El arte de husmear

* No es gratuito que a la CIA se le conozca como “el gobierno invisible” y no por nada sus agentes operan en México, lo mismo que personal encubierto de la DEA y del FBI. Aunque los dos últimos se encargan de la seguridad interna de Estados Unidos, han cruzado la frontera para evitar que la peligrosidad de México cause afectaciones de riesgo a su país.

Francisco Cruz Jiménez

Acción Católica Mexicana y la Embajada norteamericana, junto con la CIA, formaron parte de una peculiar estrategia en el año de 1961, para que a través de “sermones” la feligresía adoptara el mensaje de rechazo a la Revolución Cubana. Y fue en el mismo atrio de la Basílica de Guadalupe, el 5 de mayo, cuando se efectuó una gran manifestación anticomunista. Posteriormente, este acto intentó ser desmentido, pero con poca fuerza.

En este año también se le atribuyó a la inteligencia estadunidense la creación del Frente Anticomunista de México. Igualmente, por presiones de la CIA y por el cargo de “disolución social” se encontraban encarcelados —por órdenes de López Mateos— David Alfaro Siqueiros, Filomeno Mata, Demetrio Vallejo y Valentín Campa, entre otros, por sus ideas políticas contrarias a las “anticomunistas” deseadas por el gobierno de Estados Unidos.

Paralelamente, la Dirección Federal de Seguridad, creada en 1947 durante el sexenio del veracruzano Miguel Alemán Valdés, trabajaba de manera congruente con los objetivos de las agencias de inteligencia estadunidenses. Y a sus órdenes destacaban personajes como el ex presidente, ex general y multimillonario Abelardo L. Rodríguez.

Con la extravagancia y los excesos que dan el poder y el dinero, la DFS funcionó sin reglas escritas, violentó los derechos humanos y operó a favor de los intereses políticos de quienes gobernaban en ese momento. Con los años, y de la mano de directores generales con negros historiales como Miguel Nazar Haro, la DFS se consagraría como la primera gran escuela de los capos y de los modernos cárteles del narcotráfico.

Fue creada con el objetivo de tener una policía política que protegiera al presidente y se infiltrara en todo tipo de sectores y organizaciones de la sociedad. Asimismo, se pretendía que espiara las actividades de países con ideología diferente a la que arraigaba México. En realidad se convirtió en un mal centro de espionaje interno para hostigar y golpear a los políticos opositores y controlar a grupos criminales.

Desde mediados de los años 60 y particularmente en la década de los 70 del siglo pasado, este organismo, que luego se convirtió en el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, se encargó del combate a la guerrilla, con saldos de terror que marcaron su desempeño, a través de la Brigada Blanca —establecida en 1974 y descubierta dos años más tarde por la violencia de sus misiones— y la 047 —dedicada desde 1965 a ubicar grupos subversivos—.

Los métodos de la DSF, a partir de los años 70, fueron más allá de las detenciones y la tortura. Ya no llevaban a la gente a las cárceles, simplemente ejecutaban a sus blancos en donde los encontraban. Su estrategia era influir en el ánimo de la gente a través del terror. Y en esa época se hizo evidente su control de algunos sectores de la gran delincuencia.

No es gratuito que a la CIA se le conozca como “el gobierno invisible” y no por nada sus agentes operan en México, lo mismo que personal encubierto de la DEA y del FBI. Aunque los dos últimos se encargan de la seguridad interna de Estados Unidos, han cruzado la frontera para evitar que la peligrosidad de México cause afectaciones de riesgo a su país.

La CIA es una organización que surgió ante la necesidad de Estados Unidos de intervenir en otros países de forma ilegal y velada, para mantener e incrementar su liderazgo mundial. Se trata de una agencia que conjunta el espionaje y la política en un mismo concepto. Mientras que el FBI realiza tareas de seguridad interna y depende del Departamento de Justicia estadunidense, la CIA es un organismo independiente que entrega informes de asuntos extranjeros directamente a la Casa Blanca.

Con el pretexto de la inseguridad que se vive en territorio nacional, México ha cedido cada vez mayores espacios a Estados Unidos, país que se muestra insaciable con más demandas y convenios de colaboración. Los tentáculos de ese monstruo se han extendido de forma exitosa con el pretexto del combate al terrorismo y al crimen organizado.

Los esfuerzos del vecino país del norte para saberlo absolutamente todo no se han detenido. Al contrario, se han multiplicado inclusive al interior de las mismas dependencias mexicanas, como la Procuraduría General de la República.

En 2007, el periódico El Centro dio cuenta de cómo el FBI operaba desde el corazón de la PGR, a través de Verint Technology Incorporation, empresa estadunidense contratada para escuchar las conversaciones, leer los correos electrónicos, navegar en páginas web e intervenir las llamadas vía teléfono celular que en cualquier parte de México sean consideradas de riesgo para la seguridad de ambos países.

La empresa encargada de husmear en la vida privada de los mexicanos, para rastrear y seguir los pasos de la delincuencia y de cualquiera que pueda ser considerado sospechoso, fue contratada por el Departamento de Estado de Estados Unidos para un proyecto de su Buró Internacional de Narcóticos y Asuntos de Aplicación de la Ley.

La investigación está soportada por documentos oficiales del gobierno estadunidense y fue reforzada con testimonios de vecinos de la colonia Guerrero, donde se encuentra ubicada la “fortaleza”, la sede de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO).

La licitación pública del proyecto estuvo a cargo del estadunidense Departamento de Estado, dependencia que durante año y medio buscó a la empresa con el equipo electrónico y cibernético necesario para escuchar llamadas con el fin de disuadir, prevenir y mitigar en México, delitos como narcotráfico y terrorismo.

El anuncio del contrato ganador, 5-INLEC-07-M-0002, fue publicado el 23 de febrero de 2007 en el sitio web de la administración pública de Estados Unidos, Oportunidades Federales de Negocios (FBO, según su denominación en inglés), donde se licitan y adjudican contratos de gobierno.

Este sistema nacional de Intercepción de Comunicaciones presupuestó un costo base de dos millones novecientos sesenta y tres mil dólares para poder escuchar a todos en México; leer lo que escriben y mirar lo que miran.

“Esta acción preventiva es llevada a cabo para establecer una solución de intercepción dentro del marco de la ley que provea al gobierno de México, a la PGR y a la Agencia federal de investigaciones (AFI) la capacidad de interceptar, analizar y utilizar información interceptada proveniente de cualquier sistema de comunicación que opere en México”, refiere un fragmento de la licitación, traducido del inglés al español.

El derecho a la privacidad no existe. La convocatoria del FBI permite imaginar las dimensiones reales del espionaje estadunidense en México: prácticamente todos, sin importar sus costumbres o compañías de telecomunicaciones, pueden ser víctimas de una vigilancia constante y discreta.

El sistema está facultado para intervenir las redes de Teléfonos de México (Telmex), Telcel, Nextel, Telefónica Movistar, Unefón, Iusacell, Cisco, Prodigy, así como los envíos de fax, correos electrónicos, chat, internet, mensajes de celular y comunicaciones de telefonía interna.

El apoyo de Estados Unidos es necesario porque “solos no tenemos capacidad casi para nada”, señaló un viejo agente de la inteligencia mexicana. La llamada policía cibernética, ejemplificó, no tenía capacidad siquiera para ubicar y combatir a un grupo de internautas que intervinieron o hackearon mil doscientas cincuenta y un páginas oficiales del 28 de agosto de 2006 al 16 de enero de 2011.

