El Barco Ebrio

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Ahora que se normalizan las actividades en el Congreso local, empiezan a fluir los datos que mejor retratan los usos y costumbres de la gente que ahí labora, desde los mismos diputados hasta el más modesto de sus empleados.

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Se dice, por ejemplo, que quienes más sufrieron la salida del otrora amo y señor del espacio y el nombre, fueron las secretarias y trabajadoras madres de familia, pues dudan que su reemplazo, el Señor de las Grúas, se muestre tan espléndido como aquél. Cosa de recordar que en menos de tres meses, casualmente antes de la elección de gobernador, entre 600 y 700 empleadas que reúnen alguna de estas condiciones o las dos, se llevaron la bonita suma de 10 mil pesos en supuestos bonos. Cinco mil por ser madres y otros 5 por ser secretarias.

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La respuesta la tendrán pronto, por ahí de la primera quincena de octubre, cuando se entreguen los no menos despreciables bonos trimestrales de Desempeño, que van desde los mil hasta los 20 mil pesos, según se trate. Aunque en cada dependencia legislativa se reparten al gusto del jefe en turno, es sabido que los montos globales son autorizados por el presidente de la Junta Coordinadora. Se sospecha que el ahora mandamás en el área de política interior del gobierno estatal dejó vacías las arcas de su antigua casa. Bueno, es que ser espléndido con recursos públicos debe ser relativamente fácil.

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También lo extrañarán muchos de los trabajadores operativos, entre ellos del comedor, control vehicular, comunicación y mantenimiento, quienes en los dos últimos fines de año fueron feliz y oportunamente gratificados por sus atentos servicios al entonces suspirante con cantidades que fueron de los 3 mil a los 20 mil pesos. Resignados, adelantan que este año será diferente, pues muchos saben de la probada tacañería del nuevo superdiputado.

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Cual temporada de cosecha, pronto la Cámara legislativa como los demás poderes, organismos públicos y ayuntamientos, premiará a sus “empleados del año”, figura que disfraza, en realidad, la zalamería y sumisión de quienes con probada eficacia sirven a sus jefes. En la Cámara se premia, sobre todo, a los más cercanos al príncipe y su corte. ¿Los montos? Igual, de cuatro a cinco cifras.

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Por cierto que, gracias a sus virtudes en el manejo del presupuesto anual, el Pleno ratificó, a propuesta de la Junta Coordinadora que sigue en manos del PRI, a Jaime Adán Carbajal como secretario de Administración y Finanzas de la Cámara de Diputados. Este personaje, quien parece salido de las páginas de El Proceso o El Castillo, va por 18 años en esta función. Este año, trascendió, hizo 14 y más los cuatro por los que fue ratificado, sumará casi dos décadas. ¿Será virtud, también, del llamado servicio civil de carrera?

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Con razón el día de su ratificación no pocos de sus mandos altos y medios, eufóricos aplaudían la votación unánime desde el palco del Salón de Sesiones; seguramente fue también la confirmación de que sus negocios mantendrían la bonanza. Se habla de salones de fiestas, distribuidoras de alimentos y bebidas, panaderías y pastelerías, talleres mecánicos, tráfico de gasolina y otros igual o más jugosos. Bien reclaman algunos que “no quiero que me den, sino que me pongan donde hay”.

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Más recatados, los subordinados del secretario de Asuntos Parlamentarios y el contralor festejaron por igual sus respectivas ratificaciones. No es que ahí se manejen dineros a manos llenas, sino que garantizan el empleo por cuatro años más, lo que no es poco en tiempos de crisis, y más cuando los méritos para ocupar una plaza en esos espacios se reducen, cuando más, a irse de farra con el jefe y hacerlo compadre.

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Que en estilos no habrá cambios al arribo de Manzur a la Junta de Coordinación. Como su antecesor, hará del halago y la sumisión el sello de la casa. Es cuestión de echarle una leída al comunicado en el que dan cuenta de la visita del gobernador para entregarles un paquete de iniciativas que harán de la mexiquense una sociedad protegida.

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Afirma el documento que el hombre fuerte del Congreso calificó la visita como un gesto que “marca una nueva era en la vida democrática” de la entidad. ¿Será? ¿Quiere decir que poco cuentan los esfuerzos ciudadanos, de las organizaciones civiles y hasta de los partidos políticos para consolidarla? ¿Que ahora dependen su desarrollo y fortaleza de una simple visita de cortesía por más inédita que pueda ser?

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Recoge también la afirmación de que “con este acto formalmente se da inicio a un ejercicio de colaboración y de apoyo mutuo entre poderes”. ¿A poco? ¿Quiere decir que no habrá más mayoriteos, más imposiciones, más congeladoras? Porque hasta hoy, pese a la más o menos reciente composición plural del Congreso, el partido en el poder y el Ejecutivo siempre han maniobrado para mantener su control. Incluso quien hizo esta afirmación ha sido responsable de semejante dominio, ¿o ya se olvidó su paso por la Secretaría General de Gobierno? La reiteración debería confirmarlo: “las diputadas y diputados reconocemos el gesto de apertura, disposición de trabajo y amistad que implica este acto”. Pues ojalá que Peña Nieto no lo haya leído. ¿Se imaginan que se lo tome personal? “Usted, señor ex gobernador, mantuvo un gobierno cerrado, se negó a la colaboración y encima no fue nuestro amigo”.

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Encima, el diputado agregó que la administración que inicia y el paquete de iniciativas presentadas se orientan a “fincar los cimientos en los que sustentará su gobierno, cuya gestión se anticipa, será un parteaguas por la altura de miras que le caracteriza”. Ahora resulta que no fue el de Peña Nieto un gobierno de quiebre, sino el que empieza. Pobre Quiroga. A saber si no se metió ya en problemas. ¿Qué tal si el Golden llega a presidente?

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Con lo que sí se voló la barda fue con la afirmación de que la dichosa visita “nos anima, al considerar que lo que bien empieza bien continuará”. Bueno, de regreso a los 70, cuando no se movía nadie si no era por mandato superior. Incluso el tiempo -¿lo recuerdan?- avanzaba a voluntad del Preciso. Hoy, en territorio mexiquense –ajeno, por cierto, a la alternancia-, los diputados locales requieren de la presencia del gobernador para animarse a trabajar. Pues pobres mexiquenses.

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A este paso, pronto le escucharemos loas al estilo Nemer, quien hizo de Peña todo un “estadista”, cuando en look le gana incluso Beltrones.

