Los pupitres de don Porfirio

* La enseñanza durante el Porfiriato se caracterizó por ser un sistema pequeño y de lento adelanto; las cifras indican que de 1877 a 1907 sólo se fundaron en el territorio nacional 162 escuelas, lo que representa un raquítico crecimiento del dos por ciento en 30 años.

Elpidio Hernández

El gobierno de Porfirio Díaz estaba por extinguirse en 1910, luego de 32 años de dictadura militar. Su respaldo a la construcción de vías férreas fue decisivo para que el ferrocarril llegara a poblaciones de difícil acceso, conectando a las comunidades y haciendo más cortos los trayectos. Sin embargo, otros sectores parecían estancados, como el educativo que no alcanzó el mismo desarrollo. La enseñanza durante el Porfiriato se caracterizó por ser un sistema pequeño y de lento adelanto; las cifras indican que de 1877 a 1907 sólo se fundaron en el territorio nacional 162 escuelas, lo que representa un raquítico crecimiento del dos por ciento en 30 años. Los mismos indicadores señalan que de 1878 a 1890 el país registró un desarrollo anual en la escolaridad del 3.2 por ciento, cifra que disminuyó en los albores del siglo XX, pues de 1900 a 1907 se registró un crecimiento del 2.6 por ciento.

En el Estado de México la situación fue diferente. El gobierno de José Vicente Villada dio un gran impulso a la educación. Se dedicó, si no a construir, sí a fundar escuelas en los pueblos y haciendas de la entidad pues afirmaba que no se podía hablar de progreso mientras no se integrara la población indígena al resto de la civilización. La labor del gobierno villadista, que duró hasta su fallecimiento en 1904, sería continuada por el del general Fernando González, aunque no con el mismo furor que su antecesor. La consigna de ambos mandatarios sobre educar a la población no se ajustó a las condiciones de pobreza extrema en que vivía un gran porcentaje de las familias mexiquenses de aquellos días, para quienes era más importante sembrar y cultivar la tierra que educar a los hijos, situación que se convirtió en uno de los principales obstáculos, pues durante los periodos de siembra y cosecha los planteles escolares se encontraban prácticamente semidesiertos: el estudiantado tenía que auxiliar en las labores agrícolas familiares.

Cien años después el contexto que se vive en el Estado de México encuentra otras características. Con un presupuesto abundante y holgado, cercano a los 130 mil millones de pesos anuales, el gobierno de Enrique Peña ha dedicado gran parte de su agenda a inaugurar y dotar de equipo a escuelas de distintos niveles, acciones que se suman a los trabajos de los 125 ayuntamientos de la entidad para mejorar la infraestructura de las escuelas. Hasta noviembre de 2009 la administración peñista reportaba que se habían edificado 146 preparatorias y anunciaba que para este año se contaría con 26 planteles más; se habían inaugurado nueve colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos y se había beneficiado a seis mil escuelas con equipo inmobiliario. La menuda figura del gobernador se ve prácticamente cada semana inaugurando una escuela con el nombre de bicentenario o entregando vales para equipo inmobiliario.

Durante los gobiernos de Vicente Villada y Fernando González la tarea de educar a la población mexiquense encontraba sendos obstáculos, principalmente en el aspecto económico, pues en aquellos días no se contaba con un presupuesto que permitiera la expansión de la oferta educativa, por lo que en 1891 el general Villada aplicó un gravamen especial llamado “impuesto para la instrucción”, para dotar a las escuelas de mobiliario y material que requirieran. Otro de los inconvenientes a los que se enfrentaron fue que en la entidad mexiquense, en los tiempos del Porfiriato, estaba integrada por distintas etnias que hablaban diferentes dialectos. De acuerdo a datos del Consejo Estatal de Población estatal, en 1900 el 13 por ciento de la población mexiquense hablaba algún dialecto. Para 1910 el porcentaje había aumentado uno por ciento, por lo que 14 de cada cien habitantes mexiquenses hablaban algún dialecto. Un tercer factor que incidió en el lento desarrollo educativo fue la enorme distancia que tenían que recorrer los estudiantes para llegar a los colegios, pues en aquellos días las comunidades marginadas no contaban con una escuela propia y los escolapios tenían que caminar a otras para recibir la enseñanza escolar.

