Imaginario oficial

* A la autoridad o a la patronal les está prohibido en las leyes locales, federales, inclusive en los convenios internacionales, entrometerse en la vida interna del sindicato y deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.

 

 

Luis Zamora Calzada

“Ellos son míos de nadie más, nos pertenecen, son nuestros, busca tus afiliados en otro lado, yo aquí los tengo bajo mi control porque aquí es mi terreno, tú estás en mi terreno, no puedes dar a nadie ninguna información, ellos son y serán siempre de mi sindicato, escúchalo bien, escúchalo bien, siempre de mi sindicato, nunca se van a ir a tu sindicatucho”, le gritaba iracundo Carlos Velazco, de Comisiones Especiales del viejo sindicato oficial a maestras promotoras del Sindicato Unificado de Maestros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), el lunes 28 de mayo en el municipio de Coatepec Harinas, mientras compartían información a maestros respecto al registro sindical, toma de nota y el ejercicio de la libertad sindical que consagran las leyes del país.

El desinformado personaje, de complexión robusta y voz muy aguda, demasiada aguda por cierto, al tiempo que hablaba, con el pecho erguido intentaba empujar a la maestra para intimidarla y quitarle las pertenencias que llevaba.

Muchos maestros y maestras miraban sorprendidos la escena, no daban crédito a lo que veían, pero cuando se acercó otro maestro promotor sindical a cuestionar al agresor, quien cambió radicalmente de actitud y visiblemente cohibido ante los presentes, le decía al maestro que le imputaba que “nomás me pegas, ¿eh?, nomás me pegas y se te vienen encima como veinte o veinticinco, yo aquí soy muy popular, todos me quieren, ¿eh?”.

No iba con veinticinco, pero sí le acompañaban al menos tres incondicionales más, quienes interceptaban a los maestros que habían recibido información de los promotores sindicales para decirles que no creyeran, que no era cierto lo que les habían dicho, que recordaran que su plaza se la debían al viejo sindicato, que no olvidaran todos los favores recibidos de sus representantes y que por eso no era justo que recibieran la información, que no leyeran porque eso les perjudicaría, les inquietaría y perderían su tranquilidad.

Una copia de hechos idénticos ocurrían en Ixtapan de la Sal, protagonizada increíblemente por un integrante de la Subdirección Regional, quien nada tiene que ver en materia sindical, de nombre Carlos y de apellido Arizmendi, por cierto, según dijeron, compadre del primer Carlos agresor.

Al frente de cuatro o cinco acompañantes también enfrentaba a las maestras promotoras del SUMAEM. En un intento por despojarlas de sus pertenencias, intervino una persona de la sociedad ixtapense, a quien le dijeron que “tú no te metas, porque tus hijos la van a pagar”, iniciando un intercambio de comentarios que no llegaron a mayores, pero que son ilustrativos de prácticas de cooptación e intimidación de una instancia educativa entrometiéndose en asuntos sindicales que no le competen.

El titular de la Subdirección Educativa, Humberto Romualdo Rojas, por cierto ex integrante de la dirigencia del viejo sindicato, tomándose atribuciones fuera de su competencia y en actuación contraria a derecho, llegó al extremo de enviar a su personal al centro de trabajo de una maestra integrante del sindicato independiente para preguntar qué quería, qué le hacía falta, por supuesto en una posición amenazante y violatoria de la legalidad, porque a la autoridad o a la patronal les está prohibido en las leyes locales, federales, inclusive en los convenios internacionales, entrometerse en la vida interna del sindicato y deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.

En los municipios de Zacualpan y Tonatico los enviados de la Subdirección Regional y del viejo sindicato, en un “desplegado táctico”, con cámaras en mano y videos, grababan y sacaban fotografías al por mayor, de todos los ángulos posibles, a los promotores sindicales del SUMAEM y a los profesores que recibían la información.

Un maestro de la región que regresó por algunos folletos, enojado comentaba no dar crédito a la actitud de los representantes del sindicato oficial, porque le habían quitado sus documentos, pero que ahora llevaría uno a cada maestro de su escuela, que no eran tarugos y no eran propiedad de ese sindicato, que ellos supieran que no tenían dueño alguno. “Estos nos quieren ver como su ganado y no lo somos”, dijo con coraje, “les dejo mi correo electrónico, mándenme información, quiero saber más, en mi computadora estos no se pueden meter”.

Los hechos hablan por sí mismo, son un verdadero insulto a la inteligencia. Las instancias gubernativas de la entidad impiden el ejercicio de la Libertad Sindical, la Secretaría General de Gobierno y la de Educación deben evitar estas actuaciones “oficiales” que les dejan en entredicho, porque los maestros sí nos informamos y actuamos conforme al Estado de Derecho.

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Sin factura, por favor

* El modelo de campaña que se eligió para que Peña obtuviera la presidencia es el mismo que desde hace 70 años utiliza el PRI. La época electoral es en realidad un enorme negocio que mueve miles de millones de pesos, algunos de procedencia ilegal y que tiene como cereza la obtención del poder y un presupuesto inimaginable.