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Perros de guerra

* En el marco de lo que Denis Muzet ha denominado la “hiperpresidencia” -en alusión a la forma mediática de gobernar, sazonada en la ocasión por una campaña de intoxicación propagandística con eje en la seguridad-, no puede pensarse que hubo un uso ingenuo o errático de las palabras. Máxime cuando el discurso debió haber sido consultado con los jefes militares de la “guerra” de Calderón, reunidos de urgencia ante la emergencia. Allí se decretó el escalamiento de la confrontación: se decidió enviar 3 mil efectivos federales más a Monterrey, profundizándose su militarización mediante un virtual estado de sitio.

 

Carlos Fazio/ Semanario Brecha/ La Haine

La matanza del casino Royale, en Monterrey, a fines de agosto, fue aprovechada por el presidente Felipe Calderón para reforzar aún más su estrategia de militarización del país, que ha costado la muerte de 50 mil personas en menos de cinco años.

Con precisión militar, a media tarde y en sólo dos minutos y medio, el pasado 25 de agosto un comando llevó a cabo el incendio intencional del casino Royale, en la norteña ciudad de Monterrey, provocando la muerte de 52 personas, la mayoría mujeres. Casi de inmediato, la imagen televisada de la acción gansteril, propia de una economía mafiosa que utiliza la “protección extorsiva” y la violencia reguladora para disciplinar los mercados de la ilegalidad, dio la vuelta al mundo. Un par de horas después, en su cuenta de Twitter Felipe Calderón describió el suceso como “un aberrante acto de terror y barbarie”.

Al día siguiente, después de una reunión con el Gabinete de Seguridad Nacional, en un discurso tan bien estructurado que parecía haber sido manufacturado con antelación, Calderón afirmó: “No debemos confundirnos ni equivocarnos: fue un acto de terrorismo (…) perpetrado por homicidas incendiarios y verdaderos terroristas”. Después pidió apurar la aprobación de la iniciativa de ley sobre seguridad nacional y el mando único policial, congelada en el Congreso, y llamó a la “unidad nacional” y al alineamiento de todos “los mexicanos de bien” detrás de su cruzada contra la criminalidad.

En el marco de lo que Denis Muzet ha denominado la “hiperpresidencia” -en alusión a la forma mediática de gobernar, sazonada en la ocasión por una campaña de intoxicación propagandística con eje en la seguridad-, no puede pensarse que hubo un uso ingenuo o errático de las palabras. Máxime cuando el discurso debió haber sido consultado con los jefes militares de la “guerra” de Calderón, reunidos de urgencia ante la emergencia. Allí se decretó el escalamiento de la confrontación: se decidió enviar 3 mil efectivos federales más a Monterrey, profundizándose su militarización mediante un virtual estado de sitio.

El sábado 27 las ocho columnas de los diarios recogieron sin ambages la consigna presidencial: “Terrorismo”. Incluso el semanario Proceso habló de “narcoterrorismo”, según la matriz de opinión sembrada por el Pentágono y Hillary Clinton tiempo atrás. Y el lunes 29, el Consejo Coordinador Empresarial -la cúpula de cúpulas de los capitanes de industria- reforzó el llamado a la “unidad” a nombre de “México”, como suelen generalizar los amos del país.

 

Terrorismo estatal

 

Conviene aclarar que terrorismo es el uso calculado y sistemático del terror para inculcar miedo e intimidar a una sociedad o comunidad. Es una clase específica de violencia. Como táctica, es una forma de violencia política contra civiles y otros objetivos no combatientes, perpetrada por organizaciones no gubernamentales, grupos privados (por ejemplo, guardias blancas o mercenarios a sueldo de compañías trasnacionales) o agentes clandestinos que pueden ser incluso estatales o paraestatales. El “blanco-instrumento” (víctimas que no tienen nada que ver con el conflicto causante del acto terrorista) es usado para infundir miedo, ejercer coerción o manipular a una audiencia o un blanco primario a través del efecto multiplicador de los medios.

El término terrorismo puede también abarcar una categoría importante de actos realizados o patrocinados de manera directa o indirecta por un Estado, o implícitamente autorizados por un Estado con el fin de imponer obediencia y/o una colaboración activa de la población. Cargada de connotaciones negativas o peyorativas, la palabra terrorismo es aplicada siempre para el terrorismo del otro, mientras que el propio es encubierto mediante eufemismos.

La acción del comando que incendió el casino Royale generó miedo y desestabilización. En apariencia, el móvil político no formó parte de la trama.

No obstante, en un año preelectoral, la acción fue rápidamente capitalizada por Felipe Calderón, dándole de paso una nueva vuelta de tuerca a la militarización del país. Llamó la atención en la coyuntura que Héctor Aguilar Camín, uno de los soportes ideológicos y argumentativos de la militarización del país, marcara distancia al escribir: “escalar oratoriamente el conflicto hasta las nubes incendiadas del terrorismo es una forma de hacer terrorismo con las palabras”.

Sin caer en teorías conspirativas, sumado a una sucesión de acciones desestabilizadoras (el “secuestro” de empleados de las encuestadoras privadas Parametría y Mitofsky, y de la Sección Amarilla de Teléfonos de México en Michoacán, la explosión de una carta-bomba en el Instituto Tecnológico de Monterrey, el fantasmal tiroteo en el estadio de futbol Corona), en el caso del casino no se pueden descartar las variables del agente provocador y el acto desestabilizador con bandera falsa.

 

La intervención va

 

Estados Unidos ha sido el principal promotor de la matriz de opinión sobre la existencia de “narcoterrorismo” en México, y como reveló en dos ocasiones The New York Times en agosto, agentes clandestinos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), del Buró Federal de Investigación (FBI), de la agencia antidrogas DEA y del Pentágono, junto con mercenarios subcontratados bajo el disfraz de “contratistas privados”, están utilizando las “lecciones” de Afganistán en el territorio mexicano al margen de la Constitución y en detrimento de la soberanía nacional.

Según la versión del New York Times del 7 de agosto, un equipo de 24 agentes de la CIA, la DEA y militares “jubilados” del Comando Norte del Pentágono estarían dirigiendo labores de inteligencia desde un “centro de fusión” binacional instalado en una base militar en la región norte del país, que el diario no identificó pero podría estar ubicada en la sede del 22º Batallón de Infantería de la séptima zona militar en Escobedo, Nuevo León.

