La mano de hierro

* Las causas sociales son prudentemente disfrazadas por oportunistas con sinrazones políticas y económicas, que proporcionan a los gobiernos o los dueños del poder, excusas, aunque endebles, para justificar el uso  de la fuerza policiaca en lugar de atender demandas y razonar.

Elpidio Hernández

“Los opresores, falsamente generosos, tienen necesidad de que la situación de injusticia permanezca a fin de que su ‘generosidad’ continúe teniendo la posibilidad de realizarse. El ‘orden’ social injusto es la fuente generadora, permanente, de esta ‘generosidad’, que se nutre de la muerte, del desaliento y de la miseria. De ahí la desesperación de esta generosidad ante cualquier amenaza que atenta contra su fuente”, dice Paulo Freire en la Pedagogía del Oprimido. Y las causas sociales de los oprimidos son prudentemente disfrazadas por oportunistas con sinrazones políticas y económicas, que proporcionan a los gobiernos o los dueños del poder, excusas, aunque endebles, para justificar el uso  de la fuerza policiaca en lugar de atender demandas y razonar.

La historia reciente dicta que no es la primera ocasión que el gobierno estatal utiliza la fuerza pública para silenciar de forma violenta los movimientos sociales; pasajes igual de oscuros ya se han registrado con anterioridad durante esta administración. El capítulo más recordado y que alcanzó dimensiones internacionales aconteció el 3 y 4 de mayo de 2006 en el municipio de San Salvador Atenco, donde un brutal enfrentamiento dejó como saldo dos muertos, 207 detenidos, 47 de ellos mujeres, la mayoría de ellas ultrajadas; decenas de heridos, perseguidos, desaparecidos e históricas sentencias para los líderes del movimiento como la dictada a Ignacio del Valle, quien fue condenado a 112 años de prisión; las represiones del gobierno estatal también han alcanzado los movimientos sociales de San Antonio la Isla, a estudiantes de Tenería, a miembros de la otra campaña, a Everardo Lovera y a los seguidores del docente Agustín Estrada Negrete.

Los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 2006 en el municipio de San Salvador Atenco dejaron un saldo de dos muertos -Javier Cortés y Alexis Benhumea-, 207 detenidos, 47 de ellos mujeres, la mayoría ultrajadas durante los traslados al penal, decenas de heridos, perseguidos y desaparecidos. Violentas imágenes se dejaron ver durante el desarrollo de aquellos operativos de policías estatales y federales: una indígena que se cubre las piernas cuando los granaderos la pateaban; un anciano parapléjico arrastrado por dos uniformados; un perro golpeado por un granadero; decenas de policías apaleando a un militante zapatista; allanamientos a las casas sin orden judicial; una anciana llorando porque se llevaron a sus tres hijos; un atenquense hincado sin zapatos y rodeado de sangre. Más tarde se dictarían las históricas sentencias para los líderes de aquel movimiento. Nueve de ellos continúan confinados en el penal Molino de Flores, condenados a 31 años 10 meses y 15 días; tres más están recluidos en el penal de alta seguridad del Altiplano; dos fueron condenados a 67 años de prisión (Felipe Álvarez y Héctor Galindo) e Ignacio del Valle ha sido sentenciado a 112 años, acusado de ser el autor intelectual. Las autoridades y policías que participaron fueron exculpados, incluido el gobernador Peña, exonerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En agosto de 2009 habitantes de San Antonio la Isla tuvieron su propio movimiento, que fue solventado, al igual que en Atenco, con violencia y encarcelamientos. Los de aquella comunidad se oponían al funcionamiento del relleno sanitario La Estación, ubicado al poniente de la localidad, bajo los argumentos de que aquel tiradero afectaba las condiciones ecológicas y de sanidad de la población. Como parte de las movilizaciones, los islenses bloquearon una avenida en el centro de Toluca –como lo han hecho en repetidas ocasiones grupos como Antorcha Campesina, sin ser molestados por la autoridad estatal-. El gobierno decidió girar órdenes de aprehensión en contra de cinco de los protestantes, acusándolos de ataques a las vías de comunicación; los capturados y confinados por exigir condiciones de salud para su comunidad fueron Mónica y Sotero Estrada, Jesús García, Francisco Estrada Castro y Luis Gutiérrez Montiel. Aquella intimidación muy pronto produjo el efecto deseado, pues la mayoría de los inconformes se olvidaron del movimiento. La comunidad fue cercada por la ASE, que demolió las improvisadas tiendas de campañas y lo mismo golpearon hombres, mujeres y ancianas, narraron aquellos habitantes. 

El 7 de mayo de 2009 decenas de padres de familia de niños con capacidades diferentes protestaban afuera del Centro de Atención Múltiple 33 y 34 de Ecatepec, para pedir la reinstalación del director Agustín Estrada Negrete, despedido por su tendencia sexual. De acuerdo a una crónica de la revista Proceso, “una multitud de policías estatales entra a escena, acorralan a los manifestantes. Un grupo se va contra la quinceañera Alejandra Guzmán y aunque ella les advierte que sufre convulsiones, la masa uniformada la arrastra de los pelos, la empuja, la patea y la avienta a una patrulla, como si fuera un bulto. Alguien la envuelve en una cobija antes de llevarla a la Procuraduría. La niña recuerda que la querían desmayar a golpes en la cabeza y que, antes de desvanecerse, tenía una agente saltándole sobre la cadera y otra sentada encima”.

En febrero de ese 2009 ya había ocurrido un desalojo similar en aquella escuela para niños especiales. “Entonces varios menores de edad se convulsionaron, mamás y papás fueron golpeados y niños como Luis Lezama, de 11 años, que quería defender a su hermana sorda de la golpiza, debió tragar gases lacrimógenos. Otra niña, Julia Daniela, de ocho años y con microcefalia, fue empujada por policías y su mamá aventada por tratar de defenderla” narra la misma revista. Los rencores de la administración mexiquense contra el catedrático –lo narra él mismo- empezaron a fraguarse el 17 de mayo de 2007, cuando se caracterizó de mujer para representar el musical de La Jaula de las Locas, por lo que fue destituido. El educador, quien en numerosas ocasiones ha denunciado los actos de hostigamiento y represión por el gobierno mexiquense, en julio de 2009 fue detenido en Ecatepec y dos meses antes también había sido detenido afuera de palacio de Gobierno mientras esperaba negociar con las autoridades educativas; en aquella ocasión fue acusado de obstruir y atacar las vías generales de comunicación, y trasladado al penal de Almoloya pero fue liberado tras pagar 26 mil pesos como fianza, no sin antes ser torturado y violado de manera tumultuaria, como lo denunció ante diversas instancias.

En junio de 2009 un grupo de campesinos de la zona norte de la entidad, encabezados por el líder maicero Everardo Lovera, se manifestaba en la caseta El Dorado, de la autopista Toluca-Atlacomulco para exigir se cumpliera el convenio que permite el libre paso de los habitantes de esa región sin pagar cuota de peaje. Los inconformes derribaron una pequeña barda, suficiente para que el gobierno consignara a ocho maiceros por actos de sedición, ataques a las vías de comunicación y daño en los bienes. Los campesinos fueron consignados al Juzgado Segundo Penal de Toluca, donde un juez les fijó una fianza, a cada uno, de 94 mil 919 pesos. Mientras Lovera se declaraba preso político, Peña sentenciaba que “la ley no se negocia”. Meses después Lovera denunciaría la inexistente entrega de tractores, uno de los compromisos de Peña Nieto, reveló que las agencias solamente los prestaron para el evento donde supuestamente el gobernador los entregó, pero apenas terminado el evento los retiraron.

