El Barco Ebrio

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Alfonso Arana Castro es el presidente municipal de Santiago Tianguistenco en el Estado de México desde el 2009. Pero ha sido duramente criticado por aquella población, lugar donde también tiene su sede la familia Hank, debido a los beneficios personales que se ufana en exhibir. Primero, hace tres años, cuando documentaron la compra del voto en aquella plaza por 200 pesos. Luego, por prometer bajar los sueldos de los funcionarios para paliar las deudas heredadas de la anterior administración panista, que ni el agua había pagado. El anterior alcalde, primo de Arana, era toda una ficha y hasta su pariente anunciaba que lo iba a encarcelar debido a su nepotismo y a la pésima administración que entregó. La población pronto se dio cuenta de que eran ramas del mismo árbol y comenzaron a señalarle los mismos vicios que a su primo. Pero la gota que derramó el vaso fue el hotel del presidente municipal que está por concluir en la comunidad de Mezapa, en la antigua fábrica Santiago Tianguistenco, que comenzó cuando era diputado local. Ahora hasta cuando va a comer tacos es criticado nada más porque se lleva a todos sus amigos y el consumo va por cuenta del ayuntamiento.

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El hotel en cuestión es lo de menos, pues regidores de oposición aseguran que Arana oculta información, como sucedió cuando Tianguistenco adquirió una nueva deuda pública por 7 millones de pesos y nadie se enteró. El negocio de Arana está por terminarse y nadie sabe cuánto habrá costado pero aseguran que nada les sorprendería menos cuando se sepa que el dinero público hizo realidad los sueños de un maestro convertido en presidente municipal.

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En Zinacantepec patrullan esporádicamente algunos militares por sus calles. Son pocos y parecen no buscar nada pero como el alcalde de aquel lugar, Gustavo Vargas, está en el ojo del huracán debido a la presencia del narcotráfico y la posible vinculación de autoridades, desde el ayuntamiento interpretan que pronto detendrán al edil para que responda algunas dudas que sobre él se tienen. La presencia militar, sin embargo, es también parte de un plan federal que aplicará con toda su fuerza en el Estado de México nada más inicie el próximo año o se decida antes de tiempo la candidatura presidencial del PRI y que recaería en el ex mandatario mexiquense Peña Nieto. En Zinacantepec los habitantes ya vivieron las desventuras de otro alcalde involucrado en actos de corrupción y son muchos los que recuerdan al descuidado Leonardo Bravo, quien hasta prófugo se mantuvo por un tiempo.

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Sobre Vargas penden todo tipo de dudas e incluso el asesinato de Jesús Consuelo Xingú, en enero del 2010, es otro de los argumentos que las policías investigan para establecer qué sucede con ese alcalde. Consuelo fue quien denunció a Vargas por nepotismo en su administración pero también era un candidato a delegado municipal que perdió y cuya derrota atribuyó a los manejos políticos del edil. Consuelo recibió al menos tres amenazas telefónicas que involucraban números de la presidencia municipal y en las que le adelantaban que se iba a morir. Consuelo denunció ante la estatal Comisión de Derechos Humanos pero la cosa sirvió para poco y nada. Familiares del asesinado aseguraban que existía una presión extra del edil para que el finado cediera terrenos al municipio. Los operativos de seguridad en Guerrero tienen como objetivo final el Estado de México, sobre todo la zona sur mexiquense. Y con la búsqueda del Chapo Guzmán que se anuncia desde Estados Unidos, donde aseguran que los mexicanos lo hallarán “vivo o muerto”, la Tierra Caliente arde más que nunca.

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Y en medio de las campañas negras que el propio Peña anticipa desde hace años y para las cuales ha preparado algunas respuestas pero también la estrategia para no dejarse, se avecina para el gobierno del Estado de México un escándalo por una demanda que la madre de la niña Paulette de Huixquilucan, Lizeth Farah, ha entablado por difamación y todo lo que resulte debido a la forma en que la Procuraduría manejó aquella situación. La demanda ha sido presentada y la lleva un prestigioso grupo de abogados que se caracterizan por ganar casi todos sus casos. El gobierno está avisado desde hace tiempo pero la orden “desde muy arriba” es alargar las respuestas lo más que se pueda.

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Los líos en que se meten el gobierno estatal por las pifias de sus funcionarios son lo de menos, pues finalmente pagan o incluso se niegan a hacerlo, que es lo más recurrente. Pero la exposición mediática de Paulette obligará a otras medidas.

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Y es que el monto de la demanda no es cualquier cosa. La señora Farah ha establecido el monto de los resarcimientos en 500 millones de pesos. ¿Les dejarán un reloj en prenda los sabuesos de la PGJEM para que no piensen que van a escurrir el bulto?

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Lo preocupante para el aspirante presidencial Peña Nieto no es el dinero que se pierda, que finalmente sería pagado por el erario público, sino la colección de pendientes que se le han acumulado y que forman parte de la carpeta de primeros auxilios que el PAN y la oposición arman desde hace años. El caso de la demanda de Paulette detonará en el momento preciso, cuando Peña deba ser bajado, aunque sea poquito, de las encuestas de preferencia que encabeza hace mucho tiempo. Demandas por el estilo suman cientos de miles en el Edomex, pero de ellas se sabe poco o nada porque no todos los perjudicados tienen el tiempo y el dinero para iniciarlas o sostenerlas. Los procesos son desgastantes y generalmente se abandonan antes ni siquiera de la mitad.

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Los resultados sobre las Evaluaciones de Control de Confianza de Altos Mandos de las Entidades Federativas sobre el Edomex están en blanco. Ningún funcionario se ha sometido a los requerimientos, según los propios resultados del Control. Las críticas sobre confiablidad son tales que muchos servidores menores han sido advertidos sobre su cese sin no pasan las pruebas que exige la Secretaría de Seguridad Pública.

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Que a Emilio Chuayffet se le señalen responsabilidades en la matanza de Acteal no es nuevo, pero que se le comprueben sí. Luego de 14 años de aquel suceso en Chiapas y con la elección presidencial a la vuelta de la esquina, cualquier cosa será aprovechada para recordar quiénes forman el equipo de Peña Nieto y al que se le ha dado por llamarle Nuevo PRI. Nadie más que Zedillo, Liébano, Madrazo y Emilio son responsables. Ellos eran los jefes y nada se hacía sin que ellos, al menos, supieran. Por lo pronto, con todos peleados en el tricolor, se le viene encima la noche al más famoso de los aspirantes presidenciales. A ver qué dicen Eruviel Ávila y Luis Videgaray.

La Gordillo

* En su último discurso Gordillo dijo ante los maestros comisionados a su servicio: “todos creen que ya me comprometí con el PRI, pero eso no es cierto… tampoco lo he hecho con el PAN y hay que esperar quién da más”. Y viene la demagogia: “claro yo no habló de más dinero, sino de quien respeta la educación pública y” bla, bla, bla. Pero a Esther Gordillo, a Calderón, a los precandidatos Peña Nieto, Beltrones, Ebrard, Vázquez Mota o Cordero, les importa un bledo la educación, su carácter público, laico, gratuito o popular.

Pedro Echeverría/ Argenpress

1. Diez mil profesores de primaria y secundaria, comisionados por el Sindicato (SNTE) para ponerse a las órdenes de la líder magisterial Esther Gordillo (nombrada con actas de congreso: “la líder vitalicia del SNTE”), se encargarán de realizar visitas domiciliarias y la organización de actos públicos; actuarán como guardaespaldas y policías de vigilancia, presidirán mesas de votación, contarán votos después de los comicios presidenciales de julio de 2012.