 

Miguel Alvarado

Eran las 4 de la tarde del viernes primero de junio del 2012. Una junta secreta se realizaba en el PRI del Estado de México, en la sede de las oficinas tricolores de Toluca, en la calle de Alfredo del Mazo, símbolo de tres integrantes del enjoyado Grupo Atlacomulco, impulsor político de la carrera pública de Enrique Peña, fantasmal puntero en encuestas que lo colocan en el primer lugar umbo a la presidencia de Los Pinos.

Esa reunión tenía como objetivo operar las órdenes provenientes del PRI nacional para recuperar el terreno que el aspirante había perdido. Un estudio interno revelaba la catástrofe. Peña sería tercer lugar en las encuestas si el voto duro no funcionaba el primero de julio. Así, en uno de los salones de aquella bodega-edificio donde despachara alguna vez Arturo Montiel como presidente del Comité Directivo Estatal, un grupo de operadores sin nombre ni rostro conocido, implementó la campaña. Cerca de mil millones de pesos se moverían desde la capital del Estado de México y serían encauzados a la compra de utilitarios. De buenas a primeras, impresores y vendedores de publicidad se encontraron con pedidos urgentes, casi imposibles, pero multimillonarios: 6 millones de playeras blancas, por 60 millones de pesos; 3 millones de pelotitas antiestrés por 18 millones de pesos, 170 mil lonas con el rostro del candidato por 10 millones de pesos, 5 millones de bolsas ecológicas por 25 millones de pesos, un número indeterminado de ceniceros, de la marca Tokai y al final, todavía el 14 de junio, cualquier cosa que tuviera impresa la imagen del esposo de La Gaviota.

Esos pedidos quebraron los mercados. El Edomex fue incapaz de responder a la disparatada demanda pero también el resto del país, cuyas fábricas y proveedores reportaban las mismas, absurdas cantidades. Algunas ciudades de plano se negaron a cotizar, pues el PRI les ha quedado mal en pagos, pero sobre todo porque “es para un partido de ladrones”, decían los comerciantes, que desdeñaban pagos en efectivo y sin obligación de entregar facturas. Finalmente, los productos fueron encontrados en el norte del país y transportados en tráileres a bodegas diseminadas por la ciudad.

El modelo de campaña que se eligió para que Peña obtuviera la presidencia es el mismo que desde hace 70 años utiliza el PRI. La época electoral es en realidad un enorme negocio que mueve miles de millones de pesos, algunos de procedencia ilegal y que tiene como cereza la obtención del poder y un presupuesto inimaginable.

Las giras electoreras representan la cristalización de un plan que se proyecta con años de anticipo y que se adapta de acuerdo a las personales necesidades de los protagonistas. El presupuesto que el PRI tuvo, para los comicios federales, fue de 537 millones 269 mil 854 pesos, más el del Verde Ecologista, de 156 millones 507 mil 101 pesos.

El 14 de junio, el diario Reforma destapaba que un empresario estadounidense, José Aquino, demandó a Enrique Peña por un supuesto fraude que alcanzaba 56 millones de dólares, cometido en California por el equipo de campaña del de Atlacomulco, concretamente Luis Videgaray, coordinador general, David López, coordinador de Comunicación, el empresario Alejandro Carrillo Garza Sada, Hugo Vigues, dueño de aviones cuya sede se encuentra en Toluca, Luis Miranda, ex secretario general de Gobierno en el sexenio de Peña como gobernador, Erwin Lino, ex secretario particular de Enrique Peña, José Carrillo Chontkowsky y Roberto Calleja, vocero del PRI y ex funcionario del gobierno mexiquense. La demanda es la EDCV12-920 VAP DTBx.

Aquino es dueño de la empresa Frontera Television Networks y había conseguido con el PRI un contrato por 56 millones de dólares para publicidades por una campaña de imagen, pero nunca recibió el dinero a pesar de un contrato firmado y sí, en cambio, encontró amenazas de uno de los empresarios involucrados, quien le dijo que los fondos “procedían de empresas relacionadas con el narco”. Sin dinero no hubo campaña pero tampoco le devolvieron los documentos originales, firmados por las partes. Aquino supone que pudieron usarse para cobrar los 56 millones.

La periodista Carmen Aristegui reproducía que “el empresario solicitó que, en caso de no prosperar el proyecto propagandístico de Peña Nieto, se le devolvieran los contratos, o en caso contrario, emprendería acciones legales. Ante esa decisión, el empresario Alejandro Carrillo Garza Sada -socio de Jiramos, SA la empresa con la que Aquino firmó el contrato- le advirtió: “más vale que no haga nada porque hasta le voy a prohibir que entre a México y le voy a quitar su empresa”.

También dijo que el empresario Hugo Viguesm aquel de los aviones en Toluca, lo amenazó: “tengan cuidado porque este dinero viene de ciertos grupos, viene de empresas relacionadas con el narco, y si hacen mucho ruido pues tengan mucho cuidado porque esto puede ser muy peligroso para ustedes”.

