Diez años de desastre educativo

* En el 2015, el número de analfabetas en el Estado de México debiera reducirse, en promedio, a 268 mil considerando que en 2010 se reportaban 536 mil personas que no tenían acceso a la lectura y escritura, lo que es sumamente difícil de alcanzar si se considera que del 2000 al 2010 solo se alfabetizaron a 44 mil personas y no a las 178 mil que debieron ser, siempre y cuando se aspirara a cumplir con el compromiso de Dakar.

 

Luis Zamora Calzada.

En el Foro Mundial sobre educación, desarrollado en Dakar Senegal, en abril del año 2000, se integró el documento denominado “Marco de Acción de Dakar, Educación para Todos”, en donde los representantes de los gobiernos asistentes, entre los que por supuesto estuvo México, asumieron el compromiso, entre otros, de “aumentar de aquí al 2015 el número de alfabetizados en un 50 por ciento, en particular tratándose de mujeres y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y a la educación permanente”, lo que no ocurrió en nuestra entidad, por las cifras obtenidas.

De acuerdo a los datos públicos existentes, el porcentaje planteado significaría que dentro de tres años, es decir, en el 2015, el número de analfabetas en el Estado de México debiera reducirse, en promedio, a 268 mil considerando que en 2010 se reportaban 536 mil personas que no tenían acceso a la lectura y escritura, lo que es sumamente difícil de alcanzar si se considera que del 2000 al 2010 solo se alfabetizaron a 44 mil personas y no a las 178 mil que debieron ser, siempre y cuando se aspirara a cumplir con el compromiso de Dakar.

El compromiso firmado por México en ese año fue también en el sentido de cumplir con la declaración de los Derechos Humanos, que establece que “los niños, jóvenes y adultos, en su condición de seres humanos, tienen derecho de beneficiarse de una educación que satisfaga sus necesidades básicas en la acepción más noble y plena del término”. Contrario a ello, en el 2001 el gobernador en turno derogó la Ley de Educación Estatal y redujo la normatividad en la materia a las disposiciones contenidas en el Libro Tercero del Código Administrativo, aprobado el 29 de noviembre de 2001, complementado conjuntamente con el ejercicio profesional, la investigación científica y tecnológica, contemplando aspectos como cultura, deporte, juventud, instalaciones deportivas y el mérito civil, lo cual reflejó un reduccionismo y -algunos aseguran- hasta un menosprecio gubernamental hacia la importancia de la educación en nuestra entidad, que en los últimos doce años ha obtenido resultados que nos ubican debajo de la media nacional, cuando en otras décadas siempre estuvimos en la vanguardia educativa en nuestro país.

Los compromisos firmados, con esta trascendencia global, debieran asumirse con toda responsabilidad por los gobernantes en turno, no solo para responder a las necesidades globales de educación para todos, sino para resolver de manera concreta la tragedia que vive casi medio millón de mexiquenses, quienes al no estar alfabetizados su condición económica los ubican en los cinturones de pobreza extrema sin oportunidades laborales y con enormes carencias culturales, que no tienen mucho que aportar al desarrollo de nuestro estado.

Lo que es claro y por lo ocurrido en la década pasada en el rubro del analfabetismo, se sume más al Estado de México en el atraso educativo, mostrando también que no es con un discurso elocuente como se logrará avanzar, porque existe una realidad que contradice las palabras. Así, al no ser la educación pública un medio de ascenso social, será cada vez más complicado aspirar a un desarrollo social con igualdad y mucho menos insertarnos en el mundo global más demandante.

El panorama no es alentador, sobre todo si se considera el analfabetismo funcional, que ocurre en las personas que, habiendo aprendido a leer y escribir, lo han olvidado por falta de práctica. Más grave aún, los que leyendo no comprenden lo que leen y los que escriben lo hacen mal. Esto es, a todas luces, dos rezagos educativos que se suman a las muchas que existen en educación y que deben ser considerados en un urgente programa de desarrollo educativo estatal, que deberá responder a la nueva Ley de Educación de nuestra entidad, aprobada el 28 de abril del 2011. De otra manera no podrá existir un buen augurio para la educación para todos.

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