“Los hackers intervinieron y alteraron páginas del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), del Consejo Nacional de Población, de la Presidencia de la República y de municipios y estados de Tamaulipas a Quintana Roo, Chiapas, Jalisco, Morelos, Oaxaca, México, Puebla, Baja California, Yucatán, Zacatecas y Veracruz.

“Sólo uno de ellos hackeó ciento once páginas. Y apenas pueden identificarse [sic] su nombre código, quizás el del programa malicioso que se usó o el del notificador, nada más, como iskorpitx, seri4l kill3r, asker, gandster, r4diationz, ibh mehrdadab7, r33v0lut10nz, teamksa y zh4rk. Y la motivación parece la misma de siempre: toda la información debe estar al alcance de todos. Por eso no es inmoral entrar a un sistema, aunque ciertamente hay algunos que ocasionan severos daños.

“Y otros hasta aprovechan para mofarse de nosotros, como fue el caso de zh4rk, quien dejó un mensaje clarito cuando intervino algunas informaciones del Conapo: ‘Hacker by zh4rk. Withlovefrom Venezuela. ¿Qué? Tu sistema es impenetrable?Haha, con 16 años y ya vulneré tu sistema: salu2. Sorry your sist3m has b33n h4k3d’ o el de ksa: ‘behind every smile hacker (victim). Be careful, youmay be thevictim’…”.

Amigos de lo ajeno

* El virtual presidente no desconoce los negocios. Tuvo seis años para practicar y seis más para aprender de su tío, Arturo Montiel, la razón de las cosas. Monex y Soriana representan lo que mejor saben hacer los del Grupo Atlacomulco. El poder público es un negocio. Así, funcionarios públicos y empresarios comparten los mismos afanes y unos y otros se benefician con contratos y apoyos para campañas políticas.

 

Miguel Alvarado

Dios anida en la Catedral de Toluca. Desde allí lanza arengas y prepara a la feligresía católica para el fin del mundo. Si el tema no es creíble, entonces voltea al final de las elecciones presidenciales y decide, toma partido, a riesgo de parecer todavía menos confiable. Pero si la transubstanciación es posible en pan y vino, no lo es en boletas electorales, ni siquiera por los milagrosos y documentados esfuerzos de las empresas Monex, Alkino, Soriana, Inizzia, Efra, Televisa, TV Azteca y Milenio, entre las más destacadas aliadas del virtual ganador presidencial Enrique Peña. Los votos no se transforman, sólo se sustituyen. Y Dios, en su inteligencia, eligió en Toluca a un vicario parlanchín, Guillermo Fernández Orozco, que cuestiona tenazmente cualquier manifestación contra los resultados del primero de julio. Fernández es muy cuidadoso cuando debe mencionar al priismo, al gobernador Eruviel Ávila y Peña. Para el vicario, el movimiento Yosoy132 ni siquiera respeta la edad, pues “¿de veras es juvenil?, porque hay gente (en ese movimiento) de más de 60 años, ¿son estudiantes?, no dudo que haya alumnos, pero hay algo que está al fondo de todo eso, que es la falta de oportunidad de obtener un trabajo”, confesaba a El Sol de Toluca, propiedad del oficioso Mario Vázquez Raña.

El sacerdote desubica sin vacilaciones los reclamos del perredista López Obrador y el Plan Nacional de Defensa de la Democracia. “Yo preguntaría cuál es el plan, porque lanzar unas cuantas ideas… eso no es plan, yo quiero ver el plan y emitir un juicio, yo creo que sí hay situaciones rescatables de lo que propone porque son cosas en las que todos coinciden”.

En una entidad donde la iglesia católica es pariente en grado de sangre de los políticos que la gobiernan, no es difícil comprender las posturas eclesiásticas y discernir que hasta lo que dice un vicario es importante. Así, la historia pública del Estado de México señala que el Grupo Atlacomulco ha colocado en cargos de primer nivel dentro del catolicismo a sus propios elementos. Uno, el más famoso a pesar suyo, fue el primer obispo de Toluca, Arturo Vélez Martínez primo-hermano del gobernado Alfredo del Mazo Vélez y a quien se le encomendó la construcción de la Catedral local. Vélez, el cura, organizaba rifas entre los fieles para allegarse de recursos pero cuando llegó la hora de la rendición de cuentas, faltaba el dinero. Un abogado del periódico Excélsior, que se hallaba entre los defraudados, comenzó la investigación y el pleito, que terminaron cuando el primo gobernador intervino y salvó al sacerdote de la cárcel, pues José López Portillo, en ese entonces apoderado legal del diario, no se andaba por las ramas.

Nadie sabe si Del Mazo Vélez pagó aquel descalabro con dinero de su bolsa o usó alguna partida pública. Lo cierto es que la Catedral fue terminada y el obispo se murió de viejo en su encargo, no sin antes desarrollar interesantes proyectos hoteleros que le dieron el control de esa actividad en el  valle de Toluca y junto con su familia regenteó el enorme Hotel del Rey, cadena que ahora domina en el Estado de México.

A diferencia de Raúl Vera, el único obispo en activo comprometido con causas sociales y que abiertamente denuncia al narcopoder que le espera a México, los vinculados con Peña callan penosamente mientras el reparto del país sucede.

El virtual presidente no desconoce los negocios. Tuvo seis años para practicar y seis más para aprender de su tío, Arturo Montiel, la razón de las cosas. Monex y Soriana representan lo que mejor saben hacer los del Grupo Atlacomulco. El poder público es un negocio.

Así, funcionarios públicos y empresarios comparten los mismos afanes y unos y otros se benefician con contratos y apoyos para campañas políticas. Uno de los empresarios favoritos del sexenio de Peña Nieto es Juan Armando Hinojosa, de quien el diario Alfa documenta contratos por más de 23 mil millones de pesos en menos de seis años y que tiene que ver con la construcción de obra pública. Ninguno como él se enriqueció tanto a la sombra del peñismo. Obtuvo, por ejemplo, la edificación del Viaducto Elevado y la obra y mantenimiento del Hospital Regional de Zumpango, en el 2011, y que costó 7 mil millones de pesos, que pagará el gobierno del Edomex en 25 años. También incursiona en la prestación de servicios y para ello formó una empresa de transporte aéreo, Eolo, que rentaba a peña las naves para giras y traslados personales con tarifas de hasta 3 mil 500 dólares la hora de vuelo. Hinojosa está relacionado con Jorge Hank Rhon a través del Grupo Hermes, otra empresa constructora.

Un hijo del empresario, Juan Armando Hinojosa García, estuvo casado dos años con Rosa Herrera Borunda, hija del ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.

Otro beneficiado por Peña es el abogado Juan Collado Mocelo, abogado de Carlos Salinas y su familia y de personajes públicos acusados por delitos de alto impacto. Representó a Raúl Salinas cuando el homicidio de Francisco Ruiz y por lavado de dinero.  Se le considera enlace entre Peña, Salinas y el grupo del ex procurador de Justicia mexiquense y actual diputado federal, Alfonso Navarrete Prida. Sus propiedades en Miami fueron centro de reunión para ese grupo, que también ha verificado juntas en hoteles de Madrid, entre el 2010 y el 2011. Es socio de la Inmobiliaria Collado-Mocelo, del Grupo Inmobiliario Futor, S.A. de C.V, de la Inmobiliaria CM, de la Inmobiliaria Collado y Asociados y del Residencial Bosque Huixquilucan.

