Presidencialismo y elecciones en México

* La institución presidencial se ha convertido en un factor que ha influido –ya sea para legitimar o deslegitimar– en el acceso al poder, tanto en el periodo autoritario como en el de la construcción de la democracia. El Presidente ha sido un actor protagónico en uno u otro sentido, tanto para influir en el contenido de las reformas a la legislación electoral como para manipular las elecciones.

Alberto Escamilla Cadenas*

http://redalyc.uaemex.mx

El Cotidiano, Vol. 25, Núm. 160, marzo-abril, 2010, pp. 49-59

Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco

(…) El campo de los estudios electorales en México ha sido objeto de un amplio y diverso análisis; se han evaluado y examinado la legislación electoral, las reformas de la primera y segunda generación, la autonomía de las autoridades electorales (tanto del Instituto Federal Electoral, como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), la justicia electoral, las campañas electorales, los discursos de los candidatos, financiamiento y acceso a medios de comunicación, el comportamiento electoral y los niveles de competitividad en el sistema de partidos. De igual forma, están los análisis que abordan la intervención de algunos actores del sistema político (como los poderes federales o los factores reales de poder) en los procesos electorales.

Uno de estos actores que históricamente ha jugado un papel relevante en los procesos electorales en México ha sido la institución presidencial. El proceso de construcción del Estado en México y la conformación de su sistema político durante el siglo xx estuvo marcado por la interacción de tres instituciones: a) el presidencialismo, b) el partido oficial y c) el corporativismo. De aquí que las interpretaciones clásicas sobre el sistema político mexicano han considerado que el presidencialismo (un Ejecutivo fuerte

que centralizaba el poder político), el partido oficial (una maquinaria electoral que construía redes de lealtad), y el corporativismo (mecanismo de dominación política de los Estados burocrático-autoritarios) eran tres elementos que tenían un mismo fin: intentar reproducir la institucionalidad autoritaria. En todo este proceso, el papel de la presidencia era incuestionable, preponderante e influyente.

De aquí que la relación entre Presidente y elecciones cobraba particular importancia durante el periodo del régimen autoritario. En este sentido, hay literatura que ha dado cuenta sobre la modalidad que adquirían éstas durante la época de sistema de partido hegemónico, así como de la actuación del Presidente en el proceso de sucesión presidencial.

Este trabajo aborda la relación entre la institución presidencial y los procesos electorales no sólo durante este periodo sino también posterior a la alternancia presidencial ocurrida en el año 2000.

Después del acontecimiento de la alternancia, han aparecido trabajos que han evaluado la relación entre presidente y sistema de partidos, así como la posibilidad de formar coaliciones parlamentarias en el marco del gobierno dividido. Están de igual forma, los estudios que analizan la cohesión y disciplina partidista y cómo ésta afecta la dinámica parlamentaria y al propio presidencialismo. Se ha analizado también la cohabitación de gobierno entre el Presidente y los gobernadores que no pertenecen a su partido. Están los estudios que han abordado el uso de las facultades metaconstitucionales antes y después de la alternancia. De aquí la pertinencia por estudiar la relación del titular del Ejecutivo y su influencia en los procesos electorales, pues se ha estudiado más la relación que el Presidente ha tenido con los partidos políticos que con las elecciones propiamente.

La institución presidencial se ha convertido en un factor que ha influido –ya sea para legitimar o deslegitimar– en el acceso al poder, tanto en el periodo autoritario como en el de la construcción de la democracia. El Presidente ha sido un actor protagónico en uno u otro sentido, tanto para influir en el contenido de las reformas a la legislación electoral como para manipular las elecciones. Cabe decir que no es lo mismo la actuación de un Presidente durante un proceso electoral bajo un régimen autoritario que bajo una democracia. La actuación de este actor en las elecciones varía en función del tipo de reglas que se establecen para el funcionamiento del régimen político; en un autoritarismo el rol presidencial es altamente protagónico, pues debe garantizar la permanencia en el poder de su partido o de su figura, mientras que en una democracia se caracteriza por no intervenir en los comicios electorales. Estos presupuestos no siempre se cumplen y, por ello, es necesario desagregar el análisis para matizar la actuación de este actor en las elecciones. La función de los procesos electorales en un sistema político La tradición del pensamiento liberal tuvo como una de sus manifestaciones la aparición de partidos políticos y la instauración de elecciones como método para elegir gobernantes. Si bien estos aspectos fueron esenciales para el surgimiento de la democracia moderna, la presencia de partidos políticos y la instauración periódica de procesos electorales no necesariamente garantizan un procedimiento democrático. Hay experiencias en otros países que muestran que las elecciones tienen diferentes funciones. Ello depende básicamente del tipo de régimen político, pues no es lo mismo la forma en que operan los sistemas electorales y de partido en un régimen totalitario, que en uno autoritario y, menos aún, en una democracia.

Por principio, los sistemas electorales hacen referencia a las reglas y modalidades de operación que determinan el acceso a espacios de representación política a través del voto ciudadano. Este proceso está compuesto por tres fases: a) la organización de las elecciones (registro de candidatos, precampañas y campañas), b) su desarrollo (la jornada electoral y conteo de votos) y c) el desenlace (calificación y validación del proceso). Por lo tanto, las elecciones son consideradas como una función que debe llevar a cabo el Estado con la corresponsabilidad de los ciudadanos, pues es éste quien posee la estructura y los recursos para organizarlas. Otro aspecto tiene que ver con que los comicios electorales definen el mapa de la representación política, además de que se consideran un ejercicio plebiscitario que llevan a cabo los ciudadanos para castigar o premiar a sus gobernantes, lo que repercute directamente en la legitimidad de la clase política.

Giovanni Sartori sostiene que “los sistemas electorales determinan el modo en que los votos se transforman en curules”. Por consiguiente, las elecciones sirven para delimitar la forma en que se distribuye la representación política. Por su parte, Guy Hermet afirma que las elecciones tienen “un papel legitimador (…) al establecer por primera vez un vínculo directo no coercitivo y aparentemente consensual entre los gobernantes y los gobernados”. Mientras que para Dieter Nohlen “los sistemas electorales contienen, desde el punto de vista técnico, el modo según el cual el elector manifiesta a través del voto el partido o el candidato de su preferencia y según el cual los votos se convierten en escaños”. De aquí que tanto en un régimen democrático como en uno autoritario las elecciones tienen como uno de sus objetivos legitimar el acceso al poder.

En el caso de las elecciones que tienen lugar en un autoritarismo, Dieter Nohlen afirma que se trata de regímenes que “no ponen el poder político en juego, aunque la oposición puede articularse parcialmente”. Guy Hermet sostiene al respecto que una clara limitación de orden económico que hay en los regímenes autoritarios con sistemas electorales no competitivos tiene que ver con que “se favorece a los grandes partidos con subsidios financieros y actúan en detrimento de las pequeñas formaciones carentes de esos apoyos”. Esto es, hay una desproporción en la asignación de recursos, lo que hace por definición una elección inequitativa. Esta desproporción en el financiamiento a los partidos políticos es un aspecto clave que explica la persistencia y dominio electoral de un partido a lo largo del tiempo. De igual forma, este autor sostiene que el análisis de la manipulación que lleva a cabo el Estado en los procesos electorales va a la par con la de los fenómenos clientelistas. Alain Rouquie, por su parte, señala que en el caso de las elecciones no competitivas, con control clientelar y bajo un esquema autoritario “hay una imposición del poder central que limita las libertades de los candidatos y de los electores, además de que hay falsificación de los resultados”. A su vez, Juan Linz subraya que una de las funciones de las elecciones en estos regímenes consiste en “institucionalizar el pluralismo limitado, tolerando a la oposición”.

Así, en un régimen autoritario, con elecciones no competitivas y bajo la persistencia de un partido hegemónico o único, los presidentes suelen jugar roles protagónicos en aras de asegurar la permanencia de su partido en el poder. Si se considera que las elecciones son una función que compete al Estado, en los regímenes autoritarios hay varias formas de manipular estos procesos. Por principio, está el diseño de la legislación electoral, la que comúnmente queda en manos del partido gobernante. Otro aspecto tiene que ver con el tipo de financiamiento hacia los partidos políticos, el cual, por lo regular, es desproporcionado. Un elemento más está relacionado con el acceso a los medios de comunicación el cual es también desigual. Están también, los casos en donde los órganos y autoridades encargadas de organizar y calificar las elecciones no tienen la suficiente autonomía para garantizar imparcialidad. Por último, hay ocasiones en donde los procesos electorales no están sustentados en un estricto apego a la ley, por lo que no garantizan certeza jurídica.

Otro mecanismo que servía para manipular la organización de las elecciones en los presidencialismos de corte autoritario tenía que ver con la movilización política; por lo general, los presidentes se apoyaban en partidos de masas que permitían la conformación de redes de lealtad que buscaban conformar clientelas políticas a través de estructuras corporativas, los Estados burocrático-corporativos llevaban a cabo esta movilización. En el caso de las elecciones bajo regímenes democráticos se necesitan cumplir al menos cuatro principios que le rigen: a) legalidad, b) transparencia, c) imparcialidad, y d) equidad. Si alguno de estos principios se trastoca, el carácter democrático de los procesos electorales se ve vulnerado. La tergiversación de los procedimientos y métodos que dan forma al arreglo democrático, pueden ser alterados por cualquier actor político, ya sean los mismos órganos encargados de procesar las elecciones, alguno de los poderes federales, o incluso, los poderes fácticos.

Las elecciones durante el periodo autoritario en México

En México las elecciones tradicionalmente han sido una función que compete al Estado, durante el régimen autoritario estuvieron bajo el control del Poder Ejecutivo. La creación del partido oficial en 1929 fue un factor que permitió aglutinar a las diversas fuerzas políticas y sociales que habían luchado en la Revolución. El partido, en estricto sentido, fue concebido para estar en el poder y no para competir por él. Su origen estuvo claramente orientado hacia el tipo de partido de masas, le caracterizó también una alta cohesión y disciplina de sus miembros que generaba unidad partidista. Una función importante del partido tenía que ver con la movilización de los sectores corporativos y la distribución de prebendas materiales hacia éstos, con lo que se garantizaba, en alguna medida, la lealtad hacia el régimen.

La preeminencia del Presidente resultó incuestionable en este proceso, una vez que se creó el partido, pues pasó a ser el líder formal y moral, y también resultó ser un factor de unidad, así como el principal dispensador de cargos políticos y el mediador de conflictos. Eliseo Mendoza afirma respecto a la relación entre presidente y partido que “con el tiempo, y en la medida en que se fue convirtiendo en eficaz instrumento político–electoral del Presidente de la República, el partido habría de acreditarse como factor de indiscutible importancia para el fortalecimiento del presidencialismo mexicano”. En este sentido, el Presidente se convirtió en la figura clave que garantizaría la permanencia del PRI en el poder; una vez que movilizaba recursos, intervenía decididamente en el proceso de sucesión presidencial y controlaba los órganos encargados de organizar y calificar las elecciones. Los motivos que explican este control presidencial sobre las elecciones son los siguientes: a) debía conducir el proceso de sucesión presidencial para garantizar que el candidato de su partido ocupara la silla presidencial, b) debía asegurar una mayoría congresional en los poderes legislativos tanto a nivel federal como local, c) debía asegurar que las 31 gubernaturas estuvieran bajo el control de su partido, d) debía asegurar, también, el control de la calificación de los procesos electorales a través de los legisladores de su partido (vía Colegios Electorales), y e) los órganos encargados de organizar las elecciones debían estar bajo su control. Además de estos aspectos, algo que resultaba determinante era que el contenido de la legislación electoral y sus reformas eran una prerrogativa que estaba reservada para el Presidente, de aquí la importancia de contar con mayorías sobrerrepresentadas en los órganos de representación política para modificar o adecuar dicha legislación. Emilio Krieger sostuvo en su momento que “No podía faltar la poderosa mano presidencial en el derecho electoral mexicano (…) las iniciativas del Código Federal Electoral no provienen de fuentes legislativas sino de las oficinas del Presidente de la República”.

El control que tenía el Ejecutivo sobre la máxima autoridad electoral (la entonces Comisión Federal Electoral) se explicaba a partir de que la organización de los procesos electorales tenía que quedar bajo su custodia y, para ello, el secretario de Gobernación se encargaba de conducir el proceso. “Dada la integración de la Comisión Federal Electoral (…) es evidente que en ella siempre habrá un claro predominio del gobierno-PRI y que en las funciones de esta Comisión muy poco o nada tienen que hacer los partidos políticos, cuya influencia queda demoledoramente aplastada por aquel predominio que, en última instancia, significa la hegemonía presidencial”. De igual forma, en el periodo del régimen autoritario no existían órganos de impartición y procuración de justicia electoral. La figura del Tribunal Electoral aparece hasta la reforma de 1986 y sus funciones eran más de carácter administrativo que jurisdiccional, no tenía la competencia para calificar y validar las elecciones, pues esa facultad estaba reservada a los Colegios Electorales, “la autocalificación se convertía en un abuso de una mayoría preconstituida por el partido hegemónico.

Otro aspecto tenía que ver con el financiamiento a partidos y el acceso a medios de comunicación. En este tema, la desproporción era tal, que durante décadas impidió que el resto de los partidos políticos compitieran en condiciones equitativas. Durante el régimen autoritario el sistema electoral no estaba diseñado para que ocurriera la alternancia y una de las claves que explicaba esto era la discrecionalidad en la asignación y el uso de recursos hacia el PRI. Este aspecto hacía que no hubiera elecciones equitativas en términos de financiamiento. En el caso del acceso a medios de comunicación, era tan desigual el espacio que tenían los candidatos del PRI respecto de los candidatos de los otros partidos, que durante el periodo de campañas la propaganda política estaba centrada en los personajes y discursos de los candidatos del Revolucionario Institucional.

