Señales

Legislar en el aire

José Antonio León

Aunque de última hora el pleno del Congreso federal retiró de la reforma constitucional en materia judicial, aprobada el pasado martes por mayoría de votos, el polémico párrafo que autorizaba cateos sin orden de un juez en domicilios particulares, si cabía la presunción de algún delito, nada salva a los legisladores de la República del enorme dislate de legislar sobre este rubro, en pleno aniversario de la adhesión de nuestro país a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,  promovida por la ONU desde 1984.

Efectivamente, un 23 de enero de 1986, hace ya 22 años, México decidió sumarse a esta convención, que en 23 artículos hacía una defensa notable de la dignidad de la persona, los derechos humanos y la degradación a que conduce la práctica de la tortura por los motivos que fueren.

Ese mismo año, el 6 de marzo, el Diario Oficial de la Federación publicó dicha adhesión y el documento entero, con lo que oficialmente y ante las naciones del mundo, el estado mexicano renunciaba a la práctica de esas acciones, y se comprometía a denunciarla y erradicarla en territorio nacional. Si bien la tortura y otras penas crueles, inhumanas y degradantes se han seguido practicando en el país, como en alguna forma ha reconocido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y han denunciado innumerables organizaciones no gubernamentales tanto mexicanas como del exterior – Human Rights y Amnesty International, por mencionar al menos dos -, en realidad no pocos observadores admiten que el gobierno mexicano ha logrado progresos en la defensa de los derechos básicos de los individuos.

A pesar de tal reconocimiento, sin embargo, la iniciativa de reforma judicial apenas aprobada generó numerosas condenas y críticas de amplios sectores de la sociedad, que vieron en ella el endurecimiento de las políticas represivas del régimen. Tal vez por ello los legisladores de la bancada del PRI, con César Camacho a la cabeza, quienes todavía unas horas antes de esa aprobación parecían dispuestos a pasarla sin modificaciones de fondo, finalmente dieron marcha atrás y negociaron con las otras fracciones, el retiro del párrafo en cuestión que reformaba el artículo 16 de la Constitución Política del país, con el que se permitirían los cateos en casas particulares sin mediar orden judicial.

Pero tampoco nos engañemos, en realidad la marcha atrás obedeció más al cálculo político en que la clase política mexicana se ha vuelto experta, antes que a una última reflexión sobre el enorme daño que le hubieran infligido al país y la población. De hecho, el otro punto que también provocó el rechazó generalizado de la sociedad, el arraigo sin aval de un juez, se mantuvo.

Lo que se contrapone al compromiso de México de  tomar “medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción”, y de no invocar, en ningún caso, “circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura”, según los numerales 1 y 2 del segundo artículo de dicha convención.

Como en otras ocasiones, nuestros representantes populares volvieron a legislar con base en la coyuntura y sus muy particulares cálculos políticos. Volvieron a legislar en el aire…      

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