Monex, la empresa que trianguló monederos electrónicos pagados por el PRI, tiene como accionistas principales a Héctor Pio Lagos Dondé, Héctor Lagos Cue y Monex, Grupo Financiero.

Lagos Dondé y Luis Videgaray Caso estudiaron en el ITAM. Los accionistas de Monex trabajaron para el gobierno de Fidel Herrera en el 2006, proveyendo servicios financieros para Veracruz, operación de sucursales bancarias, fondos de inversión, fondos de reserva ecológica y apoyo a comunidades afectadas por la migración a través de una fundación. Héctor Lagos Cué, fundador de Monex fue operador bursátil y uno de los fundadores de Inversora Bursátil de Carlos Slim Helú.

Sobre la actual esposa de Peña, Angélica Rivera, se sabe que posee una casa en Avenida Paseo de las Palmas No. 1335, colonia Lomas de Chapultepec, comprada el 14 de diciembre del 2010 por 27 millones 651 mil 744, a través de la Fideicomisaria Televisa Talento, S.A. de C.V. Rivera Hurtado se unió a Peña el 27 de noviembre de 2010. La madre de la actriz de Televisa, María Eugenia Graciela Hurtado Escalante, apareció en eventos públicos representando a Peña en el 2010 y rentaba un inmueble en el fraccionamiento Huixquilucan Country Club, propiedad de Pablo Funtanet Real, miembro de la familia Funtanet, políticos y empresarios que trabajaron con Peña Nieto y Arturo Montiel.

Otros beneficiados fueron los integrantes de la empresa Carson and Brasch Pyme, S.A. DE C.V, ubicada en Masaryk 188, en  Bosques de Chapultepec del DF. Su sede, adquirida el 3 de abril de 1998 y que cuenta con 450 metros cuadrados, costó 2 millones 350 mil dólares. Sus socios principales, según la escritura pública 33909, Folio Mercantil 356452, son José Manuel Cadena Ortiz de Montellano (18 mil 20 acciones), Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano (15 mil 80 acciones), María Eugenia Cadena Ortiz de Montellano (2 mil 100 acciones), Carlos Sebastián Hernández Padilla (700 acciones), Rodolfo Antonio Reyes Villareal (5 mil acciones), Octavio Dueñas Islas (4 mil 150 acciones), Jesús Tiberio Bustamante Monroy (4 mil 150 acciones) y Guillermo Álvarez Domínguez (800 acciones). Manuel Cadena Morales, ex secretario de Gobierno de Arturo Montiel y operador político de Carlos Salinas, es el padre de los Cadena Ortiz de Montellano. Uno de ellos, Carlos Cadena Ortiz, es secretario del Medio Ambiente en el gobierno mexiquense de Ávila Villegas y sería nombrado, en días pasados, presidente de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales. Su padre, Manuel Cadena, perdió las elecciones recientes para la presidencia municipal de Texcoco, con lo que se considera que su carrera pública está terminada. Este personaje mantuvo pláticas con el PRD estatal para convertirse en candidato a la gubernatura del Edomex en el 2011. Puso un periódico, Despertar de Oriente, que desató la furia de Mario Vázquez Raña, dueño de El Sol de Toluca, pues competiría por las publicidades que generan los municipios del valle de México. Vázquez consiguió que se cambiara el nombre de aquella publicación y de paso publicó reportajes en contra de Cadena.

Lo anterior es apenas parte de una larga lista de beneficiarios, figuras políticas que desempeñan también el rol de empresarios y sacan partido de posiciones y relaciones. Pero hay d etodo. L atienda Soriana, por ejemplo, vendió apenas este año 595 millones de pesos al gobierno de Eruviel Ávila, documentaba el diario local Alfa.

CLSA: en busca del lado positivo

* Los últimos clientes de CLSA incluyen al ex presidente mexicano Ernesto Zedillo, quien gobernó México de 1994 al 2000 como miembro del PRI, quien ahora vive en los EU y es profesor en la Universidad de Yale. Zedillo tiene una demanda pendiente en el tribunal federal de EU que lo acusa de haber cometido crímenes de lesa humanidad por su supuesta complicidad en la matanza de 45 personas en Acteal, Chiapas en 1997.

 

Bill Conroy/ The Narco News Bulletin

El presidente de facto electo de México, Enrique Peña Nieto, ha contratado a la compañía de relaciones públicas con sede en Washington, DC Chlopak, Leonard, Schechter y Asociados (CSLA) para ayudarlo a difundir propaganda positiva durante el período de transición previo a su toma de posesión oficial como presidente de México el 1 de diciembre de este año.

Es interesante que Peña Nieto haya elegido a CLSA a la luz de las recientes denuncias de compra de votos y lavado de dinero que se han formulado en su contra y de su Partido Revolucionario Institucional (PRI) por los partidos opositores.

CLSA es la misma compañía estadounidense contratada en el otoño de 2009 por el régimen del presidente de facto de Honduras Roberto Micheletti, a raíz de su golpe de Estado en esa nación centroamericana.

El registro de agentes extranjeros de CSLA (Ley FARA, por sus siglas en inglés) en el Departamento de Justicia describió su misión en Honduras como promotora de la dictadura del presidente usurpador Roberto Micheletti como una democracia “a través del uso de los medios de difusión, contactos con políticos, eventos y la difusión pública de información para el personal del gobierno de los funcionarios gubernamentales, medios de comunicación y grupos no gubernamentales”, todo con el objetivo de promover “el nivel de comunicación, la sensibilización y atención sobre la situación política en Honduras.”

La misión registrada el 6 de julio por CSLA, en nombre de Peña Nieto, contiene un lenguaje muy similar que describe los objetivos de proporcionar “asesoría en comunicación y asistencia al equipo de transición (de Peña Nieto), incluyendo la difusión de noticias/anuncios del equipo de transición, seguimiento de la evolución de noticias y la política relacionada con los intereses México-Estados Unidos.”

Las entidades extranjeras, incluidos los partidos políticos, que llevan a cabo campañas de cabildeo o de propaganda en los EU están obligadas a registrarse en el Departamento de Justicia de EU bajo la ley FARA.

De acuerdo con los conteos oficiales, el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales mexicanas del 1 de julio, obteniendo un porcentaje de votación del 38%. Sin embargo, la elección se vio empañada por acusaciones de corrupción y manipulación de los medios por parte de Peña Nieto y el PRI -a menudo conocido como el dinosaurio de la política mexicana dado que gobernó a México por 71 años antes del 2000. Durante ese reinado, el PRI aseguró su control del poder a través de un arraigado sistema de clientelismo, propaganda y corrupción que incluía relaciones con narcotraficantes.

Pero CLSA está acostumbrada a promover las credenciales de líderes mundiales ilegítimos, particularmente en América Latina. Su cliente hondureño en 2009, el régimen de Micheletti, tomó el poder en junio de ese año después de usar al ejército para remover del poder al presidente democráticamente electo, Manuel Zelaya, bajo el pretexto de que había violado la constitución de la nación.

