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* El viaje de Enrique Peña a la sede papal tuvo un costo oficial de 426 mil 390 pesos con 56 centavos por concepto de boletos de avión, hospedaje, comida y “chucherías” del gobernador y cuatro funcionarios más que integraron la comitiva.

Elpidio Hernández

El 2010 será un año de definiciones. Así lo entiende el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quien ha dedicado los últimos dos meses a concretar encuentros con personajes influyentes de la comunidad internacional que le puedan beneficiar en su proyecto presidencial. A mediados de diciembre pasado, el gobernador viajaba al Vaticano para regar la noticia de su próximo enlace matrimonial con Angélica Rivera, pero también para consumar uno de los requisitos que todo adelantado presidencial debe cumplir si quiere gobernar al país, pedir permiso al clero y obtener su visto bueno. El peregrinar del viajero no paró ahí, continuó la última semana de enero cuando se trasladó a Davos, Suiza para participar en el Foro Económico Mundial que lo mismo reúne a connotados políticos que a los empresarios más poderosos del mundo; en ese poblado, además de dictar ponencias y disertar sobre el calentamiento global la agenda de Peña incluyó comidas y cenas con los dueños del poder a nivel internacional. Más tarde el gobernante se trasladó a Israel para conquistar las simpatías de los magnates del dinero de aquel país y de paso reafirmar sus lazos con la comunidad judía, una de las más importante en la vida económica del Estado de México.    

El gobernador nunca viaja solo. En su aventura por el Vaticano estuvo bien escoltado; utilizando de pretexto la donación de 2 mil 500 artesanías metepequenses al aula Paulo VI el gobernador preparó valijas y se trasladó a la Santa Sede acompañado por una aparatosa comitiva integrada por once familiares, clérigos, artesanos, empresarios, peregrinos y funcionarios del gobierno estatal. Aquella odisea por la Santa Sede no fue nada barata para las finanzas públicas de la entidad y de acuerdo a la información generada a través del portal de Transparencia, en la solicitud de información 00005/SF/IP/A/2010 que entregó la Secretaría de Finanzas a este semanario, se revela que el viaje de Enrique Peña a la sede papal tuvo un costo oficial de 426 mil 390 pesos con 56 centavos por concepto de boletos de avión, hospedaje, comida y “chucherías” del gobernador y cuatro funcionarios más que integraron la comitiva. Según el portal de Transparencia mexiquense, los gastos del gobernador estatal ascendieron a 96 mil 263 pesos con 50 centavos, mientras que los 330 mil 270 pesos con 6 centavos restantes correspondieron a los viáticos de los cuatro integrantes oficiales.

De acuerdo a la misma Secretaría de Finanzas del Estado de México, esta comitiva mexiquense estuvo integrada por cinco funcionarios, incluido el mandatario estatal, que permanecieron por espacio de tres días en la Santa Sede. La dependencia detalla que el boleto de avión de Peña fue adquirido a la empresa Mexicana de Aviación en 68 mil 292 pesos; agrega que por concepto de hospedaje en el Hotel Columbus se pagaron 17 mil 827 pesos; por concepto de alimentos el Ejecutivo estatal gastó cuatro mil 762 pesos mientras que por servicio de taxis, papelería y tintorería de Peña, se pagaron cinco mil 381 pesos con 60 centavos.  

En la expedición con carácter de oficial que el gobernador mexiquense realizó a la ciudad pontificia se hizo acompañar por once familiares, propios y ajenos, incluidos sus hijos Paulina, Nicole y Alejandro; su novia, la actriz Angélica Rivera, quien viajó acompañada de sus hijas Sofía, Fernanda y Regina, además de María del Socorro Nieto, madre del mandatario y su suegra, María Eugenia del Socorro Hurtado y dos hermanos del mandatario. Los gastos de la familia se estiman en no menos de un millón 58 mil 898 pesos con cincuenta centavos, si se toma en cuenta que los Peña-Rivera viajaron en el mismo avión, se hospedaron en el mismo hotel y comieron en los mismos restaurantes que el nacido en Atlacomulco. Este millón 58 mil pesos, cubierto hipotéticamente por Peña no incluye la primera escala de la aventura familiar que tuvo lugar en la ciudad inglesa de Londres, donde la singular familia pasó el fin de semana previo, según documenta la revista Quién, una de las publicaciones preferidas por la pareja para ventilar su vida privada; esta cuenta tampoco incluye los gastos de la velada romántica que sostuvieron Peña y Rivera en el Ristorante Tullio, donde celebraron la formalización de su compromiso y donde la llamada Gaviota presumía una sortija de compromiso.