Aunque la constitución ya indicaba que la educación debía ser gratuita, en el Porfiriato ese punto se enfocó más al reparto de útiles y libros de texto, por lo que los edificios que albergaban las escuelas debían ser construidos con fondos de los habitantes de las propias comunidades, para luego tener derecho a solicitar la fundación de una escuela. Sólo que la pobreza hacía que en las comunidades se edificaran auténticas chozas como recintos educativos, con pisos de tierra, ventanas sin vidrios y piedras en las funciones de una banca. Las condiciones de los planteles tenían mucho que ver con el capital recaudado por el impuesto de instrucción; entre más personas vivieran en una comunidad, habría mejores colegios.

Para 1890 en Toluca había alrededor de 18 mil habitantes. Aquí estaban asentados los mejores colegios de la entidad, sin embargo en comunidades donde había escasos 200 habitantes, el impuesto recaudado sólo alcanzaba para escuelas de tercera categoría, pues el gobierno villadista había decidido instaurar tres tipos de escuelas, de primera, segunda y tercera clase.

Para 1907, en el territorio que comprendía el distrito de Toluca había 48 escuelas de primera o segunda clase y 43 de tercera; 15 de los mejores planteles estaban en la capital mexiquense: seis eran para hombres, seis para mujeres y había tres escuelas mixtas. Las crónicas de aquellos días narran que en Toluca la mayoría eran apropiadas y la asistencia de los estudiantes era regular.

Donde se registraban las mayores dificultades era en las comunidades toluqueñas. Para finales del siglo XIX, seis pueblos de la capital mexiquense con alrededor de dos mil habitantes, San Lorenzo Tepaltitlán, San Pedro Totoltepec, San Mateo Otzacatipan, Santa Ana, Calixtlahuaca y San Pablo Autopan sólo contaban con dos escuelas mixtas de tercera clase donde asistían, en promedio, 130 estudiantes a cada una y una para mujeres con matrícula de 50 alumnas. Mientras que en las comunidades de Miltepec, San Marcos, San Cristóbal, Tlachaloya, Santa Cruz, San Andrés y San Martín, donde había cerca de 500 habitantes, sólo había un plantel mixto de tercera clase. Allí estudiaban 80 niños y 30 niñas a cargo de una maestra que se encargaba de impartir todos los años escolares.

En otras seis comunidades toluqueñas, Tecaxic, Atzcapotzaltongo, San Buenaventura, Capultitlán, Cacalomacán y Tlacotepec había una escuela para niños y una para niñas, mientras que en Oxtotitlán, Buenavista, Tlaxomulco, San Juan Tilapa y San Felipe Tlalmimilolpan existía una escuela mixta para los estudiantes de las cinco comunidades, según lo describen los investigadores mexiquenses Guadalupe Zamudio y José Aranda, en su texto Valle de Toluca, Sociedad y Territorio.  

Durante el Porfiriato la mayoría de los gobiernos estatales se dedicaron a darle un gran impulso a la educación superior, que otorgaba fama y prestigio a los gobiernos estatales, olvidándose casi siempre de la instrucción primaria destinada a la población indígena; en el Estado de México el Instituto Científico y Literario le había dado un prestigio cultural que pocos estados tenían y que durante el Porfiriato se logró acrecentar; a pesar de ello, Villada dio un amplio apoyo a la educación básica. Uno de los primeros decretos que expidió el Congreso del Estado de México, poco después de su nombramiento como gobernador (1886), fue que la Educación Pública Primaria debería ser gratuita, laica y obligatoria para todos los menores de 5 a 14 años. El apoyo villadista no sólo se extendía a la educación en primarias, secundarias y preparatorias, además se preocupó por mejorar las condiciones físicas y académicas del Instituto Científico y Literario y la preocupación del gobernante alcanzó también a las clases desprotegidas como niños huérfanos, mujeres y obreros.

Para 1900 en el Edomex había 957 escuelas de instrucción primaria, la matrícula escolar ascendía a 50 mil 594 alumnos y el 19.36 por ciento de la población de 12 años en adelante era alfabeta. Los esfuerzos de los gobiernos villadistas y gonzalistas se empezaron a reflejar en 1910, año en que el 25.13 por ciento de la población de 12 años en adelante ya sabía leer y escribir, mientras que para 1921 la cifra de personas de 10 años en adelante que habían recibido educación era del 32 por ciento.