 

Conexiones Zedillo-Uribe

 

Además del régimen de facto de Micheletti, los últimos clientes de CLSA incluyen al ex presidente mexicano Ernesto Zedillo, quien gobernó México de 1994 al 2000 como miembro del PRI, quien ahora vive en los EU y es profesor en la Universidad de Yale. Zedillo tiene una demanda pendiente en el tribunal federal de EU que lo acusa de haber cometido crímenes de lesa humanidad por su supuesta complicidad en la matanza de 45 personas en Acteal, Chiapas en 1997. Los abogados de Zedillo han afirmado que en la demanda tiene derecho a la inmunidad de “jefe de Estado” y sostienen que el gobierno mexicano apoya dicha inmunidad.

El juez del caso ha pedido al gobierno de EU presentar una “declaración de interés” en el caso, con respecto a su posición en la supuesta inmunidad de Zedillo.

Otro de los últimos clientes de CLSA es Álvaro Uribe, quien fue presidente de Colombia entre 2002-2010. Hasta el momento, seis socios de CLSA se han registrado bajo la ley FARA indicando que proporcionarán servicios de propaganda para Peña Nieto y su equipo de transición. Entre ellos está Shannon Hunt, socia de CLSA, quien en una biografía publicada en la página web de la compañía, acredita su papel como orquestadora de la “aplastante victoria presidencial” de Uribe en 2002, cuando fungía como su asesora.

Coincidentemente, Peña Nieto ha utilizado al ahora retirado jefe de la policía nacional de Uribe, el general Oscar Naranjo, para servir como su asesor de seguridad en la guerra contra las drogas en México. Aunque a Naranjo se le considera un “superpolicía” en la política estadounidense por sus pasados éxitos en la lucha contra el narcotráfico en Colombia no deja de tener sus críticos.

El ex agente de la CIA, Baruch Vega, quien por años ha trabajado para varias agencias policiales estadounidenses en importantes operaciones encubiertas contra narcotraficantes en Colombia, sostiene que Naranjo es parte del problema.

“(Él) es parte de la corrupción”, dijo Vega a Narco News en una entrevista anterior. “Todos los traficantes que se estaban entregando y hablaban con el gobierno de los EEUU (en ese momento Vega trabajaba en activo en el gobierno de los EU) hablaban de la corrupción de la PNC (Policía Nacional de Colombia) – especialmente de los coroneles Danilo González [que en 2004 fue asesinado en Colombia después de ser acusado en los EU por cargos de narcotráfico), y Óscar Naranjo (entonces jefe de inteligencia de la PNC).”

Naranjo niega las acusaciones y, de acuerdo a un cable del Departamento de Estado de EU publicado por Wikileaks, afirma que Vega es un “narcotraficante”.

 

Más jugadores

 

Otro socio de CLSA asignado al contrato de Peña Nieto es Juan Cortiñas García, quien describe su papel como el de un “consultor” que provee servicios de “relaciones públicas, comunicaciones y relaciones con los medios” para el equipo de transición de Peña Nieto, según muestran los registros FARA.

Cortiñas García, además de su nuevo trabajo con Peña Nieto (quien se ha comprometido a explorar las oportunidades de privatización de la empresa estatal petrolera Pemex), también ha prestado su experiencia de relaciones públicas para un grupo de empresas de Estados Unidos y América Latina que tienen participación en el gasoducto Camisea en Perú.

De Amazonwatch.org:

… El Proyecto Camisea es propiedad de dos consorcios de pequeñas empresas con malos antecedentes en el medio ambiente dirigidos por Hunt Oil, una compañía con sede en Dallas, con estrechos vínculos con la administración Bush. El presidente ejecutivo Ray L. Hunt contribuyó a la campaña presidencial del presidente Bush y también es parte de la junta directiva de Halliburton, la compañía anteriormente dirigida por el vicepresidente Dick Cheney.

Hunt Oil, por cierto, aparece en la lista de “clientes” del sitio web de CLSA.

Uno de los socios fundadores de CLSA y el gurú residente de América Latina de la compañía Inside-the-Beltway es Peter Schechter. Él sabe cómo vender ficción política y en el pasado ha “aconsejado a partidos políticos y candidatos” de “cada país de América Latina salvo Costa Rica y Panamá”, según dice su biografía en CLSA. Schechter también es un escritor publicado de ficción, así como comentarista habitual en Univision y Telemundo. Todo ello es una conexión cómoda para Peña Nieto, teniendo en cuenta también que su esposa, Angélica Rivera, es una importante estrella de telenovelas de Televisa, televisora que tiene vínculos de negocios con Univision y Telemundo, y ha sido acusada de vender cobertura electoral favorable a Peña Nieto.

 

Prensa negativa

 

De acuerdo con los registros FARA, el principal contacto de CSLA con el equipo de transición de Peña Nieto es Diego Gómez, director de prensa internacional del presidente de facto-electo. Aunque Gómez no es mencionado en una reciente demanda que acusa de corrupción a miembros de la campaña presidencial de Peña Nieto, otros miembros del equipo de comunicación de Peña sí están involucrados en ese litigio.

La demanda, presentada en una corte federal de EU, en contra de varias empresas mexicanas y tres altos funcionarios de la campaña de Peña Nieto, alega que las partes estuvieron implicadas en una conspiración para convertir fondos de campaña derivados del narcotráfico para su uso personal mediante el empleo de un esquema para defraudar a una compañía estadounidense de medios supuestamente contratada para promover a Peña Nieto en la prensa de los EU.

El 7 de junio, Frontera Television Network presentó una demanda en la corte de distrito del centro de California en contra de las supuestas empresas de fachada y tres altos funcionarios de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto: Erwin Lino, secretario personal del candidato, David López, director de comunicaciones del candidato y Roberto Calleja, vocero del PRI.

Lo que no se menciona en el litigio es la ley FARA, la cual exige que los agentes de entidades extranjeras (tales como partidos políticos como el PRI y sus candidatos) deban registrarse y hacer revelaciones específicas al Departamento de Justicia de EU.

Narco News revisó la base de datos de los registros de FARA en línea y también contactó a la oficina FARA del Departamento de Justicia para determinar si alguna de las partes centrales de la demanda de Frontera se había registrado. La comprobación de la base de datos no reveló registro alguno y un vocero de la oficina de FARA indicó que no estaban al tanto del litigio -e incluso pidió el número de caso de la demanda de Frontera.

En base a la lectura de la ley FARA, parece que como mínimo podría haber un caso con que Frontera Television Network , así como las empresas que supuestamente tienen vínculos con la campaña presidencial de Peña Nieto y que habían firmado el contrato de propaganda en medios con Frontera (incluido como prueba en el juicio) debieron haberse registrado en FARA -suponiendo que las alegaciones de los escritos judiciales son veraces.

Pero la misión de CLSA para Peña Nieto, al menos hasta que oficialmente asuma la presidencia de México, es la de trabajar o desacreditar toda la prensa negativa a cambio de dinero, la grasa que lubrica las ruedas de la desinformación.

El objetivo principal de CLSA, a través del contrato de Peña Nieto, es la de “monitorear-llegar a las audiencias de EU para Peña Nieto,” afirma el archivo de FARA.

 

Más del registro de CLSA en FARA:

 

La naturaleza de la ejecución del acuerdo indicado anteriormente es la de monitorear, asesorar y aconsejar en lo concerniente a las relaciones México-Estados Unidos durante el período de transición presidencial. El método de actuación será a través de la preparación de la información en formas escritas y otras afines. La información será difundida, según sea necesario, en reuniones, eventos, discursos, entrevistas y otras formas relacionadas. Este trabajo se llevará a cabo mensualmente a partir del 1 de julio 2012 con una suma mensual de 50 mil dólares. Los gastos imprevistos se facturarán sólo si se incurre en ellos.