La información expedida por la Secretaría de Finanzas “confirma” que el gobierno del Estado de México sólo financió los gastos del Ejecutivo estatal y cuatro funcionarios de la administración peñista que oficialmente integraron la comitiva viajera. Se trata de Jorge Francisco Corona Méndez, secretario auxiliar del gobernador; Arnulfo Valdivia Machuca, coordinador de Asuntos Internacionales; Miguel Ángel Abaid Sanabria, subcoordinador de Protocolo Internacional y Francisco Olascoaga Rodríguez, líder “A” de Proyectos. En las gráficas generadas desde la sede papal se observaba a otros funcionarios del gobierno mexiquense en aquella gira internacional, como el coordinador de Comunicación Social, David López, muy campante por aquellas tierras posando al lado del Ejecutivo estatal. 

El Instituto de Acceso a la Información del Estado de México reporta que, además del boleto de Peña, se adquirieron otros cuatro para los integrantes de la comitiva oficial, adquiridos a la aerolínea Lufthansa por un total de 192 mil 529 pesos; agrega que los alimentos de aquella comitiva causaron al erario mexiquense la cantidad de 43 mil 755 pesos con 15 centavos. La información desglosa que Jorge Francisco Corona Méndez, Arnulfo Valdivia Machuca, Miguel Ángel Abaid Sanabria y Francisco Olascoaga Rodríguez se hospedaron en el Hotel Valadier, de cuatro estrellas ubicado cerca de la Plaza España, donde se pagaron en total 93 mil 842 pesos con 91 centavos, 23 mil 460 pesos con 72 centavos por cada funcionario, si se toman como verdaderos los datos proporcionados por el portal de Transparencia mexiquense -aunque es difícil imaginar a Peña pidiendo cuentas separadas para su familia en taxis, hoteles y restaurantes- encontramos que cada funcionario pagó por concepto de hospedaje cinco mil 633 pesos más de lo que pagó el gobernador, quien se hospedó en una antigua y muy exclusiva mansión medieval de cinco estrellas, como es el caso del Hotel Columbus.

En lo referente al programa especial “Navidad Mexicana en el Vaticano”, difundido por la empresa de Emilio Azcárraga Jean el sábado 19 de diciembre y pensado originalmente para promover los valores artesanales del Estado de México, pero finalmente utilizado para promover la galana figura del mandatario, la Secretaría de Finanzas y la Coordinación de Comunicación Social reportan por separado que la transmisión del especial no representó ningún costo para el gobierno del Estado de México. El Ejecutivo estatal tuvo marcaje personal de la corresponsal de Televisa, Valentina Alazraky, durante toda su estancia en la Santa Sede, que se vio reflejada en una amplia crónica incluida en la transmisión del programa; a ese bagaje hay que agregarle que la imagen de los “compromisos cumplidos”, Lucero Hogaza León y un nutrido equipo de técnicos y camarógrafos de esa televisora viajaron hasta el Vaticano para grabar el citado programa, además de que buena parte de “Navidad Mexicana en el Vaticano” fue grabado en la capital mexiquense, donde se grabaron espots y participaciones musicales de otros artistas.

Además de los familiares del gobernador mexiquense, también viajaron a la sede papal trece obispos, la mayoría de la entidad mexiquense, encabezados por el arzobispo de Tlanepantla y presidente de la Confederación Episcopal Mexicana, Carlos Aguiar Retes y por el Obispo de Ecatepec Onésimo Cepeda; dos artesanos del municipio de Metepec, poco más de doscientos peregrinos y algunos empresarios del Estado de México como Luis Orvañanos, presidente de Grupo Geo y Francisco Funtanet Mange, presidente del Consejo Coordinador Empresarial mexiquense y ex secretario de Desarrollo Económico del gobierno montielista.