Otra cuestión relevante tenía que ver con las fórmulas de representación política que había para acceder a los cargos de elección popular. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se estableció la fórmula de mayoría, lo que permitía al PRI asegurar mayorías congresionales estableciendo gobiernos unificados. Sólo será hasta la reforma

político-electoral de 1977 cuando se introdujo la fórmula de representación proporcional en la Cámara de Diputados y gradualmente comenzó a cambiar el mapa de la representación política. Otra cuestión que ha sido ampliamente tratada por la literatura sobre presidencialismo mexicano tenía que ver con el proceso de sucesión presidencial. Este acontecimiento sexenal era tan vital para la reproducción del régimen autoritario y del propio sistema presidencialista, que el uso de las facultades metaconstitucionales que tradicionalmente usaba el Presidente tenía que ver con una regla no escrita del sistema político mexicano: era el Presidente quien designaba a su sucesor. Para ello, no sólo se valía de esta facultad extralegal sino que movilizaba una serie de recursos que provenían del gabinete y del mismo partido en aras de garantizar la permanencia de los candidatos del PRI en la silla presidencial. La elección del sucesor del Presidente ocurría vía designación vertical, con lo que el voto ciudadano y las aspiraciones del resto de los partidos de oposición eran tan sólo parte de un ritual que pretendía darle una fachada democrática a las elecciones. Es por ello que el liderazgo del Presidente era una condición necesaria para poder conducir este proceso. Jorge Carpizo sostuvo en su momento que “este proceso redunda en una función del Presidente que va más allá de la normativa constitucional: es el gran elector de su sucesor, sin que nadie lo dude, pero es más ni siquiera se le critica”. En cuanto a la designación de gobernadores por parte del Presidente (otra facultad metaconstitucional por excelencia que garantizaba la permanencia de ejecutivos locales del PRI en los 31 estados y el Distrito Federal), el mismo Carpizo afirmaba que el Presidente era quien decidía, en última instancia, sobre la designación de gobernadores y removía a los que por algún motivo no deseaba que siguieran en el cargo.

A pesar de todos estos controles que mantenía el Presidente, cabe decir que a partir de la década de los años ochenta y todavía a principios de los noventa, se comenzó a practicar la alteración y tergiversación de los resultados electorales. Primero, ocurrió desde el ámbito local y, posteriormente, en 1988 se presentó en una elección federal. Las elecciones de 1976 y 1988 marcaron un punto de inflexión para el presidencialismo mexicano, pues en la primera José López Portillo fue candidato único (el resto de los partidos no participaron en la contienda electoral), mientras que en la segunda hubo tergiversación de resultados. De aquí que las elecciones de 1976 y 1988 no cumplieron con el requisito de legitimar el acceso al poder.

Ma. Amparo Casar sostiene que “En México las elecciones presidenciales han sido deformadas por uno o varios de los siguientes mecanismos: la restricción forzada de las opciones, la inexistencia de alternativas, el establecimiento de un sistema competitivo y el fraude”.

Por lo tanto, podemos afirmar que durante la época del régimen autoritario con partido hegemónico y con hiperpresidencialismo, los procesos electorales estuvieron marcados por la centralidad e intervención de la figura presidencial, la cual concentraba y movilizaba recursos e instituciones con el fin de tener bajo su control las tres partes del proceso: la organización, el desarrollo y su desenlace. Por lo que la relación entre el Presidente y el partido resultó durante varias décadas funcional, el partido quedaba subordinado al Presidente y éste tenía la facultad de nombrar y remover a la dirigencia para garantizar que el partido cumpliera su papel cuando había elecciones. Este proceso no se entendería sin la subordinación del partido hacia el Presidente.

El periodo de reformas políticoelectorales

Durante el periodo del régimen autoritario con hiperpresidencialismo y partido hegemónico, hubo momentos que mostraron problemas con la reproducción de la legitimidad en los gobiernos del PRI. Por principio, está el acontecimiento de 1968 cuyas repercusiones afectaron la imagen y figura de la institución presidencial al reprimir el movimiento estudiantil. Posteriormente, hacia 1976 tiene lugar una elección presidencial en donde el candidato del PRI, José López Portillo, es el único competidor. Mientras que para 1988 la tergiversación de los resultados de la elección presidencial terminó por desacreditar a los órganos encargados de organizarlas, además que el proceso de sucesión presidencial quedó en evidencia y mostró su vulnerabilidad. Otro problema relacionado con la sucesión se volvió a presentar en 1994 cuando el candidato del partido oficial, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado. En este sentido, los patrones tradicionales que daban lugar a la transferencia de poder estaban mostrando su desgaste, lo que necesariamente afectaba los componentes del sistema presidencialista.

Esta crisis que enfrentó el régimen autoritario, iniciada en 1968, abrió un periodo de liberalización política iniciado en 1977, un año después de que López Portillo asumió la presidencia, ello con el objeto de que en las elecciones de 1979 se corrigieran aquellos aspectos del sistema electoral que estaban resultando disfuncionales para el régimen autoritario.

Por lo tanto, el periodo que va de 1977 a 1996 es un periodo de reformas político-electorales que tendieron a la apertura gradual del sistema electoral en el sentido de abrir los espacios de representación política a los partidos de oposición y reformular los procedimientos del órgano encargado de organizar las elecciones. En este proceso de reforma la figura presidencial siguió manteniendo una centralidad incuestionable, las reformas a la legislación electoral estuvieron supeditadas a las decisiones del Presidente, el secretario de Gobernación y el Partido Revolucionario Institucional.

No es sino hasta las reformas de 1996 cuando la institución presidencial transfiere al conjunto de los partidos políticos la prerrogativa de modificar la legislación electoral.

Los análisis sobre las reformas electorales que se llevaron a cabo en el periodo en cuestión señalaban que fueron reformas graduales, en algunos casos regresivas, y que no terminaban por consolidar un verdadero sistema electoral y de partidos competitivo. No obstante, en el caso de la reforma de 1996 se trató de una modificación de mayor alcance y que tocó puntos neurálgicos del sistema electoral y la ley de partidos que los gobiernos del PRI eran reticentes a cambiar. Si bien las reformas político-electorales de 1977, 1986, 1991, 1994 y 1996 modificaron una serie de aspectos sustantivos, este trabajo se va a limitar a aquellas modificaciones que de alguna u otra manera afectaron la relación entre Presidente y elecciones. Nos referimos a las modificaciones constitucionales que fueron atenuando la injerencia presidencial en los procesos electorales.

La primera reforma que tiene un impacto en la influencia presidencial sobre los procesos electorales se remite a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales ocurrida en 1977 durante el sexenio de José López Portillo. Dentro de todos los cambios que se materializaron en aquel año está la reforma al artículo 54 constitucional que introduce la fórmula de representación proporcional en la Cámara de Diputados. La intención de esta modificación tenía el propósito de incluir a los grupos opositores en los órganos de representación política con el fin de encauzarlos por la vía institucional. Con la representación proporcional se aseguraba la inserción de partidos de oposición a la Cámara baja. “A pesar de que los resultados electorales de 1979 reflejaban un sistema de partidos muy desigual, con un PRI predominante y partidos opositores de votaciones limitadas, en realidad se estaba abriendo paso a una pluralidad política hasta entonces inédita en la Cámara de Diputados y en las contiendas electorales”.

La introducción de la representación proporcional en la Cámara de Diputados no tuvo efectos considerables en el mapa de la representación política durante las elecciones de 1979, 1982 y 1985. No fue sino hasta el sexenio de Miguel de la Madrid cuando la reforma de 1986 modificó la composición de este recinto, de 400 diputados se dio paso a 500, de los cuales 200 serían electos por el principio de representación proporcional; la reforma en cuestión fue nuevamente al artículo 54 constitucional. Los efectos de estas modificaciones en relación con la institución presidencial tienen que ver con la apertura hacia otros partidos políticos en el Congreso, lo que motivó que la oposición fuera ganando cada vez más espacios legislativos hasta llegar a la elección federal de 1988 en donde por primera ocasión el PRI pierde la mayoría calificada en la Cámara baja. Este acontecimiento tiene una particular relevancia, pues era la primera vez que un Presidente salido de las filas del PRI iniciaba su periodo de gobierno sin una mayoría

congresional. Esto obligaba a la presidencia a negociar y establecer alianzas para sacar adelante su agenda de gobierno, pues el formato de gobierno dividido reducía el margen de maniobra del Presidente para legislar y aprobar sus iniciativas de ley y reforma. Fueron precisamente las subsecuentes reformas electorales de los años noventa en las que el Presidente ya no pudo redefinir en forma exclusiva la ley electoral. En este sentido, las reformas de 1977 y 1986 motivaron que el Presidente perdiera la mayoría congresional hacia 1988 y, consecuentemente, el control de la legislación electoral. Una vez que se amplió la representación de los partidos políticos de oposición en la Cámara de Diputados, se convirtieron en actores que iban a influir en las subsiguientes reformas electorales. De aquí que el Presidente perdió la capacidad para reformar por sí solo la ley electoral, el gobierno dividido le imponía una nueva lógica de procesar la toma de decisiones, la cual necesariamente sería incluyente.

Después del descrédito de la elección de 1988, el presidente Carlos Salinas llevó a cabo tres reformas electorales con el objetivo de que no se repitiera el acontecimiento de aquel año, buscando hacer más creíble el proceso de sucesión presidencial. Aunado a ello, para 1989 el PRI perdió por primera vez una gubernatura, la de Baja California, la cual quedó en manos del PAN. Hacia 1993 se reformó nuevamente el artículo 54 constitucional con el objeto de eliminar la sobrerrepresentación de un partido político en la Cámara de Diputados, imponiendo topes a la representación política. Con ello se modificaba la “cláusula de gobernabilidad”, estableciendo un nuevo mecanismo para la asignación de diputados en función del porcentaje de votación efectiva alcanzado por cada partido. Con esta reforma se estableció que ningún partido podrá obtener más del 63% de la cámara (315 diputados), con lo que se limitaba el número de legisladores que podía tener un partido. Uno de los argumentos esgrimidos en el Diario de Debates tenía que ver con que difícilmente un partido podría alcanzar por sí solo la mayoría calificada una vez que ya se había fragmentado la representación política en la Cámara de Diputados.

Con esta reforma se impedía construir mayorías calificadas (requisito legal para llevar a cabo modificaciones constitucionales), por lo que el Presidente perdía claramente su influencia sobre el proceso legislativo, al igual que se establecía, por definición, un formato de gobierno sin mayoría, lo que permitía que el Poder Legislativo dejara de ser un órgano subordinado del Presidente, pues la oposición podía conformar un bloque opositor mayoritario y detener la agenda presidencial. En adelante, la reforma político-electoral no sería una prerrogativa exclusiva del Presidente, lo que iría en detrimento de la condición hegemónica del PRI y de la influencia legislativa del titular del Ejecutivo. Las negociaciones que se habían dado entre PRI y PAN durante el sexenio de Carlos Salinas para la reforma del Estado ahora incluirían otros actores. “La de 1993 sería la última reforma bilateral, impulsada mediante una negociación del PRI y el PAN. A partir de entonces, la política mexicana ya no podría desarrollarse si no era mediante reformas ampliamente discutidas e incluyentes”.

En adelante, la modalidad de los procesos de reforma necesariamente cambiaría, pues con la reforma al artículo 54 en 1993 se vería afectada la conducción, los tiempos y modalidades de la reforma por parte de la institución presidencial, al dejar de ser el actor que dispensaba sobre los contenidos de las modificaciones constitucionales. Esta reforma implicó también la construcción de un sistema de pesos y contrapesos y fue definitiva para comenzar a equilibrar los poderes federales.

Hacia 1996 deviene una reforma político-electoral mucho más significativa, que tocó aspectos claves del sistema electoral como el financiamiento a partidos, el acceso a medios de comunicación, la autonomía del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral, además del régimen de gobierno del Distrito Federal. De los artículos reformados, los que afectaron la influencia presidencial en las elecciones fueron los relacionados con el IFE, el Tribunal Electoral y el Distrito Federal. Por principio, la reforma de 1990 modificó el artículo 41, al crear el Instituto Federal Electoral que sustituyó a la Comisión Federal Electoral, la cual había quedado rebasada y desacreditada después de la elección de 1988; no obstante, el nuevo órgano electoral siguió siendo controlado por el secretario de Gobernación.

Hacia 1994 se ciudadanizó el Consejo General del IFE, aunque se mantuvo la presencia del secretario de Gobernación como presidente consejero, además de que la designación de los consejeros se modificó: en adelante serían electos por los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados. Pablo Javier Becerra sostuvo en su momento que, con la crisis política de 1994 “obligó a la élite política a ceder en el aspecto que no quiso ceder durante los años anteriores: los organismos electorales”.

Posteriormente, en 1996, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, finalmente se consagró la autonomía del máximo órgano electoral; con la reforma al artículo 41, el ife pasó a ser un órgano independiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo, a la vez que los representantes de los partidos políticos en el Consejo General perdieron el derecho a voto.