Una empresa, Jiramos SA, de Carrillo, habría firmado el contrato con FTN, pero luego se decidió que en lugar de promocionales, a Peña se le venderían vuelos en jet. Los 56 millones de dólares se esfumaron, no así los problemas para Aquino, quien no quiere nada con el narco y exige le regresen los papeles firmados. El empresario norteamericano cree que los nombres de los colaboradores cercanos de Peña fueron usados para beneficio de Alejandro Carrillo.

De José Ponce de Aquino se sabe que tiene orígenes mexicanos, pero el resto de los involucrados tienen un pasado vistoso. Luis Videgaray, a quien se le involucra en el caso por una llamada que hiciera Luis Miranda, frente a Aquino, para consultarlo sobre los contratos, es hoy coordinador de la campaña de Peña, pero fue el encargado de la reingeniería de la deuda pública mexiquense, en la administración de Arturo Montiel, que había contratado al despacho Protego, propiedad de Pedro Aspe, para que transformara los pesos en Unidades de Inversión. El secretario de Finanzas de Montiel era Luis Miranda Nava, mencionado también por el empresario Aquino. Luego se convirtió en el asesor estrella de Montiel y con Peña fue nombrado secretario de Finanzas, luego diputado federal y por último coordinador de campaña. Se le recuerda por su carácter irascible y su trato déspota ante los medios locales, que lo bautizaron como Harry Potter, porque era un mago de las finanzas. Era uno de los mencionados para suceder a Peña en la gubernatura.

Sobre Luis Miranda, las cosas son más oscuras. Hijo de Luis Miranda Cardozo, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, fue secretario de Finanzas de Montiel y secretario de Gobierno de Peña. Perdió una elección, que lo colocaría en la alcaldía de Toluca, cuando en las giras locales destacaba más su rostro agrio, oscurecido, que las palabras que discursaba. Amigo personal del gobernador Enrique Peña y del ex mandatario Montiel, conocedor de los manejos de cuentas y deudas públicas, negociador con la empresa Protego, de Pedro Aspe y miembro original de los Golden Boy´s, grupo de jóvenes impulsado por Montiel para ocupar cargos clave en su administración, era el primero en la línea sucesoria del propio ex gobernador, junto a Luis Videgaray. Al enfrentar Montiel acusaciones por enriquecimiento ilícito, Miranda fue arrastrado en las investigaciones contra el ex mandatario junto con la familia de Arturo, un ex colaborador y 13 ex diputados locales, a quienes el regidor perredista por Tlalnepantla, José Luis Cortés, acusó de recibir 25 millones de pesos cada uno por aprobar las cuentas públicas e iniciativas de aquella administración. Miguel Sámano, ex secretario particular de Montiel y Carlos Rello, ex secretario de Desarrollo Económico también fueron implicados.

A Miranda se le imputó participar en desvío de recursos, lavado de dinero y delincuencia organizada al prestar su nombre para que Montiel comprara inmuebles. Se le documentaron hasta 123 propiedades en el Edomex a nombre de sus familiares

El 13 de enero del 2006, la Procuraduría estatal, dirigida por Alfonso Navarrete Prida y quien está inscrito por Huixquilucan para competir por una diputación federal en el 2009, exoneró a Montiel, la familia de éste y al propio Miranda Nava. Fue señalado de ser prestanombres de Montiel para al menos la compra de un inmueble en Tonatico.

Erwin Lino fue secretario particular de Peña cuando gobernador. Cosniderado el más poderos dentro del círculo del candidato, fue el encargado de la realización de los Foros Biarritz en Valle de Bravo cuando fueron usados por Montiel para preparar su precampaña presidencial, estuvo también al frente de la Dirección General de la Micro y Pequeña Empresa en el 2004. Representaba a Peña en actos políticos y en el 2011 participaba ya en la integración de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del PRI que eligió el método de elección para apuntalar a Peña en su aspirantía. Es señalado, junto con Luis Miranda Nava, como uno de los operadores que echó por la boda la alianza política que pretendía unir a panistas y perredistas en el 2009 para competir en las elecciones de aquel año en el Edomex y que pretendía frenar el poder político e influencias del peñismo. Siempre mantuvo bajo perfil público pero es uno de los más activos operadores políticos. Se le considera experto en temas del campo y está políticamente ligado al apellido Velasco, concretamente el de Héctor Velasco Monroy, líder cenecista en el Estado de México y emparentado con las familias de Atlacomulco que dan sustento político a Peña Nieto.

David López es el comunicador de cabecera del Grupo Atlacomulco. Encabezó la primera dirección de Radio y Televisión Mexiquense y era coordinador de Comunicación en la precampaña de Alfredo del Mazo para la presidencia, en 1998, carrera que perdió ante Carlos Salinas. López es identificado con el Chilorio Power, un grupo de voceros con sueldo de secretarios de Estado que coordinan agendas para políticos del corte de Peña. López es identificado como el negociador directo de campañas de publicidad con Televisa y TV Azteca. Su hijo, del mismo nombre, hace campaña para una diputación local por Metepec, donde fue alcalde suplente y sexto regidor.

Peña y su PRI respondieron como se esperaba. Una “vulgar extorsión”, dijeron y se deslindaron del empresario Garza Sada.