Si los maestros desde los años 20 del siglo pasado tuvieron la capacidad para ser líderes comunitarios, líderes sociales, ¿por qué ahora no van a cumplir un papel “importantísimo” como es apoyar “a quien dé más diputados, senadores, dinero contante, subsidios y más exigencias”? López Obrador mandó al carajo a la Gordillo desde hace seis años, pero el PRI y el PAN la buscan con desesperación porque 10 mil profesores activistas no son poca cosa.

2. Esther Gordillo fue quizá la pieza más importante de los millones de votos que recibió Felipe Calderón en las elecciones de 2006, por eso también, al asumir la Presidencia, le entregó a Gordillo la SEP, el ISSSTE, la Lotería Nacional, muchos diputados y senadores y algunas gubernaturas; además Gordillo logró subsidios millonarios para su partido (Nueva Alianza) y todo el apoyo para que la dirigencia nacional del SNTE no sea tocada por la lucha de los maestros honestos de oposición representados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) Podrán decir lo que quieran: que soy la mamá de Chuky, que soy muy fea, pero mi fortaleza está en lo que pienso: “Maestros, no se engañen, el poder es el poder, y la ingenuidad es de tontos”. “¿Quién da más?, that es the cuestion”. ¿“Los principios?, esos me los paso por el arco de triunfo”. ¡Así que quien quiera negociar, estoy lista!

3. Esta maldita Gordillo, aunque me duela reconocerlo, ha sido diez veces más hábil y tramposa que Fidel Velázquez que manipuló la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) de 1936 a 1997; aunque Lombardo Toledano, el ideólogo, fue su fundador y primer secretario general cuatro años, Velázquez manejo los hilos para deshacerse de él y apropiarse de la central más importante del país. Éste manejó la CTM durante sesenta años, pero la Gordillo controla un sindicato con un millón 500 mil profesores con 200 millones de pesos en cuotas, controla una central (la FSTSE), tiene un partido político (Nueva Alianza), tiene secretarías de Estado, legisladores y gobernadores y además, el PRI y el PAN, quizá hasta el PRD (sin AMLO) andan desesperados por negociar con ella. Por eso dice que “en política la ingenuidad es de tontos”, que “el poder se negocia porque él determina todo”.

4. Y sí, esta funesta maestra que quizá fue rural en su primer año y luego estuvo en Netzahualcóyotl, Estado de México, pronto tuvo muy claro que la ideología, la moral, la ética valían un carajo en el sistema capitalista y lo mejor era ponerse al servicio de los líderes de la política para “triunfar”. Alguien le aconsejó que la honestidad le serviría para que sus hijos la vieran como un ejemplo; pero ella reviró: “no seamos ingenuos, nuestros hijos serán educados en el capitalismo, en la competencia, en la individualidad, dentro de las relaciones de poder, ¿por qué no prepararlos dentro de estos que muchos llaman mugre y enseñarlos a sumergirse en ella? A partir de ese “pensamiento lógico” se metió en la cabeza que no hay nada legal o ilegal, decente e indecente, justo o injusto, y que lo único que cuenta es el poder, que todo lo que hagas sea en función del poder y que una vez teniéndolo hay que luchar por hacerlo más grande.

5. El desplome de la educación pública en México no se debe a Esther Gordillo ni a los líderes del SNTE que le antecedieron. El fracaso educativo ha ido parejo con el desastre de los servicios de salud, con la caída del país y las inversiones sociales. Sólo podrá haber una buena educación cuando logremos que la población esté dispuesta a luchas por el cambio de las estructuras económicas y políticas. En el sistema capitalista la educación, los servicios de salud, de vivienda, etcétera, sólo podrían mejorar un poco, no estar tan abandonados como ahora; pero esperar ilusoriamente que las cosas cambien radicalmente para bien, es una tontería. Es como esperar que los funcionarios designados por el mismo poder económico cambien algún día de actitud por los ruegos del pueblo. Por eso Gordillo dice: “no seamos ingenios”, y la CNTE dice: hay que luchar en las calles para despojarlos del poder que defienden por lo mucho que les da.

6. En su último discurso Gordillo dijo ante los maestros comisionados a su servicio: “todos creen que ya me comprometí con el PRI, pero eso no es cierto… tampoco lo he hecho con el PAN y hay que esperar quién da más”. Y viene la demagogia: “claro yo no habló de más dinero, sino de quien respeta la educación pública y” bla, bla, bla. Pero a Esther Gordillo, a Calderón, a los precandidatos Peña Nieto, Beltrones, Ebrard, Vázquez Mota o Cordero, les importa un bledo la educación, su carácter público, laico, gratuito o popular. A esos personajes lo único que les interesa es el poder, el apoyo empresarial, su amplia aparición en los medios de información, pero sobre todo los negocios económicos particulares que pudieran hacer. La educación comenzó a privatizarse de manera acelerada con los gobiernos del PRI y Fox y Calderón del PAN lo único que hicieron es profundizar esas medidas para desaparecer la educación pública.

7. Esos diez mil profesores comisionados por la SEP con el visto bueno de todos los gobernadores deberían estar dando clases porque para eso les pagan; pero no, según el PRI y el PAN están realizando cosas más importantes que consisten en cuidar la democracia y la justicia en el país. Pero de esta realidad nadie habla porque es más fácil culpar a los maestros que sí están en las aulas, que luchan en las calles por sus derechos, así como los derechos de los niños y sus padres de tener buena educación y trabajo, por que se incrementen los desayunos escolares y se entreguen uniformes y útiles escolares a los estudiantes. ¿Puede olvidarse que la pobre Vázquez Mota y el funesto Lujambio, impuestos en la SEP por Felipe Calderón, sólo ocuparon el cargo con el fin de hacer méritos para su precandidatura presidencial? Fue Esther Gordillo la que ha determinado todo en la SEP.

¿Gobierno de coalición?

* Para el país sería una desgracia que Peña Nieto llegara a la Presidencia, pero nada cambiaría si en su lugar llegara alguno de estos demócratas-constitucionalistas. Tampoco si en lugar de ellos fuera López Obrador.

 

Pável Blanco Cabrera/ La Haine

En 2005-2006 el Acuerdo de Chapultepec –plataforma programática transexenal– impulsado por los grupos monopolistas, fue suscrito por todos los partidos registrados para la contienda presidencial. De manera más reciente en Michoacán se fue más lejos en tales aspiraciones: grupos empresariales y los partidos PRI, PAN y PRD exploraron contar con un único candidato en las elecciones para gobernador.

Ahora presentan el documento “Por una Democracia Constitucional” que no tiene desperdicio por lo que dice ni por quienes lo suscriben.

Para ejercer su poder las clases dominantes tienen una determinado marco en el que pueden explorar un abanico de posibilidades de gestión, siempre y cuando la base objetiva de su reproducción no sea cuestionada, ni entre en riesgo, es decir siempre y cuando la apropiación privada de la riqueza socialmente producida, y sobre todo del plusvalor, se mantenga inalterable. El Estado será siempre una dictadura de clase, independientemente de la presentación que adopte: con democracia o en ausencia de ella. La democracia hoy es una fachada para expresar que la única fuente de los consensos es el interés de preservar la lógica del capital. El contenido de la democracia en la sociedad dividida en clases es superfluo, y aunque la noción cambie, e inclusive aunque las luchas populares lleguen a imprimirle una sustancia progresista, será siempre en interés de perfeccionar al Estado como maquinaria de dominación.

