San Juan Atzingo: el caso de Aldo e Idelfonso Zamora

* Titulado “La violación sistemática de derechos humanos como política de Estado”, se enfoca exclusivamente en la entidad gobernada hoy por Eruviel Ávila Villegas, el informe se convierte en un viaje de 103 puntos por los casos más importantes de represión en la administración peñista y recoge las historias de San Salvador Atenco, del luchador social Santiago Pérez Alvarado, los feminicidios y obras públicas que han afectado patrimonio de particulares, entre otros puntos, recordando además índices de pobreza y el dinero destinado a la procuración de justicia y sus resultados, además de las recomendaciones emitidas por la estatal Comisión de Derechos Humanos. En este espacio serán recordados, uno por uno, los ejemplos con los que fue elaborado el trabajo y cada semana será publicado íntegramente.

 

Nuestro Tiempo

A unos kilómetros del Distrito Federal, justo donde colinda la capital con el Estado de México y Morelos, se encuentra el corredor biológico Ajusco–Chichinautzin: una zona boscosa de gran magnitud que abarca las Sierras de las Cruces, del Ajusco, del Chichinautzin, de Zempoala y del “Sistema Cadera”. La riqueza de la zona es invaluable, pues alberga una gran biodiversidad; alimento; y proporciona prácticamente el 75% del agua que se consume en la Ciudad de México. Debido a esto último, Greenpeace ha denominado el área “el Gran Bosque de Agua”.112 Por su parte, la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (CONABIO) declaró a esta zona como una “Región terrestre prioritaria”; es decir, como un área cuyas características físicas y bióticas permiten el desarrollo de una gran biodiversidad, razón por la que requiere acciones y políticas especiales de conservación.

No obstante, la zona enfrenta graves amenazas y desaparece rápidamente. Según datos del Instituto de Geografía de la UNAM, cada año se pierden 2 mil 400 hectáreas del Gran Bosque de Agua. Entre los factores que atentan contra su conservación destacan: la disminución de los niveles de los acuíferos debida a su sobreexplotación, la expansión de la mancha urbana y la tala ilegal de árboles.

Esta última actividad ilícita constituye un grave problema en México. De acuerdo con el Programa de Combate a la Tala Clandestina, diseñado e instrumentado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), cada año se producen en el país entre cinco y siete millones de metros cúbicos de madera ilegal. La zona del Gran Bosque de Agua no es la excepción, ya que ahí operan, con tolerancia e incluso con la complicidad de las autoridades, grupos de la delincuencia organizada que se dedican a la tala inmoderada de árboles. Su poder es tal, que la Profepa acepta que algunas comunidades vivan en la “ingobernabilidad”, pues las autoridades se ven constantemente rebasadas por los grupos de taladores clandestinos.

Por si fuera poco, la construcción de la autopista Lerma-Tres Marías pone nuevamente en riesgo la supervivencia del Gran Bosque de Agua. De llevarse a cabo, el proyecto carretero afectará gravemente la biodiversidad de la zona, pues partirá en dos el bosque; atraerá al mayor desarrollo inmobiliario mermando la capacidad de filtración y captación de agua; y destruirá el hábitat de especies en peligro de extinción.

Ante la inactividad de las autoridades responsables, la gente que habita en las inmediaciones del bosque se ha organizado para defender los árboles y detener el avance de la mancha urbana. En algunas comunidades, el sistema de propiedad colectiva de la tierra que aún subsiste en la zona indígena bajo las figuras del ejido y los bienes comunales ha facilitado ese proceso colectivo.

Sin embargo, la organización de la gente a menudo se ha visto obstaculizada por los grupos delincuenciales de taladores e incluso por las propias autoridades. Tomando en cuenta que en el país existen múltiples antecedentes de persecución a activistas ambientales y defensores del derecho a un medio ambiente sano, los comuneros del municipio de Ocuilán, en el Estado de México, que han denunciado la tala inmoderada ante diversas autoridades, han sido objeto de diversos ataques y amenazas desde el año 2005. Los hostigamientos se han focalizado en el actual Presidente de Bienes Comunales de San Juan Atzingo, de nombre Ildelfonso Zamora Baldomero, quien desde 1998 se ha dedicado a la protección del medio ambiente en la zona.

 

Evasivas constantes

 

La comunidad indígena tlahuica de San Juan Atzingo, ubicada en el Municipio de Ocuilán, Estado de México, cuenta con una extensión de diez mil 800 hectáreas de bosques y catorce mil 800 de uso agrícola; sumando un total de 25 mil 600 hectáreas. En 1998, dicha comunidad denunció por primera vez los incidentes de tala ilegal en sus bosques.