Similar a los que Estados Unidos instaló en Colombia, Afganistán e Irak para vigilar y atacar a grupos insurgentes y presuntos terroristas, el nuevo puesto de inteligencia -que se suma a otros en Ciudad de México, Tijuana y Ciudad Juárez- opera con tecnología de punta que permite interceptar comunicaciones confidenciales y codificadas, bajo estricto control de personal estadounidense. La información complementa la que, según versiones periodísticas no desmentidas, recaban por todo el territorio nacional mil 500 agentes estadounidenses, y la suministrada por aviones espías no tripulados (Drones) que sobrevuelan el espacio aéreo mexicano en virtud de acuerdos secretos con Washington que escapan al control del Congreso local.

El reportaje del New York Times destacaba, además, que Washington planea insertar un equipo de “contratistas privados” estadounidenses de seguridad (ex agentes de la CIA, la DEA y de las fuerzas especiales del Pentágono), para que brinden “capacitación” dentro de una unidad antinarcóticos mexicana no identificada.

La subcontratación de los llamados “perros de guerra” por el Pentágono y el Departamento de Estado para que realicen tareas de espionaje y otras propias de la guerra sucia, comenzó en México antes de la firma de la carta de intención secreta (octubre de 2007) que oficializó la Iniciativa Mérida. Como se reveló en febrero, la empresa Verint Technology instaló un sofisticado centro de intercepción de comunicaciones en la sede de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Después se supo que la empresa S Y Coleman Corporation, con sede en Arlington, Virginia, estaba reclutando mercenarios para ocupar puestos de vigilancia aérea en Veracruz, para proteger instalaciones petroleras de Pemex. Ambas informaciones fueron puestas bajo reserva por 12 y 15 años por razones de seguridad nacional. Con posterioridad, diversas informaciones dieron cuenta de la presencia en México de la firma Blackwater (o Xe Services), una de las favoritas del Pentágono para la mercenarización de conflictos.

El 17 de agosto, en Ciudad Juárez, William Brownsfield, secretario asistente para la Oficina de Narcóticos y Procuraduría de Justicia Internacional de Estados Unidos, declaró que su gobierno capacitará y equipará policías municipales, estatales y federales mexicanos dentro de la “nueva estrategia” de la Iniciativa Mérida. La “nueva etapa” del también llamado Plan México, símil del Plan Colombia, coincidirá con la llegada al país del embajador estadounidense Earl Anthony Wayne. Wayne es un diplomático de carrera pragmático, experto en terrorismo, contrainsurgencia y energía. Su última misión fue en Afganistán, país al que Estados Unidos identificó en enero-febrero de 2009, junto con México, como un “Estado fallido” a punto de colapsar, situación que “justificaba” la intervención militar estadounidense. En mayo siguiente, en Washington, generales del Pentágono revelaron a un grupo de empresarios y líderes políticos conservadores de Florida que soldados del Grupo Séptimo de Fuerzas Especiales (“boinas verdes”) venían actuando en México desde 2006, bajo la cobertura de misiones antinarcóticos.

Otra pieza clave en la “transición” será Keith Mines, un ex militar que estuvo en Irak y fungió luego como director de la Sección Antinarcóticos de la misión diplomática en México. Mines monitoreará la Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida, que se construye en Amozoc, a 100 kilómetros del Distrito Federal, y que ha sido publicitada como “la primera del mundo en su tipo”. Según Ardelio Vargas Fosado, actual secretario de Seguridad Pública en Puebla y viejo amigo de Washington, la “academia” alojará al consejo de coordinación regional de las policías municipales y estatales, y servirá para el intercambio de información policial preventiva, reactiva y proactiva. Tal vez esa sea la sede antinarcóticos a la que llegarán los mercenarios que, de acuerdo al The New York Times, capacitarán a policías mexicanos.

 

¿Bananeros?

 

El 13 de julio, durante una reunión con integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso, tres generales y un coronel del Ejército mexicano exigieron a diputados y senadores la aprobación de un marco jurídico que amplíe y legalice la participación de esa rama de las fuerzas armadas en la “guerra sucia” de Calderón. Una guerra que bajo la pantalla de la lucha anticrimen ha cobrado más de 50 mil muertos y 10 mil desaparecidos, y el desplazamiento forzoso de 250 mil familias. El Ejército y la Armada han sido los principales instrumentos del comandante supremo de las fuerzas armadas en esa confrontación fratricida, definida por el subsecretario de la Defensa, general Demetrio Gaytán Ochoa, como un “conflicto asimétrico” contra un enemigo que no tiene rostro. La jerga militarista denomina “guerra asimétrica” a la que se da entre dos contendientes con una desproporción de los medios a disposición. En la guerra asimétrica no existe un frente determinado, ni acciones militares convencionales. Es un conflicto irregular que se basa en golpes de mano, combinación de acciones políticas y militares, propaganda negra, operaciones encubiertas y psicológicas, implicación de la población civil y operaciones similares.

Tras los atentados terroristas de 2001 en Estados Unidos, la potenciación de un “enemigo asimétrico” fue utilizada por la administración de George W Bush para sus operaciones en Afganistán e Irak. Desde entonces, como complemento del “enemigo interno”, la noción pasó a formar parte de la doctrina de seguridad nacional estadounidense en su lucha contra el terrorismo.

Según declaraciones de generales del Comando Norte del Pentágono, las operaciones militares en Afganistán e Irak se basan en la contrainsurgencia clásica, lo que implica acciones propias de la guerra sucia y el terrorismo de Estado, verbigracia, el uso de la tortura sistemática, la ejecución sumaria extrajudicial y la desaparición forzada, combinadas con la utilización de aviones no tripulados (Drones) artillados y el ametrallamiento de civiles en retenes, como ha quedado ampliamente documentado.

Dado que desde 2002 México quedó integrado de facto al “perímetro de seguridad” y al Comando Norte de Estados Unidos, y que existen acuerdos militares secretos con ese país en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan, 2005), signados bajo el halo de la “guerra al terrorismo”, es lógico concluir que las tácticas utilizadas por Washington en Afganistán e Irak (practicadas antes en Colombia) se han venido utilizando en el territorio nacional. En particular, durante el sexenio de Felipe Calderón, con un crecimiento exponencial de la violencia.