En cuanto al nombramiento de los consejeros electorales, éste pasó a manos de la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios. Con estas modificaciones constitucionales el IFE consolidó su independencia y su figura. Una vez que ocurrió por primera vez la alternancia en un gobierno local, el presidente Salinas reconoció que la era del partido hegemónico “llegaba a su fin”. Se trataba de la primera ocasión en que un presidente priista reconocía un triunfo para la oposición en una gubernatura, pues durante la década de los ochenta y principios de los noventa las elecciones en estados como San Luis Potosí, Chihuahua y Guanajuato fueron objeto de una tergiversación de resultados, sin que los partidos perdedores tuvieran la oportunidad de impugnar o revertir el resultado. En estos casos, las salidas de los conflictos postelectorales eran políticas y no legales, pues era el Presidente quien decidía el desenlace.

En este sentido, la forma de los nombramientos de los consejeros electorales y la desvinculación de la Secretaría de Gobernación en los procesos electorales dieron lugar a un contexto nuevo en donde el Presidente ya no tendría ningún margen de maniobra para manipular la organización de las elecciones, además de que el PRI se convertía en un partido más que podía ganar o perder en un contexto plural.

De aquí que ante la autonomía del máximo órgano electoral y las nuevas condiciones de financiamiento a los partidos y el acceso a medios de comunicación, el Presidente quedaba imposibilitado para designar a su sucesor (pues no tendría la certeza de que el candidato del PRI ganaría la elección), lo que eliminaba el uso de las facultades metaconstitucionales, ni tampoco podría manipular el resultado de las elecciones.

Al cambiar el sistema electoral hacia una condición de efectiva competencia, cambiaba también el sistema de partidos y, con ello, las características que daban sustento al Ejecutivo fuerte desaparecían, pues ya no tuvo sentido armar sistemáticamente toda la estructura que permitía reproducir el anterior presidencialismo y la hegemonía del PRI. Al cambiar los procedimientos, las instituciones y los métodos del régimen político, se afectaban necesariamente tres componentes sustanciales del autoritarismo mexicano: la condición hegemónica del PRI, el excesivo poder presidencial y el carácter no competitivo de las elecciones.

La reforma de 1996 arrojó procesos electorales con un contexto nuevo, en donde la alternancia a nivel presidencial (y en los gobiernos locales) era una posibilidad real. Se habían generado condiciones de competencia política efectivas. Sin el control del IFE, del Poder Legislativo, del Tribunal Electoral, del Distrito Federal y de su partido, el tradicional presidencialismo mexicano había llegado a sus límites históricos. Las nuevas condiciones democráticas le demandaban redimensionar su funcionamiento y pasar por un proceso de adaptación, pues las reformas constitucionales ya habían limitado su influencia y competencias en materia electoral.

En el caso del Tribunal Electoral, en 1996 se produjo una reforma al Poder Judicial que incorporó esta instancia a dicho órgano. La calificación y validación de las elecciones se llevaba a cabo a través del método de la autocalificación, en donde la Cámara de Diputados se convertía en Colegio Electoral. Al tener mayoría el PRI, el Presidente no tenía ningún obstáculo para que se declararan ganadores a los legisladores, gobernadores y candidatos presidenciales de su partido. A pesar de que en algunas elecciones locales y federales se presentaron irregularidades, los partidos perdedores no podían impugnar los resultados pues la legislación electoral no tenía claramente definidos los medios de impugnación ni existían instancias para procesar estos conflictos. Durante la época del presidencialismo autoritario, los desenlaces de las elecciones eran una prerrogativa presidencial, los actores no sometían sus disputas a instancias como el tribunal, las salidas de los conflictos tenían un carácter político. Al crearse un sistema de medios de impugnación y una instancia jurídica y especializada, el

Presidente ya no tuvo posibilidad de manipular la última parte de los procesos electorales (el desenlace), que tenía que ver con la calificación y validación de las elecciones.

La reforma al artículo 99 constitucional otorgó mayores competencias al tribunal para procesar conflictos postelectorales, a la vez que se modificó la forma para nombrar a los magistrados de la Sala Superior del tribunal, quienes ahora son propuestos por la Suprema Corte de Justicia y ratificados por la mayoría calificada del Senado; el Presidente ya no interviene en su designación.

Uno de los aspectos que se han considerado en torno a la construcción de la democracia y el Estado de Derecho en México tiene que ver con la independencia del Poder Judicial, pues las resoluciones de éste deben estar al margen de intereses políticos y sus decisiones tienen que ser estrictamente de carácter jurídico. Por lo tanto, la incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación pretendía otorgar certeza jurídica a los procesos electorales.

Con ello, la ijerencia del Ejecutivo en la calificación de las elecciones se volvía incompatible. Por último, está el caso de la reforma al artículo 122 constitucional que cambió el régimen de Gobierno del Distrito Federal, además de conformar un nuevo sistema electoral para la entidad. Tradicionalmente, cuando un Presidente nombraba su gabinete, en éste se incluía al titular del gobierno del Distrito Federal. Se ha considerado que la ciudad de México es la entidad más importante del país, por ello, el nombramiento del entonces regente capitalino era una atribución exclusiva del Presidente. Con esta modificación constitucional, ahora los ciudadanos capitalinos eligen directamente a su propio jefe de gobierno, su designación dejó de ser una prerrogativa presidencial.

Con estas reformas constitucionales (artículos 54, 41, 99 y 122) el Presidente mexicano sufrió las siguientes limitaciones: a) dejó de tener mayorías calificadas en el Poder Legislativo (esto implicó no decidir los contenidos de las reformas electorales en forma unilateral), b) dejó de controlar al máximo órgano electoral (lo que implicó imparcialidad en las elecciones y, por lo tanto, fue en detrimento de la hegemonía del pri y de las facultades metaconstiitucionales del Presidente), c) quedó imposibilitado para manipular la calificación y validación de las elecciones (lo que implicó suprimir su injerencia en el desenlace de los procesos electorales), y d) dejó de nombrar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal (con ello dejaba de tener el control de la entidad más importante del país). La intención de instaurar un sistema electoral y de partidos competitivo, una democracia y un Estado de Derecho (aspectos sustantivos de la reforma del Estado) hizo que se volvieran incompatibles los procedimientos del tradicional presidencialismo con el nuevo carácter competitivo de las elecciones. De aquí que fue necesario que la institución presidencial pasara por un proceso de adaptación para redefinir la lógica de sus relaciones interinstitucionales a partir de este nuevo contexto político.

Las elecciones durante la presidencia de Ernesto Zedillo

Las elecciones durante el mandato de Ernesto Zedillo tuvieron lugar bajo condiciones distintas. Después de la reforma de 1996, su partido perdió en la elección intermedia de 1997 el Distrito Federal y la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, mientras que en el año 2000 el PRI perdió la Presidencia de la República. Los problemas derivados de la sucesión presidencial de 1988 (con la tergiversación de resultados) y en 1994 (con el asesinato del candidato del PRI) motivaron que la transferencia de poder en el año 2000 fuera cualitativamente distinta. Después de la reforma de 1996, el presidente Zedillo tendría que ser consecuente con sus procedimientos, pues debía acatar los resultados (a favor o en contra) en las gubernaturas, las cámaras de diputados y senadores, el Gobierno del Distrito Federal y la Presidencia, así como igualmente reconocer la autonomía del IFE y del Tribunal Electoral.

Desde su llegada al poder, Ernesto Zedillo asumió que tendría que haber una “sana distancia” respecto de su partido, aspecto que resultó inédito para el presidencialismo mexicano. De igual forma, tendría que dejar de usar las facultades metaconstitucionales para designar a los candidatos a gobernadores y a su sucesor. Zedillo fue el primer Presidente salido de las filas del PRI en romper con este patrón. Si la competitividad electoral y la autonomía de los órganos electorales estaba garantizada, entonces la intervención y centralidad del Presidente ya no era necesaria.

Jeffrey Weldom apuntó en aquel momento que “las condiciones metaconstitucionales para el presidencialismo han colapsado (…) sufrieron un golpe mortal en las elecciones de 2000 (…) y ya no son un factor relevante para la política mexicana”. Esto motivó que Ernesto Zedillo promoviera una elección interna en su partido para elegir candidato presidencial, por tanto la elección de 1994 sería la última en la cual el presidente designó a su sucesor, pues Zedillo ya no lo hizo durante la sucesión del año 2000. De aquí que el PRI se convertía en un partido más –que podía ganar o perder– en un contexto de franca competencia partidista.

Todo parecía indicar que este comportamiento, en donde el presidente había quedado francamente limitado para intervenir en los procesos electorales, se establecería como un nuevo patrón en el sistema presidencialista. Sin embargo, ello no fue así una vez que en el 2006 tuvo lugar la primera elección presidencial después de la alternancia en donde se presenció una decidida intervención por parte del titular del Poder Ejecutivo en favor del candidato de su partido. Para un régimen que pretende la normalidad democrática esto implica no sólo riesgos sino retrocesos.

Las restricciones constitucionales y las limitaciones institucionales que el Presidente tiene actualmente en aras de manipular una elección presidencial son visibles: no controla al IFE, no controla al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no está en sus manos (ni en las de su partido) modificar unilateralmente la legislación electoral, por lo que su centralidad en cuestiones electorales se ha acotado.

Por lo tanto, se puede considerar que Ernesto Zedillo fue consecuente con la reforma electoral que se materializó en su sexenio, así como con los nuevos procedimientos que tenía que establecer (llevar a cabo una elección directa para elegir candidato de su partido, no nombrar a la dirigencia de su partido y acatar los resultados de la elección presidencial). Con Ernesto Zedillo se habría acabado aquel patrón que permitía al titular del Ejecutivo intervenir de manera decidida en las elecciones.

Presidencialismo y elecciones después de la alternancia

De esta forma Zedillo parecía haber instaurado un nuevo patrón en el comportamiento presidencial durante las elecciones con su no intervención. En la elección del año 2000 quedó claro que el titular del Ejecutivo tenía limitaciones de tipo legal para manipular las elecciones. En cambio, acató la derrota presidencial aceptando el triunfo de Acción Nacional, y permitió la llegada de un partido de oposición (PRD) al Gobierno del Distrito Federal. La alternancia en el poder presidencial abrió la posibilidad de cambiar no sólo los procedimientos institucionales del régimen político, sino también los del sistema presidencialista y, como consecuencia, los del pri. Con el arribo de Vicente Fox al poder parecía que las nuevas reglas habían configurado una nueva lógica institucional que tendería a consolidar la democracia desde su dimensión electoral. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones de orden constitucional, en el sexenio de Vicente Fox se presentaron tendencias regresivas o enclaves de tipo autoritario, pues el patrón que había impuesto Zedillo al no intervenir en las elecciones, no sería respetado por Fox.

A pesar las restricciones que tenía la institución presidencial, Fox hizo uso de otros recursos para intentar influir en los procesos electorales que tuvieron lugar en su sexenio, particularmente en lo que se refiere a las elecciones federales de 2003 y 2006. Este comportamiento dio al traste con los avances logrados en materia de imparcialidad y equidad respecto de las elecciones. Con la intervención presidencial ciertamente no se vulneró la autonomía de órganos como el ife o el Tribunal Electoral; lo que en cambio ocurrió, fue que con la activa participación del titular del Ejecutivo desde 2003 y hasta 2006 se intentó inducir el sentido del voto ciudadano, lo que rompía con el principio de equidad. La injerencia de Vicente Fox en los procesos electorales federales se remite a la elección intermedia de 2003, en donde se convirtió en promotor activo del voto panista a través de un posicionamiento mediático difundiendo el lema “quítale el freno al cambio”. Desde aquellos comicios se discutió sobre el papel que estaba jugando el

Presidente. Ciertamente la ley electoral faculta a éste para promocionar el voto, mas no para inducirlo, por lo que se sugirió que fuera exclusivamente el IFE quien se encargara de dicha promoción.

Después de la elección intermedia de 2003, apareció una tensión en la relación entre el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador y Vicente Fox. A partir de aquella fecha, las encuestas que daban a conocer la intención del voto hacia la elección de 2006 mostraron que López Obrador era quien estaba mejor posicionado. Esta tendencia no se revirtió durante 2004, 2005 y principios de 2006, lo que motivó que el Ejecutivo movilizara una serie de recursos y de instituciones en aras de, primero, bloquear la candidatura del líder del PRD a la Presidencia y, segundo, intentar inducir el sentido del voto en contra de este candidato.

De cara a la elección presidencial de 2006 se presentaron una serie de irregularidades con la actuación de Vicente Fox. Por principio, en marzo de 2004, se presenta el acontecimiento de los “videoescándalos” en donde se mostró en los espacios televisivos a René Bejarano (personaje clave para la movilización de las bases obradoristas) recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada; posteriormente durante el año 2005 tiene lugar el proceso de desafuero contra López Obrador buscando obstaculizar su candidatura. Para ello, Fox movilizó a la Procuraduría General de la República, al Partido Acción Nacional, a la Secretaría de Gobernación y a la Cámara de Diputados con el fin de despojar al Jefe de Gobierno de la inmunidad procesal que le confería el voto popular. La estrategia del desafuero resultó un intento fallido, pues el propio Vicente Fox detuvo el proceso penal que estaba por llevarse a cabo en contra de López Obrador una vez que se le había quitado el fuero constitucional.