El sector educativo en nuestros días parece consolidado. Prácticamente todos los mexiquenses tienen acceso a la educación básica en casi todas las comunidades, mientras que las preparatorias y bachilleratos van avanzando en número y calidad. Donde se tiene el mayor déficit es en la educación superior, pues hacen falta espacios que están siendo ofertados por escuelas de paga. 

Para 2010 la cifra de personas de 15 años en adelante que saben leer y escribir se estima en 96 por ciento. En 2005, seis de cada cien personas no tenían ningún grado de escolaridad; 10 contaban con primaria incompleta y 18 la concluyeron; 4 no finalizaron la secundaria, 27 la concluyeron, 7 no finiquitaron sus estudios de educación media superior, 15 la completaron, 4 no concluyeron la educación profesional, 8 finalizaron su licenciatura y una de cada cien tiene un posgrado.

Estadísticas de la Secretaria de Educación del gobierno estatal indican que en el ciclo escolar 2005-2006 había en la entidad cuatro millones 483 mil 360 alumnos que estudiaban en 22 mil 547 escuelas. Para el ciclo escolar 2006-2007 el número de alumnos descendió a cuatro millones 293 mil 195 educandos en 22 mil 880 escuelas. De los cuatro millones 293 mil 195 alumnos inscritos, 3 millones 294 mil 204 estudiaban el nivel básico; 443 mil 154 alumnos estaban inscritos en el nivel medio superior; 255 mil 562 cursaban el nivel superior y 300 mil 275 estudiantes estaban adscritos a una educación no escolarizada.

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Los tres hermanos

* Uno fue delegado de la PGR en el Estado de México. Otro hizo carrera en el sector público, trabajó al lado de Arturo Montiel y de Enrique Peña en sus administraciones y hoy es diputado local. También es empresario y aprovecha su negocio, Grúas Manzur, para involucrar a su madre y un tío en la administración de este próspero emprendimiento. El tercero fue asesinado en Coacalco, hace dos años.

Elpidio Hernández

Eran tres y todos son figuras públicas. Uno fue delegado de la PGR en el Estado de México. Otro hizo carrera en el sector público, trabajó al lado de Arturo Montiel y de Enrique Peña en sus administraciones y hoy es diputado local. También es empresario y aprovecha su negocio, Grúas Manzur, para involucrar a su madre y un tío en la administración de este próspero emprendimiento. El tercero fue asesinado en Coacalco, hace dos años, donde trabajaba en el ayuntamiento como secretario técnico de aquel gobierno. Son los tres medios hermanos Manzur, dos llamados José y el último, el muerto, Eduardo. Hoy, de quien más se habla es del ex delegado, conocido en el medio policiaco como “El Güero de Lentes” y quien inició sus labores en la seguridad federal como agente del ministerio público en Tejupilco, hace muchos años. Escaló luego, lentamente pero con seguridad en la jerarquía de la PGR y al final de su carrera se le ubicó como delegado en el Edomex. A este Güero de Lentes, también llamado José Manzur Ocaña, le tocó las 24 ejecuciones en la Marquesa, entre el 11 y 12 de septiembre del 2008, pero también la violenta irrupción en territorio mexiquense del cártel de La Familia y el asentamiento de los Zetas en Huixquilucan y la zona sur de la entidad. Las indagatorias sobre aquellos asesinatos, narcotienditas en Toluca y Metepec, sus propias y oscuras ligas con aquella Familia y los Zetas, la zona de Huixquilucan y otros crímenes relacionados con el narco, atrajeron sobre aquel Manzur la atención de las autoridades federales, quienes planeaban citarlo para que declarara al respecto. Pero el Güero se les adelantó y consiguió que lo renunciaran para el cargo que ostentaba en el Edomex, refugiarse en las entrañas de la misma instancia y luego hacerse humo. Algunas versiones lo ubican en el extranjero, perseguido por la justicia mexicana, aunque las más lo señalan como buscado por el propio narco.