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Delitos a la carta

* El Estado de México registra 27 mil 908 víctimas de algún tipo de delito por cada 100 mil habitantes mayores de 18 años en el 2010. Esta cifra es sólo inferior a las presentadas por estados como Aguascalientes, Baja California Norte, Quintana Roo, Chihuahua y Sonora, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011 (ENVIPE).

 

Miguel Alvarado

En menos de 9 meses, la Procuraduría General de la República ha emitido 102 órdenes de captura y se han dictado autos de formal prisión contra 62 funcionarios de la misma dependencia. En el Estado de México, la propuesta del nuevo gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, para crear una supersecretaría de Seguridad encontrará que el panorama que ofrece el mapa delictivo no es nada sencillo de resolver, aunque ya se haya llevado al Congreso local esta iniciativa y los poderes estén de acuerdo en lo general y desaparezca la Agencia de Seguridad Estatal, por años la dependencia que controló la seguridad local, creada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a principios del 2006. Fue comandada en un principio por el cuestionado almirante Wilfrido Robledo, a quien le tocó ejecutar el operativo de represión en San Salvador Atenco, en mayo de aquel año.

El Estado de México registra 27 mil 908 víctimas de algún tipo de delito por cada 100 mil habitantes mayores de 18 años en el 2010. Esta cifra es sólo inferior a las presentadas por estados como Aguascalientes, Baja California Norte, Quintana Roo, Chihuahua y Sonora, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011 (ENVIPE), dentro de los trabajos del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), que también mide la percepción sobre seguridad pública y el desempeño de las autoridades. Los delitos englobados pertenecen al ámbito del fuero común, contra hogares, mayores de 18 años y miembros de familias. El estudio, sin embargo, deja fuera delitos como el homicidio, delincuencia organizada, narcotráfico, portación de armas exclusivas del Ejército, tráfico de indocumentados, entre otros.

A nivel nacional, los hogares con víctimas suman el 36 por ciento del total nacional con 10 millones 597 mil 584 registros, donde la tasa de criminalizados por cada 100 mil habitantes es de 23 mil 956 personas para un total de 17 millones 847 mil 550. Los delitos registrados suman 22 millones 714 mil 967 en todo el país pero una cifra negra, también en el estudio, delata que los delitos no denunciados llegan a 20 millones 897 mil 336, lo que representa 92 por ciento.

Hasta abril del 2011 el 69 por ciento de la población percibía algún nivel de inseguridad y 49 por ciento consideraba que la actuación de las autoridades era efectiva en algún rango. Este tipo de delitos ha costado a la nación un total de 210.8 mil millones de pesos, el 1.53 por ciento del Producto Interno Bruto.

La encuesta refiere que el delito más cometido es el de robo o asalto en la calle o al transporte público con 24 por ciento mientras que la extorsión es segundo lugar con 23 por ciento de afectados. En tercer lugar aparece el robo total o parcial de vehículos con 12 por ciento; le sigue el fraude, con 8.7 por ciento y amenazas verbales con 8 por ciento. Cierran la lista el robo en casa-habitación, otros tipos de robo, secuestro o secuestro exprés, delitos sexuales y lesiones.

Para el 2011, la percepción sobre la inseguridad estatal era del 69 por ciento mientras que la municipal alcanzó 60.1 por ciento. La ciudadanía opinó que la inefectividad de la Marina era del 2 por ciento, mientras que el Ejército tuvo 3 por ciento, seguida de la Policía Federal, con 10 por ciento, los jueces, con 11 por ciento, la policía ministerial, con 20 por ciento, la policía estatal con 13 por ciento, las procuradurías con 19 por ciento, la policía preventiva con 17 por ciento y la policía de Tránsito, con 19 por ciento.

Así, 24 por ciento de la población mayor de 18 años sufrió algún tipo de delito, donde el 94 por ciento de ellos tuvo lugar en los estados oriundos de las víctimas. Un dato sobresaliente indica que para 2010 el 12.3 por ciento de los delitos fue denunciado, de los cuales el 64.9% llevaron a inicio de averiguación previa en el Ministerio Público. Del total de delitos se inició averiguación previa solamente en el 8 por ciento. La encuesta señala que a nivel nacional, en 92 por ciento de los delitos cometidos no hubo denuncia  o no se inició averiguación previa durante 2010, pero en los casos en que sí la hubo, en el 26 por ciento no hubo una solución o nada pudo resolverse. Las razones por las que no se denuncia fueron enmarcadas en que el 31 por ciento de los afectados considera una pérdida de tiempo hacerlo, el 15 no confía en las autoridades, el 10 pensó que era un delito de poca importancia, el 9 no tenía pruebas y temían al agresor, el 7 por trámites largos y difíciles, el 6 por actitud hostil de la autoridad y el resto por miedo a una extorsión. El 40 por ciento cree que vivir en su colonia o comunidad es inseguro mientras que el 60 por ciento cree que su municipio no es del todo seguro, además de que el 69 por ciento considera que su entidad es peligrosa.  El 59 por ciento siente que puede ser robado en la calle o en el transporte público pero el 43 por ciento considera que su casa es vulnerable para ser robada. Apenas el 24 por ciento no se percibe como víctima. Además, a nivel nacional, el 63.8 por ciento de la población de 18 años y más considera que durante 2010 los delitos aumentaron en su entidad mientras que 43.7 por ciento considera que los delitos aumentaron en sus colonias o localidad.

En 2005 la percepción de inseguridad a nivel entidad era del 54 por ciento pero seis años después aquella subió hasta 69 por ciento, mientras que a nivel municipal alcanzaba en el 2005 apenas 40 por ciento pero en el 2011 llegó a 60 por ciento. Otra característica que arrojaron los datos es que en el 36 por ciento de los hogares se ha cometido algún delito.

El caso de Víctor Chávez de la Torre

* Titulado “La violación sistemática de derechos humanos como política de Estado”, al fin un estudio sobre los derechos humanos se enfoca exclusivamente en la entidad gobernada hoy por Eruviel Ávila Villegas. El informe se convierte en un viaje de 103 puntos por los casos más importantes de represión en la administración peñista y recoge las historias de San Salvador Atenco, del luchador social Santiago Pérez Alvarado, los feminicidios y obras públicas que han afectado patrimonio de particulares, entre otros puntos, recordando además índices de pobreza y el dinero destinado a la procuración de justicia y sus resultados, además de las recomendaciones emitidas por la estatal Comisión de Derechos Humanos. En este espacio serán recordados, uno por uno, los ejemplos con los que fue elaborado el trabajo y cada semana será publicado íntegramente.