Cuando arrancaron las campañas –a principios de 2006–, Vicente Fox hizo –vía discurso– una serie de alusiones en forma sistemática a Andrés Manuel López Obrador. Al protagonizar el presidente Fox mediante su discurso un enfrentamiento verbal con López Obrador, era evidente que había una intencionalidad presidencial de participar activamente en la elección; uno de los lemas de campaña del PAN fue “Andrés Manuel es un peligro para México” y esto significaba una supuesta alerta a los votantes sobre los riesgos para el país si este personaje llegaba a la Presidencia. Esta intervención presidencial resultaba inaceptable porque violaba un principio fundamental de las elecciones democráticas: la equidad. La interferencia de Fox en contra de López Obrador, primero con el desafuero, y después durante la campaña, rompió con este principio. Si consideramos que la igualdad de condiciones entre los competidores en una contienda electoral es un requisito indispensable para cualquier democracia, la interferencia del titular del Ejecutivo tendió a desequilibrar las condiciones de equidad. Este comportamiento llevó a que el IFE hiciera una serie de llamados durante las campañas para que los ejecutivos locales y federal se abstuvieran de participar en las campañas; no obstante, estos llamados de la autoridad electoral no fueron respetados por Vicente Fox. Cabe señalar que una vez que terminó el proceso con la calificación y validación de la elección presidencial por parte del Tribunal Electoral, esta instancia fue explícita al señalar que la injerencia de Vicente Fox había constituido “la mayor irregularidad del proceso” y que “había puesto en grave riesgo la elección”. Esta observación es un reconocimiento por parte de este órgano de que la actuación de Fox, había trastocado el principio de la equidad. Había

Sobre este punto Ricardo Espinoza elaboró un trabajo que da cuenta de los problemas de adaptación del presidencialismo en el sexenio de Vicente Fox.  

Con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia el desgaste del proceso de sucesión presidencial volvió a mostrar signos de vulnerabilidad. El papel de Vicente Fox debió limitarse a crear las condiciones para que la elección de 2006 transcurriera bajo las condiciones establecidas por Zedillo seis años antes. Lo que suponía un proceso de adaptación por parte de la institución presidencial a las nuevas condiciones del régimen político, finalmente no sucedió. Su actuación motivó interpretaciones y juicios como “elección de Estado” y “regresión autoritaria”. Al motivar un conflicto postelectoral encabezado por López Obrador, produjo que este actor no acatara la derrota, lo que motivó una nueva reforma electoral que terminó por sustituir a una parte del Consejo General del IFE y restringir el acceso de los particulares a los medios de comunicación. El proceso de renovación de gobernantes había quedado deslegitimado, lo que implicaba que la legislación electoral debía imponer restricciones a los actores ajenos al proceso electoral, así como recuperar la credibilidad del IFE cambiando al Consejero Presidente.

En la elección intermedia de 2009, Felipe Calderón mostró una tendencia a recuperar el uso de las facultades metaconstitucionales a través de dos vías. Una, los candidatos a gobernadores de su partido debían tener su aval (no los nombró, pero requerían de su aprobación). Dos, desde su llegada a la Presidencia ha mantenido un férreo control sobre su partido, siendo un actor central en la renovación de la dirigencia primero con Germán Martínez y posteriormente con César Nava. Con ello Calderón ha dado muestras de intentar recuperar el liderazgo del partido y mantener su influencia en la designación de candidatos, aún cuando Acción Nacional tiene sus propias reglas internas para seleccionarlos. De tal forma que una vez ocurrida la alternancia, los presidentes salidos de las filas del pan no han respetado la tendencia que impuso Ernesto Zedillo, en el sentido de que los procedimientos de la Presidencia tienen que ser consecuentes con el sistema electoral competitivo, el nuevo sistema de partidos y el respeto por la autonomía de las autoridades electorales.

La intervención del Presidente en los procesos electorales se fue limitando a partir de la reforma de 1977 y hasta 1996, esto provocó una reorientación en sus relaciones con los poderes Legislativo y Judicial, su partido, el Distrito Federal, y el máximo órgano electoral. Es particularmente durante las elecciones de 1997 y 2000 cuando el titular del Ejecutivo no interviene y su papel se limita a crear las condiciones para que los procesos electorales fueran equitativos e imparciales. Esto parecía constituir un nuevo patrón en el presidencialismo mexicano. Sin embargo, al intervenir Vicente Fox en el proceso de sucesión presidencial de 2006, su actuación hizo que dicho “patrón” se convirtiera simplemente en una tendencia que no fue respetada. Esto motivó que hacia 2007 se generara una nueva reforma electoral, lo que se había ganado en credibilidad hacia las elecciones como producto de un proceso de reforma que duró casi veinte años, se perdió con la intromisión de Vicente Fox en la elección de 2006.

Con la llegada de Felipe Calderón a la silla presidencial, la actuación del Presidente en las elecciones será nuevamente motivo de vigilancia por parte de la ciudadanía, medios de comunicación, opinión pública, académicos y autoridades electorales. Los presidentes ya están limitados constitucional e institucionalmente para manipular las elecciones y la legislación que las sustenta. Sin embargo, su intervención se puede dar por otras vías, que tienen que ver con la movilización de recursos e instituciones para buscar incidir el sentido del voto en los ciudadanos, lo que pone una vez más en riesgo la legitimidad en el acceso al poder. En este sentido, el Presidente se ha constituido –después de la alternancia– en un actor que inhibió la credibilidad y legitimidad de las elecciones pues finalmente incidió en el resultado. Después de las reformas político electorales, parece que sólo el periodo que va de 1997 al 2000 habría marcado una excepción en el comportamiento presidencial en relación con las elecciones. Por lo tanto, el periodo presidencial de Ernesto Zedillo quedaría hasta ahora como el único momento en que la actuación del presidente frente a las elecciones fue discreta, limitada y consecuente con las reformas propuestas. Si bien esto propició la salida del PRI del poder político, posterior a ello no se repitió el patrón referido al nuevo comportamiento presidencial, pues el primer presidente salido de las filas del PAN buscó de una u otra manera incidir en el resultado final de la elección e intervenir decididamente en la sucesión presidencial, situación que en una democracia que pretende consolidarse resulta inaceptable, injustificable y criticable pues dio al traste con un proceso de reforma de casi veinte años.

* Doctor en Estudios Sociales. Profesor Investigador del Departamento de Sociología de la UAM-Iztapalapa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

El Barco Ebrio

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La revista de sociedad Caras publicó un reportaje sobre el gobernador mexiquense Enrique Peña, quien aparece en la portada junto a su novia. El texto promete detalles sobre la próxima boda de la pareja.

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Este enlace, que se ha fraguado durante dos años en el imaginario de la política mexiquense encuentra una fecha tentativa, a un año de las elecciones estatales donde habrá de salir el sucesor de Peña Nieto, y a dos de las presidenciales, en las cuales el mandatario es engañoso puntero en toda clase de listas de encuestas.

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Así, primero la boda del magnate Carlos Slim con la reina Rania de Jordania, a mediados de noviembre del 2010 abrirá boca para los amantes de lo socialité. Luego, el 27 de noviembre de este año, el gobernador mexiquense habrá de contraer nupcias por segunda ocasión. Este enlace tiene, como ya se ha dicho hasta la saciedad, dobles o triples intenciones, pero la mayor es, como en todo lo que hace y deja de hacer Peña, colocarlo por unos días en la gran pantalla del espectáculo mexicano para “volverlo más popular”.

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El reciente abucheo que el gobernador tuvo que sopearse en el Distrito Federal no significa nada para él, pero para quienes se encargan de dirigir su carrera política sí. Preocupados por una posible baja en los bonos de este pragmático gobernador, enamorado de los antiparadigmas, han decidido que es el momento de un nuevo impulso y para ello la ceremonia es la mejor opción. La boda, pues, será “la ceremonia del siglo”, como ya la califican algunos programas y revistas del corazón, sobre todo de las televisoras, que en México desempeñan el papel de una gran supersecretaría de Estado. Pero también descubrirá por sí misma el verdadero rostro de los gobernantes, que desde hace años en esta administración se revelaron fatuos, corruptos, enamorados del poder, de sí mismos y gastalones.

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En otro esquema, pero que de igual forma será sujeto a una revisión con lupa, el senador priista Manlio Fabio Beltrones se moviliza cada vez más visiblemente para pelearle la candidatura de ese partido a Peña y su grupo.

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En el PRI se han polarizado las “preferencias” y por ahora la gran mayoría apoyaría a cualquiera que se oponga a Peña nada más por el gusto de poner la arrogancia con la que se maneja en su lugar. La política no es cuestión de gustos sino de conveniencias y obligaciones, por lo que esta perspectiva resulta de lo más engañosa. Lo cierto es que el peñismo, cualquier cosa que signifique ese término, ha entrado en colisión, de la cual no saldrá bien librado si no ha preparado una negociación inteligente para enfrentar a Beltrones y a la misma Beatriz Paredes.

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Pero primero lo primero. Después de la boda, el gobernador debe resolver su intención pública de aspirar a la presidencia. Cada acto en el que aparece es pretexto ha sido pretexto para destaparlo, pero no ha habido ningún pronunciamiento oficial. El plan es que termine su mandato y entonces sí, hacer la precampaña que tanto daño ha hecho a los aspirantes mexiquenses. Esta estrategia, que no la es porque desde que asumió en el gobierno del Edomex ha estado en campaña, no pudo desdeñar los beneficios de controlar el presupuesto estatal y el propio cargo de gobernador, la mejor vitrina que puede tener quien desee Los Pinos.

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A estas alturas, el cargo de presidente de México significar sacarse la rifa del tigre. Casi nadie en su sano juicio querría  dirigir los destinos de esto llamada México, que es cualquier cosa menos un país.

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Y primero lo primero. Todavía antes el Ejecutivo junto con Montiel y Salinas, deberá solucionar el proceso interno priista para elegir sucesor y amarrar las elecciones estatales. Luis Videgaray, ex secretario de Finanzas estatal y subordinado de Pedro Aspe, es uno de los candidatos más fuertes. Está también Alfredo del Mazo Maza pero su querida Huixquilucan es un obstáculo casi insalvable para sus hereditarias aspiraciones. Igual se ha formado en la fila Ernesto Nemer, ex secretario particular de Emilio Chuayffet y operador político del palacio de Lerdo en la Cámara de Diputados. Nemer entiende que puede ser la única oportunidad que tendrá para ocupar ese cargo, que además desea, a diferencia del resto, y hará lo que pueda para tenerlo. Por último está Ricardo Aguilar, presidente estatal ratificado en el PRI del Edomex, y que ha logrado una recuperación electoral sin precedentes del partido, “haiga sido como haiga sido”. Luis Miranda, actual secretario de Gobierno, espera paciente mientras deciden el papel que desempeñará.

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Al PRI estatal no le preocupan las alianzas. Está más ocupado, junto con el gobierno, en neutralizar lo que ellos consideran campañas negras en contra de sus distinguidos militantes. Las alianzas partidistas están casi nulificadas, no así percepción ciudadana pero quien controle al IEEM y autorice presupuestos y prebendas será el que lleve la mano.

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A los partidos políticos en su versión estatal tampoco les ocupa demasiado ir en alianza. Cada elección, de cualquier tipo, ceden de manera vergonzosa ante las propuestas económicas que reciben para hacerse patos. Con alianza o sin ella, la propuesta llegará y deberán tomar una decisión. PAN y PRD no representan, desde hace años, una opción para los mexiquenses porque se han emparentado con el priismo de tal forma que ya se confunden en un gigantesco unipartido, tal como dictan las leyes de la sociología, que previó este tipo de sociedad hace 100 años. Ni siquiera hay necesidad de la participación del Gran Hermano, pero si la hubiera, hay ejemplos que se acercan a ese concepto.

Nueva ciudad

* Las autoridades municipales han intentado de todo, con mayor o menor esfuerzo pero no han encontrado solución para hacer frente al emergente mercado que los municipios aledaños ofertan a los inversionistas. Metepec, Zinacantepec, la propia Lerma y San Mateo Atenco son plazas más atractivas para hacer dinero. La administración priista que dirige María Elena Barrera trabaja en algunos programas que harían de la ciudad un punto “atractivo y modernizado” y pretende emplear en ello los tres años de su gestión.

Nuestro Tiempo

Toluca es una de las ciudades más difíciles para hacer prosperar un negocio. Pequeña y centralizadora de la vida política del Edomex, no es, sin embargo, una urbe industriosa a pesar de colindar con zonas de fábricas como el corredor Lerma-Toluca. El comercio establecido, una de las actividades más antiguas en la capital ha decaído en las dos últimas décadas hasta en un 70 por ciento, al menos eso reportan los negocios que se ubican en el primer cuadro.

Pero no es solamente que un negocio no funcione porque la gente no compra. Las pequeñas y medianas empresas se enfrentan, como nunca, al fenómeno de la inseguridad y quienes pueden mudan sus direcciones a territorios más seguros.

Las autoridades municipales han intentado de todo, con mayor o menor esfuerzo pero no han encontrado solución para hacer frente al emergente mercado que los municipios aledaños ofertan a los inversionistas. Metepec, Zinacantepec, la propia Lerma y San Mateo Atenco son plazas más atractivas para hacer dinero.

La administración priista que dirige María Elena Barrera trabaja en algunos programas que harían de la ciudad un punto “atractivo y modernizado” y pretende emplear en ello los tres años de su gestión. En turismo, por ejemplo, la ciudad ofrece poco o nada, en el sentido de la estridencia que el visitante busca en viajes. No es una ciudad festiva ni cultural, a pesar de encontrarse en ella algunos edificios que merecen conocerse. La oferta se desvanece luego de dos días de estancia y la tan buscada identidad toluqueña, que no existe, es incapaz de crear un comercio sustentado en este rubro. Quienes compran son habitantes de la propia ciudad.

