Rabia colectiva

* Para Carlos M. Vilas, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, “los linchamientos se presentan enmarcados por escenarios de cambios macrosociales y macropolíticos profundos que impactan severamente en los escenarios locales. La amplia reestructuración socioeconómica  institucional de México en las décadas de 1980 y 1990 introdujo modificaciones de grandes proyecciones en la vida cotidiana de la gente, cuestionó certidumbres y alteró rutinas”.

 

Miguel Alvarado

En septiembre de 1999 un grupo de colonos en Lerma, Estado de México, había tomado el ayuntamiento de aquel municipio. Tenían un problema de abasto con el agua y las autoridades les habían cerrado las puertas una y otra vez. Luego de meses sin servicio y aconsejados por líderes comunales con intereses políticos, lo vecinos acudieron a la presidencia para una solución definitiva. Nuevamente, nadie los atendió y el edificio fue cerrado. Esto terminó de enojar a los quejosos, quienes se introdujeron a la fuerza y tomaron las instalaciones. Quebraron vidrios y muebles  y más de 300 personas mantuvieron guardia durante dos días, cancelando cualquier actividad.

Un reportero de Toluca fue enviado a observar, el segundo día. Llegó por la noche, cuando la multitud rodeaba con antorchas. Bajó de su auto y comenzó a tomar fotografías. Alguien en la multitud lo vio y gritó que había llegado un agente de Gobierno. La masa se acercó al reportero y lo jaloneó. Le pidieron una identificación pero no la había llevado, así que se concluyó que era un espía y que quería fastidiarlos. Lo tomaron en vilo, le arrancaron la cámara y destruyeron las imágenes y lo llevaron ante el líder, un campesino cuya autoridad había sido rebasada hacía mucho.

– No te conozco –le dijo al reportero- No estuviste por la mañana, cuando hablamos con la prensa.

– ¡Es de Gobierno! ¡Línchenlo! – gritaban otros.

Las decisiones se tomaban en la penumbra y desde ella decenas de voces arengaban. La gente, alentada así, decidió retener al reportero. Fue sujetado por cuatro personas e iba a ser amarrado a una de las columnas de la alcaldía. No hubo tiempo para explicaciones. Ya lo preparaban cuando el líder tuvo un momento de claridad. Decidió otra cosa y al poco rato el prisionero era soltado, expulsado de la plaza. Horas después la policía recuperaba el lugar pero nadie se hizo cargo de los daños. El erario público asumió todo. No hubo heridos ni muertos, y tampoco el agua llegó a los vecinos. Nadie se volvió a acordar del incidente con el reportero.

Así comienzan los linchamientos. El reparto de las acciones está bien definido. Uno da una voz de alarma. Otro se encarga de añadirle cosas. Unos más apresan, otros deciden y finalmente alguien enciende el cerillo o arroja la primera piedra. Luego, los rostros se ocultan en un anonimato casi público, que encubre, protege.

Un recuento en el Estado de México señala 50 intentos de linchamiento pero seis asesinatos en esa modalidad. Según la Secretaría de Seguridad, los casos se registran en 15 municipios pero hay algunos que, por alguna razón no conocida, concentra la mayoría. Toluca, Acolman, Ecatepec, Chalco e Ixtapaluca han sido el teatro de la rabia colectiva.

Casos como el de Tláhuac y el más reciente en Chalco, son signos de que la descomposición social en México ha creado conductas que la ciudadanía justifica porque carece de lo esencial: alimento, trabajo, pobreza, seguridad, educación. Pero los sustituye con corrupción, violencia, la cultura de las televisoras, comida chatarra y antivalores.

Para Carlos M. Vilas, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, “los linchamientos se presentan enmarcados por escenarios de cambios macrosociales y macropolíticos profundos que impactan severamente en los escenarios locales. La amplia reestructuración socioeconómica  institucional de México en las décadas de 1980 y 1990 introdujo modificaciones de grandes proyecciones en la vida cotidiana de la gente, cuestionó certidumbres y alteró rutinas”.