En septiembre de 2008 los egresados de la escuela Normal Rural de Tenería en Tenancingo, denunciaban al gobierno estatal de querer cerrar aquella institución educativa. Los estudiantes buscaban dialogar con el gobernador y exigir 128 plazas laborales para los egresados. Al no obtener respuesta los alumnos decidieron atrincherarse en el plantel. El 14 de septiembre helicópteros policiacos sobrevolaban la institución mientras decenas de elementos del cuerpo de granaderos de la Agencia de Seguridad Estatal se apostaban en las cercanías, mientras los alumnos denunciaban al gobierno de hostigarlos.  

El 25 enero de 2007 representantes de organizaciones como La Otra Campaña, Colectivo Libertario, Colectivo Voces Libres y miembros de Alianza Magonista Zapatista se congregaban de manera pacífica en la explanada de la Preparatoria Anáhuac de Coacalco, para plantear ante el gobernador estatal la libertad de presos políticos; a ese lugar arribaría Peña para entregar algunos trabajos, por lo que un dispositivo de seguridad con policiales vestidos de civiles, policías de Tránsito, granaderos, Policía Federal Preventiva, la escolta personal del gobernador y patrullas ya se había desplegado en la zona. Los manifestantes tenían programado extender dos mantas, unos carteles y una bandera, además de algunas arengas con sus respectivas consignas, pero con la llegada del gobernador los policías desalojaron, golpearon y despojaron de sus pertenencias.

La versión más reciente de la intolerancia gubernamental se registró el pasado 25 de febrero, en el municipio de Valle de Chalco, cuando elementos de la Agencia de Seguridad Estatal se enfrentaron con habitantes de esa localidad; el saldo fue de dos detenidos, once heridos y cuatro vehículos dañados; saldo menor, pero que confirma que la entidad está convertida en un Estado autoritario donde el espacio para los reclamos sociales se ha extinguido.

En Valle de Chalco, municipio que sufriera los embates del desbordamiento del Canal de la Compañía los cuerpos de la Agencia de Seguridad Estatal y de la Policía Federal apelaron a la violencia como forma de disolver la manifestación: uniformados tundiendo a toletazos y patadas a María Antonieta López Aguilar, de 50 años de edad y a Jesús Fernández Arragán, señalados como las cabezas del movimiento; policías lanzando rocas, ladrillos y gas lacrimógeno a los manifestantes fueron algunas de las formas utilizadas para disuadir los reclamos sociales.

Decenas de familias que resultaron afectadas por el desbordamiento del caudal de La Compañía perdiendo prácticamente todo su patrimonio, salieron a las calles desde el pasado 15 de febrero para exigir al gobierno apoyo en la limpieza de sus casas y dinero en efectivo para reponer los bienes perdidos. En aquella ocasión los damnificados se plantaron a la altura del kilómetro 28.5 de la carretera México-Puebla, cortando la circulación; media hora después de instalado el plantón unos 300 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal, palas y escobas en mano, desalojaban con medianas agresiones aquella movilización, sin que el enfrentamiento tuviera mayores secuelas.

Una semana después el Ejecutivo estatal y el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, además de otros funcionarios federales y estatales, llegaban hasta las entrañas de Chalco para iniciar la entrega de apoyos a las 11 mil familias afectadas por los desbordamientos de los ríos de Los Remedios y La Compañía. Las dádivas repartidas fueron de 20 mil pesos en monederos electrónicos y vales por cinco mil pesos para la adquisición de material de construcción.

Para el jueves 25 de febrero, un contingente más numeroso de damnificados de Valle de Chalco, encabezados por el ex regidor petista Jesús Fernández Arragán, ahora consignado, saltaron a las calles para protestar pues calificaban aquella cantidad como insuficiente para reponer los bienes perdidos. Otros tantos reclamaban un diálogo con las autoridades para dar respuesta a las familias que no fueron censadas o censadas injustamente y dueños de negocios que hasta ese momento no habían recibido una indemnización equivalente a sus pérdidas. El contingente de manifestantes, calculado en no menos de 300 personas, portaba mantas reclamando al gobernador mexiquense: “Peña Nieto: basta ya de andar en el extranjero cuando Valle de Chalco sigue inundado de aguas negras” o “Peña Nieto, vente a vivir a Valle de Chalco, construye Palacio a la orilla del Río de la Compañía”, eran las leyendas impresas en las mantas. Los manifestantes intentaron bloquear por segunda ocasión la autopista, pero el lugar ya era custodiado por un nutrido contingente de efectivos con la orden de impedir nuevos bloqueos; los manifestantes encararon a los granaderos e intentaron con una camioneta resquebrajar la valla de efectivos, que se colocó sobre la lateral para impedir el cierre de la circulación. El desencuentro se convertiría muy pronto en batalla campal. De ambos lados eran lanzadas piedras y palos; al final del zafarrancho diez civiles, entre ellos un menor de edad y una mujer embarazada, resultaron con heridas, mientras que Jesús Arellano, elemento estatal, fue trasladado al ISSEMyM de la localidad para atenderle la herida producto de un cilindro de gas lacrimógeno que fue lanzado por sus propios compañeros.

Las cabezas de la movilización, Jesús Fernández Arragán y María Antonieta López fueron llevadas a la subdelegación de la PGR en Nezahualcóyotl, donde se inició el acta AP/PGR/MEX/CHAL-I/36/2010 por ataques a vías de comunicación, daños en propiedad ajena, resistencia de particulares y lo que resulte.

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Los pupitres de don Porfirio

* La enseñanza durante el Porfiriato se caracterizó por ser un sistema pequeño y de lento adelanto; las cifras indican que de 1877 a 1907 sólo se fundaron en el territorio nacional 162 escuelas, lo que representa un raquítico crecimiento del dos por ciento en 30 años.

Elpidio Hernández

El gobierno de Porfirio Díaz estaba por extinguirse en 1910, luego de 32 años de dictadura militar. Su respaldo a la construcción de vías férreas fue decisivo para que el ferrocarril llegara a poblaciones de difícil acceso, conectando a las comunidades y haciendo más cortos los trayectos. Sin embargo, otros sectores parecían estancados, como el educativo que no alcanzó el mismo desarrollo. La enseñanza durante el Porfiriato se caracterizó por ser un sistema pequeño y de lento adelanto; las cifras indican que de 1877 a 1907 sólo se fundaron en el territorio nacional 162 escuelas, lo que representa un raquítico crecimiento del dos por ciento en 30 años. Los mismos indicadores señalan que de 1878 a 1890 el país registró un desarrollo anual en la escolaridad del 3.2 por ciento, cifra que disminuyó en los albores del siglo XX, pues de 1900 a 1907 se registró un crecimiento del 2.6 por ciento.