 

Nuestro Tiempo

Un informe publicado a principios de septiembre del 2011 y realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, las organizaciones Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Greenpeace, Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos, junto con Promoción y Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales presenta la realidad de los derechos humanos en el Estado de México y dicen que “es posible conocer diversos casos relacionados con el sistema de justicia penal, la violencia hacia las mujeres, los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, así como con la vigencia del derecho a defender los derechos humanos en dicho estado. Las conclusiones de este informe apuntan no sólo a una persistente omisión en la responsabilidad estatal de garantizar los derechos humanos, sino a una deliberada violación de los mismos, casi como si se tratase de una política pública”.

El caso de Víctor Chávez de la Torre constituye un ejemplo de la violación sistemática de derechos humanos que se perpetúa en las formas de operación del sistema de procuración y administración de justicia en el Estado de México.

Como se ha mencionado, en la entidad mexiquense es una práctica común que las corporaciones de seguridad pública (especialmente la policía ministerial y las policías municipales), recurran a la fabricación de delitos para detener de manera arbitraria a una persona, extorsionarla y, de esta forma, estar en posibilidades de implicarla en otros ilícitos.

Víctor Chávez de la Torre es un joven que al momento de su detención (23 de octubre de 2007) tenía 20 años y trabajaba como empleado de una empresa editorial. Para justificar su actuar, los policías ministeriales recurrieron a la fabricación del delito de cohecho, señalando que al ser detenido, Víctor les había ofrecido cierta cantidad de dinero para evitar que lo pusieran a disposición del Ministerio Público. También afirmaron que lo aprehendieron en la calle gracias a que una persona lo reconoció como el autor de un homicidio suscitado en una riña meses antes.

La documentación del caso permitió establecer que el supuesto testigo nunca existió y que fue fabricado; también que la acusación derivó de un acto de extorsión de los policías en contra de Víctor, quienes al no recibir el dinero exigido lo vincularon con el homicidio.

Desde el momento de su detención y hasta la conclusión de la segunda instancia, el Ministerio Público, el juez penal y los magistrados que revisaron la sentencia de primera instancia incurrieron en múltiples violaciones de derechos humanos, entre las que destacan violación a la libertad personal, a la integridad física, al debido proceso, a una defensa adecuada y a la presunción de inocencia.

El delito de homicidio que le imputó el testigo que supuestamente detuvo a los policías y les informó que cerca de ahí se encontraba Víctor, había sido cometido con siete meses de antelación, por lo que ante la inexistencia de flagrancia, cuasiflagrancia o caso urgente, sus aprehensores le inventaron un delito para justificar legalmente su detención. Para lograr la aceptación de su participación en el homicidio, los elementos de la policía ministerial recurrieron al uso de fuerza física y psicológica, golpeándolo en varias partes del cuerpo y amenazándolo de muerte a él y a su familia.

Una vez que Víctor fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, éste se abstuvo de darle a conocer de manera expresa los derechos que a su favor consagra el artículo 20 Constitucional: conocer el motivo de su detención, el nombre de su acusador, el derecho a declarar o guardar silencio, a nombrar a un abogado o persona de confianza y a la libertad bajo caución, entre otros. El agente del Ministerio Público también se abstuvo de ordenar al médico legista la certificación del estado físico en que se encontraba el detenido para que diera fe de las lesiones. Dichas omisiones vulneraron sus garantías de defensa y evitaron la documentación de las irregularidades cometidas en su contra.

Dentro de la etapa de indagatoria, el Ministerio Público continuó vulnerando los derechos de Víctor, pues recibió la declaración de un testigo de cargo que no presentó identificación alguna y que supuestamente fue el mismo que lo reconoció en la calle y acompañó a los policías a declarar; también le designó como persona de confianza para que asistiera en su declaración a un hombre que manifestó ser litigante, pero que no presentó ningún tipo de documento que lo acreditara como tal, no exhibió ninguna identificación y proporcionó un domicilio falso. No está por demás agregar que este supuesto litigante se abstuvo de solicitarle al Ministerio Público la certificación de las lesiones que a simple vista presentaba el detenido. De lo anterior se infiere que se actuó dolosamente para que Víctor no ejerciera sus derechos de defensa y que, mediante la presentación de la persona que supuestamente se ostentó como “persona de confianza” se cumplieran, al menos en la forma, las exigencias legales y se convalidara el actuar irregular de los policías y el Ministerio Público.

Finalmente, el Ministerio Público no ordenó a la policía ministerial que investigara la versión de las hermanas de la víctima, quienes al rendir su declaración ministerial señalaron que, antes de morir, su hermano les había manifestado explícitamente que su pareja sentimental y el propietario de una tienda de abarrotes conocían la identidad de los sujetos que lo habían agredido.

Durante el desarrollo del juicio de primera instancia, el testigo singular no se presentó a ratificar la declaración que había rendido ante el agente del Ministerio Público. En cuanto a las testimoniales rendidas por los policías aprehensores, sus versiones resultaron contradictorias respecto de la forma en que se había realizado la detención de Víctor y también con relación a la persona que identificó a Víctor y los acompañó a declarar. En el desarrollo del proceso, las hermanas de la víctima tampoco comparecieron a ratificar su declaración ministerial.

En síntesis, Víctor no tuvo acceso a una defensa adecuada, ya que los abogados que lo representaron no denunciaron la tortura de la que fue víctima, no ofrecieron las pruebas idóneas para acreditar que presentaba lesiones en el cuerpo que demostraban su inocencia; y de manera incomprensible y ante la dificultad para localizarlos, se desistieron de la ampliación de declaración a cargo del testigo presencial de hechos y de las hermanas de la víctima, lo cual redundó en perjuicio del procesado.

Al concluir la substanciación de la primera instancia, el Juez vulneró el principio de presunción de inocencia y determinó que Víctor Chávez de la Torre era penalmente responsable del delito de homicidio calificado, por lo que le impuso una condena de 51 años, nueve meses de prisión. La sentencia emitida por Juan Miguel Hernández Solano, juez penal de primera instancia fue confirmada en todas sus partes por los magistrados Rodolfo Antonio Becerra Mendoza, Leobardo Miguel Martínez Soria y Alfonso Velázquez Estrada, integrantes de la Primera Sala Colegiada Penal, con residencia en Tlalnepantla, Estado de México.

