Asesinato de Aldo

* Titulado “La violación sistemática de derechos humanos como política de Estado”, se enfoca exclusivamente en la entidad gobernada hoy por Eruviel Ávila Villegas, el informe se convierte en un viaje de 103 puntos por los casos más importantes de represión en la administración peñista y recoge las historias de San Salvador Atenco, del luchador social Santiago Pérez Alvarado, los feminicidios y obras públicas que han afectado patrimonio de particulares, entre otros puntos, recordando además índices de pobreza y el dinero destinado a la procuración de justicia y sus resultados, además de las recomendaciones emitidas por la estatal Comisión de Derechos Humanos. En este espacio serán recordados, uno por uno, los ejemplos con los que fue elaborado el trabajo y cada semana será publicado íntegramente.

Nuestro Tiempo

La CIDH ha sostenido anteriormente: “las defensoras y defensores de derechos humanos son víctimas frecuentes de violaciones al derecho a la vida tales como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Dichas violaciones constituyen uno de los más graves obstáculos para el trabajo de promoción y protección de los derechos por parte de la sociedad en general. Además, producen daños irreparables para las víctimas directas de la violación, sus familiares, la comunidad de defensoras y defensores, y las personas para quienes éstos desarrollan su labor”.

El 15 de mayo del 2007, aproximadamente a las 18:30, los hijos y hermanos del señor Idelfonso Zamora fueron emboscados por cuatro personas cuando se dirigían a Santa Lucía, municipio de Ocuilan, Estado de México. Después de cerrarles el paso en la carretera y obligarlos a bajar de su vehículo, dispararon en su contra con armas de alto calibre. Aldo Zamora Gómez, de 21 años de edad, perdió la vida en el momento mientras que su hermano, Misael Zamora, de dieciséis años, resultó herido en un pulmón. Las demás personas presentes resultaron ilesas, porque el ataque fue claramente dirigido hacia los hijos del señor Zamora. Los testigos identificaron plenamente como sus atacantes a Fernando y Silvestre, de apellidos Jacinto Medina y a Luis y Alejo, de apellidos Encarnación Neri, conocidos taladores de la zona e hijos de Feliciano Encarnación, uno de los principales cabecillas de los grupos delincuenciales dedicados a la tala ilegal.

Luego del asesinato de Aldo Zamora, se inició la averiguación previa TENA/III/690/2007 por parte de las autoridades ministeriales del municipio de Tenancingo, Estado de México. Nueve días después, el juez penal con sede en el mismo municipio emitió las correspondientes órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables, pues éstos habían sido plenamente identificados. No obstante, hasta la fecha no se han cumplimentado más que dos de ellas, verificándose en consecuencia un preocupante retraso en el esclarecimiento del homicidio. Cabe señalar que desde el inicio se presentaron irregularidades en la integración de la averiguación previa, pues la PGJEM tardó aproximadamente 24 horas en presentarse en el sitio del atentado, aún a pesar de que los familiares de los hermanos Zamora ya habían denunciado los hechos ante la Agencia del Ministerio Público con sede en Tenancingo desde el día 15 de mayo. Asimismo, la Procuraduría dejó pasar tres días antes de buscar a los responsables, pese a que estos ya habían sido plenamente identificados por Misael.

La madrugada del 27 de mayo, justo cuando se celebraba el último acto religioso correspondiente a las exequias de Aldo Zamora, la sede del ayuntamiento de Ocuilan, Estado de México, así como una ambulancia y una patrulla estacionadas frente al edificio, fueron baleadas por desconocidos que dispararon con una escopeta desde un automóvil en movimiento. El presidente municipal, Félix Alberto Linares González, manifestó públicamente que el ataque provenía de las bandas delictivas existentes en la región. También denunció que la semana previa al ataque un grupo de talamontes había llegado a la alcaldía y, al no encontrarlo, le dejaron un recado con su secretaria que decía “dile al alcalde que si no le baja se lo va a llevar la chingada”.

Preocupados por la impunidad imperante, así como por la seguridad e integridad de la familia Zamora Gómez y de quienes han denunciado la tala inmoderada, Greenpeace y el Centro Prodh han acompañado a las víctimas en diversas reuniones con autoridades del Estado de México.

El 4 de junio del 2007 se mantuvo un diálogo con el secretario general de Gobierno y el comisionado de la ASE, quienes sin consultar a los presentes ordenaron poner a disposición de la familia Zamora a dos elementos policiales.

En contradicción con lo anterior, al día siguiente fuentes periodísticas de la localidad allegadas al ámbito gubernamental refirieron que, según información proporcionada por la propia Secretaría General de Gobierno del Estado de México, el señor Idelfonso contaba con antecedentes criminales. Este hecho constituyó una campaña de descalificación mediática a la labor que desde 1998 realiza la familia Zamora junto con otros comuneros de la zona. En relación a estos hechos, la propia CIDH ha señalado: que declaraciones de agentes del Estado hayan puesto en situación de riesgo y vulnerabilidad a las defensoras y defensores y sus organizaciones. Tales declaraciones son contrarias a los compromisos asumidos por los países americanos al ratificar la Convención Americana y a reiteradas expresiones de apoyo a la labor de los defensores manifestadas en las Asambleas Generales de la OEA.