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Defensores de derechos humanos en riesgo

* En Ciudad Juárez, sin embargo, a diferencia de otras entidades del país, no se conoce un solo caso de enfrentamiento entre narcotraficantes y las fuerzas del orden. El signo que distingue a esa ciudad respecto a lo sucedido en el país, desde 2006, es que sólo hay ejecuciones, homicidios y el gobierno afirma que se trata de lucha entre bandas criminales.

Sara Lovera/ Rebelión

Cipriana Jurado Herrera no atisba un solo halo de victimismo. Militante desde los 13 años de causas sociales, confía en sí misma, no admite que las fuerzas del orden la cuiden o protejan, “eso sería ponerme en sus manos para que me maten”, dice.

Recia, como todas las mujeres que viven en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha visto caer a civiles casi a la puerta de su casa; no ha dejado de denunciar la impunidad por los asesinatos de mujeres; desde 1993 lleva la cuenta de las desapariciones constantes y levanta su voz, una y otra vez contra la militarización que criminaliza la lucha social en todo México.

Entrevistada por SEMlac la noche del 21 de enero, cuando Amnistía Internacional (AI) presentó un informe en la ciudad de México pidiendo medidas cautelares para proteger la vida de los defensores de derechos humanos, entre todos ella como caso principal, sostuvo que no quiere esas medidas porque “son una simulación” y denunció a los funcionarios del gobierno estatal por presionarla a dejar su lucha y salir de Ciudad Juárez.

Las medidas cautelares solicitadas por AI, tras el asesinato de la defensora de derechos humanos Josefina Reyes Salazar -el 3 de enero de 2010- y luego de identificar a 16 defensores de derechos humanos en riesgo, implican que el Estado mexicano, mediante sus policías deban “garantizar la vida de estos luchadores”. Pero lo cierto es que esa sería, agrega Cipriana, una forma de “entregarnos porque vigilarían nuestra vida, en todos sentidos”.

La defensora de derechos humanos explica que acompaña, desde su responsabilidad como directora del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera (CISO) de la Coordinadora de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez, los casos de al menos 15 desapariciones, dos asesinatos y los abusos de militares a civiles.

Según informes de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, las denuncias de abusos militares llegan a 150 desde que se puso en marcha el Operativo Chihuahua en marzo de 2008, cuando se desplegaron más de 2 mil militares y 425 policías federales en la lucha antinarco y para evitar la ola de violencia.

En Ciudad Juárez, sin embargo, a diferencia de otras entidades del país, no se conoce un solo caso de enfrentamiento entre narcotraficantes y las fuerzas del orden. El signo que distingue a esa ciudad respecto a lo sucedido en el país, desde 2006, es que sólo hay ejecuciones, homicidios y el gobierno afirma que se trata de lucha entre bandas criminales. “¿Entonces por qué detienen, torturan, secuestran y hasta asesinan a cualquier persona?”, se pregunta Cipriana.

Militante del Frente Nacional contra la Represión (FENSER), esta mujer recibió de su abuela las primeras enseñanzas sobre lo que es la justicia y los derechos. Le duele el sufrimiento de madres, esposas y familiares en Ciudad Juárez.

Relata cuidadosamente: “en noviembre de 2008, los hermanos Guzmán, de 29 y 30 años fueron detenidos arbitrariamente; acompañé a los papás y se documentó que fueron detenidos por integrantes del ejército. Luego, el 28 de diciembre, acompañé a Brenda Balderas, esposa de Saúl Becerra, golpeado por el ejército, desaparecido y luego encontrado asesinado; su cuerpo fue hallado en marzo de 2009 y durante todas las audiencias con la Procuraduría de Justicia militar no me callé, expliqué cómo los testigos vieron a los militares llevárselo, con otros jóvenes. Esos otros jóvenes fueron liberados el 26 de octubre siguiente”, explica.

“Quienes se llevaron a Saúl eran militares. Se lo llevaron del mero centro de la ciudad, muchos lo vieron. Dicen que investigan, pero son los mismos que se lo llevaron, lo torturaron y lo mataron”, asegura.

Dar seguimiento a hechos como estos y denunciar a los militares es lo que hace de Cipriana un caso especial y en riesgo. Ella no se amedrenta: “alguien tiene que ser los ojos de estas arbitrariedades”, dice.

En esa época recibió algunas amenazas. “Entraron a mi casa y se robaron mis expedientes y documentos para atemorizarme”, cuenta a SEMlac, lo que no impidió que continuara con sus tareas.

