La inútil reforma

* Si bien la actual legislación no establece normas o mecanismos para abatir el rezago legislativo, que no es otra cosa que el acumulamiento (o ‘congelamiento’, según el argot parlamentario) de iniciativas sin dictaminación ni calificación, y tampoco lo tipifica, los congresistas reconocen que es uno de los principales problemas a los que se enfrentan y han enfrentado legislaturas anteriores.

Antonio León

Con bombo y platillo, diputados de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la actual Legislatura estatal, anunciaron nuevas disposiciones que, según ellos, abatirán el rezago legislativo y los obligará a ser más productivos y participativos. Una lectura atenta de esta iniciativa que reforma la ley orgánica del poder Legislativo muestra, no obstante, que es innecesaria y superficial.

Contra lo que sus creadores alardearon, no es un avance ni un primer paso en el intento de perfeccionar el quehacer legislativo, hacerlo más productivo y establecer quizá, las bases para que los representantes populares rindan verdaderamente y no sólo simulen trabajar.

Si bien la actual legislación no establece normas o mecanismos para abatir el rezago legislativo, que no es otra cosa que el acumulamiento (o ‘congelamiento’, según el argot parlamentario) de iniciativas sin dictaminación ni calificación, y tampoco lo tipifica, los congresistas reconocen que es uno de los principales problemas a los que se enfrentan y han enfrentado legislaturas anteriores.

Aunque no se sabe con certeza qué tan amplio es el rezago, se infiere que lo es por declaraciones de los mismos legisladores. Cada conclusión y arranque de una Legislatura; cada que concluye un periodo de debates o incluso uno de receso, alguno o varios representantes se atreven a realizar balances mínimos, tratando de destacar cifras que puedan impresionar, aunque bien vistas no digan nada.

En lo general, destacan el número de sesiones plenarias realizadas, de reuniones de comisiones y comités, de iniciativas recibidas y aprobadas, de votaciones unánimes y otros presuntos indicadores de su gestión. Casi nunca nos enteran, en cambio, de sus inasistencias a las sesiones, de votaciones divididas, de iniciativas congeladas, de las razones de su reserva, del cumplimiento de plazos para su calificación, de participaciones en tribuna, de iniciativas por legislador o grupo parlamentario y largos etcéteras.

Con los datos que aportan, por otra parte, pretenden probar que su labor es productiva y rentable. Que desquitan sus sueldos y prestaciones. Que cumplen sus funciones al cien por ciento y su papel como contrapeso de los otros poderes constitutivos de la entidad. A pesar de lo cual, con presunta pena, admiten el acumulamiento de iniciativas desatendidas.

Así, en cada nueva Legislatura quienes se perfilan como líderes parlamentarios empiezan por afirmar que una de sus ‘prioridades’ será la superación de este retraso. Entusiasmados, declaran que reformarán la ley para establecer reglas y mecanismos que obliguen a la superación de los atrasos o bien que establecerán acuerdos para la calificación inmediata de las propuestas en reserva.

Hasta la anterior supimos de una reforma que obligó a sesionar hasta por tres periodos de debates por año, esperando que los congresistas tengan más tiempo para la calificación. La verdad es que ni así se evitó el congelamiento de iniciativas, por lo que la presente creyó necesario impulsar su propia reforma.

De esta manera, en sesión de la comisión citada del pasado 9 de febrero, bajo la presidencia del priista José Manzur Quiroga, trece de catorce de sus miembros aprobaron reformar tres artículos de la ley orgánica del Poder Legislativo para establecer que todas las iniciativas y dictámenes que no hayan sido resueltos por una Legislatura se entreguen a la entrante bajo la forma de proyectos.

Bajo esta figura, pasarán directamente al pleno sin necesidad de un nuevo estudio y dictamen, pudiendo ser votadas de inmediato y ya no acumularse. Se entiende que de no ser aprobadas perderán su vigencia y simplemente se desecharán.

