Resistencia mínima

* Vicente Martínez, miembro del SME en el Valle de Toluca, es uno de los 44 mil 514 electricistas que de la noche a la mañana vieron desaparecer su fuente de trabajo. Su semblante refleja la rabia de lo que él considera una arbitrariedad por parte del gobierno “espurio”. Con una sensación de desolación, comenta que sólo le faltaron seis meses para jubilarse pero afirma que se mantendrá firme en lo que ellos han llamado movimiento de resistencia.

Elpidio Hernández

El 10 de octubre de 2009, poco después de las diez de la noche, decenas de elementos de la Policía Federal Preventiva ingresaban a las estaciones y subestaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, desalojaban a los electricistas y se atrincheraban en las oficinas. Poco después de la medianoche el presidente Felipe Calderón expedía un decreto con el cual declaraba la extinción de la Compañía bajo los argumentos de baja rentabilidad, corrupción y gastos excesivos de su sindicato, situación que nadie, ni los propios electricistas pueden negar pues durante los 95 años de historia su dirigencia sindical cayó en abusos criticables, con yerros y excesos inocultables y que se suman a las ineficiencias y corruptelas de un gran porcentaje de sus trabajadores.

Aunque el gobierno calderonista se cansó de repetir que el decreto se expidió por la comprobada ineficiencia operativa y financiera de la Compañía, lo cierto es que todo tipo de especulaciones acompañaron aquella enérgica medida; en un principio se mencionó que se trataba de una astucia federal para la venta de la red de fibra óptica a la firma WL Comunicaciones, empresa de capital español, pero en la que participan panistas como Fernando Canales Clariond, Antonio Lozano Gracia, Armando Salinas Torres, Salvador Canales y que contaba con el asesoramiento del bufete jurídico de Diego Fernández de Cevallos. Otros señalaron que Telmex, propiedad del magnate Carlos Slim, sería la empresa beneficiada con el llamado “triple play”, que incluye el servicio de voz, audio y datos y que sería explotado a través de la fibra óptica de LyFC y la CFE.

Aquella astucia gubernamental poco a poco va tomando su forma real. El pasado 26 de enero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció las bases para la licitación de la red de fibra óptica de la CFE y continúa adelante con la puja por las concesiones de la banda de 1.7 y 1.9 ghz. Dadas a conocer en noviembre de 2009, entre las firmas que aspiran a apoderarse de las licitaciones se encuentran Iusacell, Unefón, TV Azteca, Grupo de Inversionistas Nextel-Televisa y Telcel. Sin embargo, el entrampado de la licitación excluye de entrada a firmas como Iusacell y Telcel para beneficiar a Televisa y a Nextel, como lo narra un reportaje publicado en la revista Proceso, titulado “Calderón inclina la balanza en el triple play”, pues las bases para la licitación incluyen un candado previo que aprobó la Comisión Federal de Competencia en el que establece que ninguno de los competidores puede acumular más de 80 MHz en el espectro de la banda de telefonía móvil.

Pero mientras en las cúpulas del poder el gobierno y el empresariado tejen movimientos que incluyen miles de millones de pesos, 16 mil 333 electricistas mantienen la ilusión de que las leyes les den la razón y el decreto presidencial sea revocado por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo. La tarde del jueves –a pesar de la pertinaz lluvia que se dejaba sentir en la capital mexiquense- unos setentas integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas hacían guardia en el plantón que mantienen desde el pasado 2 de febrero frente a la sede de la Legislatura mexiquense donde, afirman, se mantendrán hasta que alguna autoridad les devuelva sus empleos.

Durante su último año de operaciones, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro reportó, hasta el mes de marzo, 11 millones 723 mil 598 pesos por venta de energía. Sin embargo, sostener la nómina de los trabajadores activos durante ese mismo periodo costó 12 mil 866 millones 427 mil 906 pesos y las pensiones 11 mil 824 millones 841 mil 280 pesos.

Hacinados en una carpa y rodeados de singulares mantas donde lo mismo llaman al presidente Calderón fascista que espurio o “Fecal”, los electricistas aprovechan las largas horas de guardia para comentar la victoria de los diablos rojos, otros tantos se sitúan a la entrada del Congreso mexiquense para observar el desfile de trajeados y mujeres de delineados cuerpos, mientras otros tantos escuchan los éxitos que retumban desde una grabadora.

Vicente Martínez, miembro del SME en el Valle de Toluca, es uno de los 44 mil 514 electricistas que de la noche a la mañana vieron desaparecer su fuente de trabajo. Su semblante refleja la rabia de lo que él considera una arbitrariedad por parte del gobierno “espurio”. Con una sensación de desolación, comenta que sólo le faltaron seis meses para jubilarse pero afirma que se mantendrá firme en lo que ellos han llamado movimiento de resistencia. Considerado como uno de los líderes sindicales en el valle de Toluca, Martínez habla sobre los sinsabores de aquel adverso 10 de octubre.                                                                                                      

– ¿Qué ha pasado desde que se decretara la extinción de LyFC?

