El Coqueto

* La fuga de un asesino serial de mujeres, que ha matado a 8 personas no puede ser un caso aislado. Nadie se explica cómo ni por qué y apenas se le ha echado la culpa a tres policías que, como sucede en todas las versiones oficiales, actúan solos, sin que nadie sepa que se han corrompido. Es imposible, a estas alturas, con tantos compromisos internos y amarres con el crimen organizado que alguien organice su propio grupo y comience a operar.

 

Miguel Alvarado

Al procurador mexiquense, Alfredo Castillo, se le volvió a olvidar que su policía s poco consistente y menos confiable. Si su gente es la misma que participó en el caso de la niña Paulette, entonces la cabeza de la PGEM tiene un problema, comenzado porque él mismo estuvo a cargo de aquella investigación, que derivó en que el cadáver de la niña estuvo siempre en su propia cama y ni siquiera perros entrenados pudieron localizarla.

Luego de pasear por las columnas del diario El Universal contando casos terribilísimos donde apenas sus muchachos han salvado la vida, la suya y la de las víctimas, a Castillo la realidad lo golpeó de la manera más natural. Nada más le recordó que su institución es una de las que menos confianza genera entre la ciudadanía pero también es una de las que más se asocia a actos de corrupción.

La fuga de un asesino serial de mujeres, que ha matado a 8 personas no puede ser un caso aislado. Nadie se explica cómo ni por qué y apenas se le ha echado la culpa a tres policías que, como sucede en todas las versiones oficiales, actúan solos, sin que nadie sepa que se han corrompido. Es imposible, a estas alturas, con tantos compromisos internos y amarres con el crimen organizado que alguien organice su propio grupo y comience a operar. El escape de César Armando Librado, “El Coqueto”, confirma por qué las policías mexiquenses no han acudido a los exámenes sobre confianza que se exigen en el país.

Y el serial killer, mientras tanto, ha alcanzado tal popularidad que ya se incluye en algunas reseñas de sitios web orientados en el tema, pero también la parte seria supone que volverá a atacar. De 209 años y oficio microbusero, antes de emprender el escape relató con cierta frialdad algunos de los homicidios que perpetró. Por eso, algunos urgen para que sea aprehendido. Pero, ¿cómo obtendrá la Procuraduría los datos sobre su paradero? ¿Preguntará a la señora de los refrescos si lo vio salir de las instalaciones policiacas? ¿Alguien tomará café con quienes tenían la encomienda de vigilarlo? ¿Les pondrá aceite de ricino en sus bebidas para que les dé diarrea y confiesen? ¿Regañarán a las ventanas por donde pasó Librado, en las oficinas de la Subprocuraduría de Justicia en Tlalnepantla? Misterios insondables que ni siquiera Castillo puede responder, aunque se habría publicado una recompensa por un millón de pesos por su captura o al menos algunos datos que reubiquen las pesquisas.

Librado es el chofer de un microbús. Se entiende que no tendría poder económico ni contactos políticos de algún nivel que intercedieran por él. Pero pudo escapar cuando uno de los custodios bajó por un café y lo dejó aparentemente solo. Puede suponerse que para liberarse de las cadenas y celdas, si es que las había, debió conseguir llaves y manos que le auxiliara. Pudo pagar en ese momento alguna cantidad para ganar tiempo y correr a esconderse. Significa que cualquier delincuente, de cualquier monta, puede obtener ahora ese beneficio sin necesidad de padrinazgos porque los empleados de la Procuraduría aceptan cualquier cosa. O bien, Librado es parte de una extensa cadena de mandos que tiene el poder de protegerlo y permitirle la fuga, al menos por un tiempo.

Especialistas como Martín Gabriel Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, señalan que Librado debería ser detenido cuanto antes porque se corre el riesgo de que repita los homicidios.

Otras voces piden la renuncia del procurador Castillo Cervantes, como las madres de las víctimas del llamado “Coqueto” pero no por la fuga, sino porque el funcionario no pudo o no quiso ayudarlas con efectividad cuando acudieron a él. Una de ellas, Amparo Vargas, tomó el caso de su propia hija por su cuenta para rastrearla. El cuerpo fue hallado un mes después pero ella se encargó hasta de llevar a declarar al novio de la niña, de 16 años de edad. Los policías ministeriales, dijo, sólo la acompañaron a los lugares donde algunas llamadas sin nombre le indicaban que la hija podría encontrarse.

María Teresa Ulloa, directora regional de Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe, calificó de incompetente a Castillo y pidió su salida. Y es que mientras la Procuraduría General de la República ubica al Estado de México como una de las 7 entidades donde se concentran los secuestros, pues registra entre 91 y 180 plagios al año, diputados locales mexiquenses contabilizan más de 900 desapariciones o extravíos, que ubican al territorio en el segundo lugar nacional.

Mientras, el gobernador Eruviel Ávila, maniatado políticamente por los poderes que lo llevaron a la gubernatura, por fin intervino en un asunto de importancia social y despidió a Enrique Domínguez Abasolo, cabeza de la Comisaría General de la Policía Ministerial del Estado de México. Luego, urgió o emplazó a Castillo para capturar al criminal y recomendó agilizar las investigaciones.

Una de las promesas de campaña del priista fue la creación de una Secretaría de Seguridad Ciudadana y la mejora de los servicios policiacos en el Estado de México. Como él mismo lo sabe, las promesas sólo redundaron ene l cambio de nombre de la Agencia de Seguridad Estatal, ASE, pero no en una reestructuración ni nuevas selecciones de personal. La Procuraduría, por su parte, mantuvo a Castillo desde el caso de Paulette Gebara, en el penúltimo año de gobierno de Enrique Peña. Castillo ha destinado 200 elementos para encontrar al prófugo y él mismo se encuentra optimista pues dice que el criminal no tiene los medios para esconderse por mucho tiempo.

El CEN del PAN, por su parte, aprovechó la ocasión para exigir también, la salida de Castillo, a quien calificó de indignante en su actuación profesional, pues no debería solapar actos de corrupción culpando a los policías que vigilaban al criminal. Los azules recordaron que los feminicidios en el Edomex aumentaron 160 por ciento en cuatro años.

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