Las amplias mayorías de la población, la clase obrera y, en general todo el conjunto de los trabajadores asalariados, los campesinos, las capas medias, no tienen ningún interés en común con la burguesía, con los grupos monopolistas y en absoluto vendrá solución alguna a los problemas de la familia popular en el cuadro del actual Estado. No hay soluciones intermedias. Nunca en la historia, con el viejo Estado se ha podido construir la nueva sociedad, pues además de convertirse en límite, en camisa de fuerza, termina por sofocar con violencia tal ingenuidad y los pueblos han pagado un costo sangriento. Querer construir lo nuevo con el viejo Estado es un imposible, un salto al vacío.

Miente quien prometa resolver cualquier problema social cambiando de gobierno, de gestión o de gestor, y preservando el Estado, o su eufemismo, las instituciones; el único camino para los trabajadores es disolver lo existente, derrocando el poder de los monopolios.

El Estado es la maquinaria burocrático-militar, policial y paramilitar, la represión organizada que apelará siempre en primera instancia a la dominación ideológica, al consenso social. Ocultar el conflicto de clase es su base, construyendo la ciudadanía, la igualdad formal. En los tiempos actuales frente a los mass media develar esa realidad, abrir paso a la verdad es un imperativo para la transformación de la realidad.

La forma burguesa de la democracia es un ropaje que cumple el objetivo, mejor que el propio estado de excepción, contando con éste siempre, como reserva presta a caer con fuerza contra el pueblo trabajador.

Si bien la noción democracia en sus orígenes tuvo siempre un contenido de clase y por ende excluyente de las mayorías oprimidas, hoy se presenta en el horizonte de las clases subalternas con un contenido emancipador; y es un deber arrebatar al capital ese concepto, del que se apropió, deformándolo. La verdadera democracia es poder popular, control obrero, participación de las masas. La democracia para ser, es necesariamente anticapitalista. La democracia en tanto que poder popular es un contenido esencial del socialismo-comunismo. Y cuando desde el marxismo hablamos de democracia nos referimos a las conclusiones que se extraen de la Comuna de Paris de 1871, del poder soviético y de la experiencia de la construcción socialista en el Siglo XX.

La restructuración capitalista y la contrarrevolución de los 90’s, sin la presión del campo socialista, desmantelaron el Estado de bienestar, y determinadas conquistas democráticas cedieron su lugar a una concepción instrumental, al liberalismo de Bobbio y otros, reduciéndolo todo al momento del voto. La ciudadanía se reduce a los escasos minutos del sufragio, al espacio que concede la Junta que administra los intereses de la propiedad privada. Identificar democracia con lo electoral, y restringir tal momento, de manera antidemocrática, a fuerzas que expresan los mismos intereses de la clase dominante es la operación perfecta, un soliloquio del capital. Pero no detiene la lucha de clases, ni las contradicciones, y como ahora, a la par de la crisis económica, emerge la crisis política. Y entonces ya no es suficiente, hay que maquillar al insepulto.

En México estamos ya de lleno en el proceso electoral. La llamada transición, tras dos sexenios panistas, es una pieza inservible, aceptando sin conceder, que alguna utilidad tuvo. La misma garantía de ella que era el IFE esfumó su “prestigio”. La abstención crece en la misma proporción que se deteriora la credibilidad de los consensos de la clase política o mejor dicho la burocracia estatal y paraestatal. Sin embargo, la crisis estaba en el origen: un sistema de partidos registrados ad hoc. No debemos olvidar que los arquitectos del moderno sistema electoral en México fueron Carlos Salinas de Gortari, Manuel Camacho Solís y Diego Fernández de Ceballos y como “conciencia crítica” el Grupo de San Ángel. Todo se redujo a la alternancia y a la estatización de los partidos registrados, a los cuales se dio representatividad desde arriba.

No es variopinto el grupo de firmantes. Están casi todos los precandidatos presidenciables y los “intelectuales” del régimen –faltan algunos, pero están en tareas paramilitares–. La defensa de la “democracia constitucional” es la defensa del statu quo, la preservación del Estado, que a toda costa los hace cerrar filas.

El hilo argumentativo es la emergencia nacional y la crisis de la representatividad: la propuesta de estos “demócratas” una salida golpista: por encima del proceso electoral –que ellos diseñaron y pusieron en ejecución– un acuerdo postelectoral, para un gobierno de coalición. Con que cinismo dicen al porcentaje de mexicanos que aún vota, que más allá del sentido de su voto, la verdadera elección la harán los monopolios y sus portavoces. Y esos abajofirmantes son tan despreciables como el priista Peña Nieto. Comparsas de la privatización, la represión, el despojo, y sobre todo de la explotación.

La expectativa de Calderón, para la sucesión presidencial, encuentra en esta iniciativa una posibilidad para materializarse; sabe que el descrédito del PAN requiere de una alianza de la naturaleza que se propone; sabe que con los crímenes contra el pueblo, que su “guerra” provoca, es imposible un sexenio más para su partido.

Ebrard, Creel, Josefina Vázquez Mota, y Beltrones se apuntan para la estabilización. El gran problema nacional es la deteriorada vida del pueblo trabajador, el mundo del trabajo, el casi millón de empleos perdidos desde que estalló la crisis capitalista, la vorágine de aumentos a los productos básicos y el deterioro del salario, las inhumanas condiciones laborales con el crimen industrial en la impunidad; la salud, la educación, la vivienda. Estos aspirantes a gestionar la crisis no tendrán capacidad alguna porque es incontrolable la situación y se necesita la ruptura anticapitalista. Además sus historiales políticos son impresentables.

Si la desmemoria no opera, el principal beneficiario de los demócrata-constitucionalistas, Ebrard, debe ser rechazado, a pesar de su envoltura de izquierda light. Operador político del salinista Manuel Camacho se dedicó a desmantelar a los movimientos sociales y golpear al magisterio desde 1988 en la Ciudad de México. Hoy reprime abiertamente a organizaciones populares, su Ciudad desprecia al mundo del trabajo, a los productores de la riqueza, despoja a los comuneros y reacciona instintivamente contra cualquier protesta social. Encarna en todo su accionar al Partido del orden.

Para el país sería una desgracia que Peña Nieto llegara a la Presidencia, pero nada cambiaría si en su lugar llegara alguno de estos demócratas-constitucionalistas. Tampoco si en lugar de ellos fuera López Obrador.

La experiencia de América Latina, y la propia como pueblo, nos muestra que la noción de izquierda está tan manoseada que dar gato por liebre es una regularidad. En última instancia hoy la izquierda debe ser una fuerza transformadora y no conservadora, que inscriba en su programa el único camino posible para derrocar la injusticia, la dominación clasista, con una clara línea anticapitalista, antimonopolista y antiimperialista.

Y se nos preguntará que por qué no apoyar a Obrador, si él se declara contra los monopolios. Y sin embargo son dos concepciones del mundo, antagónicas e irreconciliables. Es una hipocresía oponerse tan sólo a los monopolios que hoy no lo apoyan, y una medida que añora el pasado, la de regresar a la libre concurrencia, donde la concentración y la centralización aún no forzaba a la concentración de los medios de producción. No queremos regresar al liberalismo, nosotros aspiramos a socializar los medios de producción concentrados y sobre esa base construir la nueva sociedad. Que sueñe el “presidente legítimo” con un capitalismo amable y humano.