Pero la reforma no dice más. No establece la obligatoriedad de subirlas al pleno ni votarlas, como tampoco un plazo de atención. Nada garantiza que así como las reciba la Legislatura entrante, decida meterlas también al congelador. Tampoco se dice algo de medidas coercitivas o emergentes en caso de incumplimiento, por lo que nada pasaría de suceder. 

Más allá de estas fallas en la reforma, el gran desliz está en la inobservancia del texto vigente de la ley en cita. De acuerdo con su capítulo VII, Del Proceso Legislativo, Artículo 84, “la comisión o comisiones a las que sean remitidas las iniciativas o asuntos presentados a la Legislatura, harán llegar su dictamen al Presidente dentro de los treinta días hábiles siguientes de haberlas recibido, para el efecto de su presentación a la Asamblea; si esto no fuere posible, deberán solicitar a la Presidencia una prórroga que les será concedida hasta por igual término y por una sola vez, salvo que por acuerdo de la Asamblea se les conceda un plazo mayor. Si en el plazo señalado no presentan el dictamen, el Presidente nombrará una comisión especial para que dictamine en el término improrrogable de 10 días. Cuando las leyes establezcan plazos, las comisiones se sujetarán a ellos”.

No hace falta ser jurista para entenderlo. Su claridad es evidente. Cada iniciativa recibida por el Legislativo cuenta con un plazo de calificación: 70 días.

Aquí radica el problema. Este es el precepto legal que no se cumple. Es aquí donde nuestros legisladores han faltado. Y todos. No uno o dos, todos. Quienes ejercen o han ejercido como presidentes, como secretarios, como vocales, como coordinadores, como miembros de comisiones o comités.

Y no se trata de una falta cualquiera o menor. Es el incumplimiento de su obligación mayor: legislar. Para eso fueron electos, para legislar. Y se legisla con base en un procedimiento perfectamente establecido en su ley orgánica, que en el artículo mencionado fija la mecánica para atender, dictaminar y votar las iniciativas.

Entonces, si el mecanismo existe, ¿qué se gana esta Legislatura presumiendo una reforma inútil? 

La misma inutilidad se aprecia con la aprobación de una modificación legal que obliga a los diputados a asistir con puntualidad a las sesiones de trabajo legislativo a las que sean convocados, además de participar. Aunque en el texto actual de la ley no se estipula esto, resulta ocioso agregarlo si, como ellos mismos observan, la misma norma les garantiza faltar si lo pueden justificar. Por otra parte, la obligación de participar resulta imprecisa. ¿No bastaría el voto para probar que se participó?

Sus creadores sugieren que es un primer paso para abatir el rezago y perfeccionar su quehacer. Como se ve, es innecesario. El mecanismo para calificar en tiempo razonable existe. De atenderse, no existiera rezago ni congeladora legislativa.

Las razones de su reserva deben buscarse en otro ámbito. En el político, ni siquiera en el anímico. No es que los legisladores quieran o no dictaminar una u otra iniciativa. Es que las que votan convienen políticamente a uno u otros. Así de simple.

La ficción oficial

* La administración del Estado de México poco aprendió de las amargas experiencias de inicio de milenio. Poco hizo en materia de desazolve en afluentes cuyas vetustas estructuras fueron rebasadas por las precipitaciones de los últimos días en Valle de Chalco.

Elpidio Hernández

Ha pasado prácticamente una década desde aquel 31 de mayo de 2000, cuando miles de habitantes de los municipios de Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco despertaban rodeados de aguas negras. Aquella madrugada -al igual que el pasado cinco de febrero del 2010- uno de los diques que escoltaban al extenso caudal de la Compañía se resquebrajaba dejando un saldo de cinco mil viviendas inundadas, las mismas colonias que hoy yacen bajo el agua. Las crónicas periodísticas de aquellos días narraban así el aciago pasaje: “el desbordamiento del río la Compañía provocó una inundación sin precedentes, alrededor de cinco mil familias de por lo menos diez colonias de los municipios de Valle de Chalco, Chalco e Ixtapaluca se vieron afectados por la acumulación de aguas negras de hasta cinco metros de altura”, donde el periódico La Jornada se daba tiempo para denunciar a priistas y a los panistas amigos de Fox, quienes aprovechaban aquella desventura para condicionar la entrega de dádivas a cambio del voto en los comicios electorales del 2 de julio.

