que presentaba casos aislados. En menos 15 años la situación cambió. El crimen organizado, como llaman las autoridades a grupos delictivos relacionados con funcionarios y empleados públicos de cualquier nivel, tomó control den el valle de Toluca. La inevitable relación entre esos grupos y las policías pronto encontró un nuevo orden, que aplicaba sistemas de enriquecimiento similares a plazas ya controladas. Tamaulipas, Ciudad Juárez, por ejemplo, sólo conformaron el éxito de estas empresas del terror.

 

Miguel Alvarado

Luego de un megaoperativo para detener a tres presuntos secuestradores en el centro de Toluca, se le preguntó a la alcaldesa de la capital, Martha Hilda González Calderón, sobre el paradero y posible participación del escritor y periodista Jorge Toribio Cruz Montiel, uno de los acusados en ese plagio, el 5 de julio del 2013.  Conocido en el Edomex por su trabajo, pero también por ser sobrino de sangre del ex gobernador Arturo Montiel y primo del presidente de México, Enrique Peña, su detención no podía pasar desapercibida. En ese momento, el director de Comunicación Social de ese ayuntamiento, Carlos Mota, se apresuró a declarar que “se trata de un homónimo. El detenido no es el escritor”. El ejemplo sirve para ilustrar el grado de desinformación de los burócratas municipales, pero también mide la descomposición social de la ciudad de Toluca, durante el último año.

La entidad no sólo es noticia por el cuestionado triunfo de un mexiquense en las elecciones presidenciales. Las consecuencias sociales de un sistema exprimido hasta las entrañas son ya parte de la cotidianidad y se aceptan como inevitables. Que el priista Enrique Peña haya ganado los comicios y que gobierne dentro de una inercia de programas improbables, destinados más bien a recaudación electoral, no les ha dado nada a los ciudadanos mexiquenses. No ha mejorado la seguridad, el tema más sustancial, ni tampoco mejorado la economía popular, que no entiende de términos macroeconómicos ni de inversiones en casas de bolsa. El Inegi proporciona un panorama desolador: el 10 por ciento de las familias con los ingresos más bajos del país destinan el 46.4 por ciento de éstos a bebidas, tabaco y alimentos, mientras que apenas el 1.9 para cuidados de la salud. En México, con más de 100 millones de habitantes, la mitad de ellos viven en algún tipo de miseria. El Estado de México, con 15 millones de habitantes, registraba 7 y medio millones de habitantes sin seguridad social y otras carencias. El ingreso económico anual por hogar es de menos de 120 mil pesos, a nivel nacional, apunta la misma instancia. Eso, y que el 1.7 por ciento de la población mexicana es dueña del 90 por ciento de la riqueza, explica parte del desbalance.

Toluca, la sede de los poderes políticos más poderosos del país, había logrado mantenerse al margen de la violencia y el narcotráfico, que presentaba casos aislados. En menos 15 años la situación cambió. El crimen organizado, como llaman las autoridades a grupos delictivos relacionados con funcionarios y empleados públicos de cualquier nivel, tomó control den el valle de Toluca. La inevitable relación entre esos grupos y las policías pronto encontró un nuevo orden, que aplicaba sistemas de enriquecimiento similares a plazas ya controladas. Tamaulipas, Ciudad Juárez, por ejemplo, sólo conformaron el éxito de estas empresas del terror. Según el no gubernamental Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, en el Estado de México, de 563 asesinatos de mujeres, 448 casos fueron investigados como homicidios y sólo 115 han sido reconocidos como feminicidios. De esos 448 casos, dice el Observatorio, el 48 por ciento presenta características de feminicidios, porque de esas mujeres “43 por ciento murieron a consecuencia de un disparo de arma de fuego; 42 por ciento murieron por el uso excesivo de la fuera física y 75 por ciento fueron halladas en un lugar público o en la vía pública”. En una entidad con el 90 por ciento de católicos declarados, este problema adquiere matices más profundos relacionados con la educación y el entorno familiar. Es imposible un ambiente de reflexión en individuos acostumbrados a esperar milagros o trabajar gratuitamente para otros, sin ni siquiera beneficios espirituales.

