Las mujeres de Atenco

* Una investigación reciente, publicada este mes, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, dio cuenta de las irregularidades para acceder a la justicia que las mujeres violadas sexualmente hace dos años, durante el operativo de represión en San Salvador Atenco, encuentran en los procesos iniciados para castigar a los culpables.

Según el Centro Miguel Agustín Pro, uno de los principales defensores de los atenquenses afectados el 3 y 4 de mayo del 2006, “no existe compromiso del Estado mexicano para hacer efectivos derechos como acceso a la justicia, no discriminación contra las mujeres y derecho a la integridad personal consignados en la Declaración Universal”.

 

Miguel Alvarado

San Salvador Atenco es un pueblo olvidado. Pero también es uno de los ejemplos más claros en el país de que la justicia es negociable, tiene un precio y no es accesible para todos. También subsiste allí la idea de que la libertad no es un derecho, mucho menos en México y el Estado de México, sino que hay que pagar por ella. La justicia es dilatada y los impartidotes, torpes burócratas al servicio de lo que se conoce como “Sistema”, es decir, el aparato de gobierno en turno.  

Una investigación reciente, publicada este mes, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, dio cuenta de las irregularidades para acceder a la justicia que las mujeres violadas sexualmente hace dos años, durante el operativo de represión en San Salvador Atenco, encuentran en los procesos iniciados para castigar a los culpables.

Según el Centro Miguel Agustín Pro, uno de los principales defensores de los atenquenses afectados el 3 y 4 de mayo del 2006, “no existe compromiso del Estado mexicano para hacer efectivos derechos como acceso a la justicia, no discriminación contra las mujeres y derecho a la integridad personal consignados en la Declaración Universal”.

Ello incluye a las autoridades federales de la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y las del Estado de México.

Luego de 31 meses de iniciadas las investigaciones por abuso sexual, a la fecha no hay un solo responsable consignado y las 11 afectadas representadas por el Agustín Pro deben seguir esperando.

La lista de las mujeres es tan sólo una más en la larga cadena de expedientes que los centros de derechos humanos, nacionales se internacionales, compilaron a lo largo de dos años y que sistemáticamente se han ignorado. Ellas, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, han enfrentado “diversas irregularidades en esta búsqueda por la justicia, y en nuestra exigencia de una investigación seria y efectiva por parte de la Fevimtra”, señala el Miguel Agustín.

El estudio señala una vez más, que nunca hubo apoyos psicológicos, médicos y legales, pero además remarca “el retraso en el ofrecimiento de dichos servicios, incluido entre ellos la práctica del Protocolo de Estambul y la negativa a considerar como prueba plena los peritajes realizados por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pese a que el Estado mexicano, en respuesta a la recomendación del Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, señaló que los resultados forman parte de la averiguación previa ‘y en caso de ser consignada será valorado por el Juez junto con el resto de las pruebas’.

Este nuevo capítulo en las investigaciones sobre el caso de Atenco involucra ahora a la agente del ministerio público adscrita a la Fevimtra y la denuncia como un obstáculo para facilitar la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos, adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad y garantizar su seguridad.

Esta agente, según el Agustín Pro, impulsó un estudio socio-familiar y económico que no tenía como objetivo comprobar los hechos sucedidos ni la identificación de los responsables y sí, en cambio, logró señalamientos que vuelven a victimizar a las afectadas porque inmiscuye la vida personal de las mujeres.

Las extranjeras involucradas se encuentran en la misma situación, como en el caso de la española Cristina Valls, quien presentó una querella ante la Audiencia Nacional de España para aclarar torturas y vejaciones sexuales que sufrió en el Estado de México, pero la PGR se interpuso pidiendo la creación de una comisión para someterla a 9 informes más y tomarle nueva declaración, lo que ha provocado la protesta de organismos internacionales como Women’s Link, que señala la violación a los más elementales estándares internacionales que deben tomarse en cuenta durante una investigación de este tipo.

Este organismo cree que la PGR intenta, y nada más, “paralizar la posibilidad de que la Audiencia Nacional pueda investigar, con base en la justicia universal, el crimen de tortura cometido en el marco del Operativo Atenco”.

El Centro Miguel Agustín Pro concluye que las investigaciones mexicanas giran exclusivamente en torno a las víctimas, en lugar de investigar a los culpables. Pero ni siquiera una denuncia presentada por el Pro, el 29 de abril de este año en busca de un trabajo serio, imparcial y eficaz que sancione a los responsables de la tortura y que garantice que no se repetirá, ha tenido eco.

La misma opinión vierte otro organismo, Amnistía Internacional, que resalta desde Londres la falta de avances y afirmó que la “impunidad” en estos casos es una “señal del compromiso insuficiente del gobierno mexicano de terminar con la tortura y la violencia contra las mujeres”.

Amnistía Internacional recuerda que hubo 47 mujeres detenidas y que todas sufrieron algún tipo de tortura y vejación, aunque son 26 las más graves, mismas que denunciaron sus casos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“A pesar de evidencia médica que apoya las declaraciones de las mujeres y los testimonios de otros testigos, la investigación llevada a cabo por las autoridades estatales sólo resultó en cargos contra 21 policías”, concluyó AI.

Los tribunales ya han exonerado a 15 de ellos y sólo seis policías siguen procesados, cinco por abuso de autoridad y uno por actos libidinosos. “Estos cargos menores no reflejan la gravedad de los actos de tortura cometidos ni el número de policías y oficiales involucrados directamente, o por negligencia, en estos crímenes”, denunció Amnistía.

Según AI, la anterior Fiscal Especial Federal para los Delitos de Violencia contra las Mujeres llevó a cabo una investigación federal paralela, pero no ejerció jurisdicción directa sobre el caso y por lo tanto no dio lugar a la acción penal.

“El Procurador General de la República debe demostrar su compromiso en este sentido, garantizando el apoyo pleno a la nueva Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas para que concluya su investigación y proceda contra los responsables”, advirtió la organización.

Amnistía recordó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas han recomendado al Gobierno mexicano que garantice una investigación eficaz de la Fiscalía Especial federal para que los responsables sean procesados debidamente. “Esto todavía no ha sido implementado”, lamentó la organización.

Amnistía considera “importante recordar que la investigación especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de lo acontecido en San Salvador Atenco no es una alternativa a la justicia penal, sino un mecanismo para reforzar los esfuerzos para esclarecer los hechos”. “Por lo tanto, no debería ser razón para paralizar la acción penal contra los responsables ni otras acciones apremiantes”.

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