Un voto por la paz, un plan para la guerra

* Como era de esperar, dos días después de la elección, Peña Nieto publicó una página de opinión en el New York Times prometiendo “reexaminar” la guerra contra el narcotráfico, pero propuso especialmente crear una “gendarmería” de 40 mil miembros como en Colombia y robustecer la policía federal mexicana con al menos 35 mil oficiales. “Analistas” anónimos predijeron una “oleada” similar a la de Irak en 2007 liderada en ese entonces por el general David Petraeus, ahora director de la CIA.

 

Tom Hayden/ The Nation

Las autoridades mexicanas se jactaban de que todos los vuelos estuvieran a horario en el momento en que aterrice en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el 26 de junio, para cubrir las elecciones nacionales de ese país. La Terminal 2 estaba repleta de pasajeros. Los free shops relucían con joyas y alcohol, y los patios de comida estaban colmados. Sin embargo, apenas 24 horas antes, los viajeros se arrastraban por el suelo de esa misma terminal durante un tiroteo que terminó con la vida de tres policías federales. Los asesinos escaparon en plena luz del día. Los policías no fueron asesinados por narcotraficantes, sino por otros policías que aparentemente trabajaban para los narcos. Luego, se reveló que unas azafatas de AeroMéxico ayudaban a exportar cocaína en vuelos a España. ¡Bienvenidos al laberinto mexicano, donde nada es transparente, incluyendo las elecciones!

Mientras escribo esta nota todavía no se certificó quién es el ganador de la elección. Existen serias irregularidades en la votación. Del total de los votos, más de la mitad está siendo recontada por funcionarios federales. Pero queda claro que el partido conservador (Partido Acción Nacional) fue masivamente rechazado después de una década en el gobierno. También el ganador Enrique Peña Nieto del tradicional PRI (Partido Revolucionario Institucional) es comúnmente criticado como el partido de los “dinosaurios” de la cultura política mexicana. El mandato de Peña Nieto, no obstante, se apoya sobre un mediocre 38 por ciento. Andrés Manuel López Obrador, por segunda vez candidato del PRD (Partido de la Revolución Democrática), un partido populista de izquierda, obtuvo el 32 por ciento en una elección que él mismo denunció como fraudulenta.

 

Volver al pasado

 

Suponiendo que esos resultados se materialicen, la elección demuestra que, en la política mexicana, los dinosaurios no se extinguieron. El PRI, que gobernó en México desde la revolución hasta el año 2000, es una coalición basada en el clientelismo junto con el apoyo de los sectores tradicionales. El nuevo presidente, Peña Nieto, es el más mediático de los dinosaurios, y está casado con Angélica Rivera, una glamorosa estrella de telenovelas de Televisa, el gigante mediático que cubrió la historia como un Camelot mexicano.

Sin embargo, las elecciones fueron mucho más que una cuestión de personalidad. Como advirtió claramente el New York Times una semana antes de la votación, lo que el electorado demandó fue terminar con una guerra contra el narcotráfico que se cobró más de 60 mil vidas desde que el saliente presidente, Felipe Calderón, comenzó en 2007 a utilizar las fuerzas armadas del Estado contra su propio pueblo. Para las cúpulas militares de México y Estados Unidos, el dilema era cómo continuar, incluso intensificar, la guerra contra el narcotráfico después de las elecciones, a pesar del rechazo público. ¿Podrían eludir la opinión pública y continuar como si nada? El elegante y sonriente Peña Nieto era su hombre. Con su imagen de hombre moderno, tapa de las revistas de moda, está lejos de la de un oligarca en las sombras. Y también había que parar a López Obrador como fuera. En 2006, su oposición al NAFTA hizo que las corporaciones norteamericanas y mexicanas gastaran millones de dólares en publicidades alarmistas que lo describían como Castro, Chávez y Lula en una sola persona. En las elecciones presidenciales de ese año, lo vencieron por menos del uno por ciento, en un proceso electoral cuyo recuento de votos terminó arbitrariamente, con miles de votos sin contar. En respuesta, los seguidores de López Obrador protestaron cerrando el acceso a la Ciudad de México por varias semanas.

Esta vez, López Obrador se esforzó por borrar la imagen de un Chávez mexicano. Junto al PRD, eligió la imagen de un girasol radiante como emblema de su campaña, y prometió una nueva política de reducción de la violencia basada en “abrazos, no balazos”. Parecía un hippie entrado en años. Pero López Obrador dijo muchas veces que pedía ayuda económica de Estados Unidos en lugar de helicópteros de ataque. En pocas palabras, seguía siendo una amenaza para el NAFTA y la guerra contra el narcotráfico, al menos para las elites corporativa y militar.

 

El rol de la derecha

 

Complicando aún más las cosas, la derecha mexicana también se desencantó con esa guerra que tanto había promovido. Por ejemplo, el ex presidente Vicente Fox, del PAN, quien gobernó entre 2000 y 2006, señaló que la guerra era inútil y denunció un fraude apenas unas semanas antes de la elección del 1 de julio. Eso implicó que no hubiera ningún tipo de consenso para continuar con la guerra contra el narcotráfico incluso antes de la elección. Entonces, ¿cómo superar el resultado democrático y no aflojar con la guerra contra el narcotráfico? Antes de la elección, no había duda de que los funcionarios estadounidenses tenían un acuerdo secreto con Peña Nieto para continuar con la política militar, aunque con la intención de causar menos víctimas civiles. Tres semanas antes de los comicios, un funcionario de Estados Unidos le dijo al New York Times que, en las discusiones privadas, “lo que entendemos es que (Peña Nieto) aprecia y comprende profundamente que si gana va a seguir trabajando con nosotros”. Era la clásica afirmación del persistente dominio estadounidense sobre el proceso político en México ejercido desde las sombras. Peña Nieto demostró su servilismo con tranquilos viajes a Washington, donde les aseguró a los líderes del Congreso que no habría acuerdos o treguas con los carteles.

El acuerdo se confirmó cuando Peña Nieto, en las vísperas de la elección, hizo el extraordinario anuncio de que designaría a un líder militar extranjero y retirado, el general colombiano Óscar Naranjo, como asesor principal en la guerra contra el narcotráfico. El general Naranjo es famoso por haber implementado la estrategia militar colombiana de matar a líderes de los cárteles de cocaína de Medellín y Cali en una guerra sucia que involucró a paramilitares de ultraderecha junto con el apoyo estadounidense en tropas de tierra, asesores y fuerzas especiales. La designación de Naranjo confirmó la predicción de Robert Bonner, el ex administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, de que México sería la nueva Colombia y el escenario de la próxima guerra contra los carteles (que en muchos casos trasladaron sus operaciones de Colombia a México y América Central). En Foreign Affairs, Bonner anunció que, de seguir así las cosas, México se convertirá en un Estado narco extremadamente peligroso en la frontera con Estados Unidos. Bonner también escribió alegremente que el “aumento del número de homicidios relacionados con el narcotráfico en México, si bien desafortunado, es un signo de progreso”.