En este sentido, el caso ejemplifica claramente cómo la policía ministerial fabrica un culpable y cómo el Ministerio Público, los jueces y magistrados convalidan dichas acciones. Deja al descubierto no sólo el nivel de corrupción y violencia que permea al interior de sistema de procuración de justicia, sino que pone en evidencia la escasa formación profesional de los jueces.

La familia de Víctor Chávez se acercó a los abogados defensores de derechos humanos de Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos, organización que documentó el caso y elaboró un amparo directo, último recurso legal para demostrar su inocencia. La documentación de las prácticas recurrentes relativas a las violaciones de derechos humanos propició que la Primera Sala de la SCJN, por conducto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, determinara ejercer la facultad de atracción para conocer del amparo directo que promovió la actual defensa.

Con la atracción del caso, los ministros tienen ante sí la posibilidad de fijar un criterio con relación al modelo procesal, así como de desarrollar pautas y garantías que sirvan como lineamientos que eviten que el ejercicio de la justicia se reduzca a la ratificación mecánica de las acusaciones del Ministerio Público. Por otro lado, los ministros determinarán si es procedente fundar una condena únicamente con la declaración de un testigo único que no se identificó ante el Ministerio Público y proporcionó un domicilio falso y que no compareció ante el juez penal. Además, la resolución del caso constituirá un hito dentro del derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, ya que la determinación que asuman los ministros servirá para establecer tanto si las autoridades están obligadas a dar a conocer al detenido de manera expresa los derechos que le concede el artículo 20 de la Constitución como en qué momento deben proceder de tal forma.

Para la defensa de Víctor un pronunciamiento en este sentido sería equivalente al realizado por la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica en el caso “Miranda”, que dio lugar al establecimiento de una regla legal relacionada con el derecho que tiene una persona detenida por policías o bajo custodia del Ministerio Público de ser informada de sus derechos. El incumplimiento de esta obligación genera nulidad de las actuaciones que se hayan producido con violación de los derechos de defensa de la persona detenida, según la regla de exclusión de la prueba ilícita reconocida recientemente a nivel constitucional.

El caso de Víctor Chávez de la Torre no sólo servirá para que la Primera Sala de la SCJN establezca criterios innovadores en materia de debido proceso, defensa adecuada y presunción de inocencia; también ayudará a evidenciar las prácticas sistemáticas de denegación de derechos en que incurren las autoridades mexiquenses que tienen a su cargo la procuración y la administración de justicia.

Simulación política reciclada

*  Enrique Peña augura sin el menor signo de alteración, como si todo estuviese en las manos del consorcio televisivo que no sólo le organizó el espectáculo del día 15 sino casi toda su vida a cambio de cientos de millones de pesos anuales, que “a medida que nos acerquemos a la elección presidencial habrán de arreciar las campañas sucias, las campañas de descalificación, campañas de lodo, campañas negras”.

 

Eduardo Ibarra Aguirre/ Forumenlinea/ Argenpress

Entre las prácticas y métodos que en siete décadas de ejercer el poder heredó el Revolucionario Institucional al sistema político y a la sociedad se encuentra la simulación, misma en la que desde la oposición refrenda que es amo y señor también en los últimos 11 años, con alumnos muy aventajados en todos los partidos.

No otra cosa encierra el numerito que Enrique Peña Nieto y Televisa, por medio de Joaquín López-Dóriga, ofrecieron a su auditorio la noche del 19, sólo para que el mexiquense verbalizara: “sí quiero ser presidente de México”.

Como acostumbra, la empresa que preside Emilio Azcárraga Jean agrede el sentido común de los televidentes, pues es del dominio público que desde hace dos años el mexiquense encabeza las preferencias si nos atenemos a buena parte de las encuestas “por encargo” o sin él; prácticamente desde que llegó al Palacio de Gobierno de Toluca, el 15 de septiembre de 2005, su quehacer público y privado gira en torno al objetivo de despachar en Los Pinos; amén de que el consorcio televisivo que reúne en su Consejo de Administración a 13 de los dueños de México, es un formidable arquitecto en la construcción de su candidatura con oneroso cargo al erario.

Aquí es pertinente formularse la pregunta sobre si Eruviel Ávila, el gobernador mexiquense desde la noche del Grito, producto de una costosísima campaña electoral y una abrumadora votación, mantendrá abierta la llave del presupuesto para apuntalar la candidatura del nativo de Atlacomulco y sobrino de Arturo Montiel, ex gobernador ovacionado en la ceremonia de toma de posesión del primero. Y si la respuesta es positiva, qué costo político tendrá para Peña Nieto y económico para los habitantes del Estado de México. Aparte está la reincidencia –que raya en el cinismo– de la elite política local en la protección de uno de los suyos en pago por todo lo que recibió de Montiel, y quien con la cuchara grande favoreció a su familia y así mismo. La impunidad, discursos aparte, es institucional y cruza a los tres niveles de gobierno.

Sabedor de sus fortalezas, Peña se pronunció porque la candidatura presidencial del autodenominado “nuevo PRI” se efectúe “por consulta abierta a la ciudadanía” en razón de que “hay un amplio consenso”.

Conocedor también de sus debilidades, Enrique Peña augura sin el menor signo de alteración, como si todo estuviese en las manos del consorcio televisivo que no sólo le organizó el espectáculo del día 15 sino casi toda su vida a cambio de cientos de millones de pesos anuales, que “a medida que nos acerquemos a la elección presidencial habrán de arreciar las campañas sucias, las campañas de descalificación, campañas de lodo, campañas negras”.

Mas no habrá que inventar mucho, si acaso rescatar capítulos estelares como San Salvador Atenco, los muertos y las mujeres abusadas sexualmente “por órdenes superiores”, asunto que se litiga en tribunales de Madrid y Santiago de Chile; para no mencionar los múltiples trascendidos sobre el fallecimiento de la señora Mónica Pretelini y la balacera contra el vehículo que transportaba a los hijos de Peña Nieto en Veracruz.

Por lo anterior, hace bien en apostar a que los partidos contiendan “de manera civilizada, de tener una oferta muy clara a la ciudadanos, que los ciudadanos reconozcan cuál es el compromiso que hacen los candidatos”.

La apuesta suena plausible, pero no se corresponde con la frivolidad que envuelve a la figura de Enrique Peña y que sus operadores políticos son los primeros en estimular con consignas como “¡Enrique, bombón, te quiero en mi colchón!”; entrevistas a publicaciones del corazón, de Televisa casualmente, sobre su vida privada que al hacerla pública es normal que se ventile en la plaza.