Sin embargo, aparecen ya algunos planes dedicados a cambiar la situación, aunque por momentos suceda que se acercan más a la ocurrencia que a un verdadero programa estructurado. De pronto un Turibús recorre, aunque todavía semivacío, las calles y puntos de interés y unos nuevos portales son construidos para integrar la abigarrada imagen arquitectónica del centro capitalino. Imagen, sobre todo, es la meta de impacto para la priista Barrera, quien no puede olvidar que si los comercios abren tarde y cierran temprano no es por el frío, sino porque no hay condiciones de seguridad para establecimientos y compradores. Nadie se arriesga, pero tampoco ella. El problema de fondo no se soluciona pero sí se utilizó para las campañas electorales que al fin y al cabo ganó el PRI.

Otro proyecto que maneja Barrera es la modernización del Teatro Morelos, un vetusto pero magnífico edificio que hace años daba funciones de cine y alternaba con algunos conciertos y puestas en escena. Luego mostró su lado vano y decidió alquilarse a quien quisiera usarlo como foro. Charlatanes religiosos y políticos usurparon las verdaderas funciones. Toluca, capital mundial del chorizo, no tiene ni uno solo teatro aunque a nadie le importe.

Otros proyectos de impacto visual quedaron en el tintero por diversas razones. Golpes de audacia y verborrea llenaban los cabildos panistas desde hace 12 años y mientras unos proponían una ultramoderna pista de esquí en la zona protegida del Nevado de Toluca, otros reunían expertos para que rediseñaran los parques más populares de la ciudad. La Alameda Central, uno de ellos, fue objeto de un minucioso estudio realizado por la arquitecta Susana Bianconi, donde se proponía una imagen retro, justo como lucía en su inauguración. A pesar del proyecto terminado, entregado y autorizado, el tiempo se le acabó a aquella administración y los planos fueron guardados en alguna gaveta del archivo municipal.

Para Barrera es primordial el tiempo y con el acicate de las elecciones dobles en la entidad, entiende que no hay mejor convencedor que obras públicas visibles aunque no sean necesarias y programas populares. Así, el nuevo mercado de dulces puede encontrar nicho entre aquellos paradigmas con el pretexto de “limpiar” la plaza Fray Andrés de Castro de aquellos curiosos capuchones, simpáticos hongos metálicos  donde en su interior lo mismo venden cigarros que tortas o golosinas. Allí cerca, a tres cuadras de la plaza, una antigua calle ahora llamada Pedro Ascencio es sede de la Casa de Cultura, digno edificio y nada más, que dejaría su lugar a la Casa Nacional de las Artesanías. Las artesanías en Toluca sobreviven en tianguis al aire libre y algunos mercados. Algunos quisieron creer que un edificio como el de Casart lograría interesar al gran público pero los toluqueños son inquebrantables en sus costumbres.

La calle de Pedro Asencio será, por alguna razón de urbanística, el nuevo corredor turístico. Allí, frente a la Casa de Cultura, descana un agujero inmenso que alberga un antiguo estacionamiento y nada más. El resto son departamentos, una subsede del Legislativo y algún hotel.

Pero la gran oportunidad mediática de Barrera consiste en un teleférico que recorrería las alturas del Calvario, otro parque oscurecido por la inseguridad pero integrado ya en el moderno futurismo barreriano y haría terminal en el centro de la ciudad. Un plan similar pero que involucraba un tren suburbano fue ignorado olímpicamente por el gobierno estatal cuando el edil panista Armando Enríquez había conseguido, al menos, la palabra del gobernador Arturo Montiel. Por confiado, luego tuvo que reclamar en público al mandatario pero nada logró. Tanto atractivo haría imposible la circulación vehicular y una actividad inútil buscar cupo en algún estacionamiento. Así, las autoridades calculan que podrán hacer dos con capacidad para mil autos, que en lo útil es lo único que se necesita.

Los militares dejaron sin uso sus enormes campos pero el ayuntamiento pronto encontró que hacer con ellos. Un centro comercial, dijeron los proyectistas, que tenga como plus un nuevo centro deportivo que se llame Agustín Millán, para que así el que actualmente funciona pueda encontrar otros destinatarios.

El ayuntamiento no pagará porque es demasiado. La IP acudiría al rescate financiero para que todos ganaran. Todos ellos.

Reflejos del tiempo

* Sería interesante indagar sobre qué hay de ciencia y qué de ficción en el viaje temporal. Para ello podemos recurrir a las sabias enseñanzas del padre de la ciencia moderna, Albert Einstein, quien en 1905 nos obsequió con su Teoría Especial de la Relatividad, cuyo núcleo fundamental es la negación de la existencia del espacio y el tiempo absoluto newtoniano.

Daniel Pineda Tenor

Redalyc

Revista Ciencias 083; UNAM; 2006.

En 1895 el genial escritor de ciencia ficción, Herbert George Wells sorprendió a la comunidad intelectual con una  de las obras claves del género, The Time Machine. En ella, él mismo aparece como un joven y atormentado científico que construye, tras la muerte de su prometida bajo infames circunstancias, una máquina capaz de alterar el continuo espacio-tiempo y proyectarle, en cuestión de segundos, hacia el más remoto pasado o hasta el futuro más alejado. Esta novela, que constituye un punto de referencia en el género, sirvió de inspiración a un sinfín de autores que han aportado su visión fantástica sobre los devaneos temporales. Así, casi sin darnos cuenta, hemos asimilado tal cantidad de novelas y cuentos que ya no dudamos en clasificar al viaje temporal en el marco de la CF, sin plantearnos siquiera un poco las posibilidades reales del mismo.

Sin embargo, sería interesante indagar sobre qué hay de ciencia y qué de ficción en el viaje temporal. Para ello podemos recurrir a las sabias enseñanzas del padre de la ciencia moderna, Albert Einstein, quien en 1905 nos obsequió con su Teoría Especial de la Relatividad, cuyo núcleo fundamental es la negación de la existencia del espacio y el tiempo absoluto newtoniano. Las dimensiones y la masa de un objeto, así como la duración de un acontecimiento no son valores fijos, sino que sólo pueden determinarse considerando el movimiento de su marco de referencia en relación con un observador.

De esa forma, desde el punto de vista de un observador inercial, a medida que un sistema en movimiento se aproxima a la velocidad de la luz –la cual no puede superarse y se halla en torno a 299 mil 793 kilómetros por segundo-, los objetos tienden a disminuir su longitud, de forma que se contraen en dirección al movimiento, obteniendo una longitud nula en el límite de dicha velocidad. Asimismo, la masa de estos objetos aumentará en función de la velocidad, alcanzado su máximo en el límite de la velocidad de la luz. Por su parte, el paso del tiempo para un objeto en movimiento tendrá lugar de forma cada vez más lenta a medida que aumente la velocidad, hasta detenerse totalmente al alcanzar la velocidad de la luz. Esto es conocido con el nombre de dilatación del tiempo y, teóricamente, permite realizar viajes al futuro.

Para comprender este fenómeno podemos usar la conocida paradoja de los gemelos. Imaginemos a dos hermanos gemelos, llamados Pin y Pon, que se han doctorado recientemente –año 3527 de la era galáctica- en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ambos se hallan en situación de realizar una necesaria experiencia posdoctoral en alguna universidad extraterrestre. Pin es un ser tranquilo al que no le gusta viajar, por lo que decide quedarse en la Tierra. Pon, por el contrario, tiene un alma inquieta y decide marcharse para continuar con su formación en los confines del universo.

Conocedor de los nocivos efectos que provoca la aceleración excesiva en las estructuras biológicas, Pon decide que su nave acelere a una tasa constante de un gramo, ya que al ser ésta la aceleración de la gravedad terrestre, el peso que experimente en la nave será el mismo que en la Tierra. Es el modo más cómodo de viajar y, para lograr mantenerlo durante todo el trayecto, la nave debe acelerar a un gramo durante la primera mitad del camino y posteriormente desacelerar en la misma tasa en la última mitad. Finalmente, transcurridos 5 años, Pon alcanza su destino, se toma una cápsula de conocimiento posdoctoral y regresa de inmediato a la Tierra. Así, tras 10 años de viaje a velocidades cercanas a las de la luz, Pon vuelve a encontrarse con su hermano Pin, que le sonríe convertido en un anciano. ¿Qué ha sucedido? Aplicando las ecuaciones de Einstein bajo las condiciones descritas, en la Tierra han transcurrido 25 años mientras que en la nave de Pon el tiempo se dilataba a medida que la velocidad aumentaba, de tal forma que el número de años transcurridos es tan sólo de 10. Quizás este hecho es difícil de aceptar y aunque sea teóricamente posible, parece lógico mostrar cierto grado de incredulidad, sobre todo si no se dominan las matemáticas.

En este contexto, para obtener una comprobación empírica de la dilatación temporal se han realizado diversos experimentos empleando relojes atómicos. Si se realiza la medición de una línea espectral de un átomo de cesio 133 es posible obtener un sistema de medida altamente preciso, en el que un segundo se corresponde con la duración de 9 mil 192 millones 631 mil 770 periodos de la radiación a la transición entre dos niveles del átomo. Si se toman dos relojes atómicos sincronizados y se deja uno en situación de reposo, mientras que se somete al otro a una situación de alta velocidad, es posible apreciar cómo el último se “atrasa” con respecto al primero. Este hecho demuestra que las matemáticas de Einstein no mentían y que sería probable, teóricamente, realizar un viaje hacia el futuro. El único problema es que actualmente no es ni remotamente posible el desarrollo de un vehículo capaz de desplazarse a las velocidades requeridas.

Ante esta desalentadora evidencia, tendremos que optar por la búsqueda de alguna forma alternativa de viajar en el tiempo. La clave vuelve a relacionarse con el doctor Einstein, que en 1915 propuso su Teoría de la Relatividad General, según la cual la estructura del espacio y del tiempo no es absoluta, sino que está determinada por la distribución de la masa y la energía existente en el Universo. Esto significa que la distancia entre dos puntos del espacio-tiempo es alterada por la presencia de cuerpos masivos o energéticos. Este hecho tiene como consecuencia, por ejemplo, la desviación de las trayectorias de haces de luz al pasar cerca de las estrellas, o la formación de singularidades espacio-temporales en el interior de agujeros negros.

Cada estrella presenta una serie de estadios que son regulados por su masa específica y por las fuerzas de gravedad y nucleares. A medida que el hidrógeno y demás combustible nuclear se agotan, la estrella pasa de gigante roja a enana blanca y posteriormente a estrella de neutrones. En cada uno de estos estadios su diámetro se reduce y su masa, que apenas disminuye, se concentra en un volumen inferior. Así, la masa que conforma la estrella se sitúa a menor distancia del centro, generando un aumento en las fuerzas de gravedad que puede incluso llegar a superar la resistencia neutrónica, originando que la estrella se contraiga hasta un volumen cero y aumente su gravedad superficial hasta el infinito. Así se forma un agujero negro. Bajo estas circunstancias, en el interior de un agujero negro se establece una singularidad en la que el espacio se curva hasta el infinito y el tiempo se detiene. Entonces, partiendo de un agujero negro es posible obtener una máquina del tiempo que nos permita viajar al futuro, ya que lo único que tenemos que hacer es permanecer en su vórtice durante unos instantes mientras que los acontecimientos por venir se desarrollan a toda velocidad fuera de él.

No obstante, la entrada en un agujero negro puede resultar algo peligrosa, ya que a medida que nos acercamos a la singularidad, la diferencia de gravedad que actúa sobre la longitud de nuestro cuerpo aumenta, con lo que se sufre un proceso de estiramiento que concluye inevitablemente con el desmembramiento del individuo. Sin embargo, este no es el mayor impedimento en la utilización de los agujeros negros como máquinas temporales. Veamos. Cuando un vehículo espacial trata de abandonar la superficie de un planeta debe superar la fuerza gravitatoria ejercida por él mismo, para lo cual es necesario alcanzar la denominada velocidad de escape, que dependerá de la masa del planeta y del cerca de su centro que nos encontremos. Así, por poner un ejemplo, la velocidad de escape para la Tierra desde su superficie es de 11 kilómetros por segundo.

Cuando nos hallamos a una distancia considerable de un agujero negro, la atracción gravitatoria actuará situándonos en una órbita estable, como sucedería si nos topamos con cualquier cuerpo con masa. Sin embargo, a medida que nos aproximamos, la fuerza de atracción gravitatoria ejercida sobre nosotros aumenta de tal forma que puede obligarnos a cruzar el llamado horizonte de sucesos, que constituye un auténtico punto de no retorno del agujero. Al pasarlo, la velocidad de escape necesaria para alejarnos se vuelve superior a la de la luz. Por ese motivo nada, ni siquiera la radiación luminosa, puede abandonar un agujero negro una vez atravesado el horizonte de sucesos.

Si no podemos viajar a velocidades superiores a las de la luz, no podemos escapar de los agujeros negros. ¿Hemos de renunciar entonces a utilizarlos como máquinas temporales? Si repasamos las ecuaciones de la Teoría General de la Relatividad General podemos apreciar que son simétricas en el tiempo. Esto nos permite resolverlas en sentido opuesto, suponiendo que el tiempo está invertido, y deducir así la existencia de un tipo especial de agujero con propiedades opuestas al agujero negro habitual, uno que impida la entrada de cualquier objeto pero permita la salida de materia. Así, de la unión de ambos tipos de agujeros se obtiene el agujero de gusano, que conforma un canal a través del cual se podrían establecer viajes espaciotemporales.