Su trabajo, “Linchamiento: venganza, castigo e injusticia en escenarios de inseguridad”,  del 2005, asegura que ese tipo de violencia es una represalia, una respuesta a un acto que alguien comete, comprobado o no, pero que además se encuentra en inferioridad numérica abrumadora con respecto a quienes acusan, que por otra parte carecen de autoridad legal, formal.

Vilas considera que se pueden identificar algunos factores que podrían determinar el linchamiento, entre los que destacan una fuerte vulnerabilidad socieconómica, pues la mayoría de los casos tiene lugar en escenarios de marcada pobreza y precariedad. Y por otra parte, lo anterior se combina con la ineficacia de las instituciones que garantizan la aplicación de las leyes.

El autor ofrece datos ubicados entre 1980 y 1990, y que son rebasados por los números actuales. En esa década se pudieron contabilizar 103 casos de linchamiento en todo el país. Pero 73 por ciento de ellos tuvieron lugar en comunidades rurales, mientras que el 60 por ciento de los casos urbanos sucedió en la ciudad de México. Sólo en la mitad de los casos pudo intervenir la policía y detener el proceso. En un 25 por ciento, las víctimas fueron funcionarios públicos o tenían alguna posición de autoridad local. “El linchamiento es una reacción terrible, pero efectiva a los ojos de quienes los cometen, para compensar ese déficit de poder estatal legítimo en los escenarios de inseguridad que ese mismo déficit contribuye a construir o agravar”, concluye el investigador, quien recuerda que el fenómeno es tan antiguo como la sociedad y recuenta en México los casos de Huejutla, Hidalgo, en 1998, cuando los habitantes fueron convocados a través de una emisora de radio local o los de Canoa en 1968, en Puebla, cuando el cura católico del lugar arengó a la población con altavoces. Otros casos fueron los de San Pablo Oztotepec, en diciembre del 2002 en Milpa Alta y el de tres policías en Ixtayopan, en Tláhuac. San Blas Atempa, en Oaxaca es un poblado donde ha habido, al menos, dos casos, como sucedió en Río Chiquito, también en aquel estado. Las causas son variopintas. En Chalco, en el linchamiento reciente, se cree que estuvo relacionado con una historia pasional, pero otros como en Cuatlalpan, en el DF, se detonaron porque alguien robó un puñado de elotes o cierta cantidad de refrescos, como se registró en Xicalco, en el DF. En Yaltem, Chiapas, un sujeto fue masacrado cuando robaba una bicicleta. También los ha habido sobre autoridades corruptas, violadores y secuestradores, pero en algún momento el hecho por el cual se acusa a alguien pasa a segundo término porque la población considera que se ha trasgredido valores básicos del grupo pero que por alguna razón no serían sancionadas por la autoridad. Así, a esa acción delictiva se le rodea de un halo de impunidad que harta a los pobladores.

Los números que otorga Salvador Neme, titular de la recién creada Secretaría de Seguridad en el Edomex, dicen que en apenas en un mes y medio que lleva el 2012, van 11 intentos de linchamiento en la entidad, pero el año pasado se registraron 50. Este año hay muertos en tres casos, el de Chalco, San Salvador Atenco y Lerma.

Neme dice que se han consignado culpables pero la investigación de Vila opone otros hechos, como los registrados en Zapotitlán y Chilpancingo, donde en un plantón de hasta seis meses la población logró que los acusados fueran liberados sin cargos. Derechos Humanos de aquella región justificaba que “no fueron ellos los que mataron a los supuestos asaltantes, sino el pueblo enardecido por los constantes robos y violaciones de sus mujeres”.

En la entidad hay un linchamiento al mes, según los promedios oficiales y se suma al clima de inseguridad que indica 74 ejecutados en 46 días, según un recuento del diario toluqueño Alfa.

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