El libro incómodo de Calderón

* El 7 de septiembre del 2011, Cruz acudió a la sede de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para una serie de entrevistas a diputados, al mediodía. Era la primera vez que acudía allí, cuenta, y para entrar entregó su credencial de elector al guardia de seguridad, Salomón Albíter, quien después de verificar los datos, le negó el acceso junto con otros vigilantes, retuvo su documento y señaló que el periodista tenía una denuncia por robo y que “acudía a la Asamblea a pedirle dinero a los diputados del PAN”, pues “extorsionaba a los diputados”.

Miguel Alvarado

Hace poco más de un año, en el 2010, el periodista Francisco Cruz Jiménez recorría distintos foros del país presentando su último libro, Tierra Narca, que bajo el sello de Planeta documentaba las relaciones entre el narcotráfico y las autoridades del Estado de México. Allí detallaba cómo los cárteles son capaces de  cooptar a los diferentes niveles de gobierno con tal de apoderarse de una plaza tan importante como la mexiquense. Aquel trabajo era en realidad una continuación de otra investigación, publicada con el nombre de Negocios de Familia y con la coautoría de Jorge Toribio Montiel, que describía a una de las familias más poderosas de la entidad y a la cual pertenece el ex gobernador Enrique Peña, actual aspirante a la presidencia de México.

Aquellos documentos vieron luz cuando Cruz trabajaba ya otro tema de actualidad, que le llevó un año documentar y redactar y que puso por nombre Las Concesiones del Poder”, donde esta vez el personaje central era la familia del presidente de México, Felipe Calderón y los beneficios que obtuvo a la sombra de su mandato.

También con la marca de Planeta, el libro salió a la venta hace tres meses y poco a poco ha ido posicionándose como uno de los más vendidos en su género en el país. Luego de algunas presentaciones públicas y entrevistas en espacios como los noticieros de la periodista Carmen Aristegui, Francisco Cruz fue enterado de que el grupo político del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) lo había acusado por corrupción y extorsión, pues supuestamente recibía dinero de legisladores de aquel partido luego de chantajeados.

La trayectoria de Cruz como periodista es impecable. Luego de largos años como editor de diarios nacionales como Reforma y El Universal y una extensa temporada en el extranjero en países como Estados Unidos y Colombia donde destacó como corresponsal, decidió escribir otro tipo de historias y así nació su primera entrega, el libro “El Cártel de Juárez”, cuyo rigor informativo le permitió explorar ámbitos casi nunca explorados en su estado natal. Una de las figuras públicas que eligió fue la del mencionado Peña, de quien logró elaborar la biografía más completa, junto con otros prominentes miembros del “fantasmal” Grupo Atlacomulco y documentó las fuentes del poder que detentan. Después, Tierra Narca completó aquel ciclo hasta la aparición de Las Concesiones…

Así, el 7 de septiembre del 2011, Cruz acudió a la sede de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para una serie de entrevistas a diputados, al mediodía. Era la primera vez que acudía allí, cuenta, y para entrar entregó su credencial de elector al guardia de seguridad, Salomón Albíter, quien después de verificar los datos, le negó el acceso junto con otros vigilantes, retuvo su documento y señaló que el periodista tenía una denuncia por robo y que “acudía a la Asamblea a pedirle dinero a los diputados del PAN”, pues “extorsionaba a los diputados”.

Al preguntar quién había ordenado tal situación, el guardia entró al recinto y regresó para decirle a Cruz que se trataba de Óscar Carmona, un asesor del grupo panista. “Considero grave el trato que recibí, ya que se me está impidiendo el ejercicio de mis derechos como ciudadano y como periodista y me están realizando acusaciones de conductas delictivas que son falsas. Por todo ello temo por mi seguridad, ya que actos como los descritos atentan contra el libre ejercicio de mi profesión y mis derechos”, declaró luego el escritor ante la Comisión de Derechos Humanos.

Allí mismo el periodista solicitó la investigación sobre el caso y señaló a funcionarios de aquella Asamblea como responsables de presuntas violaciones de derechos humanos, quien tomó conocimiento del tema.

Las declaraciones del guardia Albíter fueron también conocidas por funcionarios de la Secretaría Técnica de la Unidad de Comunicación Social de la ALDF, Esperanza Barajas Urías, secretaria técnica, y Édgar Óscar Hernández Alemán, jefe de Unidad de Información. El libro “Las Concesiones del Poder” está a la venta hace meses en establecimientos como Gandhi y librerías Morelos y en 263 páginas se hace un repaso a las actividades de Calderón, Margarita Zavala y la sobrina de éstos, Mariana Gómez del Campo, diputada panista.

Los capítulos que lo integran son “La mujer del presidente”; “Los rostros ocultos de Margarita y Felipe”; “Tráfico de influencias en la familia presidencial”; “Con el visto bueno de Calderón”; “Presidente de los pobres, amigos de los otros”; “Una modesta casita”; “Los depredadores”, y “La cueva del monstruo”. En una presentación en Tlalnepantla, Cruz apuntaba que “el personal que trabaja con la legisladora panista también fue fundamental para recopilar parte de la información documental sobre algunos de los puntos negros del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa… los empleados panistas, quienes están conscientes del desastre que han significado los gobiernos federales panistas, pero en especial el de Calderón y Margarita Zavala, y que, por lo mismo han dejado de confiar en el PAN, me recordaron que el PRD del Distrito Federal documentó cómo Mariana Gómez del Campo copió las estrategias que empleó en la década de los 80 el PRI a través de la Confederación Nacional Campesina (CNC), o el propio PRI de Ulises Ruiz en Oaxaca, para desviar recursos de los programas federales con claros fines político electorales”. Gómez del Campo es una de las aspirantes panistas al gobierno del DF para el próximo periodo, luego de que termine la administración del perredista Marcelo Ebrard.

Entre amigos

* Para el fantasmal Grupo Atlacomulco el “sí” de su militante representa por fin la oportunidad de hacerse del poder absoluto en México, si es que algo les faltaba. Por fin uno de aquella región será el mandamás y cumplirá incluso con las formalísimas frivolidades de una profecía que ubicaba al sexto gobernador emanado del norte de la entidad en la silla que hoy ocupa Calderón.