La pobreza no perdona. No puede ser erradicada a pesar de las inversiones multimillonarias anunciadas desde el gobierno estatal porque representan capitales extranjeros con objetivos definidos. Parte de esa inversión es dinero que sólo genera dinero pero no promueve trabajo ni derrama económica suficiente. El trabajo es temporal y eventualmente la empresa prefiere trasladar su dominio a entidades menos agresivas hasta en lo hacendario, como ha sucedido con algunos capitales. Toluca, con suficiente dinero para todos, no reparte beneficios. Y antes que ello, deberá resolver sus índices criminales. Aceptarlos sería un buen comienzo para los responsables y que las autoridades dejen a un lado el discurso de la percepción.

Así, a pesar de una nueva partida municipal para la contratación de más policías y que suma 18 millones de pesos, dotará a la ciudad de 150 elementos, que serán insertados en un sistema de trabajo que no se modifica. Así, por mejor voluntad y preparación, un joven policía egresado deberá adaptarse si quiere sobrevivir y conservar su trabajo, al esquema probado, que lo mismo diseña corrupción que omisiones. Con salarios de 9 mil 500 pesos mensuales, los nuevos agentes deberán enfrentar una ciudad distinta pero demasiado igual a las más peligrosas del país. Los exámenes de control de confianza y habilidades no garantizan nada, porque el punto esencial no se corrige. El esquema, podrido e infiltrado, no sufre ningún tipo de modificación.

La detención del Z-40, Miguel Ángel Treviño, líder del cártel de Los Zetas, afecta de inmediato la zona sur mexiquense. Aquella región, controlada por La Familia Michoacana tiene ya, desde algunos meses, presencia de Zetas, que eventualmente peleará por el control total, que ya lo tenía pero había perdido hace unos años. Aquel cártel, según las autoridades, tiene ya un nuevo líder, Omar Treviño, el Zeta-42, hermano del detenido.

Podría pensarse que la detención de un sobrino de Montiel Rojas abriría posibilidades de terminar con impunidad de parentescos y si se acusa a un sobrino, también podría revisarse el caso del tío. Pero no será así. Toribio, crítico feroz del Grupo Atlacomulco deberá esperar el fallo de un aparato de justicia que siempre cuestionó. Culpable o inocente, el escritor  es parte de una familia cuya vida privada está innegablemente ligada al dinero y cargos públicos. La información que posee resulta invaluable pero lo es más la certeza de que no se trate de una persecución generada por la actividad del detenido. Los polos de una misma familia, el ex gobernador Arturo Montiel y el antropólogo Jorge Toribio Cruz Montiel son ejemplo de la aplicación de las leyes y justicia al estilo mexiquense.

La alcaldesa González Calderón no tiene la obligación de conocer a todos los Montiel, pero no puede desentenderse del estado que guarda su municipio. Por un lado, el descontento social generado en la zona norte local, donde habitan unas 123 mil personas y considerada la más pobre, debido al desinterés por ellos, ha provocado propuestas de escisión y la creación de un territorio otomí que pueda resolver sus propios problemas. La respuesta de la alcaldía fue inmediata pero simple: la visita de funcionarios para repartir despensas y materiales de construcción; llenar listas para programas sociales y hasta un espectáculo con música de cámara calmó algunos ánimos. Pero las despensas duran poco y la politización de aquel descontento no tardará en involucrar partidos políticos. Martha Hilda González es por otra parte, la tercera alcaldesa mejor pagada de México, con un salario de 120 mil pesos 889 pesos mensuales, según el diario local Alfa. Sólo la superan los ediles de Monterrey, Puebla y alcaldes de municipios como Ecatepec, que gobiernan municipios que no son capitales estatales.

