Anulación del laudo del Tribunal estatal

* “¿Cómo creer en un Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje? Los trabajadores se encuentran en estado de indefensión al no ser respetada la ley en esta supuesta instancia impartidora de justicia laboral. Desde este expediente, dicho Tribunal local es el mayor enemigo del usuario.

 

Luis Zamora Calzada

El laudo (sentencia) del 4 de agosto de 2011, dictado contrario a derecho por el Tribunal estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), en contra del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), en donde determinó procedente y operante la cancelación del registro sindical, fue anulado por el  Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en el amparo directo 757/2011, al ser ilegal la determinación del Tribunal estatal y haber cometido diversas violaciones procesales, por ejemplo los magistrados federales señalan en la página 194 de la ejecutoria emitida, lo siguiente:

“Y, por auto de 13 de julio de 2011, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, de muto propio, con el argumento de llegar a la verdad, apoyándose en lo previsto en el artículo 236 de la Ley del trabajo de los Servidores Público del Estado y Municipios…, requirió al DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, proporcionara información inserta en los expedientes personales de (los fundadores del SUMAEM), agregando que la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 establece como garantía ‘que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte…’”.

Lo anterior es totalmente contradictorio a la actuación de dicho Tribunal, sin importar el perjuicio que cause al trabajador, afectando los derechos establecidos en la Ley, violentando el Estado de Derecho que está obligado a acatar al extralimitarse en su actuación, tal y como se especifica en la página 205 del documento:

“… se puede afirmar que el responsable (Tribunal estatal de Conciliación y Arbitraje) actuó de manera incorrecta al recabar constancias que ninguna de las partes ofreció como prueba, en razón de que en primer término la facultad inserta en el ordinal 236…, solo concierne a los integrantes del Tribunal laboral, para ordenar el desahogo de diligencias para mejor proveer, más no a su presidente en lo particular, lo cual de ningún modo debe de hacer de manera caprichosa, sino que dicha facultad debe ejercerse siempre que los integrantes del Tribunal tengan necesidad de un mayor conocimiento; y esa determinación no debe lesionar los derechos de las partes ni trasgredir su función de juzgadores, …la facultad en comento debe estar enfocada a diligenciar pruebas que permitan esclarecer los hechos controvertidos que no han llegado a dilucidarse con toda precisión, y no las que debieron ser aportadas por las partes, cuyas omisiones y negligencia no pueden ser subsanadas por la responsable, so pretexto de llegar a la verdad…”.

“…la facultad inserta en el multicitado artículo 236 de la Ley burocrática estatal, tiene sustento en la garantía de imparcialidad consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la responsable al dictar la diligencia para mejor proveer, debió respetar los principios de igualdad de las partes y de preclusión; ya que en la primera, los contendientes deben tener las mismas oportunidades, eliminando situaciones de ventaja y privilegios, lo que se traduce en igualdad jurídica; e en la segunda, se impone a las partes la obligación de aportar al proceso los medios probatorios dentro de la etapa probatoria, y sólo por excepción en etapa diversa cuando se trata de hechos supervenientes, lo cual se traduce en el hecho de que la facultad de los juzgadores para mejor proveer, no puede estar a una decisión arbitraria; por el contrario, se debe anteponer el cumplimiento de estos principios al ordenar el desahogo de una prueba…”.

“…la facultad a que se refiere ese numeral no puede ser usada de manera indiscriminada, esto es, no en todos los casos el tribunal está autorizado a decretar de oficio la ampliación de diligencias… ni mucho menos para decretar el desahogo de una probanza de manera oficiosa, dado que es obvio que las diligencias para mejor proveer a que alude ese artículo, deben ser aquellas que tiendan a complementar las pruebas allegadas por las partes y no las que debieron ser aportadas y no lo fueron, ya que esa omisión no puede ser subsanada por la autoridad so pretexto de llegar a la verdad… las pruebas que se ordenan para mejor proveer, deben contraerse a las que hagan luz sobre aquellos hechos que no hayan sido acreditados con toda claridad o precisión, más no tender a suplir las omisiones o negligencias de los interesados”.

“Luego, es evidente que se cometió una violación a las leyes del procedimiento que afectaron su defensa… cuando no se reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley… como en el presente caso acontece, pues el presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, recabo pruebas de oficio, y con ellas tuvo por acreditada la acción intentada por el sindicato actor (el viejo sindicato) con la admisión de pruebas que no ofreció ninguna de las partes…”.

