Prisión de agua

* Titulado “La violación sistemática de derechos humanos como política de Estado”, se enfoca exclusivamente en la entidad gobernada hoy por Eruviel Ávila Villegas, el informe se convierte en un viaje de 103 puntos por los casos más importantes de represión en la administración peñista y recoge las historias de San Salvador Atenco, del luchador social Santiago Pérez Alvarado, los feminicidios y obras públicas que han afectado patrimonio de particulares, entre otros puntos, recordando además índices de pobreza y el dinero destinado a la procuración de justicia y sus resultados, además de las recomendaciones emitidas por la estatal Comisión de Derechos Humanos. En este espacio serán recordados, uno por uno, los ejemplos con los que fue elaborado el trabajo y cada semana será publicado íntegramente.

 

Nuestro Tiempo

La existencia de grandes centros de población plantea enormes problemas, entre ellos el aumento en la demanda de agua, lo que ocasiona la sobreexplotación de los acuíferos. El problema en el valle de México ha hecho necesario traer agua de otras regiones, lo que ocasiona un fuerte impacto ambiental en zonas remotas. En el caso de la ciudad de México, desde 1982 se empezó a tomar agua de la cuenca del Río Cutzamala, ubicada a 127 kilómetros del Distrito Federal.

En septiembre de 2004 se hizo notable la presencia del movimiento de mujeres indígenas mazahuas, constituidas en el Frente para la Defensa de los Derechos Humanos y los Recursos Naturales del Pueblo Mazahua para denunciar las afectaciones sufridas en sus cultivos de maíz por el derrame de las aguas de la presa Villa Victoria, al sur del Estado de México, construida por la Comisión Nacional del Agua (CNA) como parte del sistema de abastecimiento de agua potable Cutzamala, que abastece al Distrito Federal y a la zona conurbada.

El movimiento incluyó la denuncia de un criterio discriminatorio para la adecuada disposición del agua. Pues mientras el gobierno federal construía la infraestructura necesaria para abastecer al Distrito Federal, las comunidades contiguas no disponían de los mecanismos necesarios para abastecerse de agua potable en su domicilio. El movimiento mazahua también hizo evidente la falta de una política hidráulica sustentable y responsable, por lo que exigía la realización de un plan integral sustentable, el cual fue asumido por el gobierno del Distrito Federal, quien ha etiquetado recursos fiscales para la construcción de infraestructura hidráulica para las comunidades de la región del Cutzamala.

Ya antes, en 1996, otro movimiento comenzaba a construirse en contra de la cuarta etapa del Sistema Cutzamala. En esta etapa se proyectaba la utilización de las aguas del río Temascaltepec, ubicado a una distancia aproximada de 100 kilómetros al sur de Toluca, con el fin de conducirlas a la presa de Valle de Bravo y de ahí al Distrito Federal. Un grupo de pobladores preocupados por las posibles afectaciones derivadas del proyecto constituyó el Comité para la Defensa del Río Temascaltepec. Los miembros del Comité comenzaron a entrevistarse con personas de las comunidades en donde se ubicaban las obras correspondientes a las tres primeras etapas del Sistema Cutzamala; a partir de esto constataron la falta de cumplimiento en relación con la construcción de obras que el gobierno federal había prometido, la falta de disponibilidad de agua suficiente para cultivar, contaminación de ríos en la región aledaña al municipio de Villa Victoria, inundaciones que afectaban los cultivos.

Después de esta primera fase los campesinos coaligados en el Comité de Defensa del Río Temascaltepec consideraron que la Cuarta Etapa del Sistema daños impactarían al medio ambiente, a la ganadería y a la agricultura. Por lo anterior comenzaron a desarrollar actividades pacíficas de defensa del río Temascaltepec, entre las cuales se incluyó el cabildeo con diputados locales de Guerrero y el Estado de México y diputados federales. En septiembre de 1996 el proyecto fue suspendido.

Sin embargo, el 7 de septiembre de 1999 campesinos del ejido El Salitre, San Pedro Tenayac, cercano al río Temascaltepec, sorprendieron a dos ingenieros de la CNA que realizaban estudios topográficos. Los campesinos solicitaron a los ingenieros acudir ante el Delegado Municipal a fin de solicitar la presencia de algún representante de la CNA para que explicara el motivo de las excavaciones y garantizara la reparación de daños que éstas habían ocasionado en los cultivos de maíz. Los campesinos llamaron a Santiago Pérez Alvarado, su asesor legal, quien junto con los afectados organizó una comisión para el diálogo con los representantes de la CNA, con quienes no se llegó a ningún acuerdo, solamente la promesa de estos últimos de que al día siguiente se presentarían funcionarios con capacidad de decisión.

Sin embargo, el 8 de septiembre, alrededor de las cinco de la mañana, el gobierno estatal implementó un operativo policial en el que se detuvo a 22 campesinos que habían acudido al diálogo prometido. Estos fueron presentados ante el Ministerio Público por el delito de secuestro equiparado, el cual debe desahogarse en prisión pues le corresponde una pena de 30 a 60 años. El Ministerio Público con sede en el penal de Temascaltepec reclasificó el delito de secuestro equiparado por el de privación de la libertad, cuya regulación admite que el indiciado desahogue el juicio penal en libertad, a cambio de una fianza. Finalmente, los detenidos obtuvieron sentencias absolutorias.

El 5 de julio de 2007, alrededor de la una de la tarde, Santiago Pérez fue detenido cerca de su domicilio por elementos policiales de la Agencia de Seguridad Estatal, posteriormente fue recluido en el penal de Temascaltepec. Se le imputaba el delito de secuestro equiparado en agravio de Ángel Bravo Gómez y Hesiquio Armenta Loya, ambos empleados de la CNA, por los hechos antes referidos, acontecidos el 7 de septiembre de 1999 en San Pedro Tenayac.

Los hechos constitutivos de la acusación eran los mismos que fueron imputados a los 22 campesinos procesados en 1999. Sin embargo, a diferencia de estos, a Santiago Pérez no se le reclasificó el delito de secuestro equiparado por el de privación de la libertad. El 8 de julio se le dictó auto de formal prisión y sujeción a proceso.

El procedimiento continuó con el desahogo de las pruebas, dentro de las cuales se presentó a los 22 campesinos que estuvieron presentes el día de4 los hechos y que fueron absueltos en 1999. La defensa penal de Santiago Pérez hizo uso de los testimonios rendidos por los campesinos a fin de sustentar un incidente de desvanecimiento de datos con el fin de desvirtuar los elementos probatorios con los cuales el juez fundamentó la indebida acusación en su contra. Por esta razón el 3 de octubre la juez que conocía de la causa penal de Santiago Pérez consideró que efectivamente se habían desvanecido los datos que sustentaban la acusación en contra del procesado, otorgándole la libertad absoluta.

 

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