El estigma de la influenza

* El caso de Julieta se remonta a febrero pasado cuando surgió el rumor de que la profesora de la Universidad de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y también columnista del diario El Financiero, supuestamente padecía influenza AH1N1, diagnóstico que resultó falso tras realizarse exámenes en el sector salud. El hecho provocó que Julieta sufriera atropellos en su lugar de trabajo.

 

Anayeli García Martínez/ CIMAC

Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), rechazó que en el caso de la periodista y profesora Julieta Buendía Hernández –quien argumenta ser víctima de discriminación– el organismo que preside haya sido omiso, y enfatizó que hasta ahora no puede determinar si hubo discriminación o no en ese asunto.

El caso de Julieta se remonta a febrero pasado cuando surgió el rumor de que la profesora de la Universidad de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y también columnista del diario El Financiero, supuestamente padecía influenza AH1N1, diagnóstico que resultó falso tras realizarse exámenes en el sector salud.

El hecho provocó que Julieta sufriera atropellos en su lugar de trabajo, pues sin explicación alguna fue removida de los grupos donde daba clases y confinada a un cubículo de la biblioteca de la universidad, lo que ella calificó como actos de discriminación en su contra (Cimacnoticias 29 marzo 2012).

En su momento, Buendía aseguró que la supuesta enfermedad no sólo provocó una alarma en la institución educativa –que incluso cerró durante tres días por una posible epidemia de influenza–, sino también el desprecio de autoridades universitarias, padres de familia y conocidos en contra de ella.

El contrato laboral de Julieta no fue renovado, por lo que el pasado 19 de abril fue su último día en la universidad.

Julieta denunció los hechos ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Conapred –ambas instancias dependientes de la Secretaría de Gobernación–. Las dos se comprometieron a dar seguimiento a su caso.

Tiempo después, Buendía Hernández cuestionó la razón de ser del Conapred, pues lejos del apoyo solicitado, la instancia la excluyó de una reunión de mediación que como quejosa solicitó entre las autoridades universitarias y personal del consejo.

 

Versión oficial

 

En entrevista con Cimacnoticias, Ricardo Bucio sostuvo que no hubo omisión del Conapred en el análisis del expediente de Julieta Buendía, y que hasta ahora no se puede afirmar si hubo o no discriminación contra la profesora y periodista.

Argumentó que esa es una conclusión que se dará a conocer una vez que esté cerrada la investigación, y aseguró que hasta el pasado 22 de mayo –día en que se realizó esta entrevista– el expediente del caso no se había concluido.

“Aún no está cerrado, pero se va a concluir por no sometimiento”, dijo el funcionario, quien explicó que este concepto es una causal de cierre que determina la ley y se refiere a la falta de voluntad y aceptación del particular para conciliar con la o el peticionario que presentó la queja. En este caso, precisó Bucio, no se logró un acuerdo porque la universidad no quiso.

Al cuestionarle si en este caso el Conapred “no pudo” lograr la conciliación entre la quejosa (Julieta Buendía) y el particular (la Universidad de Cuautitlán Izcalli), el funcionario respondió: “No. Eso tal cual es un énfasis equívoco. La institución no quiso conciliar. Es muy distinto. Es distinto decir que el policía no pudo detener al coche que se pasó el alto, a decir el particular se pasó el alto. El responsable no es el policía, el responsable es el particular”.

En su opinión, la institución a su cargo actuó conforme a los lineamientos establecidos en el estudio y trámite de una queja de esta naturaleza, y tomó en cuenta los argumentos de ambas partes. Sin embargo consideró que fueron las autoridades de la universidad quienes no llegaron a un acuerdo con la periodista.

“Conapred habló con las autoridades (universitarias); las autoridades están de acuerdo con unas cosas y no están de acuerdo con otras. Pero al final con lo que no están de acuerdo es con conciliar con la peticionaria”, explicó Ricardo Bucio.