En aquel momento autoridades de los tres niveles de gobierno llegaban a la zona anegada, el gobierno federal de Ernesto Zedillo y el estatal de Arturo Montiel Rojas pactaban -en medio del agua- compromisos de todo tipo encaminados a la construcción de trabajos para impedir que una desventura de las mismas dimensiones se volviera a repetir en aquella región dominada por los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

El 26 de mayo del 2004 Montiel regaba a ocho columnas la noticia de la construcción del drenaje profundo para el río de la Compañía “con el fin evitar inundaciones en Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco que afecten la vida y bienes de los mexiquenses de esta región”, decía quien concluyó su mandato sin ver, por lo menos iniciado, el ambicioso proyecto. 

Las promesas para terminar de manera definitiva con las inundaciones que temporada tras temporada se presentan en los asentamientos colindantes al afluente, comenzaron a tomar forma el 15 de agosto de 2006 cuando inició la construcción del túnel. Un mes después, el 19 de junio el aún presidente Vicente Fox y el gobernador Enrique Peña llegaban a Ixtapaluca para -ante decenas de periodistas- arrancar formalmente los trabajos de construcción del túnel y vaticinar con ello que “se resolverían de manera definitiva los riesgos de inundaciones de esta zona”. En aquella ceremonia el director general de la Comisión Nacional del Agua, Cristóbal Jaime Jáquez expresaba que con el túnel “las lluvias ya no representarían amenaza para los habitantes de esas colonias”. Por su parte, el gobernador Peña tomaba el micrófono y ante decenas de cámaras calificaba los trabajos como “una obra de justicia social, necesaria y apremiante ante el riesgo que representa el cauce y, sobre todo, que ya se han registrado experiencias lamentables y desagradables, cuando se ha desbordado y ha puesto en riesgo y dañado el patrimonio que con mucha entrega muchas familias han logrado a través de los años”.

La obra, entonces se dijo, tendría una inversión de mil 423 millones de pesos y sería entregada en julio de 2008, pero a cuatro años de iniciados los trabajos la vanagloriada obra no ha sido consumada y los desbordamientos siguen siendo una constante en aquella zona, como la inundación que se registró el cinco de junio de 2005 cuando un desbordamiento de menores proporciones se extendió a los municipios de Chalco y Valle de Chalco, causando daños menores en decenas de viviendas.

En 2007, un nuevo desbordamiento de medianas magnitudes atestaba de incertidumbre a los habitantes de los municipios colindantes al afluente. Días más tarde, el 21 de agosto de ese 2007, Peña atendía una entrevista en el noticiero estelar de Televisa para reconocer que se habían detectado dos fisuras en el canal de la Compañía, fisuras que estaban desembocando agua en varias colonias del municipio, pero aseguró que su gobierno y la Comisión Nacional del Agua trabajaban de forma coordinada para evitar situaciones similares a las del 2000, cuando “se desbordó el canal y se registraron las inundaciones más severas de las cuales se tuviera registro” en esa región, dijo el gobernador ante el conductor López Dóriga. 

A pesar de las promesas y los compromisos de los gobiernos federal y estatal, diez años después de aquella gran inundación, miles de habitantes de Valle de Chalco viven una situación de las mismas dimensiones. La estampa común son las casas anegadas, familias que pernoctan a la intemperie, en albergues o con familiares y personas que han perdido prácticamente todos sus bienes. Pero la desventura que hoy padecen los habitantes de Valle de Chalco no es más que la secuela de años de fallas gubernamentales, pues la advertencia de un desbordamiento siempre ha estado vigente en esa zona.

La historia dicta que prácticamente año con año el canal se revienta en el mismo punto, pues es un afluente calculado para un porcentaje de familias menor al que hoy lo utiliza. Pero la administración del Estado de México poco aprendió de las amargas experiencias de inicio de milenio. Poco hizo en materia de desazolve en afluentes cuyas vetustas estructuras fueron rebasadas por las precipitaciones de los últimos días.