La revista Proceso, en la edición 1738 establece que de acuerdo al testimonio de Noé Sánchez Avendaño, un testigo protegido de la PGR asesinado, “el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto permitió el posicionamiento del cártel de La Familia Michoacana en toda la entidad y ordenó echar a los Zetas, lo que derivó en disputas y muertes”. Su testimonio también sirvió para dejar al descubierto la presunta participación del ex delegado José Manzur Ocaña, quien -según aquella declaración- proporcionaba protección a una red dedicada al narcomenudeo que operaba en distintos municipios de la entidad. “Fue así como la PGR tuvo conocimiento de que el entonces delegado de la institución, José Manzur Ocaña –oficialmente declarado prófugo de la justicia- protegía a una red dedicada a la venta de droga que operaba en 15 demarcaciones del Estado de México con el apoyo de la policía estatal y federal”.

Peña y el diputado local José Manzur Quiroga, medio hermano del ilocalizable José Manzur Ocaña, atribuyeron la información al “golpeteo político” propio de lo que se atrevieron a llamar “tiempos electorales”. El primero calificó los textos de “ataques infundados” y que tienen como propósito “desviar la atención, descalificar y desacreditar”, mientras que Manzur Quiroga cree que se trata de leyendas urbanas sin más objetivo que el golpeteo, que “lo que pretenden es descomponer el ambiente político en el estado”, además de aclarar que si hay algo contra su familiar simple y llanamente procedan ante las autoridades correspondientes.     

No es la primera vez que algún integrante de la triada Manzur-Quiroga-Ocaña se ve involucrado en escándalos. El historial familiar de los Manzur registra algunos pasajes infortunados como la ejecución en diciembre de 2008 de Eduardo Manzur Ocaña y las sospechas de presuntos nexos con el crimen organizado de José Manzur Ocaña. Los Manzur pertenecen a una estirpe que ha cobrado fama por sus estrechas relaciones políticas y personales con los principales actores políticos de la entidad, situación que les ha redituado en posiciones clave dentro de la administración estatal y municipales, así como concesiones poco transparentes para algunas de sus empresas, como su próspero negocio, Grúas Manzur, que opera principalmente en el valle de Toluca.

El pasaje más aciago para esta familia se registró el 12 de diciembre de 2008, cuando un comando armado ejecutó a Eduardo Manzur, quien en aquel entonces se desempeñaba como secretario técnico del ayuntamiento de Coacalco. Manzur Ocaña fue ultimado a tiros por al menos cinco sicarios mientras esperaba en su auto el semáforo sobre la vialidad José López Portillo, en los límites con el municipio de Tultitlán. En el vehículo BMW tipo MS color blanco, que era tripulado por el funcionario, se contaron al menos 70 impactos de bala de fusiles de asalto AR-15 y AK-47, armas de alto poder de uso exclusivo del ejército. Las primeras hipótesis indicaron que se trató de un ajuste de cuentas con el crimen organizado. Eduardo Manzur era originario del municipio de El Oro y se desempeñó durante mucho tiempo como agente investigador de la Procuraduría General de la República, donde pidió licencia para incorporarse a la administración de David Sánchez Isidoro, donde colaboró al lado de Falti Hurtado, a quien autoridades estatales investigaron por su presunto vínculo con grupos delictivos.

En un crimen perpetrado en la capital mexiquense donde fueron ejecutados dos elementos de la ASE, apareció un narcomensaje para el entonces comandante de la policía ministerial: “Ahí les va otro, la vida no retoña, no sean tontos, ya sabemos con quién jalan, Falti Hurtado, nosotros no perdonamos, a ver quién se cansa primero, Atentamente ALFM”.

José Manzur Ocaña está convertido en un personaje ilocalizable para las autoridades mexicanas. Sobre su persona pesan denuncias por, presuntamente, brindar protección a una red dedicada al comercio de droga que operaba en al menos 15 municipios del Estado de México, entre ellos Toluca, San Mateo Atenco, Metepec, Lerma, Amecameca y Cuautitlán Izcalli. El nombre del ex delegado salió a relucir en las investigaciones ministeriales luego de que Noé Sánchez Avendaño, encargado de administrar y cobrar la renta a las narcotienditas en la entidad, se adhiriera al programa de testigos protegidos de la PGR y expusiera que el principal protector de la red de narcotráfico que operaba en territorio mexiquense era José Manzur Quiroga, a quien se le entregaba el dinero recolectado en las narcotienditas, tal y como quedó asentado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/280/08; a Ocaña también se le mencionó como “informante al servicio de líderes dedicados al narcomenudeo sobre operativos o acciones realizadas por los diversos cuerpos de seguridad en el estado”. 