 

Mejor que decir…

 

Como era de esperar, dos días después de la elección, Peña Nieto publicó una página de opinión en el New York Times prometiendo “reexaminar” la guerra contra el narcotráfico, pero propuso especialmente crear una “gendarmería” de 40 mil miembros como en Colombia y robustecer la policía federal mexicana con al menos 35 mil oficiales. “Analistas” anónimos predijeron una “oleada” similar a la de Irak en 2007 liderada en ese entonces por el general David Petraeus, ahora director de la CIA.

El público verá titulares sensacionalistas si México captura o mata a uno o más de los “cabecillas” en esta nueva fase, siguiendo el modelo del asesinato de Pablo Escobar en Colombia y el de Osama Bin Laden en su escondite de Pakistán. Mientras que la estrategia de los cabecillas conlleva beneficios políticos y mediáticos, está muy lejos de lograr estabilidad o reformas democráticas. Pues la estrategia de los cabecillas produce generalmente mayor violencia, ya que los nuevos actores se traban en una brutal competición por matar. Mientras que los homicidios en Colombia cayeron un escaso 2 por ciento el último año, aumentó un 25 por ciento el número de secuestros y víctimas de masacres, y el ministro de Defensa se vio forzado a renunciar. La matanza de los líderes laborales y de derechos humanos de Colombia continúa y, según el congresista de Massachusetts, Jim McGovern, hay una “consolidación de las redes paramilitares y criminales en muchas partes del país”.

Si tiene la intención de continuar la guerra contra el narcotráfico sin el apoyo del electorado, Peña Nieto tendrá que enfrentar una oposición poderosa y nuevamente vigorosa en su país, donde hay un aumento de la resistencia no sólo a la violencia, sino también a las políticas económicas neoliberales que dejan a millones de jóvenes de
sempleados con la única posibilidad de engrosar las filas de los carteles. Además, este año aumentó enormemente el enojo público contra el duopolio mediático mexicano de Televisa y Azteca. Al frente de la oposición está el tercio de los votantes mexicanos que apoyó a López Obrador, que le negó la mayoría parlamentaria a Peña Nieto y mantuvo su mayoría popular en la Ciudad de México. Son votantes leales que saben que la política importa.

Como resultado del liderazgo del PRD, la Ciudad de México es una municipalidad viable dentro de lo que muchos creen que es un Estado fallido. La Ciudad de México tiene una magnífica universidad pública, tesoros culturales, asistencia sanitaria subsidiada, servicios de aborto y permite el casamiento entre el mismo sexo. No hay amenaza pública de parte de los carteles, y los asesinatos del aeropuerto sólo son una excepción a la norma.

El PRD, que rompió con el PRI hace más de una década, cree con pruebas contundentes que le robaron la presidencia dos veces desde 1988. Primero, cuando su candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas fue vencido por un vergonzoso fraude informático, y segundo, cuando López Obrador perdió por el 0,58 por ciento en 2006. De no haber sucedido eso, México se habría unido al nuevo arco populista de izquierda que llegó al poder, a través de elecciones en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Uruguay, Honduras y Paraguay (si bien estos últimos dos países, junto con Haití, han sufrido golpes de Estado). En lugar de moverse hacia la izquierda, México se inclinó por el neoliberalismo, lo cual dio como resultado mayor desigualdad, desempleo, pobreza y dependencia de Estados Unidos.

 

Movimiento de paz

 

Además de la floreciente base del PRD, Peña Nieto enfrenta la resistencia de parte de un nuevo movimiento estudiantil compuesto por probables líderes del mañana, conocido como #YoSoy132.

Asimismo, otro problema inmediato para Peña Nieto proviene del rápido y espontáneo crecimiento de un nuevo movimiento de paz contra la guerra al narcotráfico liderado por el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo Juanelo fue asesinado el 28 de marzo de 2011, lo cual desató una sorpresiva oleada de apoyo para terminar con la violencia. El 23 de mayo último, cinco semanas antes de la elección, Sicilia fue a una concentración en el monumento Estela de Luz para hablar en solidaridad con miles de estudiantes mexicanos.

Sicilia le dijo al grupo de #YoSoy132: “Me gustaría ver a mi hijo aquí. No lo puedo ver, pero lo veo en los miles de jóvenes que están aquí”. Y agregó que “estamos en un punto de inflexión histórico, una crisis de la civilización mundial”, al tiempo que pronosticó “sobrevivir a los cracs y desmenuzar la economía para construir algo nuevo”. En el poético lema de Sicilia parecía resonar la visión lírica del cambio expresada por Leonard Cohen en “Anthem”, según la cual “hay un crac, un crac en todo, y así es como entra la luz”. Sicilia planea liderar una caravana de familias mexicanas víctimas de la guerra contra el narcotráfico, y sus adherentes en Estados Unidos la iniciarán en Los Ángeles el 17 de agosto y marcharán hasta la Casa Blanca.

Hay otra cuestión que sigue siendo incierta en la nueva situación política mexicana: si el subcomandante Marcos y los zapatistas serán escuchados de aquí en adelante. En 2001, después de una movilización nacional similar a la marcha de 1963 en Washington, el establishment político mexicano rechazó los Acuerdos de San Andrés que habrían otorgado derechos y autonomía a los indígenas mexicanos. Excluidos, Marcos y los zapatistas finalmente lanzaron La Otra Campaña en 2006, que luchaba contra el PAN, el PRI, el PRD e, incluso, contra López Obrador, que tal vez haya perdido la elección como resultado de las abstenciones zapatistas. Los zapatistas mantuvieron un silencio absoluto durante el período electoral de este año, un hábito común para ellos, pero que permitió un aumento de rumores, como que Marcos tenía “problemas de salud”, y hasta un partidario fiel dijo que el subcomandante había sido desplazado en una lucha interna. Dado que las condiciones de los indígenas y de los pequeños granjeros se perpetuarán con las políticas neoliberales de Peña Nieto, la renovación de las insurgencias siempre es una amenaza para la elite.

Vale la pena advertir que hubo un movimiento de paz que no ganó mucha atención pública durante la guerra contra el narcotráfico hasta los recientes esfuerzos encabezados por Sicilia. Era el movimiento conocido como No Más Sangre, pero Sicilia canalizó un movimiento más amplio y con mayores servicios para las víctimas.

 

Mi ¿amigo? el vecino

 

En Estados Unidos, la tarea de legalizar la marihuana medicinal, propuesta por grupos como la Alianza para una Política de Drogas, que cuenta con el apoyo de Soros, logró avances en varios Estados, pero fue rechazada por la administración Obama y algunos guerreros contra las drogas. Esas campañas, sin embargo, tenían la intención de terminar con las irracionalidades más graves de la prohibición de la marihuana, no con los grandes horrores de la guerra militarizada contra el narcotráfico.

No obstante, en las décadas pasadas, decenas de miles de norteamericanos, incluyendo miembros del Congreso, rechazaron las guerras sucias de América Central donde algunos operarios secretos contrabandeaban armas y dinero a paramilitares coordinados por la CIA. Pero la amenaza política de ser catalogado como “un suave contra los narcotraficantes” aplastó su potencial de protesta hasta ahora (del mismo modo que los liberales raramente se opusieron a las guerras contra el narcotráfico en el país por temor a ser descritos como “suaves contra las bandas delictivas”).

Antes de que pueda echar raíces un nuevo movimiento de paz contra la guerra al narcotráfico, al menos hay que desbaratar dos ilusiones. La primera mentira es que Estados Unidos juega solamente un papel asesor y que el problema es principalmente una cuestión mexicana. Esta estrategia se basa en el callado supuesto de que los mexicanos son inherentemente salvajes, una variación del tema imperial de que las personas de piel oscura se preocupan poco por la vida individual.