El Barco Ebrio

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En los próximos 10 días saldrá de la imprenta “Los amos de la mafia sindical”, el nuevo libro del periodista mexiquense Francisco Cruz Jiménez, un texto que documenta cómo se fincaron en México imperios sindicales a través del terror, la intriga, la intimidación, el despotismo y, sobre todo, la complicidad gubernamental. En síntesis, la nueva entrega de Cruz Jiménez y editorial Planeta en 11 capítulos, entre los que destacan “Un asesino en el sindicato”; “Tribulaciones de un cacique”, “El largo manto de Salinas y Fidel”; “El sultán de Tamaulipas”; “Sospechoso comienzo” y “La gran estafa”, muestra las perversiones y deformaciones de la élite sindical mexicana.

 

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Y ya que se habla de escritores, uno que no la pasa nada bien es Jorge Toribio Cruz Montiel, investigador y periodista afincado en Toluca y que pertenece a una de las familias más poderosas del Edomex y el país. A Jorge Toribio se le imputa participar con una banda de secuestradores que usó su local, un estacionamiento en pleno dentro de la ciudad, para retener a una persona y cobrar un rescate que, dicen vecinos y enterados, era de 2 mil pesos, el pasado 5 de julio. Si está implicado y tiene responsabilidad, deberá afrontar las consecuencias de sus decisiones. El procurador estatal, Miguel Ángel Contreras Nieto, ha dicho que a su PGJM no le importa de quién se trate y que aplicará la ley como debe ser.

 

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Toribio es un investigador respetado. Ha colaborado en prácticamente todos los medios de comunicación locales y comparte trabajos académicos con el Tecnológico de Monterrey y otras instancias reconocidas. Por lo pronto, el también arqueólogo ha sido encarcelado en Almoloyita. Jorge Toribio Cruz Montiel resulta interesante. Es sobrino de sangre del ex gobernador del Edomex, Arturo Montiel Rojas, y primo en segundo grado del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Conoce de primera mano las andanzas y desventuras de las familias que ahora ocupan un lugar prominente en el escenario político y empresarial del país, y que han ejercido el poder en tierra mexiquense desde hace unos 80 años, de manera ininterrumpida.

 

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Pero Toribio no es sólo el sobrino o el primo -en estos momentos, incómodo- de Arturo y Enrique. Es también uno de sus críticos más severos, que ha escrito parte de la vida de su familia y publicado en sendos libros, Grupo Atlacomulco: Revelaciones; Secretos y Negocios de Familia, este último en coautoría con Francisco Cruz, periodista de Metepec.

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Si el gobierno mexiquense ha decidido no proteger a acusados y aplicar la ley a quien sea culpable, a pesar de sus apellidos, sería de pensar que se está ante un umbral de cambio, en el que efectivamente el que la haga la pague. Pero es muy inocente pensar así. Por lo pronto, un personaje totalmente molesto para esas familias y que curiosamente es su propio pariente, deberá enfrentar al sistema judicial que tanto criticó por un crimen que está en proceso de investigación. A pesar de que Toribio es un personaje público, la prensa local se enteró de a poquito, aunque diez días después ya se publicaba la identidad del arrestado y sus nexos familiares.

 

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Y es que el secuestro fue real. La policía rescató a la víctima justo cuando se cobraba el rescate. Según la PGJEM, Toribio habría hablado con la familia para exigir condiciones y dinero, pero o contaba con que se llamaría a los uniformados. Si Toribio no estuviera implicado, las cosas tomarían otro cariz y las lecturas serían aterradoras.

 

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Por lo pronto, a este Semanario escribe la víctima, de quien se guarda su identidad: “he leído su reportaje acerca del señor Jorge Toribio Cruz Montiel, quien en compañía de Felipe Garduño Ruiz y José Manuel González González, fueron detenidos y he notado que destaca más sus libros que el hecho de que no solamente es dueño del estacionamiento donde yo me encontraba privado de mi libertad, sino que él participó del todo, creo que sería más prudente que se tome en cuenta el delito que ha cometido que sus roces políticos, ya que al fin y al cabo tendrá que responder ante la justicia. Le agradezco de la manera más atenta sea más razonable con esos comentarios, ya que esta persona no merece se le adule”. La acusación es directa. La víctima identifica a Toribio como participante activo. Habrá que esperar el dictamen de la Procuraduría.