Frente al proceso electoral iniciado, frente a la sucesión presidencial del 2012, la izquierda revolucionaria no tiene nada que hacer, sino seguir organizando, luchando porque emerja la clase obrera como la fuerza decisiva y unida a los pueblos indios, trabajadores del campo, estudiantes, mujeres, jóvenes, migrantes, de paso a una fuerza que imponga los cambios que el país necesita.

Y mientras en el mundo suenan las campanas que marcan la hora del combate entre la comuna versus el Partido del orden: de Grecia a Chile, de Portugal a los EU, en todo lugar, porque en todos lados la contradicción capital/trabajo espolea a la Historia.

* Primer Secretario del Partido Comunista de México.

 

Ahora le toca a Veracruz

* Si la narcoguerra del presidente Calderón realmente tuviera que ver con la lucha contra la droga, el Cártel de Sinaloa sería el Enemigo Público Número Uno. Es probablemente la mayor organización de narcotráfico del mundo con acceso a mercados que van mucho más allá de EU y Canadá, y una inmensa red de sobornos dentro de México. Incapaces de competir con Sinaloa en el tráfico de cocaína, los Zetas suplementan sus operaciones con narcóticos con crímenes más aborrecibles que van de secuestros y extorsión a tráfico de personas.

 

Paul Imison/ CounterPunch/ Traducido del inglés para Rebelión por Germán de Leyens

La rapidez con la cual una gran ciudad mexicana puede pasar de una relativa tranquilidad a ser un barril de dinamita por el cual combaten grupos armados de narcotraficantes fue recientemente ilustrada en Veracruz, importante puerto comercial en el Golfo. Hasta hace dos meses, el histórico puerto –que vio la llegada de los españoles en 1519 y las invasiones navales estadounidenses de 1847 y 1914– era un centro petrolero y un gran eje para turistas en su mayor parte del interior, famoso por su hedonismo tropical y su “Carnaval” anual. Parece que ahora se convierte en una de las “plazas” más sangrienta de la narcoguerra.

Después de una avalancha de tiroteos y ataques con granadas a fines de agosto, 35 cuerpos semidesnudos y mutilados –supuestamente pertenecientes de la banda de los Zetas– fueron arrojados en una carretera a plena luz del día, directamente frente al centro comercial más ostentoso de la ciudad. El grupo que reivindicó la responsabilidad por la masacre, “Gente Nueva” es conocido como ala paramilitar del Cártel de Sinaloa, lo que confirma los rumores de que la banda más grande, más poderosa de México se ha lanzado a aniquilar a los Zetas.

Sin embargo, la manera como se han desarrollado los eventos en Veracruz amenaza con convertir la ciudad en uno de los campos de batalla más violentos desde el comienzo de la guerra de los cárteles. En julio, un grupo de sicarios enmascarados y fuertemente armados colgó un vídeo en línea apodándose los “Mata-Zetas”, una banda de autoproclamados “guerreros” dedicados a “proteger” a la población de Veracruz contra los Zetas. Lejos de ser vigilantes, como se había informado inicialmente, también han sido vinculados con el Cártel de Sinaloa, cuyo conflicto a escala nacional con los Zetas es ahora la principal rivalidad de las narcobandas.

Los Zetas son un grupo paramilitar que trabajó originalmente para el Cártel del Golfo y que ahora es una organización criminal por derecho propio, y utiliza el puerto de Veracruz para embarques de cocaína y armas y compite con su ex empleador en el noreste de México. El estado de Veracruz se convirtió en un bastión de los Zetas en 2010 durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, un ex aspirante a la presidencia del PRI que ha sido vinculado con el crimen organizado. “Creo que Veracruz fue dejada en manos de los Zetas”, declaró la semana pasada el presidente Felipe Calderón antes de enviar más soldados a la región. “No sé si fue involuntario… probablemente, así lo espero”.

El 19 de septiembre, un día antes de la masacre descrita más arriba, hubo simultáneamente tres evasiones de las prisiones en todo el Estado, en las que escaparon treinta y dos reclusos – usualmente una táctica de las narcobandas para aumentar su número liberando antiguos asociados o reclutando por la fuerza a miembros de un cártel rival. En este caso, sin embargo, varios de los liberados terminaron entre los muertos arrojados en la capital del Estado veinticuatro horas más tarde, aparentemente la primera y horripilante declaración de los “Mata-Zetas” de que se proponen eliminar a los Zetas en términos de puro derramamiento de sangre.

Dos semanas después, marines realizaron arrestos que llevaron a otros 32 cuerpos desmembrados abandonados en tres casas en toda la ciudad. Mensajes manuscritos dejados en la escena de la carnicería –un continuo va y viene entre bandas rivales– sugirieron otros golpes de los “Mata Zetas” o de un grupo afín. En cosa de semanas, la otrora pacífica y colonial Veracruz había reemplazado en los titulares a las ensangrentadas ciudades fronterizas.

Los principales cárteles en México han estado utilizando grupos armados desde que sus rivalidades personales empeoraron a principios de los años 2000. Los Zetas realizaban antiguamente el trabajo sucio del Cártel del Golfo hasta que se volvieron contra sus jefes y se independizaron. El Cártel de Juárez, en la ciudad fronteriza del mismo nombre devastada por la violencia, utiliza una banda de matones que llama “La Línea”, que según los rumores opera independientemente desde que su empleador fue debilitado. El Cártel de Sinaloa tiene numerosos operativos al estilo paramilitar, de los cuales los “Mata-Zeta” solo parecen ser el más reciente.

La narcoguerra” es dominada ahora por dos organizaciones rivales. Los Zetas están en guerra con la alianza de los Cárteles Sinaloa-Del Golfo en el estado de Tamaulipas en el noreste, y tratan de penetrar en territorio Sinaloa en todos los demás sitios. En julio, la Agencia Anti-drogas de EU (DEA) admitió que la estrategia antinarcóticos del gobierno mexicano se centra ahora en el combate contra los Zetas, incluso si, irónicamente, se considera que sus ingresos del narcotráfico son una fracción de los del Cártel de Sinaloa.

Si la narcoguerra del presidente Calderón realmente tuviera que ver con la lucha contra la droga, el Cártel de Sinaloa sería el Enemigo Público Número Uno. Es probablemente la mayor organización de narcotráfico del mundo con acceso a mercados que van mucho más allá de EU y Canadá, y una inmensa red de sobornos dentro de México. Incapaces de competir con Sinaloa en el tráfico de cocaína, los Zetas suplementan sus operaciones con narcóticos con crímenes más aborrecibles que van de secuestros y extorsión al tráfico de personas.

La línea oficial a ambos lados de la frontera es que los Zetas son la más peligrosa de las facciones criminales de México y una amenaza para la seguridad nacional de ambos países (véase el reciente intento de las autoridades estadounidenses de vincularlos con el “complot terrorista” iraní en Washington). Pero aunque sus orígenes y tácticas militares ciertamente los convierten en una amenaza para el público mexicano, el reciente derramamiento de sangre en Veracruz muestra que el Cártel de Sinaloa –presentado erróneamente como una mafia de la “vieja escuela”, incluso “honorable”– no está menos versado en brutalidad.

Los militares mexicanos son conocidos por su apoyo activo al Cártel de Sinaloa contra sus rivales en ciudades como Tijuana y Juárez – utilizando en teoría a un cartel “de confianza” para eliminar a otro. Pero siempre ha existido la sospecha entre críticos de la “guerra” de Calderón de que esta estrategia capacita al gobierno para realizar el tipo de atrocidades que los militares no pueden cometer legalmente, empleando efectivamente a asesinos al estilo paramilitar para erradicar a sus enemigos en lo que la colaboradora de Counterpunch, Kristin Bricker, llama la “colombianización” de México.