Luego cuenta cómo va y viene a todas las oficinas, identifica a los comandantes, conoce a los ministerios públicos, despliega todos sus conocimientos, esos de una defensora de derechos humanos.

De actividad profesional administrativa y mecanógrafa, vivió toda su infancia y su adolescencia en el pueblo de sus abuelos, en Jiménez, ahí “conocí a los campesinos, me di cuenta del hambre”.

Mas, como trabajadora en las fábricas maquiladoras de exportación, “aprendí cómo se violan los derechos de las trabajadoras, aprendí de las mujeres”. En esa época comenzó su militancia formal, tenía 19 años.

En 1993, como organizadora popular, se unió a la denuncia de los asesinatos de mujeres. Conoció en esas actividades a Josefina Reyes Salazar y a Esther Chávez, la dirigente de la Casa Amiga, quien falleció en la última navidad y fue la primera en documentar los casos de homicidios femeninos.

Fue secuestrada y detenida ilegalmente el 3 de abril de 2008 por miembros de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Cuenta los detalles de cómo la interrumpieron cuando estaba con la gente, arengando, la introdujeron en un auto y cuántas vueltas dio por llanos y callejuelas. “Me salvó el celular”, dice, porque avisó a un diputado y “no tuvieron de otra que llevarme realmente detenida”.

Fue acusada de “ataques a las vías de comunicación”. Cipriana no puede ocultar una leve sonrisa. “Imagínate”, dice, detenida tres años después por participar con cientos de personas en una manifestación pacífica del 8 de octubre de 2005 en el Puente Internacional -el que une a Juárez con Texas.

Recuerda: “cada vez que se podía íbamos a protestar por los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, de éste y del otro lado de la frontera; también protestamos por la persecución de migrantes y por mil cosas más”.

Lo paradójico de su detención, “porque tenían el expediente guardado”, es que salió libre por falta de pruebas pese a que el proceso “había sido amañado, me habían incluido cuestiones relacionadas con el narcotráfico”.

Así explica cómo la política contra el crimen, con lo cual las autoridades justifican la militarización, se asienta en detenciones arbitrarias de personas que se presentan en público y luego son liberadas. En esas detenciones o arraigos en realidad no nos informan, no se sabe qué está pasando, ni qué sucede con los apresados. Sobre todo cuando no hay nadie que siga los casos y busque a los encarcelados, agrega.

Los informes de una docena de organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos han definido a Ciudad Juárez como el sitio de mayor violencia en México, comparado con las peores épocas de militarismo en América Latina. Peor que en Colombia.

El 5 de enero, AI emitió una Acción Urgente considerando que Jurado y otros defensores y defensoras se encuentran “en riesgo de ser amenazados y atacados”. Luego de esa acción, Cipriana fue llamada a una audiencia en Ciudad Juárez para ver cómo se le iba a proteger. Fue entonces cuando le sugirieron que dejara Ciudad Juárez.

El informe de AI se presentó en público, en la capital del país, el 21 de enero. Nancy Tapias Torrado, del Secretariado Internacional de AI, presentó 15 casos documentados de agresión a los defensores de los derechos humanos quienes, dijo, “han sido víctimas de homicidio, hostigamiento, amenazas o han sido encarcelados por cargos falsos” entre 2007 y 2009.

AI identifica que estas acciones tratan de impedir que las y los defensores realicen su labor de promoción y respeto a los migrantes, a los pueblos indígenas y a las mujeres en riesgo. Pero lo más grave es que denuncian los excesos de los operativos del combate al narcotráfico.

Este organismo solicitó directamente al Estado mexicano que no incurra en violaciones a los derechos humanos de la población en general y a los defensores y activistas de los derechos humanos.

Dos días después del informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), órgano creado por ley y con presupuesto federal, informó que 30 quejas de las que recibió en 2009 fueron por abusos de militares y policías a la población civil.

Ese mismo día, Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez, denunció que el fuero militar se ha usado para violar derechos humanos, por lo que debe ser acotado por la misma ciudadanía. Y consideró que, si bien hay una demanda legítima de seguridad, ésta no tiene que ir a costa de los derechos fundamentales de los seres humanos.