“Por consiguiente, si en la especie el presidente del Tribunal laboral responsable, substituyéndose al actor en sus cargas procesales, solicitó el desahogo de una prueba que tenía por objeto demostrar los extremos de la demanda de cancelación de registro sindical del demandado (SUMAEM), resulta que hizo una inexacta aplicación del artículo 236…”.

“En tal virtud, se concluye que la responsable violó en perjuicio del impetrante de garantías (SUMAEM) individuales de legalidad, seguridad jurídica, motivación y debido proceso, tutelados en los preceptos 14 y 16 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos…”.

¿Cómo creer en un Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en estas condiciones? Con ello se demuestra que los trabajadores están en indefensión al no ser respetada la ley en esta supuesta instancia impartidora de justicia laboral. Desde este expediente, dicho Tribunal local es el mayor enemigo del usuario. Algo debe realizar la Secretaría General de Gobierno del Estado de México para garantizar la impartición de justicia, tal y como lo establece nuestra Carta Magna en esta instancia y en otras que suele ocurrir lo mismo. Por nuestra parte los abogados estudian el caso para el posible encuadramiento de delitos tipificados en los códigos penales vigentes para proceder conforme a derecho y los responsables de las violaciones cometidas no queden en la impunidad y sigan perjudicando a una institución del Estado mexicano, no sólo al sindicato en lo particular.

Los 42 asesores de EPN

* El primero de junio, en el programa de Radio Fórmula dirigido por López Dóriga, coordinador de campaña de AMLO, acusó públicamente a Luis Videgaray, coordinador de la campaña presidencial del PRI, de contar con un grupo de 42 consultores externos que se reunieron el 31 de mayo en Tabasco para definir varias líneas estratégicas de ataque.

 

Renzo D’Alessandro

El 2 de junio los medios de comunicación masiva le dieron amplia cobertura a dos casos: la incursión de Manuel Espino, ex presidente del PAN, al torito por exceso de alcohol y la evolución del caso “Charolazo”. El primero, a mi parecer, es una cortina de humo con amparo en mano, que distrae a la opinión pública de otras noticias que considero de suma importancia para el proceso electoral.

El primero de junio, en el programa de Radio Fórmula dirigido por López Dóriga, http://www.youtube.com/watch?v=kU8bhS8y2pU, Ricardo Monreal, coordinador de campaña de AMLO, acusó públicamente a Luis Videgaray, coordinador de la campaña presidencial del PRI, de contar con un grupo de 42 consultores externos que se reunieron el 31 de mayo en Tabasco para definir varias líneas estratégicas de ataque: reeditar campañas negras contra AMLO, culparlo de la devaluación del peso, atacar al gabinete propuesto y dividir al movimiento estudiantil “YoSoy132”. Monreal denunció que no es Videgaray quien está al mando, sino que existe “otro” coordinador de campaña (figúrese usted de quién habla) y de paso solicitó al PAN verificar la existencia de una lista de consultores extranjeros que nombró públicamente.

Al teclear en Google los nombres citados se pueden observar sus perfiles, mismos que se podrán leer al final de este texto. Lo que es llamativo, además de la veracidad de su existencia, es que son consultores de renombre internacional y que, efectivamente, todos ellos estuvieron reunidos físicamente en México desde -al menos- el pasado 14 de mayo al ser ponentes para la Cumbre Comunicación Política realizada por el ITESO en Guadalajara. (http://cumbrecomunicacionpolitica.com/PROGRAMA-CUMBRE-2012.pdf).

Si las declaraciones de Monreal se comprueban estaríamos hablando de una especie de “mega-consultora transnacional”, cuyos miembros son los principales asesores de campañas electorales a nivel mundial. Ante esto es pertinente preguntarse cuántos recursos se necesitan para poder contratar, “in situ”, a tal número de asesores que trabajan exclusivamente para posicionar a un sólo candidato.

Se pueden observar varias líneas de asesoría según el perfil de los consultores:

1) Las necesarias o de tipo técnico: “Manejo de medios de comunicación masivos”, “manejo de redes sociales” y “apoyo a campañas en crisis”.

