La representación de organizaciones como el Centro Nacional de Comunicación Social y el Comité Cerezo México, denunciaron que en el país, las y los defensores enfrentan actos de hostigamiento, amenazas, procesos penales infundados, ataques físicos y asesinatos.
Guadalupe Cruz Jaimes/CIMAC
Organizaciones civiles mexicanas plantearon ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la necesidad de crear un mecanismo que proteja a las y los defensores de derechos humanos en el país, debido a la falta de respuestas por parte del Estado mexicano.
Asociaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, señalaron en la audiencia que se llevó a cabo el pasado 28 de octubre, que las autoridades del país no investigan los ataques contra las y los defensores y tampoco otorgan las medidas cautelares necesarias.
Durante su intervención en el 140 periodo de sesiones de la CIDH, las organizaciones expusieron la problemática de violación a derechos de las y los defensores, que se caracteriza porque 98 por ciento de las 128 agresiones cometidas en contra de las y los defensores de Derechos Humanos (DH), de 2006 a 2009, han quedado impunes.
La representación de organizaciones como el Centro Nacional de Comunicación Social y el Comité Cerezo México, denunciaron que en el país, las y los defensores enfrentan actos de hostigamiento, amenazas, procesos penales infundados, ataques físicos y asesinatos.
Los riesgos se agravan cuando las y los defensores se dedican a reivindicar derechos como los sexuales y reproductivos, el derecho a la diversidad sexual, la defensa del medio ambiente y los derechos de las personas migrantes.
Debido a estas agresiones, incluidas las registradas en contra de los periodistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares en 84 casos, la mayoría no fueron aceptadas por el Estado mexicano y las que fueron aceptadas no se cumplieron, sostienen las autoridades.
La falta de atención y respuesta por parte de las autoridades mexicanas a las denuncias realizadas por las y los defensores víctimas de amenazas y agresiones, así como la falta de implementación y seguimiento de medidas de protección planteadas por organismos internacionales, obliga a las y los activistas a insistir en la creación de un mecanismo de protección.
Esta petición después de ser ignorada reiteradamente por las autoridades mexicanas, fue planteada al Sistema Interamericano.
En la CIDH, las organizaciones como Red Todos los Derechos para Todos y Todas, señalaron que el mecanismo de protección para las y los defensores debe contar con un marco normativo claro que cubra la prevención, de la protección y de la investigación de los ataques.
Para que sea efectivo, debe ser subsidiario y complementario a la obligación del Estado de protección de la vida, la seguridad, la libertad e integridad de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
También debe tener capacidad y competencia para actuar en todas las entidades federativas y en el Distrito Federal, ante amenazas provenientes de actores estatales y no estatales.
Además, debe contar con recursos presupuestales, materiales y humanos para el eficaz cumplimiento de su objetivo.
De igual modo, señalaron durante la 140 sesión de la CIDH, debe incluir la capacitación de los funcionarios que integren el mecanismo, acerca de los patrones de agresiones comúnmente cometidas contra las personas defensoras y cómo medir y evaluar una situación de riesgo.
Por último, las organizaciones señalan que el mecanismo debe tener capacidad para tomar decisiones vinculantes y reaccionar rápidamente ante situaciones de riesgo o amenaza.
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