Entre muchos ejemplos, un muy buen artículo de William Finnegan del New Yorker describe a los violentos cárteles mexicanos penetrando el plácido mundo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, “un lugar civilizado donde la vida sigue sin estar marcada por la violencia que desfigura a grandes partes de México”. El 9 de mayo, escribió Finnegan, ese mundo soñado fue perturbado cuando aparecieron dieciocho cuerpos decapitados y mutilados camino a un restaurante popular. Se culpó a los impiadosos narcoterroristas conocidos como Los Zetas. Las víctimas eran civiles y estudiantes inocentes, no terroristas indeseables. Los Zetas planeaban aún más decapitaciones y masacres.

Finnegan se olvida de mencionar que Los Zetas son unidades de fuerzas especiales entrenadas principalmente por Estados Unidos. En algo que es más que un descuido, Finnegan los describió como “desertores de las fuerzas especiales de elite mexicanas reclutados a fines de la década de 1990 como guardaespaldas del líder del entonces formidable Cártel del Golfo”. De hecho, Los Zetas -originalmente conocidos como Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales- “participaron de un curso de entrenamiento de contrainsurgencia intensivo y de seis meses de duración ofrecido por especialistas norteamericanos, israelíes y franceses”, según el periodista policial Jerry Langton, cuyas fuentes incluyen la embajada norteamericana en México, el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI.

 

La cara oculta

 

La segunda distorsión de la verdad es que los 60 mil muertos mexicanos estaban todos involucrados en el narcotráfico y, por lo tanto, merecían morir. Pero como señaló El Universal en un titular de octubre de 2010, los asesinatos tienen que ver más con una limpieza social que con una guerra entre carteles. El saliente presidente mexicano Felipe Calderón dijo, varias veces, que el 90 por ciento de los muertos eran simples criminales, pero sólo se ha investigado menos del 5 por ciento de los homicidios.

Basados en informes periodísticos sobre Juárez, un epicentro de la violencia, Molly Molloy y Charles Bowden concluyeron en su libro El Sicario que “la abrumadora mayoría de las víctimas son personas comunes y corrientes, pequeños empresarios que se negaron a pagar extorsiones, mecánicos, choferes, una mujer que vendía burritos en la calle, un payaso que hacía malabares en un cruce de calles, chicos que vendían diarios, chicles y tal vez bolsitas de cocaína o heroína en una esquina”.

Para ser claro, ésta es una guerra en la cual las fuerzas norteamericanas están directamente -aunque con discreción- involucradas y en la que los civiles conforman la enorme mayoría de las víctimas. Luego de que Calderón lanzara su ofensiva militar en diciembre de 2006, inmediatamente el presidente Bush inició el Plan México, de 1.700 millones de dólares, modelado en base al anterior Plan Colombia, con un gran énfasis sobre los helicópteros Bell y Black Hawk, aviones de transporte militares, rayos gamma y escáneres de rayos X, software de telecomunicaciones y perros antidrogas.

Ginger Thompson, una de las mejores periodistas del New York Times en la región, acaba de escribir que las fuerzas armadas estadounidenses “están expandiendo su poder, enviando nuevos agentes de la CIA y personal militar retirado, (y) analizando la posibilidad de contratar seguridad privada” en México, en un esfuerzo que, según ella, ha dado pocos frutos. Por primera vez, escribe Thompson, la CIA y las fuerzas armadas estadounidenses están trabajando codo a codo para planear las operaciones, “concebidas para eludir las leyes mexicanas que prohíben que las fueras militares y la policía extranjeras operen en su suelo”.

La administración Obama está enviando aviones no tripulados al territorio mexicano para rastrear a los traficantes y coordinar esfuerzos contra el terrorismo. Un oficial de Estados Unidos del Comando Norte dice: “Los militares están siguiendo lo que se hizo en Afganistán para hacer lo mismo en México”. No es una exageración: el embajador norteamericano en México es Earl Anthony Wayne, viceembajador norteamericano en Kabul entre 2009 y 2011. A pesar de que la administración norteamericana argumenta que se debe evitar que la violencia “rebase la frontera”, los carteles mexicanos ya operan en más de 200 ciudades norteamericanas. En la televisión estadounidense se puede ver a las fuerzas norteamericanas, enormemente armadas y camufladas, cazando a los jóvenes inmigrantes mexicanos en las “selvas” de California del Norte.

Estos inmigrantes no sólo ingresaron a las ciudades estadounidenses, sino también a British Columbia, Canadá, donde varios miles de los nuevos indocumentados mexicanos, incluyendo los que integran Los Zeta, participan en la multimillonaria cosecha y distribución de la marihuana “BC Bud”. El 90 por ciento de las 300 mil armas de fuego ilegales secuestradas en México sólo en 2008 fue comprado con dinero de los carteles y contrabandeado al sur desde Arizona y Texas, según un funcionario del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

 

Temor político

 

¿Puede Estados Unidos decirle “no” a la adicción de la guerra contra el narcotráfico? La respuesta no es para nada clara, aunque los errores de la guerra contra el narcotráfico sí son manifiestos. La cobardía política, junto con la presión de grupos con intereses en la guerra contra el narcotráfico, harán que se prolongue por un tiempo. Pero las presiones al sur de la frontera, simbolizadas por los deseos de los votantes mexicanos, pueden ser decisivas para forzar el final de la locura.

El año pasado la Comisión Global de Política sobre Drogas emitió un informe solicitando alternativas, incluyendo planes responsables para la legalización. La comisión contaba con ex presidentes de México, Colombia y Brasil, Kofi Annan, George Schultz, Paul Volcker y otros líderes mundiales. Jimmy Carter, al igual que Jesse Jackson, publicó una nota de opinión pidiendo que el gobierno norteamericano adopte las recomendaciones de la comisión. Moises Naim, editor de Foreign Policy, escribió que “el año 2012 quedará en la historia como el año en que comenzaron a erosionarse los pilares de la política estadounidense en materia de drogas”.

Un momento crítico fue la Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, mejor conocida en Estados Unidos como el lugar donde los agentes del servicio secreto de Obama se fueron de fiesta con prostitutas y alcohol (todavía no se sabe si hubo drogas involucradas). Los aliados de Estados Unidos, incluyendo los presidentes de Colombia, Costa Rica y Guatemala, se opusieron oralmente a la política norteamericana y demandaron medidas hacia la legalización, o al menos la despenalización, de la marihuana. Tanto Obama como el vicepresidente Joe Biden rechazaron de plano la legalización, pero, por primera vez, calificaron la discusión misma como legítima. Los dos líderes norteamericanos intentaron justificarse políticamente jactándose, según las palabras de Biden, de que el debate permitirá “apreciar que hay más problemas con la legalización que con la no legalización”.

Fue un momento cumbre de la historia del doble discurso oficial. Obama y Biden escondieron el hecho de que quienes los habían forzado a entrar en la discusión habían sido los mismos líderes latinoamericanos (incluso Calderón, en ese entonces todavía presidente de México, reclamó “alternativas de mercado” a la guerra contra las drogas). Más importante aún, el hecho de aceptar discutir la legalización le puso fin a una prohibición irracional de varias décadas, la de discutir el tema en un foro tan influyente.