2) Las ridículas (o las que podrían cubrirse con un mínimo de experiencia o sentido común): “oratoria”, “coordinación de prensa”, “media training para debates” y “vestuario y color de la ropa”.

3) Las preocupantes (o aquellas que generan desconfianza en el proceso): “aplicación de tecnologías electorales”, “coordinación y comunicación con EUA” y “estrategias de comunicación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo”.

Respecto a estas últimas quedan varias preguntas al aire: ¿estarán planificando incidir en el sistema de conteo electoral? ¿La coordinación con EUA significa que se está operando la campaña desde allá? ¿Se asumirán como gobierno electo o por la coordinación con senadores y diputados a poco menos de un mes de la elección?

Durante los días venideros, Luis Videgaray deberá deslindarse de las acusaciones, dar una explicación pública convincente al electorado o clarificar la utilización y los montos de recursos de campaña de EPN. Por el momento los medios callan. Lo que es seguro es que el próximo 10 de junio nos espera un debate muy ríspido en donde probablemente se sigan sumando acusaciones y nuevas sorpresas entre los candidatos.

 

La lista de Monreal

 

Toni Puig Picart, español, asesor de comunicación en el Ayuntamiento de Barcelona, quien ofrece servicios de consultoría en materia de marketing.

Ralph Murphine, de Estados Unidos. Consultor político para campañas presidenciales. Asesor de campaña de Mijaíl Gorbachov, Ronald Reagan y Alberto Fujimori, entre muchos otros.

Nuno Cruz, de Portugal. Especialista en medios de comunicación digitales, director ejecutivo de Lungo, una compañía que se especializa en la comunicación política y presidente de la Asociación Nacional de Cadenas de Radio (ARIC), que representa a más de 70 emisoras en Portugal.

Carlos Souto, argentino, considerado uno de los principales actores en las campañas electorales más relevantes de Argentina. Dirige la agencia de publicidad “La Ese”, dedicada exclusivamente a la publicidad política y de gestión.

Ceinett Sánchez, de República Dominicana, especialista en comunicación política en situaciones de crisis, coordinadora de noticias de radio y televisión.

Yago de Marta, español, consultor internacional en oratoria y media training. Formador de candidatos políticos para “debate coach” y comunicación no verbal y persuasión. Campeón de debate en 2005 y subcampeón 2004 en España.

Luis Fernando Martín, de Colombia, especialista en comunicación y marketing político, dedicado al coaching y a la imagen personal del candidato como “Marca Exitosa”. Es presidente de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas (ALARP).

Ramón Guillermo Aveledo, de Venezuela, especialista en unificación de elecciones primarias coordinador en la especialización en Gerencia Pública. Es asesor político y consultor estratégico integral para campañas electorales de la empresa “Smartmatic”, compañía cuyo eslogan es que proveen “la mejor tecnología electoral del mundo”. Actualmente dirige la Mesa de Unidad Democrática, coalición de partidos de oposición.

Alia María Ycaza, ecuatoriana, especialista en técnicas para enfrentar a los medios. Es consultora independiente de prensa y media training a nivel personal, productora y directora de noticias en televisión. Diseña y ejecuta estrategias de comunicación y relaciones públicas para candidatos.

Patricia Gallardo, argentina, especialista en imagen de marca de candidatos en la web. Directora de Consultora Gallardo Comunicaciones Integradas de Marketing, gestión integral de planes estratégicos de expansión, branding, posicionamiento en medios masivos. Asesora de Imagen y comunicación de periodistas. Especialista en lo comunicacional con su teoría de “El color comunica”.

Melisa Díaz, de Estados Unidos, especialista en análisis de las campañas en USA. Fue directora de prensa y de comunicaciones de congresistas, coordinadora de prensa.

Juan Hernández, de Estados Unidos, especialista en análisis de las campañas en USA. Consultor de corporaciones internacionales. Participó en la campaña de Vicente Fox, siendo un factor de unión entre Fox y Bush. Considerado como uno de los “100 hispanos más influentes”. Es invitado frecuente de Fox News, CNN y Univisión.

Diego Diéguez Ontiveros, argentino especialista en seguridad nacional y campañas políticas. Miembro Activo de la Asociación Americana de Juristas, organización no gubernamental con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

José Gregorio Correa, de Venezuela. Tiene amplia experiencia en Técnica Legislativa y en Relaciones Publicas desde el Parlamento.