La conexión entre los dos agujeros implicados no superaría el diámetro de un átomo y, además, sería altamente inestable de tal forma que entraría en colapso una fracción de segundo después de su formación. La única manera de estabilizar ese tipo de agujeros sería utilizando la energía negativa –inferior a la del vacío- y materia exótica –de propiedades inusuales. Por desgracia estos elementos no se han hallado aún en nuestro universo.

Con todo lo expuesto podemos concluir que, si bien los viajes temporales son posibles teóricamente, en la práctica la situación es más compleja. Sería para mí un auténtico placer ayudarles a solventar el problema, pero mi tiempo de parquímetro está a punto de expirar y no me gustaría encontrar que la grúa se llevó mi DeLorean. ¿Cómo podría entonces regresar al futuro?

Diabetes: mitos y creencias

* No obstante que las instituciones reportan una alta productividad en educación sobre la DM2, continúa siendo un problema de salud pública importante. Persiste un gran desconocimiento de la población sobre la evolución y complicaciones. Es evidente que predominan los significados culturales, tal como lo reflejan los múltiples mitos y creencias (en su mayoría erróneos) acerca de la misma. Este estudio revela cómo el diabético vive su enfermedad en México pero también con cuánta persistencia la ignora.

Karina López Amador/ Ocampo Barrio

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Archivos en Medicina Familiar, Vol. 9, Núm. 2, abril-junio, 2007

La diabetes mellitus tipo2 (DM2) y sus complicaciones ocupan el segundo lugar entre los principales motivos de demanda de consulta en Medicina Familiar y el primero en la consulta de especialidades. Es una de las causas más frecuentes de ingresos y egresos hospitalarios, además de generar un importante deterioro sobre la calidad de vida e ingreso económico individual y familiar, que se ve reflejado en el incremento de días de incapacidad temporal y pensión por invalidez generados por esta causa.

La dieta, actividad física y manejo farmacológico son pilares en el tratamiento de la DM2; los dos primeros entrañan una mayor dificultad y complejidad para su abordaje, al involucrar aspectos culturales y afectivos individuales y sociales, los cuales determinan la adopción de estilos de vida nocivos para la salud.

Esta situación ha originado que las instituciones de Salud reconozcan la importancia de estos factores sobre la salud y la enfermedad. Así se explica por qué en las últimas décadas la educación para la salud forme parte fundamental de las estrategias de control y prevención de la DM2.

No obstante que las instituciones reportan una alta productividad en educación sobre la DM2, continúa siendo un problema de salud pública importante. Persiste un gran desconocimiento de la población sobre la evolución y complicaciones. Es evidente que predominan los significados culturales, tal como lo reflejan los múltiples mitos y creencias (en su mayoría erróneos) acerca de la misma.

Resulta lógico señalar que para lograr un verdadero control de la DM es necesaria una intervención multidisciplinaría que permita abordar los diversos factores de riesgo. Por desconocer la verdadera naturaleza de su enfermedad, las personas diabéticas sufren innecesariamente las complicaciones, que las lleva a tener una mala calidad de vida o una muerte prematura. Hay evidencias que señalan a las prácticas alimenticias como fuertemente influenciadas por creencias y mitos y con un gran arraigo social.

Desafortunadamente la charlatanería ha influido en el manejo de la DM2. No es raro leer en los periódicos ciertos anuncios que aseguran tener la curación para la diabetes. La única manera de evitar estos abusos es reconociendo el impacto que estas creencias y mitos tienen sobre la salud y recuperar estos aspectos vivenciales dentro de los eventos educativos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que un proceso de educación para la salud es efectivo cuando identifica, en primer lugar, las creencias, mitos y barreras presentes en la población a educar y con base en esta información se establecen los contenidos temáticos.

Según Elliot P. Joslin “el diabético que más sabe, es el que más vive”. Por su parte la OMS puntualiza que “la educación es una piedra angular en el tratamiento del diabético y vital para la integración del diabético a la sociedad”.

De septiembre a noviembre del 2004 se realizó un estudio del tipo exploratorio y descriptivo que consistió en realizar una entrevista dirigida a grupos focales de personas diabéticas derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar Número 94 del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la ciudad de México, que voluntariamente aceptaron participar previo consentimiento informado. Se reunió a un total de 60 personas. Los criterios de inclusión fueron tener el diagnóstico de DM2, sin importar el tiempo de evolución, sexo, edad o tipo de tratamiento. No se incluyeron personas con alguna discapacidad física o mental que les impidiera escuchar o proporcionar información; pacientes que acudieran a algún grupo de autoayuda o al denominado “club del diabético”.

La entrevista fue del tipo no estructurada, abarcó temas sobre la enfermedad como tal, la alimentación, ejercicio, tratamiento y uso de alternativas terapéuticas como la herbolaria, con la finalidad de saber cuáles son las creencias y perspectivas de las personas diabéticas respecto a estos tópicos.

Las categorías de análisis empleadas en general fueron creencias de la diabetes, hábitos de alimentación en el paciente diabético, creencias sobre los efectos del ejercicio, creencias acerca del tratamiento y uso de la herbolaria y creencias sobre las causas del descontrol glucémico. También se recolectaron datos sociodemográficos como edad, sexo, escolaridad y años de diagnóstico de DM2. Se interrogó si en alguna ocasión habían recibido alguna plática informativa sobre DM2, estos datos que se analizaron mediante el programa (SPSS).

Personas con DM2 la perciben como una enfermedad peligrosa que los lleva a un destino inevitable de deterioro orgánico en el que algún día tendrán una o varias de las complicaciones de la diabetes sin poder hacer nada por evitarlas o retardar su aparición. Se refieren a la enfermedad como un malestar crónico, algo que les limita en varios aspectos de su vida. Les causa angustia saber que padecen DM2; los investigadores percibimos en ellos un sufrimiento psíquico permanente. Los pacientes relacionan la diabetes con cambios drásticos en su estilo de vida, sin posibilidades de llevar una vida “normal”, donde una alimentación sana y el autocuidado constituye la mayor carga.

Atribuyen como etiología de la DM2 a un “susto” o “espanto”. Algunos toman en cuenta los factores de riesgo como la herencia, obesidad, malos hábitos de alimentación como una posible causa pero no perciben el carácter multifactorial del origen de la diabetes. Argumentan que la presencia de eventos profundamente estresantes

-especialmente momentos de pérdida o fuerte impresión- como factores capaces de desencadenar la enfermedad. Otros refieren no tener idea alguna sobre el origen de la DM2.

Los diabéticos expresaron comer “de todo” como una falta a la indicación médica, no toman en cuenta el balance del aporte nutricional ni calórico, abocándose solamente a evitar o no consumir en exceso hidratos de carbono simples. No consideran al plan de alimentación como parte del tratamiento integral de la diabetes. El tipo de alimentación que se les recomienda es descrita como prohibitiva, restrictiva, como una dieta de los “no” y en la mayoría de los casos no existe apego a ella por considerarla difícil de implantar y que además no es de su agrado; la consideran muy especial y de elevado costo. Debido a que este tipo de alimentación la reconocen como “extraña” se ven en la necesidad de preparar dos tipos de alimentos, uno para las personas diabéticas y otro para los demás miembros de la familia o bien se adaptan a los gustos y preferencias alimentarias de éstos.

La familia no considera que las recomendaciones dietéticas para el paciente diabético sean para la población en general. Tienen la idea que al saberse con DM2, están destinados a que su alimentación se encuentre basada en verduras. El tipo de alimentación no permitida se basa en refrescos, azúcar, grasas y harinas sin tomar en cuenta la importancia de una alimentación balanceada.

Todos atribuyen efectos benéficos al ejercicio, sin embargo no tienen una idea clara respecto a los beneficios de éste en la hiperglicemia. Por otra parte, no lo consideran parte del tratamiento integral. No tienen el hábito del ejercicio como práctica diaria a pesar de estar concientes de los beneficios de éste o si se lleva a cabo no es con el ritmo, frecuencia y duración recomendada para que sea efectivo. Se tiene la creencia que las actividades diarias forman parte del ejercicio efectivo.

Todos atribuyen mejoría con el tratamiento a base de pastillas, aunque piensan que a largo plazo tendrán un efecto colateral, afectando principalmente al riñón, no por la propia enfermedad sino por la cantidad de medicamentos administrados. Existen modificaciones por parte de los pacientes en cuanto al horario y dosis del medicamento según su percepción de bienestar o sensación de tener hiperglucemia. Persiste la idea cultural de que la insulina es causante de ceguera y temen su uso; algunas personas difieren de esta idea, principalmente las que la utilizan actualmente.

No obstante la larga de evolución del padecimiento y uso prolongado del medicamento, llama la atención que no se recuerde el nombre del fármaco, lo cual denota -además- escaso interés por su autocuidado; esta situación conlleva el riesgo de confundir los medicamentos al momento de su ingesta, en especial cuando se realiza el tratamiento de otras enfermedades crónico-degenerativas.

La mayoría de los pacientes hacen uso de algún tratamiento alternativo como complemento del prescrito por el médico, encontrando con más frecuencia el uso de infusiones y nopal con xochonoxtle; los pacientes tienen preferencia por éstos y en algunas ocasiones suspenden el medicamento “alopático” por tomar el tratamiento alternativo. Algunos otros encuentran confianza únicamente en el medicamento, pues aunque preferirían llevar tratamiento con herbolaria consideran que es necesario el conocimiento adecuado de éstas y su dosificación y otras no lo toman en cuenta.

En general tienen una idea clara de las complicaciones de la DM2, aunque las perciben como algo que poco o nada pueden modificar. Manifiestan mucho temor a padecerlas y en la mayoría de los casos las conocen porque las han visto en sus familiares, amistades o en ellos mismos.

La mayoría está conciente sobre cómo se pueden evitar o retardar las complicaciones. Atribuyen al tratamiento, al plan alimentario, a la actividad física y sin embargo no presentan un adecuado apego a éstos. La mayoría se encuentran con glucemias por arriba de lo que consideramos un control regular y en algunas ocasiones no recuerdan su control, como una negación a todo lo que implica la diabetes y poco interés por su autocontrol. Tienen clara conciencia que la trasgresión en la dieta o falta de apego a las indicaciones médicas son causa de descontrol glucémico; sin embargo persisten esos hábitos.

Las personas con las que se tuvo contacto perciben a la diabetes como una enfermedad incurable y peligrosa, malestar crónico que los estigmatiza, percibiendo alteraciones emocionales como talante bajo, resultados que también son descritos por Jáuregui-Jiménez y De los Ríos Castillo.

Es necesario orientar al paciente diabético sobre el padecimiento haciéndose énfasis sobre la alimentación como parte del tratamiento de la DM2, involucrando a la familia para que se integre; este tópico concuerda con Méndez, quien reporta que los diabéticos tienen la necesidad de mantener solidaridad con la familia para poder sobrellevar la enfermedad.

Los pacientes están concientes de que una de las causas más importantes de la hiperglucemia es la constante transgresión dietética o desapego al tratamiento, como si existiera un duelo no resuelto debido a la pérdida de la salud. Como consecuencia de la fase de negación y donde no interesa el autocuidado, es necesario enfocar, además de la educación como piedra angular en el buen control de la diabetes, el estado afectivo del paciente pues se ha comprobado que quien recibe terapia psicológica lleva mejor control glucémico, a diferencia de los que sólo reciben educación.

* Extracto. La versión original fue publicada originalmente con el título de “Creencias sobre su enfermedad, hábitos de alimentación, actividad física y tratamiento en un grupo de diabéticos mexicanos”, en la revista de Archivos en Medicina Familiar, Vol. 9, Núm. 2, abril-junio, 2007, pp. 80-86.

La ley

* La reacción ante la aprobación de la llamada “Ley Peña” no se hizo esperar por parte de las cúpulas panista y perredista, que coincidieron en calificar la medida como autoritaria y regresiva, reforma que ni siquiera “Pinochet se atrevió a realizar y que equivale a la eliminación del contendiente electoral”.

Elpidio Hernández

Todo parecía indicar que la sucesión gubernamental en el Estado de México sería prácticamente un día de campo para el Partido Revolucionario Institucional, que el cinco de julio de 2009 dio una muestra de poder al adueñarse de prácticamente todo lo que había en juego. Las pláticas para formalizar una alianza entre panistas y perredistas cambiaron por completo el panorama, más aún cuando el 4 de julio pasado quedó demostrado que las alianzas son viables para derrotar cacicazgos políticos como sucedió en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, donde los gobiernos priistas se habían perpetuado en el poder más de ocho décadas.

Esta no es la primera ocasión que el mexiquense Peña Nieto intenta romper alianzas. En octubre de 2009 su secretario general de Gobierno, Luis Miranda Nava, firmó como testigo de honor un documento en el cual los dirigentes César Nava del PAN y Beatriz Paredes Rangel del PRI, se comprometían a no formar coaliciones electorales con otros partidos políticos en el Estado de México a cambio de que se aprobara el incremento al IVA en la Cámara federal.

Un año después el gobernador envió al diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), antes alcalde priista de Huixquilucan, Adrián Fuentes Villalobos -señalado de hacer el trabajo sucio que ni siquiera los priistas quisieron hacer- a presentar ante el Pleno del Congreso mexiquense un paquete de iniciativas para reformar el Código Electoral, donde sobresalió la eliminación de la figura de candidaturas comunes y la reducción de los tiempos de campaña, de 72 a 45 días.

