La mano de hierro

* Las causas sociales son prudentemente disfrazadas por oportunistas con sinrazones políticas y económicas, que proporcionan a los gobiernos o los dueños del poder, excusas, aunque endebles, para justificar el uso  de la fuerza policiaca en lugar de atender demandas y razonar.

Elpidio Hernández

“Los opresores, falsamente generosos, tienen necesidad de que la situación de injusticia permanezca a fin de que su ‘generosidad’ continúe teniendo la posibilidad de realizarse. El ‘orden’ social injusto es la fuente generadora, permanente, de esta ‘generosidad’, que se nutre de la muerte, del desaliento y de la miseria. De ahí la desesperación de esta generosidad ante cualquier amenaza que atenta contra su fuente”, dice Paulo Freire en la Pedagogía del Oprimido. Y las causas sociales de los oprimidos son prudentemente disfrazadas por oportunistas con sinrazones políticas y económicas, que proporcionan a los gobiernos o los dueños del poder, excusas, aunque endebles, para justificar el uso  de la fuerza policiaca en lugar de atender demandas y razonar.

La historia reciente dicta que no es la primera ocasión que el gobierno estatal utiliza la fuerza pública para silenciar de forma violenta los movimientos sociales; pasajes igual de oscuros ya se han registrado con anterioridad durante esta administración. El capítulo más recordado y que alcanzó dimensiones internacionales aconteció el 3 y 4 de mayo de 2006 en el municipio de San Salvador Atenco, donde un brutal enfrentamiento dejó como saldo dos muertos, 207 detenidos, 47 de ellos mujeres, la mayoría de ellas ultrajadas; decenas de heridos, perseguidos, desaparecidos e históricas sentencias para los líderes del movimiento como la dictada a Ignacio del Valle, quien fue condenado a 112 años de prisión; las represiones del gobierno estatal también han alcanzado los movimientos sociales de San Antonio la Isla, a estudiantes de Tenería, a miembros de la otra campaña, a Everardo Lovera y a los seguidores del docente Agustín Estrada Negrete.

Los enfrentamientos del 3 y 4 de mayo de 2006 en el municipio de San Salvador Atenco dejaron un saldo de dos muertos -Javier Cortés y Alexis Benhumea-, 207 detenidos, 47 de ellos mujeres, la mayoría ultrajadas durante los traslados al penal, decenas de heridos, perseguidos y desaparecidos. Violentas imágenes se dejaron ver durante el desarrollo de aquellos operativos de policías estatales y federales: una indígena que se cubre las piernas cuando los granaderos la pateaban; un anciano parapléjico arrastrado por dos uniformados; un perro golpeado por un granadero; decenas de policías apaleando a un militante zapatista; allanamientos a las casas sin orden judicial; una anciana llorando porque se llevaron a sus tres hijos; un atenquense hincado sin zapatos y rodeado de sangre. Más tarde se dictarían las históricas sentencias para los líderes de aquel movimiento. Nueve de ellos continúan confinados en el penal Molino de Flores, condenados a 31 años 10 meses y 15 días; tres más están recluidos en el penal de alta seguridad del Altiplano; dos fueron condenados a 67 años de prisión (Felipe Álvarez y Héctor Galindo) e Ignacio del Valle ha sido sentenciado a 112 años, acusado de ser el autor intelectual. Las autoridades y policías que participaron fueron exculpados, incluido el gobernador Peña, exonerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En agosto de 2009 habitantes de San Antonio la Isla tuvieron su propio movimiento, que fue solventado, al igual que en Atenco, con violencia y encarcelamientos. Los de aquella comunidad se oponían al funcionamiento del relleno sanitario La Estación, ubicado al poniente de la localidad, bajo los argumentos de que aquel tiradero afectaba las condiciones ecológicas y de sanidad de la población. Como parte de las movilizaciones, los islenses bloquearon una avenida en el centro de Toluca –como lo han hecho en repetidas ocasiones grupos como Antorcha Campesina, sin ser molestados por la autoridad estatal-. El gobierno decidió girar órdenes de aprehensión en contra de cinco de los protestantes, acusándolos de ataques a las vías de comunicación; los capturados y confinados por exigir condiciones de salud para su comunidad fueron Mónica y Sotero Estrada, Jesús García, Francisco Estrada Castro y Luis Gutiérrez Montiel. Aquella intimidación muy pronto produjo el efecto deseado, pues la mayoría de los inconformes se olvidaron del movimiento. La comunidad fue cercada por la ASE, que demolió las improvisadas tiendas de campañas y lo mismo golpearon hombres, mujeres y ancianas, narraron aquellos habitantes. 