 

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Tres policías de Metepec ganaron una demanda por despido injustificado a ese ayuntamiento. Obligada a pagar medio millón de pesos a cada uno, la administración que encabeza la priista Carolina Monroy ha comenzado a ver cómo cumplir, porque el hecho es que tienen, pero no quieren, pues se trata de montos no previstos que pueden desbalancear. Primero comenzaron por intentar negociar con los demandantes, a quienes ofrecieron 20 mil pesos para que se desistieran de la querella. Luego, la suma subió a 250 mil pesos pero los afectados no aceptaron. Finalmente, emitida la resolución, a Metepec no le quedó de otra que tragar polvo. Nada más como medida precautoria, cerraron al público el acceso al palacio municipal, que debe presentar una identificación oficial para entrar, pues temen que algún embargador les caiga por sorpresa y haga el problema todavía mucho más grave.

 

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El mayor problema del Estado de México y de Toluca es la inseguridad, aunque para algunas autoridades todo pase por la famosa percepción. Nadie quiere más obras públicas ni son necesarias. Nadie quiere que repavimenten el centro o que se haga un circuito bicicletero. Nadie quiere un teatro o más mercados. Lo que la ciudadanía necesita es una certeza. Mientras, el ayuntamiento anuncia un festival de cine donde exhibirán películas facturadas por Televisa para el entretenimiento público.

 

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¿Se va Eruviel Ávila o no? Si se va, ¿por qué no atiende sus funciones? Y si no se va, ¿por qué no atiende sus funciones? Tal vez sea cuestión de percepción.

Títeres y titiriteros

* Aunque los periodistas tienen memoria muy frágil o, de plano son muy olvidadizos, el 11 de mayo de 2012, en plena campaña presidencial, se descubrió que durante el sexenio de Peña Nieto la gubernatura mexiquense gastó más de 32 millones de pesos en “apoyos informativos” especiales. Con nombre y apellidos se mencionó a Óscar Mario Beteta y Joaquín López Dóriga. Este es un extracto tomado del libro “Los Golden Boy’s”, del periodista Francisco Cruz, editado por Planeta en el 2012.

 

Francisco Cruz Jiménez

El repentino y meteórico ascenso de Enrique Peña Nieto, un católico conservador de mano dura, defensor del neoliberalismo económico, no puede explicarse sin Televisa, cuyas coberturas informativas están lejos de la imparcialidad y objetividad; pero el gobierno del Estado de México se aseguró también, en forma simultánea a los multimillonarios contratos de publicidad, de buscar el apoyo de algunos periodistas a través de generosas derramas de dinero que salieron de los impuestos de los habitantes del estado.

El modelo de campaña que se eligió para que Peña obtuviera la presidencia es el mismo que desde hace 70 años utiliza el PRI. La época electoral es, en realidad, un enorme negocio que mueve miles de millones de pesos, algunos de procedencia ilegal, y que tiene como cereza la obtención del poder y un presupuesto inimaginable que implica la compra de conciencias y, valga decirlo, de las políticas editoriales.

Sus antepasados Isidro Fabela, Alfredo del Mazo Vélez, Salvador Sánchez Colín y Arturo Montiel Rojas compraron, crearon o destruyeron periódicos para evitar críticas y se rodearon de periodistas, articulistas y analistas afines. Carlos Hank González, hijo adoptivo de Atlacomulco, fue más ambicioso y aprobó un arreglo con reporteros para usarlos como “plumas” a su servicio, o, de plano, espías, y el gobierno de Enrique Peña Nieto documentó sus propios deslices.

La extraña forma en la que el Grupo Atlacomulco ve a la prensa se puso en marcha a partir de marzo de 1942: el poder de Fabela se extendió a la prensa y se apropió del semanario El Demócrata. Puso como encargado a su sobrino Gabriel Alfaro. Y con él llegaron los fabelistas, políticos, periodistas y columnistas, Rafael Suárez Ocaña, Santiago Velasco y Manuel López Pérez, junto con José Ángel Aguilar, Rodolfo García y Alejandro Fajardo. Incluso Horacio Zúñiga trabajó para ellos. Las páginas de ese semanario estaban abiertas para los integrantes del grupo, que así oficializaban la cultura de aquella época.