El gobierno ha condenado oficialmente a grupos armados que “toman la justicia en sus propias manos”, tratando de presentar a los “Mata-Zetas” como un grupo vigilante no relacionado con ninguna estrategia federal. Pero al gobierno de Felipe Calderón se le acaba el tiempo. Su objetivo primordial ahora es simplemente abatir a los Zetas – no importa la lucha contra el narcotráfico, una industria de entre 15 mil y 50 mil millones de dólares por año solo en México.

Funcionarios estadounidenses en México afirmaron recientemente que la oportunidad de la llegada del Cártel de Sinaloa a Veracruz puede haber sido un ataque preventivo para retrasar una incursión de los Zetas a Guadalajara, la segunda ciudad por su tamaño del país donde las lealtades se han dividido desde el asesinato del jefe de la “plaza” y miembro de Sinaloa,

El gobierno de Calderón afirma que la continua violencia se ha debido a que los grandes cárteles han sido desmantelados y divididos en facciones más pequeñas –y menos poderosas– lo que esencialmente constituye un modo de reivindicar éxito para su política. Pero esas facciones “más pequeñas” siguen siendo fieles a uno de los dos pesos pesados, lo que simplemente propaga la violencia a otros rincones del país.

La historia de la guerra de cárteles ha comenzado a repetirse. La ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que bordea Laredo, Texas, fue una de las primeras ciudades mexicanas en las que estalló la violencia cuando el Cártel de Sinaloa luchó contra el Cártel del Golfo (ahora su aliado) en 2003. Los Zetas (que entonces trabajaban para el grupo del Golfo) ayudaron a repeler la incursión. Ahora los cárteles de Sinaloa y del Golfo trabajan juntos para defenderla contra los Zetas, y la ciudad ha vuelto a estallar.

Son los círculos cada vez más pequeños en una “guerra” que según el gobierno mexicano está ganando. A Felipe Calderón le queda solo un año en su puesto para vender esta sórdida telenovela a un electorado cada vez más horrorizado. La cifra oficial de 34 mil 500 muertos sigue sin ajustar desde diciembre pasado, y los medios independientes citan ahora más de 41 mil muertos desde 2007.

 

*Paul Imison vive en Ciudad de México. Para contactos: paulimison@hotmail.com

*Fuente: http://www.counterpunch.org/2011/10/21/the-drug-war-in-mexico/

La problemática del feminicidio

* Uno de los más graves problemas de seguridad en la entidad es el de los feminicidios, registrados desde el año 2000 y que presentan un crecimiento exponencial a través de los años. Tan sólo en tres años hubo mil 288 mujeres asesinadas. Un informe sobre Derechos Humanos en el sexenio de Enrique Peña Nieto desglosa números y razones por las que estos crímenes, en su mayoría, no se resuelven pero sí en cambio elevan cada año sus víctimas mortales.

 

Nuestro Tiempo

Un informe publicado a principios de septiembre del 2011 y realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, las organizaciones Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Greenpeace, Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos, junto con Promoción y Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales presenta la realidad de los derechos humanos en el Estado de México y dicen que “es posible conocer diversos casos relacionados con el sistema de justicia penal, la violencia hacia las mujeres, los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, así como con la vigencia del derecho a defender los derechos humanos en dicho estado. Las conclusiones de este informe apuntan no sólo a una persistente omisión en la responsabilidad estatal de garantizar los derechos humanos, sino a una deliberada violación de los mismos, casi como si se tratase de una política pública”.

Titulado “La violación sistemática de derechos humanos como política de Estado”, se enfoca exclusivamente en la entidad gobernada hoy por Eruviel Ávila Villegas, el informe se convierte en un viaje de 103 puntos por los casos más importantes de represión en la administración peñista y recoge las historias de San Salvador Atenco, del luchador social Santiago Pérez Alvarado, los feminicidios y obras públicas que han afectado patrimonio de particulares, entre otros puntos, recordando además índices de pobreza y el dinero destinado a la procuración de justicia y sus resultados, además de las recomendaciones emitidas por la estatal Comisión de Derechos Humanos. En este espacio serán recordados, uno por uno, los ejemplos con los que fue elaborado el trabajo y cada semana será publicado íntegramente.

En el Estado de México, la problemática del feminicidio ha reflejado un importante crecimiento durante la primera década del siglo XXI. Esta situación se ha venido registrando a partir del 2000 y los resultados del periodo 2000-2004 se encuentran en el documento Violencia Feminicida en 10 entidades de la República Mexicana, publicado en 2006 por la Cámara de Diputados. Dicho informe señala que mil 288 niñas y mujeres fueron asesinadas del año 2000 al 2003 por homicidios dolosos y culposos en esta entidad.

Estos hechos llevaron a varias organizaciones a documentar los feminicidios en la entidad. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) durante el 2007, 2008 y el primer semestre de 2009, documentó 472 feminicidios de niñas y mujeres en el Estado de México, 89 de los cuales ocurrieron tan sólo en lo que iba del 2009. Esto significa que, de las doce entidades monitoreadas por el OCNF, el Estado de México es la que cuenta con el mayor número de mujeres víctimas de feminicidios.

La CODHEM reportó que, desde el inicio de la administración del gobernador Enrique Peña Nieto y hasta el 14 de agosto de 2009, 672 mujeres habían sido asesinadas en el estado, varias de ellas de manera violenta, ya que presentaban huellas de tortura y de abuso sexual. En 9 de cada 10 asesinatos no se ha hecho justicia (89% de los casos) pues sólo 76 homicidas han sido sentenciados. De acuerdo con la PGJEM, 95 mujeres fueron asesinadas de enero a mediados de agosto de 2009.

La violencia contra las mujeres en la entidad mexiquense se ramifica y extiende por ámbitos que van más allá de lo privado; no sólo afecta a las mujeres de la localidad, sino también a toda mujer que transite por su territorio. Por ello, un tema a considerar es el de la migración, pues la entidad se ha convertido en una zona de alta peligrosidad para las personas migrantes centroamericanas y mexicanas del sur, quienes a su paso por el Estado de México pueden experimentar situaciones de violencia extrema.

Este contexto refleja que en materia de feminicidio hay grandes deficiencias en los mecanismos de protección y procuración y administración de justicia, aún a pesar de que se han ratificado varios tratados para la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres en esta materia y se haya promulgado la LAMVLV.

Recientemente, en el Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, la CoIDH reconoció la existencia de homicidios dolosos de mujeres por razón de género; es decir, de los feminicidios. Esto representa un avance importante en la jurisprudencia internacional de derechos humanos de las mujeres, pues se reconoce que se cometen asesinatos en su contra por su condición de género, lo cual concuerda con las teóricas feministas que consideran que la discriminación contra las mujeres tiene su máxima expresión en los asesinatos violentos cometidos por misoginia, donde familiares o desconocidos realizan actos de extrema brutalidad contra los cuerpos femeninos. Esta situación tiende a agudizarse por la permisividad del Estado por acción u omisión, así como por la impunidad.

El análisis de esta problemática se abordó desde tres dimensiones, mismas que permiten la práctica del feminicidio:

Discriminación de género presente en los homicidios dolosos de mujeres; discriminación de género en los operadores de justicia en el Estado de México y Acciones/omisiones en la impartición de justicia en el caso de feminicidios en el Estado de México.