El testigo protegido Noé, quien documentó las relaciones de complicidad entre las autoridades federales encabezadas por Manzur Ocaña, el gobierno peñista y el crimen organizado, específicamente a los Zetas y la Familia Michoacana, fue ultimado junto con dos agentes de la Agencia Federal de Investigaciones la tarde del 28 de agosto de 2008 en uno de los paraderos de la Marquesa, de acuerdo al testimonio de sus familiares. “No le perdonaron que haya delatado toda la red de narcotráfico que protege a Peña Nieto”.  

El 7 de julio de 2008, en un movimiento considerado en ese momento como intempestivo se daba a conocer la remoción de Manzur Ocaña como delegado de la PGR en el Edomex para –se dijo en ese momento- ser reasignado a nuevas tareas en las oficinas centrales de la dependencia. Aunque algunos diarios locales no dudaron en señalar que el movimiento tenía que ver con la “ineficacia” por el inexplicable posicionamiento de las organizaciones criminales en la entidad. En septiembre de ese año se dio a conocer que el ex delegado saldría de viaje y desde entonces se desconoce su paradero.

El otro José

José Manzur Quiroga se desempeña como congresista local, representando el distrito XII con cabecera en El Oro. Entre las posiciones clave que ha ocupado en los últimos años, su ficha curricular destaca que fue nombrado subsecretario general de Gobierno en el sexenio montielista y ratificado en el cargo por el gobernador Peña hasta septiembre del 2007, cuando fue sustituido por Luis Miranda Nava; en septiembre de ese mismo año cobró notoriedad pues en su declaración patrimonial Manzur dijo poseer 9 casas, 2 departamentos, 47 grúas y 159 autos, de los cuales 99 eran de colección, 8 autos de servicio y 5 para su uso diario; aunque para no generar suspicacias o dudas acerca de su honestidad, aclaró que parte de su fortuna era por herencia familiar. Luego de dejar su cargo en el gobierno estatal, Manzur Quiroga se desempeñó como delegado del PRI en el municipio de Naucalpan, cargo al que renunció en febrero del año pasado para buscar una curul en el Congreso estatal. En 2007, desde una galera de Temascaltepec Santiago Pérez, quien encabezó diversas luchas en defensa de los recursos naturales del sur del estado de México, acusó al entonces subsecretario general de Gobierno de la entidad, Manzur Quiroga, de su detención y encarcelamiento, al ordenar que se reviviera un expediente penal de 1999 en su contra, para acusarlo de secuestro equiparado.

El asambleísta mexiquense es uno de los principales accionistas, junto con su madre y su tío Eduardo, de la firma “Grúas Manzur”, que prestan el servicio de grúas y corralones en el estado de México y que han sido en diversas ocasiones acusados de abusos en contra de los automovilistas mexiquenses. De acuerdo a versiones del propio funcionario, la concesión para operar el servicio fue conquistada cuando él tenía 14 años y ha sido ratificada en los últimos años, por lo que no incurre en tráfico de influencias.   

Manzur estuvo ligado políticamente al ex aspirante a la gubernatura del Edomex, Isidro Pastor, aunque en la administración de Peña el primero estaba encargado de la “inteligencia y logística” del gobierno estatal, que no era otra cosa que la recopilación de datos sobre personajes que consideraban importantes y sus actividades.

Este José mantiene en la actualidad una página personal en la dirección http://www.hi5.com/friend/p427558824–Jos%C3%A9_Manzur%20Quiroga–html, donde, entre otras curiosidades, subió fotos en campaña y aparece al lado de otros operadores político, Emilio Chuayffet y Gustavo Cárdenas. La familia es originaria de Temascalcingo, donde mantiene una dirección.