En el Estado de México la situación fue diferente. El gobierno de José Vicente Villada dio un gran impulso a la educación. Se dedicó, si no a construir, sí a fundar escuelas en los pueblos y haciendas de la entidad pues afirmaba que no se podía hablar de progreso mientras no se integrara la población indígena al resto de la civilización. La labor del gobierno villadista, que duró hasta su fallecimiento en 1904, sería continuada por el del general Fernando González, aunque no con el mismo furor que su antecesor. La consigna de ambos mandatarios sobre educar a la población no se ajustó a las condiciones de pobreza extrema en que vivía un gran porcentaje de las familias mexiquenses de aquellos días, para quienes era más importante sembrar y cultivar la tierra que educar a los hijos, situación que se convirtió en uno de los principales obstáculos, pues durante los periodos de siembra y cosecha los planteles escolares se encontraban prácticamente semidesiertos: el estudiantado tenía que auxiliar en las labores agrícolas familiares.

Cien años después el contexto que se vive en el Estado de México encuentra otras características. Con un presupuesto abundante y holgado, cercano a los 130 mil millones de pesos anuales, el gobierno de Enrique Peña ha dedicado gran parte de su agenda a inaugurar y dotar de equipo a escuelas de distintos niveles, acciones que se suman a los trabajos de los 125 ayuntamientos de la entidad para mejorar la infraestructura de las escuelas. Hasta noviembre de 2009 la administración peñista reportaba que se habían edificado 146 preparatorias y anunciaba que para este año se contaría con 26 planteles más; se habían inaugurado nueve colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos y se había beneficiado a seis mil escuelas con equipo inmobiliario. La menuda figura del gobernador se ve prácticamente cada semana inaugurando una escuela con el nombre de bicentenario o entregando vales para equipo inmobiliario.

Durante los gobiernos de Vicente Villada y Fernando González la tarea de educar a la población mexiquense encontraba sendos obstáculos, principalmente en el aspecto económico, pues en aquellos días no se contaba con un presupuesto que permitiera la expansión de la oferta educativa, por lo que en 1891 el general Villada aplicó un gravamen especial llamado “impuesto para la instrucción”, para dotar a las escuelas de mobiliario y material que requirieran. Otro de los inconvenientes a los que se enfrentaron fue que en la entidad mexiquense, en los tiempos del Porfiriato, estaba integrada por distintas etnias que hablaban diferentes dialectos. De acuerdo a datos del Consejo Estatal de Población estatal, en 1900 el 13 por ciento de la población mexiquense hablaba algún dialecto. Para 1910 el porcentaje había aumentado uno por ciento, por lo que 14 de cada cien habitantes mexiquenses hablaban algún dialecto. Un tercer factor que incidió en el lento desarrollo educativo fue la enorme distancia que tenían que recorrer los estudiantes para llegar a los colegios, pues en aquellos días las comunidades marginadas no contaban con una escuela propia y los escolapios tenían que caminar a otras para recibir la enseñanza escolar.

Aunque la constitución ya indicaba que la educación debía ser gratuita, en el Porfiriato ese punto se enfocó más al reparto de útiles y libros de texto, por lo que los edificios que albergaban las escuelas debían ser construidos con fondos de los habitantes de las propias comunidades, para luego tener derecho a solicitar la fundación de una escuela. Sólo que la pobreza hacía que en las comunidades se edificaran auténticas chozas como recintos educativos, con pisos de tierra, ventanas sin vidrios y piedras en las funciones de una banca. Las condiciones de los planteles tenían mucho que ver con el capital recaudado por el impuesto de instrucción; entre más personas vivieran en una comunidad, habría mejores colegios.

Para 1890 en Toluca había alrededor de 18 mil habitantes. Aquí estaban asentados los mejores colegios de la entidad, sin embargo en comunidades donde había escasos 200 habitantes, el impuesto recaudado sólo alcanzaba para escuelas de tercera categoría, pues el gobierno villadista había decidido instaurar tres tipos de escuelas, de primera, segunda y tercera clase.

Para 1907, en el territorio que comprendía el distrito de Toluca había 48 escuelas de primera o segunda clase y 43 de tercera; 15 de los mejores planteles estaban en la capital mexiquense: seis eran para hombres, seis para mujeres y había tres escuelas mixtas. Las crónicas de aquellos días narran que en Toluca la mayoría eran apropiadas y la asistencia de los estudiantes era regular.

Donde se registraban las mayores dificultades era en las comunidades toluqueñas. Para finales del siglo XIX, seis pueblos de la capital mexiquense con alrededor de dos mil habitantes, San Lorenzo Tepaltitlán, San Pedro Totoltepec, San Mateo Otzacatipan, Santa Ana, Calixtlahuaca y San Pablo Autopan sólo contaban con dos escuelas mixtas de tercera clase donde asistían, en promedio, 130 estudiantes a cada una y una para mujeres con matrícula de 50 alumnas. Mientras que en las comunidades de Miltepec, San Marcos, San Cristóbal, Tlachaloya, Santa Cruz, San Andrés y San Martín, donde había cerca de 500 habitantes, sólo había un plantel mixto de tercera clase. Allí estudiaban 80 niños y 30 niñas a cargo de una maestra que se encargaba de impartir todos los años escolares.

En otras seis comunidades toluqueñas, Tecaxic, Atzcapotzaltongo, San Buenaventura, Capultitlán, Cacalomacán y Tlacotepec había una escuela para niños y una para niñas, mientras que en Oxtotitlán, Buenavista, Tlaxomulco, San Juan Tilapa y San Felipe Tlalmimilolpan existía una escuela mixta para los estudiantes de las cinco comunidades, según lo describen los investigadores mexiquenses Guadalupe Zamudio y José Aranda, en su texto Valle de Toluca, Sociedad y Territorio.  

Durante el Porfiriato la mayoría de los gobiernos estatales se dedicaron a darle un gran impulso a la educación superior, que otorgaba fama y prestigio a los gobiernos estatales, olvidándose casi siempre de la instrucción primaria destinada a la población indígena; en el Estado de México el Instituto Científico y Literario le había dado un prestigio cultural que pocos estados tenían y que durante el Porfiriato se logró acrecentar; a pesar de ello, Villada dio un amplio apoyo a la educación básica. Uno de los primeros decretos que expidió el Congreso del Estado de México, poco después de su nombramiento como gobernador (1886), fue que la Educación Pública Primaria debería ser gratuita, laica y obligatoria para todos los menores de 5 a 14 años. El apoyo villadista no sólo se extendía a la educación en primarias, secundarias y preparatorias, además se preocupó por mejorar las condiciones físicas y académicas del Instituto Científico y Literario y la preocupación del gobernante alcanzó también a las clases desprotegidas como niños huérfanos, mujeres y obreros.

Para 1900 en el Edomex había 957 escuelas de instrucción primaria, la matrícula escolar ascendía a 50 mil 594 alumnos y el 19.36 por ciento de la población de 12 años en adelante era alfabeta. Los esfuerzos de los gobiernos villadistas y gonzalistas se empezaron a reflejar en 1910, año en que el 25.13 por ciento de la población de 12 años en adelante ya sabía leer y escribir, mientras que para 1921 la cifra de personas de 10 años en adelante que habían recibido educación era del 32 por ciento.

El sector educativo en nuestros días parece consolidado. Prácticamente todos los mexiquenses tienen acceso a la educación básica en casi todas las comunidades, mientras que las preparatorias y bachilleratos van avanzando en número y calidad. Donde se tiene el mayor déficit es en la educación superior, pues hacen falta espacios que están siendo ofertados por escuelas de paga. 