– Son ya cuatro meses de que el gobierno federal ordenó el despliegue de la fuerza para ocupar las instalaciones de nuestros centros de trabajo, en una medida por demás autoritaria y hasta este momento no ha demostrado una verdadera razón de peso que sustente el decreto; dijo que LyFC era improductiva pero los últimos estudios que se hicieron en la cuestión de ingresos y egresos de la Compañía, decían que en 2008 Luz y Fuerza tenía una deuda de aproximadamente 11 mil millones de pesos, pero que en el tercer trimestre de 2009 aportó nueve mil millones de pesos. Esto quiere decir que estábamos siendo productivos hasta antes del decreto. En este momento el 40 por ciento de los trabajadores nos mantenemos en la resistencia. Lamentablemente, por engaños del gobierno algunos compañeros aceptaron su liquidación. 

– ¿Qué hay detrás de la extinción de Luz y Fuerza?

– El gobierno ya lo ha dejado ver. Detrás del decreto está la privatización del sector eléctrico. Hoy vemos que la empresa Televisa va a ser beneficiada con el “triple play”, licitación que en alguna ocasión solicitó nuestro sindicato; en estos momentos se está dando una lucha de poderes. El presidente le abrió las puertas a Televisa para el manejo del “triple play” y lo limita a TV Azteca, Teléfonos de México y a cualquier otra empresa que pudiera competir en la licitación para la oferta de esos servicios. Lo peor es que se dejó sin trabajo a 44 mil personas y todavía existe la amenaza para los jubilados, que son más de 22 mil compañeros cuya situación está pendiendo de un hilo por una determinación de un gobierno que no ha sabido manejar las finanzas ni la seguridad del país.

– ¿Qué es lo que se pide en este plantón?

– Que la ley nos dé la razón, que se nos devuelvan nuestros empleos. Estamos defendiendo nuestros derechos, nuestro derecho a jubilarnos. Me mantengo en el movimiento de resistencia porque no le voy a regalar al gobierno federal ese derecho. Tengo 27 años de servicio en la Compañía, soy operador de subestaciones y estaba a un paso de jubilarme porque mi contrato colectivo de trabajo decía que a los 27 años con seis meses lo podría hacer. Es un derecho ganado por el riesgo de mi trabajo y el presidente, junto con el secretario del Trabajo y el de Hacienda, de un solo golpe nos lo cortaron. Nosotros contamos con la figura del patrón sustituto, que se debió tomar en cuenta. Si quería extinguir Luz y Fuerza del Centro por ineficiente, la materia de trabajo la tiene el Sindicato Mexicano de Electricistas, sólo era negociar pero nunca se debió liquidar a todos los trabajadores. Le pregunto al presidente: ¿dónde está la convocatoria a los administradores de Luz y Fuerza? Ninguno ha sido convocado para que rinda cuentas y dejar en claro si los miembros del Sindicato y los trabajadores éramos los ineficientes o ellos eran quienes se estaban llevando el dinero. El gobierno es quien designa directores, subdirectores y gerentes. ¿Cuándo el secretario del Trabajo les ha pedido cuentas?

– ¿Cómo analizan ustedes la postura del gobierno federal de no revocar el decreto?

– El gobierno federal, a través del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, ha repetido en innumerables ocasiones que no habrá marcha atrás cuando todavía no hay una resolución legal. Hace poco el gobierno abrió una mesa de negociación a través de la Secretaria de Gobernación. Primero se dijo que era una mesa de negociación y ahora resulta que sólo es una mesa de diálogo. Tenemos un convenio de productividad firmado en marzo (del 2008) por el presidente, la secretaria de Energía, el secretario del Trabajo y por el secretario de Hacienda hasta 2012. Esta firma el presidente se la pasó por el arco del triunfo. El sindicato demostró que al 2009 se tenía un avance del 91 por ciento de los puntos que se habían acordado en ese convenio. Lo que se habla de ineficiencia y corrupción no es verdad. Quien ha perdido la credibilidad, incluso al interior de su gabinete es el presidente, entre ellos mismo se están mordiendo, no va a tardar en que al secretario de Gobernación lo quiten.

– ¿Cuál ha sido la postura de Enrique Peña Nieto? ¿Han tenido diálogo con él?

– Había 23 mil personas del Estado de México laborando en LyFC. En Toluca había 2 mil 400 compañeros y el gobernador nunca se ha preocupado por la cantidad de trabajadores que perdieron su empleo. La única visita que hemos tenido de una autoridad estatal fue hace unos días, pero por nuestro plantón. Nunca ha sido en una condición de apoyo o de informarse en qué condición estamos y qué es lo que pretendemos. El único apoyo que hemos tenido es del diputado Ricardo Moreno, del PRD, que ha volteado para conocer nuestras necesidades e incluso ha hecho esfuerzos por tocar el tema en la Cámara, pero no hay interés del resto de los diputados. El señor gobernador está más preocupado por su boda y por viajar al Vaticano que en la gente que perdió su empleo; no ha habido respuesta de su parte ni diálogo y tampoco ninguna convocatoria con la dirigencia sindical de Toluca.