 

Miguel Alvarado

Luego de años negándolo, el ex mandatario mexiquense Enrique Peña oficializó su búsqueda de la presidencia mexicana para el 2012. Ya no fue noticia pero en los distintos niveles de gobierno en el Edomex fue el banderazo que marcó una serie de movimientos de funcionarios, mayores y menores, que serán parte de esa empresa. El anuncio también alcanzó a la Cámara de Diputados local, donde los legisladores consideran el futuro próximo en soledad, mientras sus oficinas lucen el abandono político obligado por sus reflexiones.

Después vino el peregrinar del aspirante por todos los medios de comunicación nacionales para hacer la misma consideración. Nada nuevo dijo, aunque ya se le percibe como el nuevo presidente y a Eruviel Ávila como el eterno aspirante a la sombra de poderes, más allá de su propia capacidad política. Un abucheo en la Cámara federal le enseñó que su sexenio será uno de los más difíciles pues deberá quitarse de encima la figura más mediática que ha dado la pobrísima política mexiquense y los intereses adquiridos en procesos anteriores con los aduladores que integraron pero pagaron aquella campaña gigantesca y aplastante.

Para el fantasmal Grupo Atlacomulco el “sí” de su militante representa por fin la oportunidad de hacerse del poder absoluto en México, si es que algo les faltaba. Por fin uno de aquella región será el mandamás y cumplirá incluso con las formalísimas frivolidades de una profecía que ubicaba al sexto gobernador emanado del norte de la entidad en la silla que hoy ocupa Calderón. Cuánta razón tenía Francisca cuando en su bola de crista vislumbró que el futuro tenía su propio aquelarre justo a un lado de la pequeña iglesia del Señor de los Huertos, en la ciudad de Isidro Fabela. Lo que aquella visión no pudo ver fue la condición en la que el país sería entregado a esta inexistente agrupación, que no cuenta a Adolfo López como uno de los suyos pero que tampoco le importa demasiado, aunque el discurso oficial diga otra cosa.

El nuevo héroe de la clase política priista estatal es Peña Nieto, pero para que afiance aquel honor deberá ganar y repartir el poder como su equipo tiene ya previsto. Hasta hoy, el senador Manlio Fabio Beltrones ha sido un invitado de piedra, uno más, al estallido que significa la figura de Enrique para la mayoría tricolor y ha hecho muy poco para revertir aquella popularidad, como si en realidad nada le importara o tuviera ya una manera de compensarse.

Todavía se recuerda al Peña Nieto del sexenio de Montiel Rojas, cuando asistía trémulo a eventos públicos y acompañaba a su pariente en oratorias y desfiles patrios, donde posaba con cara de niño junto al máximo líder del priismo. A veces los acompañaba su fallecida esposa, Mónica, quien fuera de foco se encargaba de cuidar a tres pequeños niños que correteaban en los salones del palacete de Lerdo. Aquel funcionario bromista y simpático que a veces olvidada cifras de su Secretaría y cotorreaba con los reporteros poco a poco se volvió inaccesible. No por su gusto, pues se hallaba muy cómodo en ese ambiente, sino por el destino que le iba construyendo su mentoría política y muy pronto cambió las banquetas y las sonrisas por un saludo muy lejano y medios de comunicación más electrónicos y masivos.

El tiempo cambió todo para Peña. Se dio cuenta de que podía valer por sí mismo aunque nunca lo suficiente como para mantener independencia de su familia. Acometió las elecciones que lo llevaron al poder en la entidad en el 2005 con aire de arrogancia y determinación. Junto a sus administradores, marcó las reglas a seguir en aquel proceso con éxito total y despidió de una vez por todas a Isidro Pastor, uno de los aspirantes con mayor fuerza en aquel entonces. El ex líder estatal del PRI comprendió que los siguientes seis años no serían su momento y decidió cambiar de rumbo en espera de mejores oportunidades y éstas llegaron otra vez.

A peña se le atravesaron situaciones que sirvieron como termómetros para medir sus aptitudes como estadistas. Algunas las aprovechó pero otras tantas le salieron al revés. Atenco y la niña Paulette quedarán para siempre en la historia estatal relacionadas con él aunque el tiempo y las versiones oficiales se encargaron de matizarlas, incluso desdibujarlas. Incluso la sombra de Montiel alcanzó una relativa distancia que obligó a olvidar a medias a aquel político que perdió la candidatura priista en el 2006 frente a Madrazo y sus propias decisiones. En el 2006 el PRI desde Atlacomulco sabía ya que Peña Nieto podía ser el mejor candidato presidencial y apostó por sus mejores cualidades. Su figura atractiva y la vinculación con empresas mediáticas como Televisa y TV Azteca hicieron el resto. El gobernador, aun en su juventud, aprendió las formas a riesgo de haber olvidado los contenidos pero eso se notaba poco, al menos entre el gran electorado que todo perdona o que de plano no participa en la vida política y comenzó a usar una especie de guión que le obligaba a hablar mucho pero a no decir nada. Se le consultó desde el principio sobre sus aspiraciones y, todos de acuerdo, la campaña presidencial tomó forma poco a poco hasta que arrancó oficialmente en los estudios del locutor Joaquín López en Televisa. Nadie recuerda hoy excesos ni omisiones pues es relativamente poco importante. El nuevo gobernador Ávila construirá sobre aquello una relatoría propia de su día a día y virtudes y defectos tomarán a su momento su lugar específico. A Peña se le hace ver como el presidente mexicano que el país espera, lo cual tiene una gran dosis de subjetividad. Menos de dos millones de personas votaron por él en las elecciones del 2005, en un padrón que al menos juntaba los nombres de 10 millones. Su aspiración, como la de cualquiera que cumpla con los requisitos, es legal y su fama ayudará mucho, aunque su popularidad no sea la que los anuncios comerciales proyectan. Pero es lo de menos, como lo fue la aparición de Montiel Rojas el 15 de septiembre en el Teatro Morelos, donde arrasó con las simpatías de los allí reunidos. Luego de una ovación larguísima, quien fuera acusado de enriquecimiento ilícito publicó en su espacio de twitter, sobre Peña, que “la política se vistió de gala con su presencia. México requiere de hombres con carácter que forjen su destino. Felicidades”. Pero quien todavía parece tener el poder en la entidad no es ajeno a las muestras de aquel sitio pletórico y sobre ello opinó que “agradezco las muestras de cariño en el Teatro Morelos. Fue un placer estar entre amigos”.