En otros tiempos, cuando se trataba de aparecer en los diarios locales, ahí estaba el secretario del Agua y Obra Pública estatal, David Korenfeld Federman para hablar de los trabajos realizados en el Gran Canal. Hace unas semanas Korenfeld apuntaba que “en 2010 estaremos concluyendo 69 obras que tenemos en proceso, con lo que tendremos la oportunidad de hacer valer la palabra del gobernador Enrique Peña Nieto, entre las magnas obras programadas está el entubamiento del Río de la Compañía, con una inversión superior a mil 400 millones de pesos, cuyo túnel de 6.7 kilómetros ya está terminado y pasa por debajo del municipio de Ixtapaluca, colindando con Chalco y Valle de Chalco….”.

En septiembre pasado en su comparecencia ante los legisladores locales, el mismo Korenfeld hablaba de las “magnas obras del gobierno mexiquense” y enlistaba, entre otras, la construcción del túnel en el río de la Compañía. Hoy la figura del secretario estatal -siempre presente en las grandes inauguraciones- no se ha visto en el lugar de las afectaciones y la “magna obra”, como él la califica, ya debería estar en operación

Los orígenes del Gran Canal se remontan a los tiempos del Porfiriato. Por aquellos días se anunciaba como una magna obra de la ingeniería que serviría para sacar el agua del lago de Chalco que expulsaba malos olores y generaba mosquitos y alimañas de todo tipo –como lo narra el escritor Aurelio Fernández, en un artículo publicado en el diario La Jornada-. Sin embargo, la construcción de la autopista México-Puebla, inaugurada el 5 de mayo de 1962, cortó el cauce del canal dejando sólo el espacio necesario para las condiciones de aquellos días. Nadie, ni el propio general Díaz se imaginó que aquella inmensa área rodeada de volcanes se convertiría en una colosal mancha urbana que empezó a desarrollarse a partir de la década de los setentas y que alcanzó mayores dimensiones en 1989, cuando el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari fundó el municipio de Valle de Chalco.

En el artículo, Fernández añade que las autoridades del Estado de México vieron una gran oportunidad para hacer negocio y se dedicaron a aprovechar la región para su causa política y económica. “Los más escandalosos negocios los hizo Arturo Montiel con unidades habitacionales multitudinarias, no sólo autorizadas, sino gestionadas por el célebre mandatario en virtud de que también era socio de esos negocios. Pasó por encima de ordenamientos territoriales hechos por su propio gobierno y por el gobierno federal”.

Aquellos desarrollos habitacionales muy pronto necesitaron dónde descargar su drenaje. Para ello el gobierno estatal se ahorró buenas sumas de dinero evitando la construcción de un drenaje que fuera receptor de las aguas negras de los nuevos complejos y decidió utilizar la ya vetusta infraestructura del Gran Canal, multiplicando un problema generando severas inundaciones desde hace poco más de una década.   

Las inundaciones y desbordamientos no son tema desconocido para las autoridades estatales. Hace menos de medio año el gobierno del Estado de México atendía severas inundaciones en Valle Dorado, Huixquilucan y San Mateo Atenco. Hoy, además de la anegación en Valle de Chalco, también enfrenta el desbordamiento del caudal del Río de los Remedios, que afectó a más de tres mil 500 familias de los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl y otras tantas viviendas que también resultaron dañadas en el municipio zapatero de San Mateo Atenco que sufrió los embates del Frente Frío número 29.

La revista Proceso documentó que Valle de Chalco sufrirá un hundimiento de hasta 19 metros para dentro de diez años, según estudios del investigador del Centro de Geociencias de la UNAM, Marcos Adrián Ortega Guerrero. “En concordancia con las tendencias observadas, se calcula que en 2020 el Valle de Chalco tendrá el hundimiento referido e incluirá entre mil 200 y mil 500 hectáreas de superficie, así como una parte de suelo agrícola, que podría afectar cerca de 25 hectáreas de la zona urbana de Tláhuac y 150 del Valle de Chalco”, informa aquella publicación.