– ¿Qué les dice su líder, Martín Esparza?

– Nosotros nos vamos a mantener en resistencia, LyFC no ha sido extinguida. Hay un juicio en donde el Cuarto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo… es un asunto que debieron haber resulto, según lo marcan los tiempos de ley, en cinco días pero se van al máximo e incluso pidieron una prórroga. El fallo se va a dar hasta fines de este mes. Lo mismo pasó en Conciliación y Arbitraje. En cinco días debió de haber resuelto, según lo marca la ley, máxime cuando el gobierno federal no presentó ninguna prueba que avalara el decreto y cuando nuestros abogados presentaron las ilegalidades que ellos cometieron. Conciliación y Arbitraje, después de darle largas al asunto, dice que es incompetente para dictaminar, por eso acudimos al Tribunal de Circuito y no nos extrañaría que lo pase a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que está bajo las órdenes del gobierno y falle en nuestra contra.

– ¿Cómo se ve para ustedes el panorama en este conflicto?

– En el tema legal podemos decir que el gobierno no tiene ningún argumento para que la sentencia falle a nuestro favor, pero el poder está del lado del gobierno. Me da tristeza decirlo pero si el gobierno han decido, para fines personales, desaparecer LyFC aunque se violen preceptos legales, va a terminar con nosotros. Pero nosotros tenemos la voluntad de defender un sindicato que tiene 95 años de lucha y aquí seguiremos; la posición del SME ha sido pacífica a pesar de que dejaron en la calle a 44 mil trabajadores, cada uno con una familia y responsabilidades.

– ¿Cuántos de sus compañeros han recibido la liquidación?

– En este momento no tengo el dato exacto, pero fueron cerca de 26 mil los trabajadores que recibieron la liquidación, incluido el famoso bono que disfrazaron como algo que va más allá de la ley. Fue una mentira, no puede ser que a alguien con 27 años de servicio le hayan dado como liquidación un millón de pesos, regalando su derecho a jubilarse y demás prestaciones. A los compañeros que se liquidaron no los puedo criticar porque cada uno tuvo una razón y porque la mayoría vivíamos al día; el gobierno nunca ha dicho cuánto ganaba cada trabajador, pero puedo comentar de los linieros que se subían a los postes. Su salario era de 137 pesos diarios y si el señor dice que los sueldos eran onerosos y éramos privilegiados, yo lo invito a que se suba diez veces a un poste por 137 pesos.                                           

– ¿Qué viene para el SME aquí en Toluca?

– A nivel local continuaremos con el plantón en forma indefinida. Las marchas y las convocatorias que nos hagan nuestra dirigencia sindical las seguiremos, hemos tomado la decisión de resistir hasta el último momento en defensa de nuestro contrato y lo que por ley tenemos ganado. Quedamos 18 mil en la resistencia y hemos acordado resistir hasta el último momento.

– ¿Qué hacer si en el mediano plazo no hay una solución?

– El Sindicato ha sido claro y ha repetido que cuando el conflicto no tenga otra salida serán los primeros en informarnos para desistir, si el último recurso es que nos liquidaran, tendrían que hacerlo apegados a la ley; hay normas y leyes que deben respetarse y si el último recurso es ello, nos deben dar lo que realmente nos corresponde y no las migajas de las dos etapas anteriores.

– ¿Se equivocaron sus compañeros al recibir su liquidación?

– En una opinión personal, creo que sí. Debieron de haber esperado un poco más, es cierto que seguramente había necesidades económicas, todos las tenemos. Nosotros llevamos cuatro meses en resistencia y si nos hemos mantenido es gracias a algunos trabajitos extras y al Afore por desempleo, que es lo que estamos ocupando para la resistencia. Puedo asegurar que quienes estamos en el movimiento vamos a aguantar hasta el final, cueste lo que cueste, ésa fue nuestra determinación.

– ¿Cuántas personas están en este plantón?

– En Toluca quedamos 800 en la resistencia, pero tenemos que resguardar diferentes centros de trabajo como Tenango, Sultepec y los de aquí de Toluca, donde también mantenemos guardia. Vamos por turnos, algunos compañeros vienen en la mañana, otros en la tarde, pero siempre hay un grupo numeroso y si nos retiramos es porque cada uno busca actividades extras para llevar algo a las casas. 

– ¿Quién los apoya para la carpa, para las comidas y lo que se necesita?

– Afortunadamente tenemos el apoyo de nuestros compañeros jubilados, que aportan a través de su cuota sindical.

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