 

Discriminación de género y homicidios dolosos de mujeres

 

Desde esta dimensión se toman en cuenta variables que permiten analizar los rasgos de los homicidios dolosos contra mujeres para poder suponer que reúnen los rasgos de un feminicidios, a partir de: a) causa de muerte; b) lugar de hallazgo del cuerpo; c) la relación de la víctima con el victimario (si es conocido o desconocido); d) motivo del asesinato.47 Así, al analizar cada variable se presentan datos del Estado de México que permiten mostrar la lacerante realidad de la problemática del feminicidio en esa entidad.

En el Estado de México se registraron 922 casos de presuntos feminicidios durante el periodo de enero de 2005 a agosto de 2010. De éstos, las mujeres asesinadas por disparo de arma de fuego suman un total de 303 (32.86%); sin embargo, en el 60.63% de los casos las mujeres murieron como consecuencia de traumatismos craneoencefálico, heridas punzocortantes y asfixia por uso excesivo de la fuerza física. Es decir, seis de cada diez mujeres asesinadas en el Estado de México son victimadas en actos con un alto grado de violencia que evidencian el uso excesivo de la fuerza física.

La variable de causa de muerte es fundamental para establecer la crueldad, la misoginia y la discriminación que plasma el victimario en el cuerpo de la víctima. Sin embargo, para comprenderla a cabalidad es necesario conocer también la variable de los actos violentos que experimentó la víctima antes de ser asesinada. Como afirma Solano Fernández, del Departamento de Planificación del Poder Judicial de Costa Rica, la ubicación de las heridas y la cantidad de éstas sirven para medir el ensañamiento del agresor contra la víctima, lo cual tiene relación con el detonante del homicidio, es decir, el evento final que causa las agresiones.

 

b) Lugar de hallazgo del cuerpo

 

El lugar donde encuentran los cuerpos de las víctimas es importante en la medida que manifiesta el ejercicio de la violencia extrema, donde el abandono, la exposición y el castigo después del asesinato son contundentes. En el Estado de México, el 59.76% (551 casos) de las víctimas fueron halladas en un lugar público (centros comerciales, hoteles, etc.) o una vía pública (calles, avenidas, carreteras, caminos vecinales, etc.), en tanto que el 36.23% (334 casos) de los cuerpos fueron hallados en una casa habitación. Tenemos así un escenario que nos muestra cómo el espacio público se ha constituido en un territorio en el que la violencia e impunidad acompañan el feminicidio.

A lo largo de los años, el OCNF ha constatado que existe una relación directa entre el lugar y la forma en la que fueron encontrados los cuerpos de las víctimas. Cuando éstas son localizadas en lugares públicos, se observan actos de violencia como la vejación, mutilación, tortura, putrefacción, desnudez, quemaduras o partes del cuerpo cercenadas. Para comprender mejor esta situación, es necesario recordar que la discriminación de género coloca a las mujeres como seres inferiores y subordinadas a los hombres, situación que se convierte en un atropello constante de sus derechos humanos, que se materializa en la transgresión a sus cuerpos y sus vidas, y que las expone al feminicidio.

De los 922 homicidios de mujeres cometidos entre enero de 2005 y agosto de 2010, en el 56.72% de los crímenes las autoridades desconocen quién fue el homicida. Sólo en los casos donde el asesinato fue cometido por una persona conocida (pareja, familiar o vecino) la autoridad conoce la identidad del victimario (35.47%). Este último dato se confirma con la información documentada por la Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las Autoridades Competentes en relación a los Feminicidios registrados en México, al señalar que el 36% de los asesinatos de mujeres ocurren en los hogares.

Para las teóricas del feminicidio es fundamental establecer si había o no relación entre la víctima y el agresor, pues esta información permite, por un lado, establecer tipologías para caracterizar y comprender los tipos de feminicidio y, por el otro, caracterizar las agresiones cometidas contra los cuerpos de las mujeres y diferenciarlas, pues cuando las realizan desconocidos, por lo regular, los cuerpos presentan un patrón de tortura, violencia sexual y mutilaciones con fines destructivos.

 

d) El motivo del asesinato

 

El reciente Protocolo de actuación en la investigación del delito de homicidio desde la perspectiva del feminicidio, en su apartado Homicidios de Mujeres en el Estado de México, establece que el origen de los homicidios contra las mujeres es multifactorial, resaltando la violencia familiar como la más significativa dentro de los asesinatos contra las mujeres. De esta forma, las mujeres pierden la vida porque fueron asesinadas por amigos, novios, concubinos, esposos, familiares, vecinos o conocidos; además, hay niñas que mueren en circunstancias excepcionales a manos de sus padres varones, como venganza contra la madre; mujeres que pierden la vida debido a venganzas contra ellas o sus familias; mujeres privadas de la vida por haber presenciado un delito y mujeres que son asesinadas como consecuencia de la comisión de otro delito, como robo, violación y secuestro.

Una dama fatal

* La alianza entre el PRI de Peña y el Panal de Gordillo no sería nueva en el Edomex. El cinco de julio de 2009 tuvieron su primer acercamiento cuando participaron juntos en los comicios para elegir alcaldes y diputados. Pero el aporte de los elbistas fue menos que moderado. Hoy las condiciones son distintas para todos.

Nuestro Tiempo

La avanzada mañana sorprendió a Mónica Arriola en la ciudad de Toluca. Era  el 12 de abril del 2011 y las campañas políticas por la gubernatura del Estado de México avanzaban. Los aspirantes buscaban alianzas que les permitieran facilitar la tarea electoral y el equipo del priista Eruviel Ávila se había decidido por aceptar abanderar también al Partido Nueva Alianza, dominio de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo. Aquel día Arriola aseguraría ante tres mil profesores del SNTE, el mismo Ávila y Jorge Kahwagi, presidente del partido, que este pacto no tenía fin electorero pero en cambio buscaba ampliar la “agenda educativa y la presencia de las mujeres en la entidad”.

“Quiero reconocer a una mujer que ha dedicado su vida entera precisamente a educar niños, a educar jóvenes, y quien ha planificado para toda una vida. Pido de favor a mi amigo Jorge Kahwagi, que le haga llegar un cálido reconocimiento, un abrazo muy sentido a la maestra Elba Esther Gordillo”, pronunciaba el candidato tricolor luego de que días antes reconociera que el apoyo de la maestra sería indispensable para triunfar. Las palabras y las justificaciones sobraban, no tenían cabida en aquel acto protocolario que después de todo las exigían y por no dejar el propio Kahwagi soltaba que “nosotros no hacemos alianza como sea y con quien sea. Nosotros no le prestamos el membrete como en otros partidos que hacen alianza como sea y con quien sea”.

Consumada la alianza y después el triunfo priista, meses adelante la misma Arriola era encumbrada como secretaria general, junto con Luis Castro, ex secretario particular de Gordillo, que ocupaba la presidencia en lugar de Kahwagi. Lo anterior no fueron sino preparativos que anunciaban la unión entre las fuerzas elbistas con Enrique Peña, en ese entonces apenas aspirante en las sombras para la presidencia de México. El 24 de octubre del 2011, en pleno proceso interno priista para elegir candidato, los dos involucrados, Manlio Fabio Beltrones y el ex gobernador mexiquense aceptaban en Querétaro “una posible alianza” con el Panal.