El 7 de mayo de 2009 decenas de padres de familia de niños con capacidades diferentes protestaban afuera del Centro de Atención Múltiple 33 y 34 de Ecatepec, para pedir la reinstalación del director Agustín Estrada Negrete, despedido por su tendencia sexual. De acuerdo a una crónica de la revista Proceso, “una multitud de policías estatales entra a escena, acorralan a los manifestantes. Un grupo se va contra la quinceañera Alejandra Guzmán y aunque ella les advierte que sufre convulsiones, la masa uniformada la arrastra de los pelos, la empuja, la patea y la avienta a una patrulla, como si fuera un bulto. Alguien la envuelve en una cobija antes de llevarla a la Procuraduría. La niña recuerda que la querían desmayar a golpes en la cabeza y que, antes de desvanecerse, tenía una agente saltándole sobre la cadera y otra sentada encima”.

En febrero de ese 2009 ya había ocurrido un desalojo similar en aquella escuela para niños especiales. “Entonces varios menores de edad se convulsionaron, mamás y papás fueron golpeados y niños como Luis Lezama, de 11 años, que quería defender a su hermana sorda de la golpiza, debió tragar gases lacrimógenos. Otra niña, Julia Daniela, de ocho años y con microcefalia, fue empujada por policías y su mamá aventada por tratar de defenderla” narra la misma revista. Los rencores de la administración mexiquense contra el catedrático –lo narra él mismo- empezaron a fraguarse el 17 de mayo de 2007, cuando se caracterizó de mujer para representar el musical de La Jaula de las Locas, por lo que fue destituido. El educador, quien en numerosas ocasiones ha denunciado los actos de hostigamiento y represión por el gobierno mexiquense, en julio de 2009 fue detenido en Ecatepec y dos meses antes también había sido detenido afuera de palacio de Gobierno mientras esperaba negociar con las autoridades educativas; en aquella ocasión fue acusado de obstruir y atacar las vías generales de comunicación, y trasladado al penal de Almoloya pero fue liberado tras pagar 26 mil pesos como fianza, no sin antes ser torturado y violado de manera tumultuaria, como lo denunció ante diversas instancias.

En junio de 2009 un grupo de campesinos de la zona norte de la entidad, encabezados por el líder maicero Everardo Lovera, se manifestaba en la caseta El Dorado, de la autopista Toluca-Atlacomulco para exigir se cumpliera el convenio que permite el libre paso de los habitantes de esa región sin pagar cuota de peaje. Los inconformes derribaron una pequeña barda, suficiente para que el gobierno consignara a ocho maiceros por actos de sedición, ataques a las vías de comunicación y daño en los bienes. Los campesinos fueron consignados al Juzgado Segundo Penal de Toluca, donde un juez les fijó una fianza, a cada uno, de 94 mil 919 pesos. Mientras Lovera se declaraba preso político, Peña sentenciaba que “la ley no se negocia”. Meses después Lovera denunciaría la inexistente entrega de tractores, uno de los compromisos de Peña Nieto, reveló que las agencias solamente los prestaron para el evento donde supuestamente el gobernador los entregó, pero apenas terminado el evento los retiraron.

En septiembre de 2008 los egresados de la escuela Normal Rural de Tenería en Tenancingo, denunciaban al gobierno estatal de querer cerrar aquella institución educativa. Los estudiantes buscaban dialogar con el gobernador y exigir 128 plazas laborales para los egresados. Al no obtener respuesta los alumnos decidieron atrincherarse en el plantel. El 14 de septiembre helicópteros policiacos sobrevolaban la institución mientras decenas de elementos del cuerpo de granaderos de la Agencia de Seguridad Estatal se apostaban en las cercanías, mientras los alumnos denunciaban al gobierno de hostigarlos.  

El 25 enero de 2007 representantes de organizaciones como La Otra Campaña, Colectivo Libertario, Colectivo Voces Libres y miembros de Alianza Magonista Zapatista se congregaban de manera pacífica en la explanada de la Preparatoria Anáhuac de Coacalco, para plantear ante el gobernador estatal la libertad de presos políticos; a ese lugar arribaría Peña para entregar algunos trabajos, por lo que un dispositivo de seguridad con policiales vestidos de civiles, policías de Tránsito, granaderos, Policía Federal Preventiva, la escolta personal del gobernador y patrullas ya se había desplegado en la zona. Los manifestantes tenían programado extender dos mantas, unos carteles y una bandera, además de algunas arengas con sus respectivas consignas, pero con la llegada del gobernador los policías desalojaron, golpearon y despojaron de sus pertenencias.