Si bien desde hace dos décadas se registra un cambio, la transformación de la prensa no se ha dado de igual forma. Algunos empresarios usan a los medios como una herramienta de negociación con el poder.

Aunque los periodistas tienen memoria muy frágil o, de plano son muy olvidadizos, el 11 de mayo de 2012, en plena campaña presidencial, se descubrió que durante el sexenio de Peña Nieto la gubernatura mexiquense gastó más de 32 millones de pesos en “apoyos informativos” especiales. Con nombre y apellidos se mencionó a Óscar Mario Beteta y Joaquín López Dóriga.

Enrique Gómez y Arturo Espinosa, del periódico Reforma, fueron generosos en una nota que publicaron aquel día: “además del gasto de 990.6 millones de pesos del programa de Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo que hizo el gobierno del Edomex entre 2005 y 2011, periodo en el que Enrique Peña encabezó la administración estatal, el priista pagó 32.3 millones de pesos para apoyar entrevistas y comentarios que se hicieron sobre él y su gestión.

”La mayoría de los gastos se concentraron en 13 razones sociales y personas físicas, según las facturas que el propio gobierno estatal entregó, tras una solicitud de transparencia hecha en octubre del año pasado. […] Por ejemplo, al conductor Joaquín López Dóriga se le pagaron 9.2 millones de pesos, según facturas a nombre de Astron Publicidad, agencia que contrató el servicio, por comentarios en sus noticiarios de radio.

El pago se dividió en dos ejercicios fiscales, pues la factura con número 1104 corresponde a julio de 2006, y fue por 4.6 millones de pesos. […] La factura 1216 fue de enero de 2007 y representó un gasto de un millón 150 mil pesos, mientras que en diciembre del mismo año se pagó la1481, por 3.4 millones.

Además entre 2005 y 2006 fueron facturados 112 mil 499 pesos para E.L. Producciones por concepto de ‘apoyo información programa Perfiles entrevistas’ (sic). Otra de las razones sociales que más facturaron al gobierno estatal por el concepto de apoyos informativos fue GRC Publicidad-Comunicaciones, a quien la entidad pagó 5 millones 780 mil pesos.

Grupo Acir, a quien el entonces gobernador Peña pagó 5 millones 766 mil pesos, describe que sus servicios consistieron en la transmisión de información relacionada con los programas de las dependencias estatales. A su vez, la radiodifusora Ultra 101.3 facturó 2.4 millones de pesos ‘por difusión y reforzamiento de actividades’ de la administración estatal. […] Según las facturas del gobierno mexiquense, queda claro que estos ‘apoyos informativos’ son comentarios o entrevistas con conductores radiofónicos y no de spots formalmente contratados”.

En tiempos no tan lejanos, los gobiernos priistas y el partido llamaban a esos “apoyos” especiales: “embute”, “entre”, “sobre”, “dádiva” o “chayo”. En cualquiera de sus acepciones el significado real era el de corrupción porque representaba la entrega de dinero a manos llenas, en efectivo, a determinados periodistas afines al régimen, al PRI o al gobierno que para el caso eran lo mismo.

Días antes de la elección, la revista Proceso difundió algunos contratos que ofreció y pagó el gobierno mexiquense a locutores de Televisa, como el de Adela Micha, por 350 mil pesos, para impartir una conferencia de una hora en 2012, escribía el periodista Jenaro Villamil. O los 5 millones 750 mil pesos que cobraron Joaquín López y Óscar Mario Beteta en 2006.

Si bien una parte de la prensa mexicana contribuyó en 2000 a la derrota del candidato presidencial priista Francisco Labastida Ochoa y al ascenso del neopanista guanajuatense Vicente Fox Quesada; el gobierno peñanietista aprovechó la histórica subordinada relación de la prensa con el gobierno, una situación bien aceptada por las élites de poder que a partir de los últimos años de la década de 1930 impusieron los gobiernos priistas.