Beltrones aludió a la amistad que une a los maestros sindicalizados con su partido y Peña, en su tangencial estilo de hablar, coincidía en que se buscaba afinidad con otros partidos para la plataforma de gobierno que se preparaba.

Pero la figura de Gordillo no es nueva entre los aspirantes tricolores. A mediados de julio del 2011 el mismo Peña intentaba matizar “los escándalos” de Elba Esther y de paso deslizaba otra vez la posibilidad de un pacto, ya con ella o con otras entidades. La llegada de la maestra al círculo de Peña Nieto se vaticinaba desde el año pasado, pues el priismo no podía enfrentar una lucha callejera contra ella y el poder que ejerce en el magisterio desde hace más de dos décadas. Millonaria y fortalecida políticamente como ningún político, la maestra es también imán de escándalos a los que no rehúye y que al menos en la opinión pública han pasado por certeros.

La cuestionada Gordillo ha elaborado una especial agenda de vida desde el centro de su partido, que nación cuando el poder político de la profesora le permitió ese control. Detrás del habitual ejercicio del poder en México, a Elba se le ha documentado la posesión de más de 60 inmuebles en México y el extranjero que ella explica con una herencia dejada por su abuelo y asegura que  “nunca ha tocado un solo centavo de los 80 mil millones de pesos que ha recibido de fondos federales y los 13 mil millones de pesos que, según cifras extraoficiales, había recaudado hasta el 2009 por concepto de cuotas sindicales y que ha manejado discrecionalmente desde que tomó posesión de su cargo en abril de 1989”, como se narraba en un reportaje de este Semanario.

Su gremio afilia a cerca de un millón 700 mil maestros, capaces de revertir o asegurar cualquier tendencia o encuesta en los momentos de crisis o de apuntalar ventajas en procesos electorales.

“Los acercamientos de Peña con la poderosa maestra para coronar el viejo sueño fabelista van más que adelantados. La lideresa vitalicia del SNTE dejó ver su simpatía y preferencia por el mandatario mexiquense desde agosto del 2008 durante una entrevista con Carlos Loret de Mola, aunque aquella vez aclaró que cualquier alianza con él o con Marcelo Ebrard Casaubón, jefe del Distrito Federal –su otro favorito- se daría por química y no por “rostro”; la tesis del apoyo elbista hacia el político de Atlacomulco se reforzó durante la primera semana de mayo cuando el ex-gobernador sonorense, Eduardo Bours Castelo, afirmó a congresistas locales y federales que Elba Esther y él estaban con Peña Nieto”, escribía el reportero Elpidio Hernández para Nuestro Tiempo.

Gordillo es una empresaria del voto público y actúa como tal. Las oportunidades se le han presentado y ella las aprovecha mejor que nadie, como sucedió en las elecciones federales del 2006, al respaldar al panista Felipe Calderón, luego ganador de aquellos comicios. La maestra había ofrecido en ese mismo tiempo el mismo apoyo a todos los participantes, pero el PAN la cobijó.

“La alianza entre el PRI de Peña y el Panal de Gordillo no sería nueva en el Edomex. El cinco de julio de 2009 tuvieron su primer acercamiento cuando participaron juntos en los comicios para elegir alcaldes y diputados. Pero el aporte de los elbistas fue menos que moderado porque en la jornada para elegir ayuntamientos sumaron 61 mil 381 votos de los dos millones 428 mil 460 que registró la alianza, mientras que en las votaciones para diputados sólo obtuvo once mil 840 votos; a pesar de las raquíticas aportaciones, le alcanzó para convertirse en la cuarta fuerza en el Congreso local, donde obtuvo seis escaños, todos ocupados por figuras que forman parte de la estructura liderada por la profesora, como el caso de la coordinadora Lucila Garfias, ex-secretaria de la sección 36 del SNTE”, recordaba esta publicación.

“La relación de la dueña del magisterio con los políticos mexiquenses ha encontrado polos opuestos, principalmente en 2003 cuando fue destituida como coordinadora de la bancada priista en la Cámara de Diputados, cargo que fue ocupado por Emilio Chuayffet Chemor, con quien protagonizó un enfrentamiento por esa posición pero los rencores por aquella disputa no se han olvidado porque Gordillo ya lanzó una advertencia al gobernador Peña en la que expresa que con Chuayffet “ni a la esquina”. En la revuelta priista en las curules del Congreso federal, el ex-gobernador Alfredo del Mazo González, entonces diputado federal, aprovechó la coyuntura para ganarse las simpatías del magisterio cuando se separó del cargo como protesta por la destitución de Elba.

En el 2003 una serie de conversaciones con el panista Jorge Castañeda definía la relación de Gordillo con los políticos mexiquenses. En las llamadas, grabadas y publicadas en su momento, llamó “chupacabras” al entonces gobernador del Edomex, Arturo Montiel.

Jorge Castañeda: lo voy a hacer empezando hoy, porque tengo a toda la prensa extranjera aquí desfilando, pero sí necesito verte para que me orientes un poquito, por dónde quieres que empiece.

Elba Esther: yo nada más desayuno con Alfredo del Mazo.

JGC: ufff… ¡qué pérdida de tiempo…!

EEG: pues sí, pero ahorita tengo que cerrar con todos y es que aquél me anda viboreando y no quiere compartir nada.

JGC: Alfredo del Mazo se va a ir con Chuayffet, ése no va a jalar contigo ni tampoco “El Chupacabras” de Arturo Montiel, aunque te haya dicho que te va a ayudar.

EEG: no creas, traigo muy grillado al “Chupacabras” y a los otros gobers que lo siguen, hasta el momento me han sido útiles y tengo que jugar así si queremos lograr lo que nos interesa.

En 2005, en plena efervescencia política, Gordillo no tuvo más remedio que respaldar tímidamente las aspiraciones presidenciales del mexiquense Arturo Montiel Rojas. Por aquellos días consideraba que cualquier opción, incluso Montiel, era mejor que apoyar a Roberto Madrazo con quien sostiene una acérrima enemistad desde el verano de 2003.

Elba, considerada la política con la peor imagen del país, por arriba incluso del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, cumplió en 2009 dos décadas al frente del sindicato desde donde se ha entronizado como una pieza clave del ajedrez político nacional. Ha sido tres veces diputada federal y titular de la delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal, secretaria general del PRI y su influencia abarca desde secretarías de Estado hasta instituciones federales como el ISSSTE, la Lotería Nacional e incluso el Instituto Federal Electoral, donde ha colocado a hombres cercanos a su figura como Miguel Ángel Yunes, a quien puso en la titularidad del ISSSTE y más recientemente en su malograda aventura en Veracruz; apenas echada de su partido en 2006 por apoyar a Calderón Hinojosa, decidió fundar su propio partido, el Nueva Alianza.

Humberto Moreria, presidente nacional del PRI, el 24 de octubre del 2011, anunciaba la alianza con Gordillo, así como también con el PVEM, que “oficializó2 en Peña Nieto a su candidato definitivo.

A la maestra se le ha señalado por coquetear con el perredista Marcelo Ebrard al mismo tiempo que con el PRI e incluso desliza que una mujer ya puede ser presidenta de México. La única en competencia todavía es la panista Josefina Vázquez Mota.

Naves mortales

* Los helicópteros son naves muy populares entre los políticos. El ex gobernador Peña era usuario frecuente, lo mismo que Montiel. Eruviel Ávila los usó cuando cumplía la campaña política que lo encumbró en el Ejecutivo. Incluso eso le valió señalamientos de sus rivales, quienes le reprocharon un gasto de 350 mil dólares en aquellos traslados, cantidad que nunca fue demostrada. El aparato en el cual se accidentó García Cuevas era un Augusta Westland AW109, de dos motores, para 8 ocupantes y estaba en servicio desde el 2006 en el gobierno mexiquense.