Para 2010 la cifra de personas de 15 años en adelante que saben leer y escribir se estima en 96 por ciento. En 2005, seis de cada cien personas no tenían ningún grado de escolaridad; 10 contaban con primaria incompleta y 18 la concluyeron; 4 no finalizaron la secundaria, 27 la concluyeron, 7 no finiquitaron sus estudios de educación media superior, 15 la completaron, 4 no concluyeron la educación profesional, 8 finalizaron su licenciatura y una de cada cien tiene un posgrado.

Estadísticas de la Secretaria de Educación del gobierno estatal indican que en el ciclo escolar 2005-2006 había en la entidad cuatro millones 483 mil 360 alumnos que estudiaban en 22 mil 547 escuelas. Para el ciclo escolar 2006-2007 el número de alumnos descendió a cuatro millones 293 mil 195 educandos en 22 mil 880 escuelas. De los cuatro millones 293 mil 195 alumnos inscritos, 3 millones 294 mil 204 estudiaban el nivel básico; 443 mil 154 alumnos estaban inscritos en el nivel medio superior; 255 mil 562 cursaban el nivel superior y 300 mil 275 estudiantes estaban adscritos a una educación no escolarizada.

Los tres hermanos

* Uno fue delegado de la PGR en el Estado de México. Otro hizo carrera en el sector público, trabajó al lado de Arturo Montiel y de Enrique Peña en sus administraciones y hoy es diputado local. También es empresario y aprovecha su negocio, Grúas Manzur, para involucrar a su madre y un tío en la administración de este próspero emprendimiento. El tercero fue asesinado en Coacalco, hace dos años.

Elpidio Hernández

Eran tres y todos son figuras públicas. Uno fue delegado de la PGR en el Estado de México. Otro hizo carrera en el sector público, trabajó al lado de Arturo Montiel y de Enrique Peña en sus administraciones y hoy es diputado local. También es empresario y aprovecha su negocio, Grúas Manzur, para involucrar a su madre y un tío en la administración de este próspero emprendimiento. El tercero fue asesinado en Coacalco, hace dos años, donde trabajaba en el ayuntamiento como secretario técnico de aquel gobierno. Son los tres medios hermanos Manzur, dos llamados José y el último, el muerto, Eduardo. Hoy, de quien más se habla es del ex delegado, conocido en el medio policiaco como “El Güero de Lentes” y quien inició sus labores en la seguridad federal como agente del ministerio público en Tejupilco, hace muchos años. Escaló luego, lentamente pero con seguridad en la jerarquía de la PGR y al final de su carrera se le ubicó como delegado en el Edomex. A este Güero de Lentes, también llamado José Manzur Ocaña, le tocó las 24 ejecuciones en la Marquesa, entre el 11 y 12 de septiembre del 2008, pero también la violenta irrupción en territorio mexiquense del cártel de La Familia y el asentamiento de los Zetas en Huixquilucan y la zona sur de la entidad. Las indagatorias sobre aquellos asesinatos, narcotienditas en Toluca y Metepec, sus propias y oscuras ligas con aquella Familia y los Zetas, la zona de Huixquilucan y otros crímenes relacionados con el narco, atrajeron sobre aquel Manzur la atención de las autoridades federales, quienes planeaban citarlo para que declarara al respecto. Pero el Güero se les adelantó y consiguió que lo renunciaran para el cargo que ostentaba en el Edomex, refugiarse en las entrañas de la misma instancia y luego hacerse humo. Algunas versiones lo ubican en el extranjero, perseguido por la justicia mexicana, aunque las más lo señalan como buscado por el propio narco.

La revista Proceso, en la edición 1738 establece que de acuerdo al testimonio de Noé Sánchez Avendaño, un testigo protegido de la PGR asesinado, “el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto permitió el posicionamiento del cártel de La Familia Michoacana en toda la entidad y ordenó echar a los Zetas, lo que derivó en disputas y muertes”. Su testimonio también sirvió para dejar al descubierto la presunta participación del ex delegado José Manzur Ocaña, quien -según aquella declaración- proporcionaba protección a una red dedicada al narcomenudeo que operaba en distintos municipios de la entidad. “Fue así como la PGR tuvo conocimiento de que el entonces delegado de la institución, José Manzur Ocaña –oficialmente declarado prófugo de la justicia- protegía a una red dedicada a la venta de droga que operaba en 15 demarcaciones del Estado de México con el apoyo de la policía estatal y federal”.

Peña y el diputado local José Manzur Quiroga, medio hermano del ilocalizable José Manzur Ocaña, atribuyeron la información al “golpeteo político” propio de lo que se atrevieron a llamar “tiempos electorales”. El primero calificó los textos de “ataques infundados” y que tienen como propósito “desviar la atención, descalificar y desacreditar”, mientras que Manzur Quiroga cree que se trata de leyendas urbanas sin más objetivo que el golpeteo, que “lo que pretenden es descomponer el ambiente político en el estado”, además de aclarar que si hay algo contra su familiar simple y llanamente procedan ante las autoridades correspondientes.     

No es la primera vez que algún integrante de la triada Manzur-Quiroga-Ocaña se ve involucrado en escándalos. El historial familiar de los Manzur registra algunos pasajes infortunados como la ejecución en diciembre de 2008 de Eduardo Manzur Ocaña y las sospechas de presuntos nexos con el crimen organizado de José Manzur Ocaña. Los Manzur pertenecen a una estirpe que ha cobrado fama por sus estrechas relaciones políticas y personales con los principales actores políticos de la entidad, situación que les ha redituado en posiciones clave dentro de la administración estatal y municipales, así como concesiones poco transparentes para algunas de sus empresas, como su próspero negocio, Grúas Manzur, que opera principalmente en el valle de Toluca.

El pasaje más aciago para esta familia se registró el 12 de diciembre de 2008, cuando un comando armado ejecutó a Eduardo Manzur, quien en aquel entonces se desempeñaba como secretario técnico del ayuntamiento de Coacalco. Manzur Ocaña fue ultimado a tiros por al menos cinco sicarios mientras esperaba en su auto el semáforo sobre la vialidad José López Portillo, en los límites con el municipio de Tultitlán. En el vehículo BMW tipo MS color blanco, que era tripulado por el funcionario, se contaron al menos 70 impactos de bala de fusiles de asalto AR-15 y AK-47, armas de alto poder de uso exclusivo del ejército. Las primeras hipótesis indicaron que se trató de un ajuste de cuentas con el crimen organizado. Eduardo Manzur era originario del municipio de El Oro y se desempeñó durante mucho tiempo como agente investigador de la Procuraduría General de la República, donde pidió licencia para incorporarse a la administración de David Sánchez Isidoro, donde colaboró al lado de Falti Hurtado, a quien autoridades estatales investigaron por su presunto vínculo con grupos delictivos.

En un crimen perpetrado en la capital mexiquense donde fueron ejecutados dos elementos de la ASE, apareció un narcomensaje para el entonces comandante de la policía ministerial: “Ahí les va otro, la vida no retoña, no sean tontos, ya sabemos con quién jalan, Falti Hurtado, nosotros no perdonamos, a ver quién se cansa primero, Atentamente ALFM”.