Los pagos demuestran una relación perversa para comprar líneas editoriales y evitar cuestionamientos al ahora candidato a la Presidencia, alertó el chihuahuense Javier Corral Jurado, especialista en medios. “Ahora está más claro que el agua. Se ha invertido en publicidad, en comprar la postura editorial. Se ha comprado el silencio y la complicidad”.

Las facturas que suman 32.3 millones de pesos se extendieron por los conceptos “transmisión y apoyo a la información”, “apoyo informativo”, “paquete de servicios informativos” y “difusión de actividades”.

Otra factura consigna un pago a Silvia Carolina Faure Vilchis, quien en 2006 cobró 201 mil 250 pesos por ‘apoyo a la información y entrevistas’ en el programa ‘Reflejos de Mujer’, que estuvo al aire en la XEQY-AM, con sede en Toluca. Estos gastos tienen un carácter oficial y omiten lo que ellos llaman la cifra negra; es decir, el gasto oculto o no reportado.

Destinar recursos públicos para pagar ‘comentarios’ sobre gobernantes o sus administraciones representa un engaño a la población y una forma de corromper el ejercicio periodístico, consideró Aleida Calleja, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI).

Calleja fue clara cuando habló con Reforma: “es un proceso de corrupción tremendo en términos éticos del derecho de información de la gente (…) se debería decir a la gente que la información es pagada. Eso viola el más mínimo ejercicio ético del derecho a la información porque las personas creen que se recibe una información como parte de un ejercicio periodístico cuando es propaganda gubernamental. El problema, dijo, es que en México se sigue viendo como un asunto normal el que los medios reciban dinero por publicidad gubernamental, cuando esto sí afecta la línea editorial”.

Resalta, pues, que prevalecen las prácticas impuestas por el viejo PRI y que muchos medios —impresos, electrónicos y digitales— no han alcanzado una calidad mínima ni se han preocupado por profesionalizar el ejercicio periodístico. Y Emilio Azcárraga Jean tiene una visión particular de su empresa: “en Televisa a nosotros no nos regalaron nada, nosotros hemos pasado por varias crisis, varios presidentes y varios políticos que sí se han robado muchísimo dinero. Si tenemos el canal 9 es porque el 8 no pudo, y si Sky está solo, es porque DirecTV no pudo. ¿Y ahora me van a castigar porque se ha competido y porque gano?”.

Dicho sea de paso, los peñanietistas aprovecharon la extraña alianza prensa-poder que ha beneficiado a ambos bandos: a unos, los políticos, porque pueden hacer los que les viene en gana, de robar hasta coordinar escandalosos fraudes electorales. Y a los otros, los medios, a procurarse recursos del erario. Por eso, no debe sorprender que “cada semana” estalle un escándalo, y poco a poco, se haga pública esa “extraña” forma de subordinación al poder.

¿Delincuencia educativa?

* En la sesión del 12 de julio los diputados locales determinaron sancionar con cinco a diez años de cárcel y multa de mil a mil 500 días de salario mínimo a quienes incurran en este delito. Así, el texto aprobado señala que “al que preste servicios educativos que conforme a la ley requieren autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y no los haya obtenido, se le impondrá de cinco a diez años de prisión y una multa de mil a mil 500 días. En caso de reincidencia, la pena se incrementará de una a dos terceras partes. La situación de trámite de la incorporación no libera de la responsabilidad…”.

Luis Zamora Calzada

La versión aprobada del artículo 148 del Código Penal del Estado de México tipifica como delito brindar el servicio educativo sin el reconocimiento de validez oficial (REVOE), en un claro ataque a las llamadas escuelas de organización social, que proliferaron con la complacencia de diversas instancias gubernamentales, inicialmente en la parte oriente de la entidad; organizaciones que fueron adquiriendo fuerza y posiciones desde diferentes colores partidistas, logrando colocar en diversas jornadas electorales a sus líderes en diputaciones locales, federales e incluso presidencias municipales.