Si bien no se logró la conciliación, se le preguntó al presidente del Conapred si la situación vivida por Julieta en su lugar de trabajo y que se extendió a su vida privada por haber sido estigmatizada de padecer influenza AH1N1, podría ser considerada como discriminación, a lo que respondió: “No lo podemos catalogar antes de (investigar) como ella dice que está sufriendo un acto de discriminación. Nosotros la buscamos para hacer la valoración, no podemos catalogar. Yo creo que eso no lo puede hacer ninguna institución pública responsable a partir de una nota periodística”.

 

Contradicciones

 

Sin embargo, Bucio aclaró que fue el propio Conapred el que buscó a Julieta tras leer la información publicada en algunos diarios sobre el caso de la profesora.

“Nosotros leemos el artículo y nosotros la buscamos. En el artículo ella nombra al consejo –nosotros eso lo monitoreamos–. Yo leo el artículo y le pido al área de Quejas que la busque para ver si quiere presentar una queja por discriminación”, abundó.

Cabe recordar que en recientes declaraciones a Cimacnoticias, Julieta Buendía afirmó que fue ella la que acudió a pedir apoyo al Conapred e interponer una queja por discriminación, en contraste a lo señalado por Ricardo Bucio.

Lo que hace el Conapred –prosiguió el funcionario– “después de llamarle a Buendía” es abrir el expediente de quejas y ponerse en contacto con la universidad. Bucio insistió en que si no hay un convenio de conciliación, es muy complicado determinar si hay o no discriminación.

“Es como decir que el juez determina que alguien es culpable porque alguien lo leyó; puede presuponer que hay un delito, incluso quienes son los responsables, pero no puede determinar que hay un delito”, agregó.

A la pregunta de por qué Julieta fue excluida de la reunión entre abogadas del Conapred y el rector de la Universidad de Cuautitlán Izcalli, Juan Manuel Gutiérrez, Bucio respondió: “no creo que haya sido así. Nosotros tenemos un procedimiento de defensa”.

El funcionario reiteró que el Conapred sólo puede hacer lo que la ley le obliga, y que queda en manos del Legislativo otorgarle más atribuciones. “Por eso queremos que la ley nos permita más, por eso impulsamos esta iniciativa, por eso esperamos que haya una solución favorable”, sostuvo.

“Faltan reformas legales para mejorar las posibilidades de defensa de la ciudadanía”, concluyó Bucio al explicar que la institución recibe todos los casos de discriminación que le llegan, y que no sólo tiene interés en asuntos mediáticos o relacionados con grupos vulnerables.

 

¿Qué dice la ley?

 

El Conapred surgió a raíz de la promulgación el 11 en junio de 2003 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. El objetivo del organismo es “contribuir a que toda persona goce sin discriminación de todos los derechos y libertades”.

De acuerdo con la ley, el Conapred debe implementar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo federal en materia de prevención y eliminación de la discriminación, y “proteger a todos los ciudadanos de toda distinción o exclusión”.

De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Conapred una queja es la denuncia o petición formulada por conductas presuntamente discriminatorias atribuidas a particulares (en el caso de Julieta Buendía, la instancia particular es la Universidad de Cuautitlán Izcalli).

Según la misma normatividad, una reclamación es la denuncia o petición formulada por conductas presuntamente discriminatorias atribuidas a autoridades o servidores públicos.

Sobre los servidores públicos, el artículo 95 del estatuto estipula que si el consejo “comprueba que los servidores públicos o autoridades federales denunciadas cometieron alguna conducta discriminatoria, formulará la correspondiente resolución por disposición (recomendación)”.

Respecto a los particulares que cometan actos de discriminación, la  Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su artículo 81 establece que si cualquiera de las partes en conflicto o ambas no aceptan el procedimiento conciliatorio del Conapred, éste “atenderá la queja correspondiente y brindará orientación al quejoso para que acuda ante las instancias judiciales o administrativas correspondientes”.

Anuncios

Deja un comentario

Aún no hay comentarios.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s