José Manzur Ocaña está convertido en un personaje ilocalizable para las autoridades mexicanas. Sobre su persona pesan denuncias por, presuntamente, brindar protección a una red dedicada al comercio de droga que operaba en al menos 15 municipios del Estado de México, entre ellos Toluca, San Mateo Atenco, Metepec, Lerma, Amecameca y Cuautitlán Izcalli. El nombre del ex delegado salió a relucir en las investigaciones ministeriales luego de que Noé Sánchez Avendaño, encargado de administrar y cobrar la renta a las narcotienditas en la entidad, se adhiriera al programa de testigos protegidos de la PGR y expusiera que el principal protector de la red de narcotráfico que operaba en territorio mexiquense era José Manzur Quiroga, a quien se le entregaba el dinero recolectado en las narcotienditas, tal y como quedó asentado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/280/08; a Ocaña también se le mencionó como “informante al servicio de líderes dedicados al narcomenudeo sobre operativos o acciones realizadas por los diversos cuerpos de seguridad en el estado”. 

El testigo protegido Noé, quien documentó las relaciones de complicidad entre las autoridades federales encabezadas por Manzur Ocaña, el gobierno peñista y el crimen organizado, específicamente a los Zetas y la Familia Michoacana, fue ultimado junto con dos agentes de la Agencia Federal de Investigaciones la tarde del 28 de agosto de 2008 en uno de los paraderos de la Marquesa, de acuerdo al testimonio de sus familiares. “No le perdonaron que haya delatado toda la red de narcotráfico que protege a Peña Nieto”.  

El 7 de julio de 2008, en un movimiento considerado en ese momento como intempestivo se daba a conocer la remoción de Manzur Ocaña como delegado de la PGR en el Edomex para –se dijo en ese momento- ser reasignado a nuevas tareas en las oficinas centrales de la dependencia. Aunque algunos diarios locales no dudaron en señalar que el movimiento tenía que ver con la “ineficacia” por el inexplicable posicionamiento de las organizaciones criminales en la entidad. En septiembre de ese año se dio a conocer que el ex delegado saldría de viaje y desde entonces se desconoce su paradero.

El otro José

José Manzur Quiroga se desempeña como congresista local, representando el distrito XII con cabecera en El Oro. Entre las posiciones clave que ha ocupado en los últimos años, su ficha curricular destaca que fue nombrado subsecretario general de Gobierno en el sexenio montielista y ratificado en el cargo por el gobernador Peña hasta septiembre del 2007, cuando fue sustituido por Luis Miranda Nava; en septiembre de ese mismo año cobró notoriedad pues en su declaración patrimonial Manzur dijo poseer 9 casas, 2 departamentos, 47 grúas y 159 autos, de los cuales 99 eran de colección, 8 autos de servicio y 5 para su uso diario; aunque para no generar suspicacias o dudas acerca de su honestidad, aclaró que parte de su fortuna era por herencia familiar. Luego de dejar su cargo en el gobierno estatal, Manzur Quiroga se desempeñó como delegado del PRI en el municipio de Naucalpan, cargo al que renunció en febrero del año pasado para buscar una curul en el Congreso estatal. En 2007, desde una galera de Temascaltepec Santiago Pérez, quien encabezó diversas luchas en defensa de los recursos naturales del sur del estado de México, acusó al entonces subsecretario general de Gobierno de la entidad, Manzur Quiroga, de su detención y encarcelamiento, al ordenar que se reviviera un expediente penal de 1999 en su contra, para acusarlo de secuestro equiparado.

El asambleísta mexiquense es uno de los principales accionistas, junto con su madre y su tío Eduardo, de la firma “Grúas Manzur”, que prestan el servicio de grúas y corralones en el estado de México y que han sido en diversas ocasiones acusados de abusos en contra de los automovilistas mexiquenses. De acuerdo a versiones del propio funcionario, la concesión para operar el servicio fue conquistada cuando él tenía 14 años y ha sido ratificada en los últimos años, por lo que no incurre en tráfico de influencias.   

Manzur estuvo ligado políticamente al ex aspirante a la gubernatura del Edomex, Isidro Pastor, aunque en la administración de Peña el primero estaba encargado de la “inteligencia y logística” del gobierno estatal, que no era otra cosa que la recopilación de datos sobre personajes que consideraban importantes y sus actividades.

Este José mantiene en la actualidad una página personal en la dirección http://www.hi5.com/friend/p427558824–Jos%C3%A9_Manzur%20Quiroga–html, donde, entre otras curiosidades, subió fotos en campaña y aparece al lado de otros operadores político, Emilio Chuayffet y Gustavo Cárdenas. La familia es originaria de Temascalcingo, donde mantiene una dirección.

“Si México quiere democracia, primero tiene que vivirla”: Jody Williams

* El 3 y 4 de mayo de 2006, en el municipio de San Salvador Atenco se realizó un operativo de desalojo de comerciantes floristas en el que intervinieron policías de los tres niveles de gobierno. Esto, en el contexto de la protesta campesina por el intento del gobierno federal y local de construir un aeropuerto, lo que implicaba la expropiación de terrenos de la comunidad.

 Gladis Torres Ruiz/ CIMAC. “Al mismo tiempo que el presidente de México habla en la Cumbre de Cancún de la democracia en el país y de los festejos del bicentenario, vemos que  no hay justicia y es necesario dejar la retórica. Las palabras bonitas no sirven, “la gente de Atenco todavía no tiene justicia, las mujeres violadas no tienen justicia y si no llegan a tenerla se afectará a toda la comunidad de este país”, afirmó Jody Williams, premio Nobel de la Paz 1997.

En conferencia de prensa, el 24 de febrero de este año en la Cámara de Diputados federal, la defensora de los Derechos Humanos afirmó que el caso de Atenco tiene mucho que ver con el futuro de este país, ya que si se va contra el pueblo de Atenco se va en contra de la democracia mexicana, “por eso las 11 mujeres galardonadas con el Premio Nobel apoyamos a todo el pueblo de Atenco, porque el caso tiene mucho que ver con el futuro de este país. Lo que están haciendo con los presos políticos de Atenco es asqueroso y lo están haciendo porque es una cuestión política que no tiene que ver con justicia; si tuviera que ver con justicia no estarían encarcelados”, agregó.

Dicen que resolver este problema es un poquito complicado, pero “no debe ser complejo, pero lo están haciendo porque quieren enseñarle al pueblo mexicano que no tienen derechos confirmados”.

No se está juzgando sólo al pueblo de Atenco, se está juzgando el derecho que ustedes tienen para “manifestar sus preocupaciones en la calle. Usar su derecho de libre expresión pública”, abundó.

Los hechos

El 3 y 4 de mayo de 2006, en el municipio de San Salvador Atenco se realizó un operativo de desalojo de comerciantes floristas en el que intervinieron policías de los tres niveles de gobierno. Esto, en el contexto de la protesta campesina por el intento del gobierno federal y local de construir un aeropuerto, lo que implicaba la expropiación de terrenos de la comunidad.

El operativo dio como resultado más de 200 personas detenidas, más de 20 mujeres violadas y abusadas sexualmente mientras las trasladaban a las prisiones, dos muertos y casas cateadas. 

Al referirse a la cumbre de Cancún, en la que se decidió crear una nueva organización americana sin Estados Unidos ni Canadá, Jody Williams señaló que si México pretende ser líder en una organización nueva y “si quiere andar en el mundo dando imagen de una nueva democracia después de 200 años de libertad, primero lo tienen que vivir”.