En el año 2000, la comunidad de San Juan Atzingo solicitó al Ingeniero Ismael Ordóñez Mancilla, entonces Director General de la Protectora de Bosques (Probosque) del Estado de México, su intervención para que ejerciera facultades de vigilancia. Esto, debido a que se encontraba siendo víctima de la presencia de grupos delictivos dedicados a la sustracción ilegal de los recursos forestales en los parajes de Llano de Agua Bendita, La Piedra, El Jaral, Quila, Loma de Coyotongo, Rincón de Coyoltepec, Joyas de la Esperanza y al pie del Cerro de Olotepec; Los Tejocotes, El Totoc, El Capulín, Tlaltizapan, Temascal y Loma del Maguey.

Asimismo, dirigieron una carta al licenciado Arturo Montiel Rojas, entonces gobernador del Estado de México, solicitando que girara instrucciones a efecto de detener la tala ilegal registrada en sus bosques, pues pese a anteriores denuncias de los hechos efectuadas ante Probosque y Profepa, no se habían ejercitado labores de inspección y vigilancia en los parajes con presencia de tala ilegal; en 2001, se volvió a enviar una misiva al ex gobernador por la falta de respuesta a su anterior petición. Ante el silencio de las dependencias estatales y federales, la comunidad de San Juan Atzingo solicitó ayuda al Ejército Mexicano para detener la tala ilegal reportada en los bosques aledaños a la comunidad.

Desde 2001 a 2005, se enviaron decenas de cartas y denuncias tanto a autoridades federales como estatales, sin que ninguna de ellas diera respuestas claras ni se comprometieran a intervenir.115 En varias de ellas, los representantes de San Juan Atzingo cuestionaron el hecho de que los talamontes detenidos en los operativos realizados por las autoridades eran puestos en libertad al poco tiempo.

Con la entrada de Enrique Peña Nieto a la gubernatura del Estado de México se envió una comunicación en octubre de 2005 a Humberto Benítez Treviño, quien fungía como secretario general de Gobierno estatal, en la que se solicitó su intervención para detener a los talamontes. En ella se hizo de su conocimiento que a diario se corroboraba la presencia de motosierras y camionetas cargadas de madera aserrada o en rollo, sin que hasta esa fecha autoridades encargadas de las labores de vigilancia los hubieran detenido. De nuevo se hizo hincapié en que la mayoría de los talamontes eran avecindados del pueblo de Santa Lucía, Ocuilán, coludidos con gente de Huitzilac, Morelos, quienes a su vez contaban con aparatos de radio comunicación, teléfonos celulares, cohetones y vehículos con operadores sobre la carretera para avisar a sus compañeros de operativos sorpresa y personal armado. Mediante carta remitida el 25 de noviembre de 2005 al Ingeniero Jorge Rescala Pérez, actual Director General de Probosque, los comuneros de San Juan Atzingo solicitaron la implementación de un destacamento del Ejército Mexicano para combatir la tala, mediante acciones de inspección y vigilancia.

Debido a las denuncias por parte de los defensores ambientalistas, se recrudecieron las amenazas de los grupos de talamontes. La máxima expresión de la violencia se manifestó con el homicidio de Aldo Zamora Gómez, el 15 de mayo de 2007, derivado de una emboscada dirigida en contra de su padre, Idelfonso Zamora Baldomero, cuando transitaban por la carreta en dirección a Santa Lucía, municipio de Ocuilán, Estado de México. En el ataque también resultó herido el hermano de Aldo, Misael Zamora Gómez.

En lo que concierne a la investigación y persecución de los grupos de talamontes, el gobierno del Estado de México ha sido omiso en integrar las investigaciones correspondientes. Hasta la fecha, únicamente se tiene conocimiento de que la Profepa ha iniciado 22 procedimientos administrativos a raíz de denuncias interpuestas por comuneros de San Juan Atzingo; así como dos procedimientos más, en los cuales Idelfonso Zamora tiene el carácter de coadyuvante.

Ante la indiferencia de las autoridades estatales y federales, las cuales han sido omisas en proteger efectivamente los bosques y sancionar a los responsables de la deforestación, los comuneros de la zona han optado por iniciar varios proyectos. Entre estos, destacan desarrollos ecoturísticos en la laguna de Tonatiahua; la construcción de un vivero forestal y la conformación de equipos de vigilancia contra delitos ambientales y de brigadas contra incendios.

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