Desde la experiencia de ese organismo, dijo Arriaga en entrevista telefónica con SEMlac, la estrategia del gobierno de Felipe Calderón, relacionada con la militarización de la seguridad pública, ha dejado graves saldos en cuanto a derechos humanos.

Cipriana Jurado vive en este escenario. A pesar de las amenazas, la detención de 2008 y las dificultades “cada vez mayores” para continuar su labor, se puso al frente en la denuncia del asesinato de Josefina Reyes, del 3 de enero de 2010.

Josefina fue su compañera de lucha, le mataron a un hijo, tenía miedo y fue amenazada reiteradamente. Vivía en el poblado de Guadalupe, un lugar, dice Cipriana, donde se ha entronizado la barbarie. Josefina fue ultimada cuando hacía una compra para el almuerzo, al lado de la carretera que lleva al Valle de Juárez.

En los últimos dos años, incluyendo el homicidio de Josefina Reyes Salazar, suman seis asesinatos de activistas y personas relacionadas con la denuncia del feminicidio, como Jesús Alfredo Portillo Santos, yerno de Marisela Ortiz Rivera, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa; el profesor Manuel Arroyo Galván; la activista Alicia Salaiz Orrantía; su esposo, Paz Rodríguez, y su hijo Paz Alberto Rodríguez, así como el líder de la Organización Aerodinámica Nacional, Armando Villarreal Martha, amigo de Salaiz Orrantía.

Cipriana cree que molestan al gobierno, sobre todo, las personas incorruptibles y de una posición política identificada con la izquierda. Mientras decide sus siguientes pasos, la defensora de Derechos Humanos acudió al Senado de la república donde su caso fue acogido por Rosario Ibarra de Piedra, la emblemática luchadora por los desaparecidos y sus familias, hoy presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Impunidad

2009 fue el más violento de los últimos 10 años, con casi 8 mil ejecutados y falta de señales de algún interés del narco por desistirse de sus actividades. En total, en lo que va del actual sexenio, la cifra de muertes violentas es de 16 mil 205. Tan sólo en diciembre de 2009 la cantidad de ejecutados fue de 842. A los civiles que enfrentan o denuncian al narco se les responde con acciones de venganza. La estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos informó de un aumento de los ataques a los defensores de las garantías individuales, con 25 casos en 2009, frente a 24 en 2008 y 16 en 2007. El 98,5 por ciento de las agresiones documentadas contra defensores de derechos humanos queda impune.

Una broma de muy mal gusto

* Era 1956 y Carlos Hank administraba la capital mexiquense con paciencia y tacto de pescador de anguilas. Pero la urgencia o el destino lo engañaron y calibraron sus miras volviéndolas telescópicas.

Miguel Alvarado

Los días rompen agua y concreto e inundan certezas miserables que se las lleva el diablo a la menor provocación. Allá, en el otro valle los municipios construidos a la memoria del salinismo naufragan sin bandera entre estiércoles y plancton de represas resquebrajadas para siempre, mientras el que gobierna negocia tratos judíos sin habichuelas y anuncia en esquelas perfumadas la muerte del calderonismo a ocho columnas vía inserción publicitaria. De paso, aprovecha para decir que sí a falta de algo mejor que hacer. La presidencia puede esperar otros dos años al asalto final. Los encapuchados, con gracioso ademán dirán sonrientes “se los dije, hace tiempo lo sabían”. Pero quien no se andaba por las ramas en la nigromancia electoral era un humilde profesor de escuela en Atlacomulco, mejor conocido como Carlos Hank González.