Precisó que en todo el mundo los pueblos ya no aguantan palabras vacías, “estamos pidiendo palabras con acciones, tanto en México como en otros países, por eso la iniciativa de las Mujeres Premio Nobel (NWI’s por sus siglas en inglés), nos unimos a la causa de Atenco. México firmó el tratado internacional de los derechos humanos, entonces lo que pasa aquí es cuestión de todos, porque todo el gobierno está intentando presionar a los movimientos civiles y quitar los derechos humanos. Por eso todas y todos tenemos que luchar, no es para que el otro lo haga, supuestamente el gobierno es del pueblo, supuestamente ellos trabajan para el pueblo, pero no lo van a hacer si el pueblo se queda callado”, enfatizó Jody Williams.

Reunión

Dapnhe Cuevas, directora de la Organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario, informó que la visita de la premio Nobel de la Paz 1997 a San Lázaro fue el último acto de una gira de tres días por el país. En una de sus actividades, la activista se reunió con representantes de los tres poderes del gobierno federal, a quienes entregó una carta donde las 11 Nobel de la Paz expresan su preocupación y solidaridad con el caso de Atenco.

En la misiva expresan su preocupación por la situación de los derechos humanos en México, particularmente por el caso del municipio de San Salvador Atenco, el cual fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró Dapnhe Cuevas, también integrante del Comité Libertad y Justicia para Atenco.

Jody Williams también se reunió con el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont; quien se comprometió a revisar la legalidad de la permanencia de tres detenidos en la cárcel de alta seguridad del Altiplano.

También sostuvo una reunión con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el ministro José Ramón Cossío, quien aseguró que esa instancia revisará los procedimientos jurídicos y  las condenas que afectan a los 12 presos de Atenco, precisó Cuevas.

Se compromete

De igual manera Dapnhe Cuevas, señaló que se reunieron con legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su coordinador Alejandro Encinas, con quienes encontraron coincidencias. Él se comprometió a realizar acciones más contundentes respecto al caso. Encinas informó que Atenco fue el inicio de toda una estrategia de criminalización del movimiento social que se ha venido prolongando con esta mal llamada guerra contra el crimen organizado, que pretende limitar las libertades de los mexicanos.

“Créanme, una niña no sueña con ser prostituida”

* “Los números están ahí y son para dar vergüenza. Uno de cada cinco menores de edad  usuarios de internet es contactado por un pederasta. Dato suficiente para manifestar el aumento de este delito y sobre todo para trabajar y erradicar el abuso infantil y la trata de personas”, alerta la senadora del PRD, Claudia Corichi García.

Gladis Torres Ruiz/ CIMAC

“A los 13 años me anunciaban en periódicos y me trasladaban a hoteles con hombres de todo tipo, no descansaba, ni dormía, a veces tampoco comía. Hubo días en que tenía que ver a más de 25 hombres que no sólo usaban mi cuerpo, me insultaban, me golpeaban. En una ocasión uno de ellos me quiso matar”, relató una adolescente mexicana de 17 años víctima de trata.

Al iniciar el “Foro de Análisis y Discusión Sobre la Legislación Penal en Materia de Trata de Personas”, en la Cámara de Diputados federal la menor de edad relató cómo a través de su experiencia se dio cuenta que en este delito hay muchas personas involucradas de todos los niveles.

Ante representantes de los tres niveles de gobierno, expertos mexicanos y extranjeros, señaló que en el hogar donde ahora se encuentra resguardada, ha conocido a muchas niñas que fueron violentadas de diversas maneras. “Tengo muchas compañeras que vivieron cosas diferentes, pero igual de horribles, algunas fueron detenidas por grupos delictivos cuando iban en búsqueda del sueño americano, las explotaban sexual y laboralmente. A otras las torturaban apagándoles los cigarros en el cuerpo, a otras las orinaron, a algunas compañeras las quemaban con la plancha. Nos trataban peor que a la basura, nos han pasado cosas tan vergonzantes, como ser grabadas para vender nuestras imágenes, hemos sido contagiadas de diversas enfermedades y algunas autoridades han sido cómplices porque fuimos llevadas a sus fiestas cuando es evidente que somos menores de edad”.

Ante el silencio de los asistentes al foro, la niña, protegida por una bastidor continuó: “nos forzaron a ser diversión y entretenimiento sexual de estas personas que no son dignas de tener autoridad alguna, deberían de castigar a las autoridades mucho más severamente que a los delincuentes comunes. En  mi caso no puedo comprender cómo periódicos como La Prensa, El Universal y Reforma se prestan a anunciar la venta de personas como si fuéramos perros u objetos. “Actualmente tengo 17 años, estoy estudiando la preparatoria, quiero estudiar administración de empresas y tener una familia y cuidar de ella y deseo con toda mi alma que muchas jóvenes y niñas que viven lo que yo viví sean rescatadas y restauradas a una vida digna”.

Al término de su intervención dijo que “quiero pedirles como autoridades y sociedad que hagan hasta lo imposible para que quienes hoy están bajo estas circunstancias, sean rescatadas. Presten oídos a los gritos de auxilio. Yo comprendo el dolor que tienen esas niñas y créanme, una niña no sueña con ser prostituida”.

En búsqueda de soluciones

La mañana del 23 de febrero del 2010, durante la inauguración del Foro, los participantes señalaron que la trata de personas es la esclavitud del siglo XXI, por lo que este delito debe analizarse desde todos los ángulos con el fin de evitar la impunidad en la que se encuentran las redes que comercializan.

La trata de personas requiere de un análisis amplio y responsable para dar respuesta a la falta de homogeneidad de los tipos penales en los estados, porque la diversidad de legislaciones locales amplía el riesgo de mayor impunidad.

Ante ello, el objetivo del Foro es analizar la aplicación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas aprobada en el Congreso de la Unión, en noviembre de 2007.

Al respecto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informó que 24 entidades federativas han modificado su legislación e introducido el nuevo tipo penal del delito de trata, con lo que se ha generado una notoria heterogeneidad legislativa que dificulta el combate del problema.

Los ponentes coincidieron en que además de revisar el marco jurídico a nivel federal y en los congresos de los estados, hay que analizar la actuación de las autoridades en materia de prevención y de investigación.

En el Foro, que concluyó un día después, participaron diputados federales y de algunos estados como Puebla, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), comisiones estatales de Derechos Humanos, organizaciones de la Sociedad Civil, académicos y servidores públicos.

Piden castigar con todo el rigor de la ley

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leticia Quezada Contreras, señaló que a través de la Comisión Especial para la Trata de Personas pugnarán porque las autoridades judiciales modifiquen la resolución por la que la semana pasada fue puesto en libertad el sacerdote veracruzano Rafael Muñiz López,  acusado de pertenecer a una red de pornografía infantil y el cual obtuvo su libertad porque se “reclasificó el delito”, lo que le permitió salir bajo caución.

“Como Comisión Especial, tenemos toda la autoridad de intervenir”, por lo que llamó a sus compañeros de San Lázaro para que presionen y se logre revertir la resolución al tiempo que lamentó que las propias autoridades judiciales estén dando facilidades a los pederastas.