Aunque el portal electrónico del Congreso mexiquense reporta 122 iniciativas pendientes de resolución, algunas de ellas, incluso con fecha septiembre del 2009, a la mayoría priista le fue suficiente cinco días hábiles para presentar la iniciativa, avalarla en comisiones y votarla en el Pleno, donde fue aprobada con 52 votos a favor y 21 en contra. Al voto priista, ecologista, aliancista y socialdemócrata se sumó el de los diputados de Convergencia, que le han otorgado respaldo a Peña en momentos cruciales como en la designación de Fernando Baz Ferreira como titular del Órgano Superior de Fiscalización; en el nombramiento de Marco Antonio Morales Gómez como titular de la Codhem y en la ratificación de Alfredo Castillo Cervantes como procurador de Justicia. Incluso, el diputado convergente Horacio Jiménez López, fue el firmante de un paquete de propuestas que, entre otras modificaciones, daban facultades al gobernador para nombrar magistrados, propuesta que a pesar de ser aprobada por los legisladores tuvo que ser inhabilitada por el propio Ejecutivo. 

La reacción ante la aprobación de la llamada “Ley Peña” no se hizo esperar por parte de las cúpulas panista y perredista, que coincidieron en calificar la medida como autoritaria y regresiva, reforma que ni siquiera “Pinochet se atrevió a realizar y que equivale a la eliminación del contendiente electoral”, sostuvo el perredista Guadalupe Acosta Naranjo.

Los diputados panistas, perredistas y petistas se manifestaron, folclóricos y vestidos de negro, llevando en hombros un féretro con la frase “En memoria de la Democracia”, el cual fue colocado en la tribuna de la Legislatura junto con esquelas que tenían engarzada la leyenda “El Grupo Parlamentario del PRD del Estado de México lamenta la irreparable pérdida de la DEMOCRACIA ¡Enrique Peña la mató con la reforma electoral! Hacemos votos para que los mexiquenses NO encuentren resignación”, y justo cuando el firmante de la iniciativa daba lectura a su discurso, un mariachi recorrió los pasillos del recinto entonando Las Golondrinas.

Aunque para panistas y perredistas queda la opción de participar en coalición si es que así lo desean, los dirigentes de esos partidos anunciaron que promoverán un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero el gobernador ya tiene preparada una estrategia más eficaz para resquebrajarla por completo; panistas y perredistas considerados a su servicio ya tienen luz verde para reventar desde adentro cualquier intento de alianza electoral. Los primeros en manifestarse fueron el ex diputado perredista Higinio Martínez, conocido en el mundo de la política con el mote de “PRIginio”, quien anunció que el Grupo de Acción Política que dirige “sólo promoverá una alianza con las fuerzas de izquierda”, por su parte Domitilo “DoPRItilo” Posadas, con su corriente Socialdemocracia también anunció a principios de septiembre que se opone a una alianza con los albicelestes. En columnas locales circuló la versión de que la administración mexiquense habría desembolsado 25 millones de pesos en efectivo para cada uno de los operadores que recibieron aquella encomienda.  

Para el politólogo y catedrático de la facultad de Ciencias políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, Eduardo Rodríguez Manzanares, la reforma al Código Electoral está relacionada con los resultados que se dieron en los procesos de Oaxaca, Puebla y Sinaloa pues no está dispuesto a perder la elección en el territorio que gobierna “por todo lo que se está jugando el gobernador, ni más ni menos que ser el abanderado de su partido a la presidencia de la república”.      

– ¿Qué hay detrás de la reforma que elimina las candidaturas comunes en el Edomex?

– Me parece que es una acción que emprende el Ejecutivo estatal en aras de debilitar o fragmentar un proyecto que partidos políticos distintos a su partido intentan realizar, fórmula que ya vimos resultó exitosa en otras entidades federativas en julio de este año en los estados de Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Un intento para desalentar e impactar en esas fuerzas políticas, pero considero que la decisión la tendrá que tomar la sociedad, si los electores no están de acuerdo en las candidaturas comunes, en las alianzas o coaliciones lo manifestarán el día de la elección. El Ejecutivo, por su parte, está jugando su papel en una aspiración legítima, aunque muy anticipada. Estamos viendo a un gobernador muy activo de cara al 2012, pero además quiere dejar a su sucesor en el 2011 al precio que sea, debería ser más cauteloso.

– ¿Es paradójico que sea el PVEM el que presente la reforma para eliminar las candidaturas comunes?

– Al eliminar las candidaturas comunes se deben cuestionar el caso de las coaliciones o alianzas, y entonces habría que preguntarle al Partido Verde Ecologista de México qué ha hecho en los últimos años. Desde el 2000 a la fecha lleva diez años viviendo del sistema de partidos y del presupuesto que se le asigna por parte de los contribuyentes cautivos de este país. Nos cuestan mucho estas instituciones políticas que terminan siendo aliados o cobijados por otras fuerzas políticas. En el caso del Verde en el 2000 se alió con Acción Nacional y a partir de 2003, en el caso del Estado de México no se le ha visto como un partido político que realmente asuma su postura de aspirar al poder, más bien ha encontrado ese mecanismo que le permite seguir en el presupuesto que gozan estas fuerzas políticas.   

– ¿El gobernador Peña está detrás de esta propuesta que fue presentada por el PVEM?

– Soy más de la idea de que los partidos políticos tendrían que asumir su papel como verdaderas instituciones políticas del Estado mexicano. He criticado que la suma de esfuerzos entre PAN y PRD es de carácter pragmático, donde efectivamente a los electores nos quedan muchas dudas en cuanto a la esencia de un partido político. No les importa cómo van a gobernar, bajo qué mecanismo, qué estrategias van a utilizar. Estamos frente a una crisis acentuada de identidad, las ideologías están pasando a un término secundario, solamente es el requisito para constituirse y después de haber logrado su registro se convierten en entes pragmáticos. Respecto a esta estrategia que utiliza Peña, habría que preguntar qué fue lo que pensó la Legislatura anterior cuando, en 2008, emprende una reforma y considera conveniente la figura de las candidaturas comunes. Dos años después, el titular del Ejecutivo a través de los legisladores priistas intenta eliminarla. Me parece que esta decisión está relacionada con lo que pasó en los procesos de Oaxaca, Puebla y Sinaloa, que se convierten en una amenaza para el partido político gobernante.

– ¿Las candidaturas comunes en verdad confunden al electorado, como lo afirman el gobernador y el diputado del PVEM?

– Cuando el gobernador menciona que las candidaturas comunes confunden a los electores, es una visión parcial, pues también se podría argumentar que las alianzas y coaliciones como las que hace con el PVEM confunden; no sólo hay que irse con el engaño de la candidatura común, también habría que preguntarse si las alianzas y coaliciones son muy claras para identificar a un partido político de otro. Otro punto a considerar es qué es lo que pasa con el Verde Ecologista, que gracias a esa relación se ha conservado en las esferas del poder y figuras del PRI como Miguel Sámano, Juan José Abaid y Adrián Fuentes son postulados por el Verde. Pregunto a simpatizantes, militantes y adherentes del Verde si realmente están conformes con esa alianza que se ha formado desde hace años con el PRI, pregunto a la cúpula de ese partido si les importa el sentir de sus militantes. Debemos analizar, además, cuáles son los alcances de las coaliciones. En México son solamente coyunturales para un momento específico: ganar una elección. Lo mismo pasó con la claudicación de Porfirio Muñoz Ledo hacia Vicente Fox, que estaba abanderado por el Partido Autentico de la Revolución Democrática. Ya no podemos hablar de una ideología del PAN o del PRD, sigo cuestionando las sumas entre antagónicos cuando el PRD no es capaz de reconocer a Felipe Calderón como el presidente constitucional y algunas voces del perredismo siguen rechazándolo, mencionándolo como un presidente espurio y reconocen a Andrés Manuel López Obrador legítimo. ¿Cómo es entonces que se sienten en la misma mesa a negociar botines del poder para ganar esos espacios y no se están pensando en instituciones?

– ¿Es el poder por el poder?

– Sí, pero no solamente en el caso del PAN-PRD, son también las alianzas como las del PRI con el Verde Ecologista o como lo está exhibiendo Nueva Alianza, que un rato está con unos y luego con otros. El poder por el poder, al precio que sea, y en eso han incurrido PAN, PRD, PRI, Nueva Alianza, Convergencia. Estamos reproduciendo lo que se criticaba en el pasado, con el presidencialismo exacerbado, con un partido político hegemónico en la escena, con un gobernador que tiene a modo una Legislatura.          

– ¿Hay temor del gobernador y por eso quiere romper las alianzas, como lo intentó en octubre del 2009?

– Da la impresión de ser así, pero creo que cualquier gobernador debe ser un demócrata convencido y esta acción de echar reversa a la aprobación que la Legislatura local anterior hizo en el Código Electoral para incorporar la figura de candidaturas comunes, parece regresar al autoritarismo. Son síntomas de que ni algunos priistas jóvenes están dispuestos a desechar aquellas prácticas; el gobernador, político joven, debería actuar de otra manera, con más inteligencia. 

– ¿Sin 2011 habría 2012 para Peña Nieto?

– En una lógica de fuerzas, Peña tiene la oportunidad de entregar buenas cuentas al PRI y obtener una candidatura en 2012. Como se está jugando, veo un escenario muy fácil para el gobernador, se están capitalizando las flaquezas de los partidos y por otra la hegemonía que en este momento tiene el gobernador con una Legislatura muy a modo. Si a eso le sumamos los resultados de 2009 diríamos que el escenario está listo para que el PRI conserve la gubernatura del Edomex. Tendrá una primera prueba de fuego al nombrar un candidato que logre el proyecto. Veremos como se comportan los grupos priistas del Valle de México porque dirán que “ya nos toca”, pero al final me parece que el PRI sacara avante su proceso interno como lo hizo en 1999 y 2005. El gobernador deberá revisar también qué ha dejado de hacer en aras de atender un proyecto. Acaba de mandar de echar reversa a las candidaturas comunes como si fuera un mensaje además de –yo diría- poca tolerancia, de poco ejercicio democrático de personajes que aspirar a cargos importantes. 

– ¿Coincide en que por separado PAN y PRD no tiene posibilidad? ¿En alianza pueden obtener el triunfo?

– Leí las declaraciones que hicieron ex consejeros como Bernardo Barranco, que decía que si se da la alianza PAN-PRD seguramente pierde el PRI. Veo difícil el escenario para que el PRI pierda en el Estado de México. El principal reto será lograr un candidato sin que haya ninguna escisión en su partido. En el caso del PAN y el PRD hay flaquezas, habría que preguntarse quién puede ser el que pueda darle un plus a la contienda electoral. Veo un escenario difícil para el PAN, muy difícil para el PRD.

Al estilo mexiquense

* Empotrado en el balcón central del Palacio de Gobierno, el gobernador dio muestra de que su popularidad se mantiene intacta y que ni la reforma que dispuso en el Congreso estatal despeinó su copete; pocos, muy pocos fueron los abucheos que se dejaron escuchar para el aspirante presidencial, apenas un recordatorio gritado tímidamente por un pequeño grupo, pues pesaron más las muestras de afecto, aplausos, saludos y solicitudes de “¡beso!, ¡besos!” con Angélica Rivera. Incluso, uno que otro no tuvo problema en gritar “¡Peña para presidente!”, mientras que el “¡Peña! ¡Peña!” fue organizado desde los propios balcones por los funcionarios.  

Elpidio Hernández

“Vivan los héroes que nos dieron Patria y Libertad. Viva la Independencia nacional. Viva Hidalgo. Viva Morelos. Viva Allende. Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Viva Guerrero. Viva el Bicentenario de la Independencia. ¡Viva México! ¡Viva México.

¡Viva México!”, fueron las arengas que lanzó el gobernador mexiquense Enrique Peña desde el balcón central de palacio para festejar 200 años de vida independiente. Mientras el titular del Ejecutivo hacía redoblar las campanas, la rancia Plaza de los Mártires se desbordaba de alegría con los fuegos pirotécnicos y el espectáculo multimedia que proyectó una breve reseña del movimiento armado de 1810.

Pero las actividades del 15 de septiembre fueron utilizadas por el gobernador para su lucimiento personal; de su prometida, la actriz Angélica Rivera y del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ernesto Nemer Álvarez, quienes acompañaron al mandatario durante la apretada agenda del día que incluyó la entrega de la Presea Bicentenario, la develación de murales, la inauguración de las Torres Bicentenario, el Grito de Independencia y culminó con una cena de gala a la que asistieron trescientos invitados especiales, parte del jet set político, empresarial e intelectual del Edomex, donde pulularon trajes oscuros combinados con corbatas rojas y los vestidos de noche con detalles alusivos a las fiestas patrias.

En el último Grito de Independencia que ofreció al frente de la administración pública estatal, el más aventajado en las encuestas presidenciales no dudó en echar la casa por la ventana. Cifras del titular de la Secretaría de Finanzas mexiquense, Raúl Murrieta Cummings, reportan que se erogaron cerca de 210 millones de pesos en los festejos sin contar los edificios, escuelas, hospitales y carreteras que han sido inauguradas con el nombre “Bicentenario”, junto al de algún personaje famoso de la historia nacional; la mayor parte de los recursos fueron destinados a la edificación de las Torres Bicentenario, cotizadas en 150 millones de pesos y consideradas el emblema; veinte millones más fueron puestos a disposición del poder Legislativo, diez millones para el Judicial y treinta millones fueron utilizados por el Ejecutivo para la contratación de artistas, espectáculo multimedia, los eventos que se realizaron durante el día y la cena en las recién inauguradas Torres Bicentenario, todo ajeno para los viandantes comunes y corrientes.