Era 1956, apenas abril más allá de la mitad y ya se ventilaban aspiraciones políticas de quienes se creían predestinados para el mando. Este profesor no gustaba en su escolástica de academias delictivas pero sí razonadas especulaciones que mostraran veras y abrevaderos en el largo camino. A Hank nunca le bastó lo que tuvo y menos lo que intentó ser. Quería legitimarse desoyéndose al espejo pero no se dio tiempo para mirar de frente. Escribió fallidos burlesques que prolijo ensayó y montó con dinero de otros. En sus soñares despierto imaginó un país a sus pies y desde alcalde fabricó la oportunidad con artillería de cualquier calibre. Era 1956 y este Hank administraba la capital mexiquense con paciencia y cierto tacto de pescador de anguilas. Pero la urgencia o el destino lo engañaron y calibraron sus miras volviéndolas telescópicas. Tentar la suerte era lo suyo y en un diario de circulación nacional llamado La Prensa, un grupo de destacados toluqueños le organizaba un recreo sin campanita a este maestro mediante un manifiesto muy futurista en el que proponían al Carlos edil para la gubernatura del Estado de México. Muy ufanos, declaraban en aquel mentidero que con Hank se evitaría incurrir en el error de nombrar a un improvisado y al calce de la pagada página figuraban los nombres de Maximino Montiel Olmos, patriarca de ring side del Grupo Atlacomulco; Alfonso Sánchez, sabio cronista amigo del erario público que contaba historias, algunas al gusto de quien pagara más; su amigo, Rodolfo García; Luis Ordóñez y Genaro Madrazo completaban aquella falta de respeto para el gobernador que sí lo era, Salvador Sánchez Colín, quien en su oficina se calzó todos los sacos y estalló sus maltrechas vísceras contra los allí firmantes. Tomó los teléfonos de su escritorio con ambas manos. Uno lo destrozó en el piso de aquel ejecutivo recinto y el otro lo usó para exigir que se aclarara la situación.

No pasaron ni 36 horas cuando el primero de los amigos de Hank, Genaro Madrazo, volteaba a El Sol de Toluca para desdecirse y qué mejor, “desnegarse” y a la vez “desfirmar” aquella misiva. Dijo, serio y circunspecto, con cara de policía desvelado que “no soy político, no lo he sido jamás y ni entiendo de estas cosas”. Pero de aquellas cosas intuía, aunque no era muy esclarecido. No en balde era jefe de Vigilancia de la Policía Federal de Caminos en Toluca con habilidades para hablar sin decir nada. Cultivaba el arte de la circunspección y de ello daba cuenta cuando, muy propio pero igualmente aterido por el sueño de otros, protestaba en contra “de los que deliberada, maliciosa o procazmente han tomado mi nombre, reservándome el derecho de hacer la demanda correspondiente a quien o quienes resulten responsables”.

Uno que ni se apuraba ni se acojonó fue el jefe Maximino Montiel Olmos. Si Hank aprendió de alguien fue precisamente de este hombre, del que alguna vez se refirió, con lágrimas en los ojos, como “padre amoroso”. Y es que para algunos, muchos padres no son demasiados y el fantasmario de aquel alcalde de fábula estaba plagado de misteriosos nombres de los que nunca se conocerán certezas. Maximino era rey y los soberanos, aunque chiquitos, nunca se retractan.

Alfonso Sánchez, por su parte, se hizo menos que humo y fue imposible localizarle. Pero la historia oficial fue generosa con él y el Estado lo considera uno de los padres del periodismo local porque era reportero aunque en sus ratos libres. Toluca, la que se fue, recoge que Alfonso fue premiado años después por el benévolo Hank cuando, ahora sí, pudo sentarse en la silla de gobernador y le concedió a su compañero normalista la Subdirección de Prensa y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado de México, cargo que extendió hasta muy entrado el sexenio de Jorge Jiménez Cantú.

Pero era 1956. Hank era alcalde y Sánchez Colín gobernaba como podía. Hank ocuparía el Ejecutivo pero hasta 1969. Aquello era solamente una prueba para ver cómo andaban los nervios de algunos. Sánchez Colín hizo algo más que azotar teléfonos y enviar mensajes coléricos. Incluyó a Hank en una gira por el lejanísimo Palmar Chico nada más para que el pueblo viera que no había rencor. Carlos, el destapado, también condenó aquel malicioso desplegado y dijo lo que se esperaba. “Es una broma de muy mal gusto o con alguna intención aviesa de crear un clima de desasosiego cuando todos estamos trabajando en paz”.

Lo cierto es que aquel pedazo de papel inmiscuía los apellidos Fabela, Del Mazo y Albarrán y otorgaban sol a este profesor disfrazado de político. La gira por Palmar Chico sirvió también para que Sánchez Colín respondiera a Carlos sobre aquel “estamos trabajando” y le soltó a rajatabla, sin miramientos y ante 500 personas que “el trabajo lo realiza el pueblo; el gobierno nada más orienta y dirige”. Estaba claro que el ingenio no se le daba al señor gobernador.