La descalificación pública es algo que usualmente realiza el Estado de México en contra de quienes defienden abiertamente sus derechos ante el actuar irregular, irresponsable y en algunas ocasiones ilícito, de los funcionarios del Estado.

Aunado a lo anterior, la lentitud con la que se manejan los órganos de procuración y administración en esta entidad ha impedido llegar a una verdadera reparación y resarcimiento por los crímenes cometidos en agravio de Aldo y su familia, defensoras y defensores de los derechos humanos ambientales.

Impunidad judicial

A tres años de ocurridos los hechos sólo han sido detenidas dos de las personas que participaron en la emboscada; sin embargo, hasta la fecha no se les ha dictado sentencia. Los autores materiales de este asesinato continúan en libertad, a pesar de estar plenamente identificados y de que existen órdenes de aprehensión en su contra desde el 24 de mayo de 2007. Estos hechos coinciden con lo que la CIDH ha constatado, en el sentido de que La falta de una investigación seria de las denuncias que involucran a los defensores en algunos casos, así como la lentitud de la administración de justicia en otros, sumadas al desconocimiento por parte de los Estados que los defensores enfrentan obstáculos en el ejercicio de sus actividades y que, como consecuencia, requieren una protección especial, son todos factores que dan lugar a la impunidad de los violadores de derechos humanos. La impunidad fomenta la vulnerabilidad de las defensoras y defensores, debido a que genera la percepción de que es posible violar los derechos humanos sin obtener castigo.

En su momento, el día 12 de julio de 2007, durante la celebración del Día del Árbol, el presidente Felipe Calderón se comprometió públicamente a hacer justicia por este asesinato. Posteriormente, la misma Presidencia de la República manifestaría que en razón del federalismo no le compete el caso, por lo que en el homicidio de Aldo siguen prevaleciendo la injusticia y la impunidad. Pese a lo anterior, la comunidad de San Juan Atzingo, encabezada por Idelfonso Zamora, ha conseguido ejecutar diversos proyectos de desarrollo sustentable, conservación y restauración, como los de ecoturismo en la laguna de Tonatiahua, el equipo de vigilancia contra delitos ambientales, la brigada contra incendios y la construcción de un vivero forestal.

Es necesario contextualizar el caso de injusticia y crimen de Aldo Zamora con otros casos de movimientos sociales dentro del Estado de México y del país, ya que los defensores del medio ambiente han sido perseguidos por las fuerzas públicas, empresas trasnacionales, caciques o talamontes bajo la aquiescencia de los tres niveles de gobierno. En este sentido, cabe señalar el caso de los campesinos ecologistas, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, que fueron torturados por el Ejército en 1999 debido a que se oponían a la tala inmoderada de los bosques de la Sierra de Petatlán, en Guerrero. Su caso fue conocido por la COIDH, que dictó sentencia contra el Estado mexicano en noviembre del 2010 por la violación a su libertad e integridad personal, entre otras.

Perspectivas actuales

IIdefonso Zamora continúa defendiendo y protegiendo los bosques en el Estado de México, actividad que también ha sido retomada por sus otros hijos. La familia Zamora ahora no sólo se declara ambientalista por la protección a la naturaleza de México, sino que ha tenido que convertirse también en defensora de derechos políticos y sociales. Sin embargo, para las autoridades del Poder Judicial del Estado de México, el asesinato de Aldo Zamora no es visto desde un contexto de agresión y privación de la vida por su defensa de los derechos humanos, sino que es un caso más de delincuencia común. Una vez que se ha ejemplificado con el caso de Aldo Zamora el actuar del gobierno mexiquense en torno a las agresiones y hostigamientos contra las defensoras y los defensores de derechos humanos, es necesario destacar el incremento de casos en donde el obstáculo a sus labores se agrava por la actividad estatal. Mientras tanto, los ataques a los bosques y a los defensores ambientales continúan. Es de conocimiento del Centro Prodh que otros guardabosques y personas afines a las luchas de la familia Zamora, sobre todo de Ildefonso, han sido atacados y hostigados, en algunas ocasiones por los mismos grupos que obtienen beneficios lucrativos por los ilícitos perpetrados contra el corredor biológico.

Como si se tratara de un elemento del bosque, Aldo ha sido integrado al campo de protección por parte de los comuneros de San Juan Atzingo. La lucha es más pesada. Las adversidades son cada vez más, pero la motivación que lleva a defender lo que es de unos y de todos –el agua, los bosques, la justicia y la verdad– han hecho que la familia Zamora sea hoy un ejemplo de muchos defensores de los derechos humanos en México.

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