Por segunda ocasión en septiembre, las céntricas calles de la capital mexiquense fueron completamente sitiadas por elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), uniformados y encubierto que se sumaron a la policía municipal y la escolta personal del gobernador, que resguardó la integridad de los asistentes; fuerzas estimadas en al menos tres mil efectivos que fueron desplegados en el primer cuadro de la ciudad e incluso grupos de las fuerzas especiales se instalaron en las azoteas de los edificios de los poderes de la Unión, así como en la alcaldía municipal.

El temor sobre un posible atentado por parte del crimen organizado hizo que el cordón de seguridad se duplicara en el centro de la ciudad y en prácticamente todos los municipios de la entidad; en los accesos al corazón de la capital mexiquense se instalaron filtros de revisión provistos de arcos detectores de metal fuertemente custodiados por la policía municipal y estatal que intentó, sin mucho éxito, prohibir la entrada de bebidas alcohólicas, huevos, confeti, espuma o cualquier objeto que pudiera poner en riesgo la integridad de los asistentes.

Desde la mañana del 14 de septiembre camiones con la leyenda CREA -firma dedicada “a la producción y desarrollo de espectáculos y eventos artísticos de cualquier índole” que, según documenta el reportero de la revista Proceso, Jenaro Villamil es una de las tres empresas brokers de Televisa, junto con Tv Promo y Radar Servicios Especializados, se anclaron en la Plaza de los Mártires para instalar el escenario que en esta ocasión fue dispuesto de manera diferente. La enorme estructura de metal por donde desfilaron el grupo Merenglass, El Trono de México, Ninel Conde y Pepe Aguilar fue ubicada entre la catedral de Toluca y el edificio del Ayuntamiento.

Entrada la tarde, los colores patrios inundaban por completo las calles y a pesar de que la administración de la alcaldesa María Elena Barrera es una de las más quisquillosas con los vendedores ambulantes, sobre las avenidas Hidalgo, Juárez e incluso sobre los pasillos de los portales se podía encontrar decenas de carritos y puestos que comercializaban toda clase de accesorios para el Grito, desde rehiletes, sombreros, pelucas, cornetas, espumas, bigotes, llaveros, rebozos y banderas que costaban entre 5 y 150 pesos.

Los locatarios de los portales también se unieron a las festividades independentistas y prácticamente todos los comercios fueron engalanados con adornos, desde las fachadas hasta los aparadores de las mercancías, mientras que los negocios más folclóricos ataviaron a los empleados con ropajes o accesorios alusivos, muchos con la intensión de ganar la pantalla de 42 pulgadas que puso en juego el ayuntamiento de Toluca para el local mejor adornado.

Desde temprano las calles que rodean al zócalo mexiquense como Lerdo de Tejada, Independencia, Nicolás Bravo y Riva Palacio fueron cerradas al tránsito vehicular; a las cinco de la tarde cientos de personas hacían inmensas filas para ingresar a una cercada Plaza y mientras aquellos espacios se poblaban de entusiastas mexiquense, los conductores de la gubernamental Televisión Mexiquense enfundados en trajes típicos se instalaban en diferentes puntos para continuar con su transmisión especial, que dio amplia difusión a las actividades del gobernador; ese grupo era encabezado por la presentadora Anayanssi Moreno, considerada, según el diario El Universal como “una de las diez comunicadoras más influyentes del Edomex”.

A las seis de la tarde la vetusta plaza desbordaba alegría con el inicio de la verbena popular. Familias completas esperaban “el desfile de estrellas”, como animadamente le llamó la administración mexiquense a los artistas que contrató para amenizar.

El primer grupo en saltar al escenario fue “el tropicalísimo Merenglass” que con su famoso “kulikitaka” y el Baile del Venado incendiaron los ánimos. Los músicos dominicanos entonaron algunas canciones muy patriotas como el Cielito Lindo, ampliamente coreada por los asistentes, lo mismo que algunos de sus éxitos como “Sopa de Caracol” y “El Baile del Oso”. 

A las siete de la noche los filtros de seguridad seguían abarrotados; a un costado de los detectores los efectivos policiacos apilaban decenas de latas de espuma y objetos con rango de impenetrables como botellas de vino y cerveza, que tenían que ser bebidas apuradamente por sus portadores.

Para cuando salió a escena el “Trono de México”, el lugar era un bullicio. Sin embargo las barreras de acero y las interminables columnas de policías que resguardaban el frente del Palacio de Gobierno y el espacio por donde fue trasladada la bandera nacional hacían más difícil el paso. A pesar de la aglomeración, “El Trono” hizo bailar al ritmo del “pasito duranguense” a muchos de los asistentes.

Con la llegada de la noche el centro se convirtió en una gran fiesta multicolor con los miles de focos verde-blanco-rojo colocados sobre las principales avenidas, formando leyendas como “1810-2010” que escudaba la campana de Dolores o la inmensa águila diseñada en cientos de luminarias y colocada en la esquina surponiente de la Plaza España, a un costado de la iglesia del Carmen.  

Mientras, muchos se dieron una escapada a la Plaza Ángel María Garibay (frente al Cosmovitral), donde se instalaron poco más de doscientos puestos ambulantes que expendían todo tipo de antojitos mexicanos, desde el tradicional pozole, flautas, enchiladas, pambazos, tostadas hasta el muy solicitado taco de carnitas. No podían dejar de faltar las aguas frescas y las piñas coladas, los clásicos algodones y los harinosos buñuelos. Aunque el ayuntamiento anunció que los doscientos comerciantes que recibieron el permiso para vender tendrían una infraestructura homogénea, aquella recomendación pasó desapercibida para prácticamente todos. 

La “sensualidad” llegó al escenario cuando, poco después de las nueve de la noche, subió al escenario la actriz de Televisa, Ninel Conde, quien ofreció un show que deleitó a los toluqueños; en su presentación, que duró poco más de una hora, el llamado “Bombón Asesino” se dio tiempo para canciones muy mexicanas, pero la más aplaudida fue el que tal vez sea el único éxito de su carrera y que da nombre a su sobrenombre.  

A veinte minutos de las once de la noche, los portones de la presidencia municipal se abrieron para dar paso a la escolta que portaba la bandera nacional, cortejo encabezado por la alcaldesa priista Barrera, quien fue acompañada hasta el Palacio de Gobierno por el cabildo toluqueño como el síndico Andrés González Nieto y el regidor Víctor Álvarez Herrera. En las gigantescas pantallas de televisión colocadas en diferentes puntos de la plaza, se daba fe del tranquilo camino que siguió la comitiva, resguarda en todo momento por una inmensa valla de policías municipales y estatales.

En el Salón del Pueblo, Barrera, enfundada en un elegante vestido blanco y una chalina roja, hizo entrega del lábaro patrio al gobernador, quien a la once en punto salió al balcón central acompañado de su prometida y de los seis hijos mutuos para dar el tradicional Grito. En el balcón ya había sido colocado un mástil con las arengas que habría de lanzar y después de emular Dolores hizo tañer las campanas y ondeó la bandera que hizo que la alegría se desbordara, al tiempo que las cornetas sonaron y cientos de latas de espuma fueron vaciadas, a pesar del aparatoso filtro de revisión que en la teoría no permitía el ingreso de esos objetos.

Al equipo de logística que se encarga del mínimo detalle para que todo le salga bien al gobernador se le olvidó preparar el Himno Nacional y el del Estado de México que brillaron por su ausencia; luego de ondear las banderas, todas las luces del primer cuadro fueron apagadas para el espectáculo multimedia que se proyectó en la fachada del Palacio y en algunos de los balcones, donde fueron colocadas pantallas blancas para recrear el movimiento armado. Ahí se pudieron distinguir las siluetas de los próceres de la nación y algunos de los pasajes más importantes de la lucha independentista, como el llamado que hace el cura Hidalgo para levantarse en armas. Incluso se recreó una batalla que llenó de fuego los balcones. Un nutrido aplauso se dejaba escuchar con cada pasaje histórico que culminó con una melodía.

Luego irrumpió el fuego en el corazón de la capital, que se convirtió en un concierto de flamas con un espectáculo pirotécnico que se extendió durante más de veinte minutos ante la algarabía de la familia Peña-Rivera, que no cesaba de saludar a la muchedumbre desde su balcón. En el resto, funcionarios acompañados de familiares, empresarios, invitados especiales, atentos a las proyecciones y la pirotecnia que iluminaba como nunca la vetusta catedral. En el palacio legislativo apareció, con fuegos pirotécnicos, el semblante de Josefa Ortiz de Domínguez, mientras que en el poder Judicial, el de Morelos. Por su parte, la alcaldesa le mandó hacer a su ex-jefe el imagotipo del “gobierno que cumple”, encendido en la azotea del palacio municipal.    

Empotrado en el balcón central del Palacio de Gobierno, el gobernador dio muestra de que su popularidad se mantiene intacta y que ni la reforma que dispuso en el Congreso estatal despeinó su copete; pocos, muy pocos fueron los abucheos que se dejaron escuchar para el aspirante presidencial, apenas un recordatorio gritado tímidamente por un pequeño grupo, pues pesaron más las muestras de afecto, aplausos, saludos y solicitudes de “¡beso!, ¡besos!” con Angélica Rivera. Incluso, uno que otro no tuvo problema en gritar “¡Peña para presidente!”, mientras que el “¡Peña! ¡Peña!” fue organizado desde los propios balcones por los funcionarios.   

En el patio de Palacio, Peña y Rivera -ataviada con un elegante y sofisticado vestido rojo, largo y escotado por la espalada- fueron los encargados de romper el tradicional baile. Afuera el dios Tláloc se compadeció de los mexiquense y no apareció la lluvia.

La fiesta se prolongó hasta entrada la medianoche, cuando Pepe Aguilar ofreció un concierto con sus más grandes éxitos como “Me estoy acostumbrando a ti”, “Por una mujer bonita”, “México lindo y querido”, “El rey” y terminó la velada entonando las tradicionales Mañanitas.    

Ese 15 de septiembre bicentenario Peña tuvo su propia agenda que disfrutó acompañado de la elite política mexiquense. Desde el mediodía el acceso fue restringido al Teatro Morelos, donde el mandatario entregó el reconocimiento especial del “Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución” a 18 personalidades, siete organizaciones y cuatro instituciones; entre otros entregó el Identidad a Isidro Fabela Alfaro (post mortem); el de Equidad a la Fundación Pro Zona Mazahua; al Banco de Alimentos Cáritas; a La Fundación Teletón México, CRIT Estado de México y Fundación Teletón; mientras que en conocimiento se distinguió a la máxima casa de estudios de la entidad UAEM. En el evento estuvo acompañado por su inseparable Ernesto Nemer, por los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, Lucila Garfias Gutiérrez y Baruch Delgado Carbajal, respectivamente y por el secretario general de Gobierno Luis Miranda Nava entre muchos otros que abarrotaron el vetusto Teatro Morelos.

Más tarde inauguraron los murales del “Bicentenario de la Independencia Nacional y Centenario de la Revolución Mexicana” en el Palacio de Gobierno, que proyecta la visión de los maestros Leopoldo Flores, Luis Nishizawa, Ismael Ramos y Ulises Licea, las cuales comprenden las cuatro etapas de la historia de México: la prehispánica, independentista, revolucionaria y contemporánea. Luego de develar una placa conmemorativa acompañado de los creadores de los murales, de José Narro Robles, rector de la UNAM; Eduardo Gasca Pliego, rector de la UAEM y los ex gobernadores Alfredo del Mazo González y Alfredo Baranda García realizó un recorrido para conocer a detalle la obra.

Los eventos particulares continuaron a la entrada de la capital, donde rodeado de un impresionante aparato de seguridad, inauguró las Torres Bicentenario donde apretó el botón que encendió la iluminación de la monumental obra que lució en su máximo esplendor al quedar revestida con luces en verde, blanco y rojo; simultáneamente se escuchó el Canto a la Libertad, en voz del Coro Monumental de Niños de México, acompañado por un espectáculo de fuegos artificiales, fuentes danzantes y una bandera blanca con el “Gobierno que cumple”, que ondeaba en lo más alto de un mástil. Las dos torres en forma de hélice que ascienden en espiral por 67 metros, fueron construidas con 100 bloques de acero. El museo cuenta con dos salas para exposiciones alternas, área para biblioteca y auditorio para 150 personas. Los trabajos tuvieron una inversión de 150 millones de pesos y aunque se hizo hincapié en que se terminaron en su totalidad, las instalaciones quedarán vacías y sólo serán ocupadas hasta el próximo 20 de noviembre.     

El culto a la personalidad culminó con elegante y exquisita cena de gala que ofreció Peña después de encabezar el Grito, en las recién inauguradas Torres Bicentenario. Ahí se dieron cita más de trescientos invitados. El gobernador endulzó los oídos de sus asistentes, pues les dijo que entre mexicanos no hay una guerra que declarar, sino problemas comunes que resolver; que la desigualdad, la pobreza, el estancamiento económico y la inseguridad habrán de ser superados con el esfuerzo sostenido de todos los mexicanos y terminó su discurso arengando que esa noche también simboliza nuestra unidad y nos convoca a hacer del México del siglo XXI “la nación próspera, libre e igualitaria”, en un evento a puertas cerrada, para unos cuantos.