La intimidación

*Titulado “La violación sistemática de derechos humanos como política de Estado”, se enfoca exclusivamente en la entidad gobernada hoy por Eruviel Ávila Villegas, el informe se convierte en un viaje de 103 puntos por los casos más importantes de represión en la administración peñista y recoge las historias de San Salvador Atenco, del luchador social Santiago Pérez Alvarado, los feminicidios y obras públicas que han afectado patrimonio de particulares, entre otros puntos, recordando además índices de pobreza y el dinero destinado a la procuración de justicia y sus resultados, además de las recomendaciones emitidas por la estatal Comisión de Derechos Humanos. En este espacio serán recordados, uno por uno, los ejemplos con los que fue elaborado el trabajo y cada semana será publicado íntegramente.

 

Nuestro Tiempo

De acuerdo con lo manifestado por la CIDH en su Informe sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en las Américas, una de las formas de inhibir su trabajo lo constituye la ejecución de procesos penales en su contra por hechos cometidos en el marco de la protesta social: la CIDH observa con preocupación que, en algunos casos, las respuestas institucionales a los hechos mencionados (movilizaciones en defensa de derechos económicos, sociales y culturales), se han caracterizado por la criminalización de la protesta social a través de la represión policial y persecución penal a las personas involucradas, desvirtuando la aplicación de las leyes punitivas del Estado y violando los tratados interamericanos de protección de los derechos humanos, que protegen los derechos a la vida, la integridad física, la libertad de expresión, reunión y asociación, entre otros.

El procesamiento de Santiago Pérez Alvarado presenta diversas inconsistencias jurídicas que, en conjunto, nos permiten afirmar que el sistema de justicia en el Estado de México fue utilizado con una intencionalidad extrajurídica con el fin de disuadir su activismo a favor del medio ambiente y los recursos naturales. Santiago Pérez ha sido también asesor legal del movimiento de mujeres mazahuas y participó en la defensa de las tierras contiguas al Nevado de Toluca.

De acuerdo con el marco jurídico de nuestro país es permisible que las autoridades ministeriales ejecuten una orden de aprehensión y las autoridades judiciales sujeten a proceso a un ciudadano hasta en tanto el delito por el cual se persigue no prescriba. No obstante, la autoridad ministerial no tuvo ninguna causa justificada para ejercer la acción penal en contra de Santiago Pérez a ocho años de los hechos; pues ésta no recabó elementos probatorios distintos a los ofrecidos durante el proceso, al cual estuvieron sometidos el resto de los coprocesados. Santiago, por su parte, no se sustrajo de la acción de la justicia al continuar realizando sus actividades a favor del medio am­biente entre las mismas comunidades del Estado de México. De ahí que sea injustificado el hecho de que las autoridades del Estado de México hayan so­metido a juicio penal a Santiago Pérez Alvarado. Por otra parte, a diferencia de lo ocurrido con los 22 detenidos en 1999, ni el Ministerio Público ni la juez del conocimiento reclasificaron el delito de secuestro equiparado al de priva­ción de la libertad. Sin embargo Santiago fue sujeto a proceso por el delito de secuestro equiparado en contra de las mismas personas y los mismos hechos que sus coprocesados en la causa penal. Es evidente que la autoridad actuó con un criterio discriminatorio en contra de Santiago Pérez Alvarado.

La situación actual del Estado de México es consecuencia de procesos políticos viciados que, históricamente, han respondido al interés económico de unos cuantos por encima de los beneficios sociales de la comunidad que es gobernada. En este sentido, las vivencias cotidianas no parecen ser distintas a las que sufre el resto del país, sumido en la pobreza extrema, con una corrupción e impunidad que han minado profundamente la confianza en la ciudadanía y con una violencia que crece ante un autoritarismo incapaz de cambiar de perfil.

La lógica clientelar, en donde el gobierno sirve para defender los intereses de las empresas nacionales y transnacionales en detrimento de políticas públicas de justicia y equidad, trae como consecuencia violaciones graves, masivas y sistemáticas. De esta forma, la integralidad de los derechos humanos se ve afectada en su totalidad, pues no existen mecanismos que garanticen la vigencia ni de los derechos civiles y políticos ni de los económicos, sociales, culturales y ambientales.

La fabricación constante de delitos en los ministerios públicos del Estado de México es una práctica que debe terminar; sin embargo, este problema no puede resolverse de forma aislada. El sistema judicial debe estar construido en función de la protección de los derechos de las y los ciudadanos, atendiendo principalmente a las víctimas de delitos, a los derechos de los procesados y con ello garantizar el acceso a la justicia de todas las partes. Por lo tanto, quienes conforman esta institución deberán investigar y perseguir los delitos no desde la simulación que ahora pervive, sino desde el interés de salvaguardar y preservar los derechos humanos.

El sistema autoritario y corrupto, con un poder Ejecutivo sobre empoderado, permitió la perpetuación de tortura y distintas formas de agresiones sexuales en contra de las mujeres en el Operativo Atenco del año 2006. Es cierto que los policías estatales y federales que delinquieron deben ser sancionados; sin embargo, el castigo individual no transformará la estructura institucional. Es necesario que se ejecuten acciones encaminadas a cortar con la cadena de impunidad que existe y se reproduce cada día en todos los ámbitos de la vida pública. La no repetición de los hechos será posible en la medida en que la ciudadanía guarde la memoria colectiva y actúe en consecuencia, de tal forma que demande sin cansancio justicia para las víctimas y garantías de seguridad para todas las personas. Las autoridades responsables de los crímenes de Estado del presente y del pasado tienen nombres y apellidos; son rostros visibles que deben responder por sus actos ante los tribunales correspondientes.

El cambio que tanto la ciudadanía como las organizaciones de la sociedad civil anhelan está sustentado en una transformación en las condiciones de vida y, forzosamente, tendrá que redundar en un cambio en las políticas económicas. La forma de distribución de la riqueza debe permitir el acceso a una vida digna y decorosa. Conservar los bosques y las formas tradicionales de vida comunitaria por encima de la construcción de megaproyectos es fundamental para el respeto a los derechos humanos de los pueblos y de los colectivos. Solidarizarse con la lucha de la ciudadanía en contra de los fraudes y estafas que el gobierno comete para beneficiar a constructoras negligentes es apoyar una causa que, en un futuro no muy lejano, podría ser también la nuestra. Permitir que hombres, mujeres, niños y niñas vivan cerca de un basurero, es perpetuar la impunidad sin respeto alguno al derecho a la vida.

Por último, vale recuperar y revalorar la labor que las defensoras y los defensores de derechos humanos llevan a cabo desde sus respectivos pueblos y comunidades, todas y todos, porque fueron víctimas, tomaron conciencia de la necesidad de resarcir sus derechos y, yendo más allá, buscan garantías de vigencia de derechos humanos también para sus vecinos y vecinas, pueblos y comunidades. Ni las amenazas contra su vida y su integridad ni la falta de funcionalidad de las medidas cautelares han sido obstáculo para continuar con el compromiso de defender los derechos humanos, aún cuando esto representa poner en riesgo su propia vida o la de sus familiares. Es por esto que las y los defensores de derechos humanos del Estado de México deben contar con el apoyo solidario de las demás organizaciones y colectivos que, de la misma forma, luchan por la preservación de la vida. Únicamente siendo copartícipes y corresponsables de las luchas de las y los otros, podremos ir transformando nuestro espacio y nuestro tiempo.

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