Tras las rejas

* Un estudio en cárceles mexiquenses y del DF, concluye que 26 por ciento de los internos no tiene agua para beber; que 63 por ciento dice que no los alimentan bien; que 27 no recibe atención médica cuando la requiere; que 77 por ciento debe conseguir sus propios medicamentos; que 33 por ciento reporta maltratos a familiares cuando los visitan; que 72 por ciento se siente más inseguro en la cárcel que en el lugar donde vivía antes y casi 60 por ciento no conoce el reglamento penitenciario.

 

Miguel Alvarado

La vida en las cárceles mexiquenses no es fácil. Los presos enfrentan una realidad que los acerca más a la delincuencia que incluso los capacita y organiza, que a oportunidades reales de reinsertarse en un sistema social que ha puesto su parte para no permitir readaptaciones.

El país registraba, hasta el 2006, una tasa de 245 presos por cada 100 mil habitantes, cifra que se considera como una de las más elevadas de América Latina. El Estado de México, junto con el Distrito Federal, concentra más de 50 mil internos, una cuarta parte del total de la población carcelaria en el país, dice un estudios realizado por los investigadores Elena Azaola y Marcelo Bergman, quienes apuntan que es en esta entidad donde se registran los mayores niveles de sobrepoblación, porque “reúnen a 40% del total nacional de la población excedente en prisión”.

“De mal en peor: las condiciones de vida en las cárceles mexicanas”, es un repaso estadístico por las condiciones de vida que encuentra un encerrado en territorios mexiquense y defeño y responde a muchas de las interrogantes sobre por qué los sistemas penitenciarios mexicanos ni siquiera funcionan mal. Una serie de encuestas aplicadas por Azaola y Bergman concluye que 26 por ciento de los internos no tiene agua para beber; que 63 por ciento dice que no los alimentan bien; que 27 no recibe atención médica cuando la requiere; que 77 por ciento debe conseguir sus propios medicamentos; que 33 por ciento reporta maltratos a familiares cuando los visitan; que 72 por ciento se siente más inseguro en la cárcel que en el lugar donde vivía antes y casi 60 por ciento no conoce el reglamento penitenciario.

Recientemente, una fracción perredista del Edomex denunció que las cárceles estatales tenían una cuota que permitía a los presos acceder a actividades a las que tienen derecho, como las visitas conyugales, las visitas de parientes, la comida que les lleven y un lugar para convivir. Según los perredistas, el paquete cuesta poco más de 100 pesos cada vez que se acude con un preso. Los perredistas se tardaron demasiado en comprender las condiciones carcelarias de un sistema que parece haber cambiado poco o nada en 100 años. La detección de que reos de alta peligrosidad conviven con delincuentes menores fue otra de las observaciones y apenas una iniciativa de ley podría estudiarse para eliminar las corruptelas mencionadas que, por otro lado, son las menores. Sin embargo, el PRD afirma que cada día de visita, quienes controlan el negocio de las cobranzas se llevan 1.5 millones de pesos nada más en sobornos.

Un conteo oficial ha determinado que hay una sobrepoblación carcelaria de 18 mil 258 internos. “El problema del hacinamiento es particularmente grave en las prisiones del Distrito Federal y de la zona metropolitana, donde algunos establecimientos albergan a más de 9 mil internos. Para graficar este punto, alcanza con señalar que la mitad de la población detenida en las cárceles analizadas duerme en espacios que rebasan, en ocasiones por más del doble, el cupo para el cual fueron diseñados”, opinan Azaola y Bergma. Y los números actuales los confirman. El penal de Chalco tiene 224 por ciento de sobrepoblación. El de Barrientos presenta 160 y el de Neza tiene 100.

El periodista Gerardo Peláez recuerda que desde el 2006 se han producido evasiones y muertes colectivas en “los centros de Cancún, Ciudad Juárez, Reynosa, Mexicali, Mazatlán, Gómez Palacio, Chihuahua, Nuevo Laredo, Cadereyta, Matamoros, Altamira, Tamaulipas, y otros… los centros de reclusión están saturados de huéspedes forzosos, como consecuencia directa de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

Pese a todo, tres nuevas cárceles serán inauguradas este año y una de ellas será para mujeres, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que confirma una sobrepoblación hasta del 50 por ciento. Dos estarán en Tenango y Tenancingo, donde se tiene 70 por ciento de avance y otro se ubicará en Neza. Sin embargo, apenas proporcionarán espacio para 2 mil reos más, que se suman a los que darán las ampliaciones de las cárceles de Ecatepec y Almoloya de Juárez.

Las de Tenango y Tenancingo fueron concesionadas a la familia Hank, a través del grupo Interacciones desde el 2004 y el gobierno había prometido ponerlas en funcionamiento desde hace 7 años. Los Hank construyeron los penales con una inversión de mil 700 millones de pesos pero el gobierno estatal, que en ese entonces era encabezado por Arturo Montiel, debió pagar mil 890 millones de pesos extras al propio Interacciones. El grupo de Hank obtenía el derecho a construir, administrar y mantener aquellas cárceles.

El Edomex cuenta actualmente con 21 penales que pueden recibir a 10 mil personas, aunque en la actualidad haya 18 mil. La mayoría debe recurrir a la ayuda que sus parientes les prestan desde el exterior y así, al menos hasta el 2006 y según los investigadores, “86% de los internos dijo que sus familiares les habían llevado alimentos, 78% ropa o zapatos, 65% dinero, 62% medicinas y 46% material de trabajo”.

Sobrevivir en una cárcel es tan difícil o más que hacerlo en las calles, en las actividades criminales. José Luis Cisneros, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, señala que hasta el año 2000 la población presa entre 18 y 21 años en el Edomex era de mil 23 internos. Y desde ese grupo pudo hacer un desglose sobre las condiciones socioeconómicas que presentaba un ingresado. Así, considera hasta el factor del grado de estudios, donde muestra que el 23 por ciento de los presos apenas tiene la primaria sin concluir, mientras que el 17 por ciento no cuenta con ningún estudio. El 35 por ciento dejó la escuela porque no tenía recursos económicos y porque 26 por ciento dijo tener que trabajar para sobrevivir. Sin embargo el 18 por ciento argumentó falta de interés por estudiar.

Asimismo, el 13 por ciento se dedicaba al comercio, aunque todos dijeron desempañar un oficio. Sólo uno había concluido una licenciatura. El 10 por ciento de los encuestados aseguró que no se dedicaba a nada antes de ser ingresado. El 52 por ciento de los presos en esa edad dijo estar encerrado por algún tipo de robo, mientras que 13 por ciento había asesinado. Sin embargo, 47 por ciento no había recibido sentencia. También, 46 por ciento no tenía adicciones pero 20 por ciento era alcohólico mientras que 16 por ciento lo era a la mariguana.

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