Gobierno del Edomex encubre feminicidio en la era Peña Nieto

* De acuerdo con el OCNF, de enero de 2005 a agosto de 2010 –durante la gubernatura de Peña Nieto– ocurrieron 922 homicidios dolosos de mujeres; la mayoría de ellos en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán.

 

Anayeli García Martínez/ CIMAC

Con la finalidad de proteger nuevamente al candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, el gobierno del Estado de México impugnó la sentencia de un juez para evitar que se investiguen los casos de feminicidio ocurridos durante su administración (2005-2011), acusaron activistas.

El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMYBS) impugnó la sentencia del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, que en febrero pasado concedió un amparo a organizaciones civiles para que se investigaran los asesinatos de mujeres en la entidad.

Así lo informaron a esta agencia Sergio Méndez Silva, abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), y Octavio Amezcua, director de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

En entrevista, ambos abogados aseguraron que para no interferir en la campaña electoral de Peña Nieto, el gobierno del mexiquense y también priista Eruviel Ávila intenta retrasar la investigación de los casos de feminicidio en la entidad.

De acuerdo con el OCNF, de enero de 2005 a agosto de 2010 –durante la gubernatura de Peña Nieto– ocurrieron 922 homicidios dolosos de mujeres; la mayoría de ellos en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán.

Sin embargo los casos pasaron inadvertidos ante las autoridades, por lo que el 8 de diciembre de 2010 el OCNF y la CMDPDH presentaron una solicitud ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para que investigara la situación.

Las organizaciones pretendían que se investigaran las cifras de feminicidio manejadas por la Procuraduría General de Justicia de la entidad, para que –de encontrar elementos suficientes– el Sistema Nacional declarara la Alerta de Violencia de Género (AVG).

El 11 de enero de 2011 el Sistema Nacional desechó la solicitud ciudadana sin mayores explicaciones. Desde entonces comenzó un litigio que aún no termina.

En febrero del mismo año las organizaciones civiles presentaron una solicitud de amparo que se turnó al juez noveno de distrito en materia administrativa en el DF, José Eduardo Alvarado Ramírez. El amparo se otorgó en febrero pasado.

A decir de Octavio Amezcua, el gobierno estatal, a través del CEMYBS –instancia que sustituyó al Instituto de la Mujer Mexiquense en la gestión de Peña Nieto– impugnó la sentencia del juez para que este tema no intervenga en el actual proceso electoral, y le reste puntos al abanderado presidencial de la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM).

Al otorgar el amparo, el juez señaló que las organizaciones cumplieron con la ley al afirmar que existe violencia de género en el Edomex, pero que las autoridades locales son las encargadas de investigar el presunto feminicidio.

Sergio Méndez Silva apuntó que una vez dictada la sentencia el Sistema Nacional debería volver a sesionar y revisar los argumentos y la documentación presentada por las organizaciones, para decidir si acepta o no iniciar una investigación que eventualmente concluya en una declaratoria de AVG.

Detalló que en caso de negarse por segunda ocasión, los institutos estatales de las Mujeres y las dependencias que integran el Sistema Nacional tendrían que argumentar por qué rechazan la petición, algo que no hicieron en la ocasión anterior.

De acuerdo con el abogado del OCNF, para rechazar el amparo la CEMYBS argumentó que las organizaciones civiles no tienen interés jurídico para solicitar la AVG, pues no están directamente agraviadas con la violencia de género.

En respuesta, Méndez Silva dijo que el juez José Eduardo Alvarado Ramírez sustentó el amparo en el artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual faculta a las organizaciones a solicitar la AVG.

Por lo pronto, el juzgado noveno de distrito está integrando un expediente por el recurso de revisión presentado por el gobierno mexiquense. Una vez que esté listo, se turnará a un tribunal colegiado que decidirá si sigue firme la sentencia de investigar el feminicidio en el Edomex o si se revoca.

 

Llamado urgente

 

Ante el incremento de asesinatos dolosos, violaciones sexuales y desapariciones de mujeres en los últimos años en México, cerca de 400 organizaciones de la sociedad civil (OSC) de 20 estados del país lanzaron un llamado urgente a la Secretaría de Gobernación para modificar el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de garantizar la aplicación inmediata de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG).

En un comunicado, las agrupaciones afirmaron que en 13 entidades del país, en un lapso de cerca de tres años, se han cometido 3 mil 139 asesinatos dolosos de mujeres; mientras que en nueve estados se han registrado 3 mil 149 mujeres desaparecidas de enero de 2010 a junio de 2011, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Las organizaciones recordaron que la modificación al reglamento es un compromiso adquirido el 9 de noviembre de 2010 por el entonces subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Felipe de Jesús Zamora, con la Misión Internacional por el Acceso a la Justicia para las Mujeres, la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito (ILANUD), y el OCNF.

Los activistas exhortaron a la Segob a ser congruente y dar cumplimiento al compromiso adquirido hace año y medio, para modificar el título tercero, capítulo I, de la AVG y violencia feminicida, con el objetivo de garantizar la aplicación inmediata de la declaratoria de AVG para salvaguardar la vida y la seguridad de las mexicanas.

Asimismo, conminaron a la Segob a abrir una mesa de trabajo para modificar el reglamento en la que participen las OSC que han solicitado este mecanismo, entre ellas el OCNF, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, por mencionar algunas.

En este sentido, llamaron al Instituto Nacional de las Mujeres –en su carácter de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres– coadyuve para posibilitar la mesa de trabajo de reforma al reglamento.

Las OSC recordaron que ante la grave problemática de violencia de género se ha solicitado en cuatro ocasiones la declaratoria de AVG en Oaxaca, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León. Sin embargo en ninguno de ellos el Sistema Nacional aprobó la medida.

Lo que demuestra –acusaron– que los requisitos del reglamento para decretar la AVG son un obstáculo para la implementación del mecanismo, y contravienen así el espíritu de protección colectiva a través de la investigación, procuración y administración de justicia para esclarecer y frenar la violencia contra las mujeres.

Las organizaciones solicitaron al Sistema Nacional comprender que la declaratoria de AVG es un mecanismo que debe facilitar la coordinación entre las autoridades, así como entre las y los expertos en la materia para implementar acciones urgentes y adecuadas contra la violencia feminicida en un territorio determinado, garantizando así la vida y seguridad de las mujeres.

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