De igual manera y en referencia a otro caso de pederastia la senadora del PRD, Claudia Corichi García, lamentó la orden del juez segundo de Distrito en Quintana Roo para trasladar a Jean Succar Kuri a la cárcel municipal de Benito Juárez, en Cancún, “en acatamiento a una orden judicial aduciendo que no se presentaron las pruebas suficientes para demostrar su alta peligrosidad. Es vergonzoso y ridículo que a estas alturas todavía las instancias que imparten justicia de todo el país no la apliquen como deber ser en contra de las personas que se dedican a la trata de personas y al maltrato y abuso infantil”.

Recordó que en la Cámara de Senadores se encuentra un punto de acuerdo presentado por ella el año pasado y que busca que se realice un convenio entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Procuraduría General de la República con los operadores de internet para bloquear sitios de pornografía infantil.

“Los números están ahí y son para dar vergüenza. Uno de cada cinco menores de edad  usuarios de internet es contactado por un pederasta. Dato suficiente para manifestar el aumento de este delito y sobre todo para trabajar y erradicar el abuso infantil y la trata de personas”, puntualizó Corichi García.

Uribe, cuéntamelo todo, ¿recibiste la orden desde Washington?

* Los presidentes son invitados a un almuerzo protocolar. El relato pertenece al presidente de Venezuela, Hugo Chávez: “lamentablemente al final del almuerzo, cuando el postre estaba ya consumido y estábamos con un café ya para ir a la plenaria, el presidente de Colombia pide la palabra y de manera muy extraña, totalmente fuera de orden y de lugar, hace una exposición…”.

Andrés Salari/ Rebelión

El tablero de ajedrez que representa la geopolítica internacional vivió la última semana de febrero del 2010 una de sus jugadas más apasionantes a nivel regional.

Sorpresivamente y sin muchos anuncios previos nos enteramos que América Latina procrearía por primera vez en su historia un organismo regional sin la participación de Estados Unidos.

Veinticinco jefes de Estado se reunieron en Cancún (México) para tal fin y sorprendió la unanimidad de las voluntades. Sorprendió porque sabemos que no todos los países están enmarcados en procesos de cambio como los que viven las naciones que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA).

Hay gobiernos de derecha y centro-derecha en la región (y no son pocos). Hasta cuatro días antes de la cumbre de Cancún nada hacía presagiar que allí se podía dar el paso inicial para la creación de esta nueva organización, que podría llamarse Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Pero la voluntad de crearla quedó plasmada de manera aplastante, el presidente de México y anfitrión (de derecha), Felipe Calderón, la interpretó de la siguiente manera: “Esta cumbre, con la participación de los Estados de la región, en términos de igualdad y bajo una sola agenda, representa en sí misma un importante avance en el proceso de integración. Como lo señaló el Libertador (Simón Bolívar): unidos somos más fuertes, unidos somos más libres, unidos somos más democráticos”.

Todo era color de rosa, los presidentes latinoamericanos de diversas tendencias políticas no expresaban diferencias sustanciales y Washington debía asistir a la función sin capacidad de reacción.

La única respuesta del Imperio llegaba desde Brasilia, donde el embajador y ex vicecanciller para América Latina, Thomas Shannon, “desestimó que la Organización de Estados Americanos (OEA) pueda perder influencia en el hemisferio con la realización de las cumbres latinoamericanas que se celebran en Cancún”, según informaban agencias internacionales.

Claro, esta nueva organización latinoamericana –dígase o no- es una afrenta para la OEA, que durante 50 años maniobró en la región con el norte puesto siempre en los intereses de la potencia hegemónica, donde no casualmente tiene su sede.

Otra discusión que quedará pendiente por el momento es qué debe pasar con la OEA, los países del ALBA quieren que desaparezca, mientras el resto de la región quiere un organismo paralelo: “Uruguay quiere que el nuevo organismo latinoamericano y caribeño que pueda surgir de la Cumbre de Cancún funcione paralelamente a la Organización de Estados Americanos (OEA) y no sea sustitutivo”, decía el canciller de la República Oriental del Uruguay, Pedro Vaz.

Washington mueve su peón

Los presidentes son invitados a un almuerzo protocolar. El relato pertenece al presidente de Venezuela, Hugo Chávez: “lamentablemente al final del almuerzo, cuando el postre estaba ya consumido y estábamos con un café ya para ir a la plenaria, el presidente de Colombia pide la palabra y de manera muy extraña, totalmente fuera de orden y de lugar, hace una exposición… Uribe vino a acusarnos de que Venezuela le tiene un bloqueo, incluso comparando con el que Estados Unidos le tiene a Cuba desde hace 40 años y otras consideraciones que no voy a repetir yo acá. Oímos, yo tomé nota de algunas cosas… y todo el mundo me mira a mí, por supuesto yo estaba obligado a responder… no sé por qué el presidente Uribe no permite que yo siga argumentando mi respuesta, obligada por él mismo. Se exalta mucho, se pone de pie, señala y yo igual, no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Igual nos dijimos lo que había que decir… luego aceptamos ambos reunirnos con el grupo de amigos, se constituyó el grupo de amigos… qué lástima que eso no se transmitió, han salido no sé cuantas versiones, cada quién le agrega una cosa, le pone un piquete, etcétera. Y han querido darle a eso la mayor relevancia de este encuentro cuando no la tiene. Para mí eso fue un hecho altamente lamentable, doloroso, pero que no mancha para nada ni opaca el triunfo de esta cumbre y los documentos que se aprobaron por unanimidad…”

La desesperación de Washington se había tornado palpable. Quien lo explica ahora es el presidente de Bolivia, Evo Morales: “el día de ayer (lunes) sí tuvimos un problema, el presidente Uribe sólo llegó para la foto y para el almuerzo y casi el 95% de nuestro tiempo en la comida lo usamos para atender de manera inmediata a Haití. En el último momento, Uribe provoca al presidente Chávez con su intervención sorpresiva. El mandatario Chávez escucha pacientemente y cuando le fue a dar una respuesta y explicar, Uribe no lo dejó hablar y comenzó alzar la voz”.

“Los agentes del Imperio vienen a tratar de empantanar y hacer fracasar este evento”

Queda claro que todo transcurría con normalidad y camaradería hasta que Uribe sacó el conejo de la galera para embarrar la reunión.

A nivel mediático lo logra, la cadena CNN señaló el miércoles que con el anuncio de la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños “finalizó la Cumbre del Grupo de Río, una Cumbre que buscaba la unidad pero que tropezó en el camino con fricciones internas como nos informa nuestro enviado especial…”.

Ahora la pregunta que me queda flotando es si Uribe actuó de motu propio o si para aplicar la cizaña recibió la orden directa de Washington, a cuyos intereses –como ha quedado demostrado una vez más- ofrece la obediencia de un perrito faldero.

http://andressallari.blogspot.com/

El Barco Ebrio

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Los gobiernos mexiquenses siempre han practicado y promovido el espionaje. Casi todas las dependencias tienen un equipo dedicado a ello. El PRI estatal siempre lo ha tenido y a veces lo disfraza con el pretexto de dar seguimiento a noticias, pero hace unos diez años la oficina de Comunicación Social de este partido contrataba a reporteros locales, sobre todo fotógrafos, y los enviaba a seguir a personajes por todo el país. Les rentaba cuartos de hotel en las convenciones políticas y exigía cientos de imágenes de los sujetos a seguir. Luego, en una oficina encubierta cercana a la sede del tricolor, se juntaba la información, se sacaban proyecciones y se enviaba a quien la hubiera ordenado, generalmente el gobernador en turno, el aspirante al Ejecutivo o algún poderoso diputado o senador. Esa información, luego de consumida, era quemada literalmente en los terrenos de aquella oficina. Estas historias son anecdóticas entre los reporteros de Toluca que trabajaron para aquellas intrigas de tlacoyo y todos ríen cuando las recuerdan. A los involucrados incluso les seguían pagando sus quincenas en tiempos de paz, pero cuando los mandaban llamar no podían negarse. Eso, en los últimos años, pero hay una historia muy antigua detrás de todo.