La versión más reciente de la intolerancia gubernamental se registró el pasado 25 de febrero, en el municipio de Valle de Chalco, cuando elementos de la Agencia de Seguridad Estatal se enfrentaron con habitantes de esa localidad; el saldo fue de dos detenidos, once heridos y cuatro vehículos dañados; saldo menor, pero que confirma que la entidad está convertida en un Estado autoritario donde el espacio para los reclamos sociales se ha extinguido.

En Valle de Chalco, municipio que sufriera los embates del desbordamiento del Canal de la Compañía los cuerpos de la Agencia de Seguridad Estatal y de la Policía Federal apelaron a la violencia como forma de disolver la manifestación: uniformados tundiendo a toletazos y patadas a María Antonieta López Aguilar, de 50 años de edad y a Jesús Fernández Arragán, señalados como las cabezas del movimiento; policías lanzando rocas, ladrillos y gas lacrimógeno a los manifestantes fueron algunas de las formas utilizadas para disuadir los reclamos sociales.

Decenas de familias que resultaron afectadas por el desbordamiento del caudal de La Compañía perdiendo prácticamente todo su patrimonio, salieron a las calles desde el pasado 15 de febrero para exigir al gobierno apoyo en la limpieza de sus casas y dinero en efectivo para reponer los bienes perdidos. En aquella ocasión los damnificados se plantaron a la altura del kilómetro 28.5 de la carretera México-Puebla, cortando la circulación; media hora después de instalado el plantón unos 300 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal, palas y escobas en mano, desalojaban con medianas agresiones aquella movilización, sin que el enfrentamiento tuviera mayores secuelas.

Una semana después el Ejecutivo estatal y el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, además de otros funcionarios federales y estatales, llegaban hasta las entrañas de Chalco para iniciar la entrega de apoyos a las 11 mil familias afectadas por los desbordamientos de los ríos de Los Remedios y La Compañía. Las dádivas repartidas fueron de 20 mil pesos en monederos electrónicos y vales por cinco mil pesos para la adquisición de material de construcción.

Para el jueves 25 de febrero, un contingente más numeroso de damnificados de Valle de Chalco, encabezados por el ex regidor petista Jesús Fernández Arragán, ahora consignado, saltaron a las calles para protestar pues calificaban aquella cantidad como insuficiente para reponer los bienes perdidos. Otros tantos reclamaban un diálogo con las autoridades para dar respuesta a las familias que no fueron censadas o censadas injustamente y dueños de negocios que hasta ese momento no habían recibido una indemnización equivalente a sus pérdidas. El contingente de manifestantes, calculado en no menos de 300 personas, portaba mantas reclamando al gobernador mexiquense: “Peña Nieto: basta ya de andar en el extranjero cuando Valle de Chalco sigue inundado de aguas negras” o “Peña Nieto, vente a vivir a Valle de Chalco, construye Palacio a la orilla del Río de la Compañía”, eran las leyendas impresas en las mantas. Los manifestantes intentaron bloquear por segunda ocasión la autopista, pero el lugar ya era custodiado por un nutrido contingente de efectivos con la orden de impedir nuevos bloqueos; los manifestantes encararon a los granaderos e intentaron con una camioneta resquebrajar la valla de efectivos, que se colocó sobre la lateral para impedir el cierre de la circulación. El desencuentro se convertiría muy pronto en batalla campal. De ambos lados eran lanzadas piedras y palos; al final del zafarrancho diez civiles, entre ellos un menor de edad y una mujer embarazada, resultaron con heridas, mientras que Jesús Arellano, elemento estatal, fue trasladado al ISSEMyM de la localidad para atenderle la herida producto de un cilindro de gas lacrimógeno que fue lanzado por sus propios compañeros.

Las cabezas de la movilización, Jesús Fernández Arragán y María Antonieta López fueron llevadas a la subdelegación de la PGR en Nezahualcóyotl, donde se inició el acta AP/PGR/MEX/CHAL-I/36/2010 por ataques a vías de comunicación, daños en propiedad ajena, resistencia de particulares y lo que resulte.

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