En la sesión del 12 de julio los diputados locales determinaron sancionar con cinco a diez años de cárcel y multa de mil a mil 500 días de salario mínimo a quienes incurran en este delito. Así, el texto aprobado señala que “al que preste servicios educativos que conforme a la ley requieren autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y no los haya obtenido, se le impondrá de cinco a diez años de prisión y una multa de mil a mil 500 días. En caso de reincidencia, la pena se incrementará de una a dos terceras partes. La situación de trámite de la incorporación no libera de la responsabilidad…”.

Agrega que cuando esté involucrado un servidor público de educación, exclusivamente de este ramo, la sanción aumentará y será destituido e inhabilitado del servicio público. Desde este texto se deja sin castigo a funcionarios de otras instancias gubernativas, que pudieran incurrir en este delito.

Muchas marchas y cierre de calles, realizadas por las organizaciones en Toluca a lo largo de los años, tuvieron como meta negociar con el gobierno el otorgamiento del REVOE y del salario de los maestros que prestan sus servicios en sus escuelas; todo “funcionaba bien”, hasta que al parecer surgieron conflictos en diferentes actores, que “inspiraron” al diputado del Partido Nueva Alianza, para promover la iniciativa que hoy criminaliza a los líderes que impulsan educación desde sus organizaciones.

La reforma al artículo 148, colateralmente, generará problemas laborales a los docentes que vienen trabajando con nombramientos por tiempo determinado en estas escuelas. Seguramente las demandas por despido injustificado en contra de la Secretaría de Educación están a la vuelta de la esquina. Los maestros que laboran en las escuelas de organización no son culpables de las probables diferencias entre las “cúpulas”, pero sí son los primeros afectados, junto con los alumnos que perderán su oportunidad educativa en nuestra entidad.

 

 

Cartilla de educación básica

 

 

La boleta de calificaciones que otorgaba la escuela, anualmente, en cada grado, denominada en la actualidad “Cartilla de Educación Básica”, provocó crisis en miles de maestros por los apartados que incluye, en particular, la responsabilidad de determinar el “nivel de desempeño” del alumno desde cuatro estándares: destacado, satisfactorio, suficiente e insuficiente, ubicados del inciso A al D, respecto a “los aprendizajes relacionados con las competencias que se favorecen en el campo formativo” en preescolar.

“En los aprendizajes que se esperan en el bloque” en primaria y secundaria, D equivale a 5; C a 6 ó 7; B a 8 ó 9 y D a 10. Como se observa, del 6 al 9 hay una verdadera devaluación, ya no valen igual que antes. El valor numérico se ha depreciado en educación y se incurre en determinar una falacia en el sistema de numeración decimal, en donde 6 es igual a 7 y 8 igual a 9, lo cual no es comprensible aritméticamente.

La cartilla establece los 12 años que comprende la educación básica, dividida en cuatro periodos, el primero en preescolar; el segundo de primero a tercero de primaria; el tercero los tres últimos grados de ese nivel, el cuarto abarca la secundaria.

El maestro debe seleccionar el tipo de “colaboración” que necesita el alumno, optando de los siguientes: “para conservar el nivel es necesario mantener el apoyo que se le brinda; necesita apoyo adicional para resolver las situaciones en las que participa; requiere apoyo y asistencia; y requiere apoyo, tutoría y acompañamiento diferenciado permanente para resolver las situaciones en las que participa”, anotando el correspondiente a cada alumno, en el reverso de su cartilla.

Lo verdaderamente traumático fue el llenado de los alveolos en todos los niveles, con la indicación tajante de que fuera a mano, sin permitir el uso de ningún recurso tecnológico, complementado con la incorporación del dato numérico en primaria y secundaria.

Lo lamentable, es que la Cartilla hoy descansa en miles de fólders, que no han sido abiertos desde el día en que se recibieron de la escuela, mucho menos se han leído los apartados que la integran y los alveolos llenados jamás pasarán por un lector óptico.

El esfuerzo y tremendo trabajo del docente para su llenado fue inútil, la irracionalidad burocrática y administrativa venció una vez más al profesorado.

 

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