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Otro que contaban con su centro de espionaje era el actual diputado local José Manzur, cuando trabajaba como subsecretario de Gobierno en la actual administración de Peña. Su oficina estaba encargada de la recopilación y análisis de información acerca de todo tipo de personajes públicos o privados, de los medios de comunicación, comerciantes, empresarios, políticos, artistas, campesinos, investigadores universitarios, luchadores sociales, deportistas y construía bases de datos electrónicos aptos para toda inteligencia que permitía consultas a las entrañas de cualquier intimidad. Allí están todos, o casi todos los que le interesan de alguna manera al gobierno estatal. Luego Manzur tomó otros rumbos y su equipo se dispersó, pero la actividad en el gobierno estatal continúa. Allí están programadores, ingenieros en sistemas, orejas, policías, reporteros, funcionarios, secretarias y toda clase de oficiantes que son de alguna ayuda.

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Algunos políticos formaban sus propios grupos de inteligencia para recopilar información. Eran, sobre todo, los presidentes de los partidos estatales, los titulares de alguna Secretaría y los que trabajaban en las cuestiones de seguridad pública.

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Los tiempos del ex procurador estatal Alfonso Navarrete Prida están llenos de estas historias. Hace cinco años, circulaban entre algunos privilegiados extraños maletines negros que contenían equipo de espionaje en forma de pequeñas computadoras y antenas capaces de interceptar llamadas telefónicas y otras argucias. Todos lo sabían y festejaban la ocurrencia. Incluso hasta el gobernador, primero Montiel y luego Peña, eran escuchados sin mayores problemas.

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¿Alguien recuerda a Cruz Juvenal Roa Sánchez, ex diputado del PRI en la anterior Legislatura local? Aquel que se paseaba por su distrito (el VIII) llevando de la mano al junior de Benítez Treviño, Víctor Humberto Benítez González, quien buscaba la candidatura del tricolor a diputado local o federal, lo que fuera. ..

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Aquel que presidió la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esa Legislatura, una de las más poderosas junto con las económicas y la presidencia de la Junta de Coordinación Política… aquel que se portaba de lo más amable con sus invitados a giras y eventos públicos y políticos, quienes más de una vez tuvieron que disculparse ante las insistencias del anfitrión para continuar las fiestas… aquel que aspiró a ocupar la oficina del Abogado General de la UAEM con el arribo del actual rector… ¿alguien sabe dónde y en qué anda?

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Pues resulta que en la banca. Quien representara al distrito local VIII con sede en Sultepec, perdió la confianza de sus jefes con el último proceso electoral. Pese al carro semicompleto del tricolor en 2009, quienes incumplieron las instrucciones de los jerarcas del partido fueron abiertamente relegados. Si bien el distrito se ganó, de 6 municipios que lo integran, Roa Sánchez sólo pudo conseguir uno. El PAN le ganó Sultepec, Texcaltitlán  y Almoloya de Alquisiras; PRD y PT se quedaron con San Simón de Guerrero y PT-Convergencia con Zacualpan. Roa pudo, apenas, con Temascaltepec. Malos, muy malos números para quien contó con recursos a manos llenas y el apoyo directo de Treviño. Dicen incluso que nunca se lo perdonarán. Lástima, caía bien a muchos.

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Quienes suponen que el proyecto Peña Nieto rumbo al 2012 es propio, se equivocan rotundamente. Que es del grupo y su líder visible, Arturo Montiel, sólo basta atar cabos para entenderlo. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, Ernesto Nemer, uno de los suspirantes más movidos a la candidatura tricolor a la gubernatura, un reyezuelo en ciernes, es marcado personalmente por Miguel Sámano, diputado dizque ecologista. En sesiones de comisiones, de la Junta de Coordinación o del pleno legislativo siempre se sienta a su lado en actitud vigilante, aunque discreta. Sin pestañear siquiera, el ex secretario personal del ex gobernador Montiel supervisa movimientos y expresiones de todos, amigos y no tanto, sin soltar nunca al primo político. El observador atento sabe incluso que antes de que Nemer diga algo en esas reuniones, es porque Sámano ya dio el visto bueno.

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Hablando del coordinador de los verdes en el Congreso estatal, casi pierde el habla cuando la semana pasada moderó una mesa redonda a la que fueron invitados a debatir los académicos Miguel Carbonell y José Antonio Crespo. Éste último trajo a colación las trapacerías de su jefe real: Arturo Montiel. Aunque Sámano hizo como que la virgen le hablaba y recobrado de la inoportuna mención del docente del CIDE, siguió moderando el debate. ¡La próxima vez que alguien le avise!

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Medio año tiene en el Congreso estatal la primera representación oficial del Partido Social Demócrata (PSD) que en 2006 llevó como candidata presidencial a Patricia Mercado, quien parecía ser la única todavía con cierta autoridad moral en esa competencia plagada de ilegalidades, irregularidades y maniobras dignas de la trilogía siciliana por excelencia: El Padrino. Un sindicalista es su hombre en el Congreso. Aunque no uno forjado en las luchas del sindicalismo combatiente e independiente. No uno heredero de los principios enarbolados por líderes como los Vallejo o Campa. No uno, para decirlo con todas sus letras, socialdemócrata. Este sindicalista no ha dicho nada por los golpes a los mineros de Pasta de Conchos y electricistas del SME. No ha dicho nada por la semiprivatización de Pemex. No ha dicho nada por la reforma laboral que ya se anuncia.

Ni dirá…

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Antonio García Mendoza, de quien se habla, nunca se distinguió por esta ideología. Interrogado a su arribo a esta Legislatura, apenas pudo articular algunas opiniones e ideas sobre el trabajo legislativo y una supuesta plataforma del partido que llegó a representar. Bien es sabida su trayectoria por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTEyM), del que aún es secretario general. Detalle nada menor para descubrir su verdadera militancia política: priista por donde se le quiera ver.

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Baste con recordar el sentido de sus votos en el primer periodo de sesiones de la actual Legislatura. En ningún caso, por error, descuido u omisión se ha atrevido a votar en contra de las iniciativas de las bancadas tricolor y aliadas, mucho menos las del gobernador, su verdadero jefe. Y sus actividades en el Congreso se reducen a cuatro cosas: donaciones a afectados por las lluvias en Atizapán de Zaragoza y Ecatepec; dos jornadas de salud y la inauguración de sus oficinas de atención ciudadana en Naucalpan.

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Con esta social democracia, menudo futuro le espera a los mexiquenses. ¿Habrá quien se lo compre?

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Algunos de los voluntaros radicados en Toluca que acudieron a ayudar en las inundaciones de Valle de Chalco comentan confundidos que los afectados por la ruptura del canal de aguas negras no tenían la menor intención de rescatar sus objetos. No ayudaban ni movían un dedo para limpiar las dañadas casas. Luego de décadas con lo mismo, a nadie le quedan arrestos para ello.