 

Miguel Alvarado

El helicóptero que transportaba al secretario de Desarrollo Metropolitano, Fernando Alberto García Cuevas, se desplomó sin más en Coyoacán causando la muerte de dos personas, entre ellos Julio César Maturano, coordinador de Logística y el piloto Esteban Martínez. El secretario salvó la vida luego de un viaje a Neza, donde se había reunido con el diputado Omar Rodríguez y líderes de la Canaco. La nave, una Augusta A109S y con matrícula XC-EDM, se destrozó con el impactó y provocó caos en la zona. El gobernador Eruviel Ávila lamentó lo sucedido y ordenó la revisión de toda la flotilla al servicio del gobierno para evitar otra contingencia.

Pero no es la primera vez que funcionarios mexiquenses se ven involucrados en este tipo de percances. En el año 2000 otro helicóptero de la Dirección General de Seguridad estatal se desplomaba en el pequeño helipuerto del edificio de la Procuraduría estatal en Toluca, causando la muerte de 6 personas, entre ellas el director general de Seguridad Pública, Hugo Piña.

Aquel era un Relámpago Uno, matrícula XCJCF, Vel 206 y en él viajaban la subsecretaria C de Gobierno, Olga Navarro Legorreta; el director de Operaciones de la DGSPT, Rogerio Cortés Ballesteros; Carlos Rosales, asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Político; el piloto Mauricio Lechuga y el radio operador Rubén Campirán. Iban a Teotihuacán a supervisar un operativo de vigilancia por e l equinoccio de primavera. Luego de aquello, el entonces gobernador Arturo Montiel también ordenaba una depuración en los aparatos de la administración estatal, pero ello tardaría. En el 2002 se comprarían dos helicópteros para el combate al crimen. En el 2006, ya bajo el mando de Enrique Peña, la depuración retardad legaba por fin y se vendía un helicóptero Bell 412 EP 2000 por casi 60 millones de pesos al gobierno de Nuevo León, a pesar de que tenían fama de inseguros y de que las estadísticas indicaban que al menos se accidentaba uno cada año.

Ese mismo modelo de Bell se accidentó en el 2005 en el cerro de La Cima en Xonacatlán, también del Edomex llevando en su interior al secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, Ramón Martín Huerta, quien se dirigía al penal de La Palma, hoy Altiplano, para una ceremonia oficial.

En el 2006 el gobierno mexiquense vendía nuevamente más helicópteros, esta vez por 8 millones de dólares a la empresa Augusta Westland, de Filadelfia, Estados Unidos. Entregaría dos y 9 más quedarían para más adelante, pero también se trataban de las fatídicas Bell 412. Esa operación la supervisó Luis Videgaray, coordinador de la campaña del actual gobernador del Edomex, Eruviel Ávila. En ese entonces Videgaray era secretario de Finanzas de Peña. Explicaba que los helicópteros los habían heredado de los tiempos de Montiel pero que ya no cubrían expectativas de operación. Así, aquella administración se deshacía de las tres naves más grandes, incluyendo la que comprara Nuevo León. El funcionario confirmaba que habían vendido 12 pero que habían comprado siete. En total, contabilizaban 13 millones de dólares para comprar tres naves Augusta Grand, como la del accidente de García Cuevas, de las cuales habían recibido una y esperaban otras dos.

Hace 5 años la flotilla estatal costaba al gobierno de Peña 17 millones de pesos al año por mantenimiento y combustible. Al años siguiente, en el 2007, el hangar del gobierno estatal en el aeropuerto de Toluca era la sede para la subasta de otros tres helicópteros y que coordinaría a empresa Carasa de subastas públicas y que cobró dos millones 235 mil 205 pesos por la actividad. A pesar de todo, las unidades se lograron vender y obtener 6 millones de dólares aunque sólo hubo 8 postores, algunos de Canadá y EU. Los helicópteros eran un Bell 407 matrícula XC-NVB del 2001 y que compró la empresa mexicana Aviheli Servicios Aéreos por un millón 659 mil dólares. Esta misma compró otro Bell 407 XC-JDZ, número de serie 53515, del 2002, por 2 millones 159 mil dólares. La Wertern Heliserv LLC, de Arizona se llevó la tercera unidad, otro Bell 407, matrícula XC-MOD del 2001 y por 2 millones 150 mil dólares.

Esa operación le tocó a Raúl Murrieta, entonces director de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas pero hoy secretario de la misma. Indicaba que habían conseguido un sobreprecio del 21 por ciento que usaría para comprar tres nuevos helicópteros, con tecnología de punta y equipados, a la empresa norteamericana Augusta. Un conteo final sobre los montos recaudados por la venta de las naves de Montiel indicaba 15 millones 480 mil 10 dólares y 12 aparatos.

La misma Secretaría de Finanzas informaba que se habían comprado 4 helicópteros A19S Grand y A119S Koala a Augusta con sede en Filadelfia, pero que aún faltaban tres.

Nuevamente en el 2008 el gobierno mexiquense compraba otra nave, esta vez para combatir incendios. El aparato podía transportar mil 200 litros de agua a zonas de siniestro. También era una Augusta 119 tipo Koala.

Dos años después se descubrió que los gobiernos de Durango, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco y Estado de México habían ayudado a la empresa de aviación del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, llamada Servicios Aéreos Milenio S.A. de C.V., fundada en 1999 y que prestaba servicios de helicópteros y aviones Lear Jet 45. Esa compañía también adquiría las naves Bell y usaba los modelos Augusta. Estos aparatos eran rentados por el gobierno mexiquense para vuelos de los funcionarios.

El 25 de junio de 2007 peña daba instrucciones para que se siguiera renovando la flotilla que asistía a la población en siniestros y emergencias médicas. Las empresas particulares vieron la oportunidad de hacer negocio con vuelos particulares y pronto implementaron dos helicópteros y 63 vuelos diferentes para destinos nacionales, principalmente Puebla, el DF y el propio Edomex. Los llamaron taxis aéreos y ahora son un servicio normal en el aeropuerto de Toluca, donde llegaron a operar hasta 200 compañías. El vuelo cuesta desde 20 mil pesos por hora y hay destinos que cobran hasta 80 mil. Los helicópteros usados eran los Bell 412.

Otro tipo de helicópteros eran los Relámpago y hasta el 2002 eran las naves usadas por la policía que incluso mantenía una base en el aeropuerto de la ciudad. Así, Tránsito, la Procuraduría, Probosque y el gobierno del Estado habían formando una sola coordinación para eficientar sus servicios. Otra base de aquellos Relámpago se ubicaba en Tlalnepantla y ocupaba los servicios de 96 personas.

Los helicópteros son naves muy populares entre los políticos. El ex gobernador Peña era usuario frecuente, lo mismo que Montiel. Eruviel Ávila los usó cuando cumplía la campaña política que lo encumbró en el Ejecutivo. Incluso eso le valió señalamientos de sus rivales, quienes le reprocharon un gasto de 350 mil dólares en aquellos traslados, cantidad que nunca fue demostrada.

El aparato en el cual se accidentó García Cuevas era un Augusta Westland AW109, de dos motores, para 8 ocupantes y estaba en servicio desde el 2006 en el gobierno mexiquense.