Se debe suponer que Obama y Biden sabían lo que estaban haciendo con sus comentarios coordinados. Si bien seguían apoyando la guerra contra el narcotráfico, estaban invitando a la oposición pública al diálogo principal, aquello que Naim quiso expresar con los pilares comenzando a erosionarse.

Una conversación sería la mejor manera de comenzar. Así como el movimiento antibélico estadounidense descubrió que el lema “Afuera ya mismo” no es suficiente para convencer al público indeciso, o a los políticos para terminar con una guerra en el exterior, los pedidos para legalizar las drogas no logran responder preguntas importantes y perpetúan la larga marginación de sus oponentes. El proceso de definir una alternativa requiere investigación, debate y consenso en cuestiones tales como:

• Decidir si formar una comisión oficial binacional para tener audiencias sobre un plan para desmilitarizar la guerra actual;

• Decidir si comenzar un nuevo régimen regulatorio con la marihuana y, luego, analizar la cocaína y las metanfetaminas, los tres narcóticos principales en el tráfico entre México y Estados Unidos;

• Decidir si limitar en un principio las drogas para el uso médico certificado;

• Decidir si los sustitutos como la metadona son viables para el tratamiento de dependencia de otras drogas;

• Cómo legalizar y racionalizar la producción y distribución ante la clara oposición de los carteles;

• Decidir si se deben reinvertir los ingresos impositivos en tratamientos y publicidad sobre los peligros de la adicción a las drogas;

• Decidir si deben penalizarse las ventas al público minorista;

• Decidir si debería prohibirse la publicidad a favor de las drogas;

Al considerar si se debe levantar -y cómo- la prohibición de las drogas, cualquier nueva política debería ser mucho más efectiva que aquéllas de la década de 1930 que terminaron con las prohibiciones del alcohol sólo para promulgar nuevas leyes y regulaciones que promovían el alcoholismo. Cualquier cambio en la política de drogas debería estar vinculado, en lineamientos y políticas, con la reducción de las encarcelaciones masivas y el aumento de las inversiones en tratamientos y educación. Los defensores del mercado libre de la legalización (el derecho a convertirse en un adicto) deberán ceder y coexistir con los defensores de la regulación y de los programas sociales del gobierno. La jurisprudencia tendrá que estar persuadida de que la actual “guerra” es un fracaso en relación al análisis de los costos y los beneficios, y de que existen alternativas más seguras. ¿Obstáculos imposibles de superar? En ese caso, aumentarán los costos y el sufrimiento. Pero construir un movimiento contra la Guerra de Vietnam también parecía imposible al comienzo.

La Casa Blanca insinuó tentativamente sus intenciones futuras en la revista GQ de esta semana. “Según los diálogos actuales con los asesores de Obama, si el presidente obtiene un segundo mandato, planea terminar con otra guerra norteamericana que hasta ahora sólo ha logrado expandir más miseria: las cuatro décadas de la guerra contra las drogas. Desde la época en que era senador por el estado de Illinois, Obama piensa que esa guerra es un fracaso”. Aparentemente -y al contrario de lo sucedido con Wikileaks- la Casa Blanca aprobó positivamente la filtración de esa información.

Sea o no reelegido Obama, la elección mexicana ofrece un nuevo escenario para terminar con la guerra contra las drogas. Pero no podrá terminar sin un cambio significativo en la opinión pública y en las prioridades norteamericanas. Hasta ahora, México y América Central cargaron con lo peor de la guerra. Desmantelar las instituciones de la batalla contra el narcotráfico necesitará la solidaridad transfronteriza entre movimientos sociales, líderes políticos, el clero, profesionales de la salud pública, periodistas y elementos del establishment que sencillamente ya no soportan la situación actual.

 

* Traducción: Ignacio Mackinze

* Tomado de http://www.revistadebate.com.ar//2012/07/20/5672.php

Retrato de la impunidad

* Tras haber sido violada el pasado 12 de junio por Carlos García Sanjuán, alias “El Quico”, de 22 años de edad, Jessica y sus padres denunciaron el hecho ante el Ministerio Público de San Cristóbal, Ecatepec, Estado de México (Edomex) pero las autoridades nada hicieron, por lo que el sábado 14 de julio, el cuerpo de Jessica apareció en un lote baldío de la colonia El Parque, con golpes en todo el cuerpo y el rostro irreconocible, pues fue atacada a pedradas.

 

Gladis Torres Ruiz/ Lucía Lagunes Huerta/ Cimac

Jessica Lucero, de 14 años de edad, se sumó a las 922 víctimas de feminicidio registradas en cinco años en la entidad mexiquense y a la lista de 4 mil 773 denuncias de violación registradas por la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJE) de enero de 2005 a agosto de 2010, la mayoría de ellas en la impunidad.

Tras haber sido violada el pasado 12 de junio por Carlos García Sanjuán, alias “El Quico”, de 22 años de edad, Jessica y sus padres denunciaron el hecho ante el Ministerio Público de San Cristóbal, Ecatepec, Estado de México (Edomex) pero las autoridades nada hicieron, por lo que el sábado 14 de julio, el cuerpo de Jessica apareció en un lote baldío de la colonia El Parque, con golpes en todo el cuerpo y el rostro irreconocible, pues fue atacada a pedradas.

David Mancera Figueroa, presidente de Organización y Lucha Estado de México, quien asesora legalmente a la familia de Jessica, informó a Cimacnoticias que hace tres meses en el mismo lote fue encontrado el cuerpo de otra joven asesinada con características similares a Jessica.

Recordó que pese a la denuncia interpuesta por la propia menor de edad y sus padres hace más de un mes donde ella identificó plenamente a su agresor, el MP no solicitó su detención inmediata aún y cuando éste se encontraba cercano al lugar donde sucedieron los hechos -en la colonia Ostor- que se encuentra a 10 minutos del MP.

Mancera informó que en esa ocasión el MP envío a Jessica a seis sesiones psicológicas con el fin de poder “iniciar las averiguaciones”, pero la adolescente solo asistió a una que le proporcionó el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIF).

El mismo día, refiere el abogado, le solicitaron a sus padres la cantidad de dos mil pesos para “agilizar las investigaciones”, lo que en su opinión es deleznable toda vez que se trata de gente de escasos recursos “su casa es de piso de tierra, el techo de láminas de cartón y paredes de madera”.

A pesar de no contar con los recursos, la familia empezó a recaudar el dinero que le solicitaron las autoridades mexiquenses, pero fueron amenazadas por “El Quico” para que retirara la denuncia “o pagarían las consecuencias”, días después la adolescente fue asesinada, sostuvo Mancera.

“Ante ello solicitamos explicaciones a la PGJE, la cual no respondió hasta que por medio de las redes sociales convocamos a una manifestación realizada este miércoles y fuimos recibidos por el fiscal regional de Ecatepec, Iván Martínez, quien indicó que ya había dado la instrucción para que se desplazara un escuadrón de agentes judiciales al lugar. Obviamente ya pasó más de un mes y ya se dio a la fuga o no se encuentra en el lugar”, agregó el abogado.

Precisó que la madre de Jessica, Cruz Pérez Moreno, identificó plenamente a uno de los agentes del  MP que les pidieron dinero para “agilizar” el caso, por lo que ayer  fueron presentadas las denuncias necesarias para su remoción y castigo, por lo que pidió protección para la familia de Jessica.

“Sabemos cómo se las gastan los agentes…son vengativos, en el Edomex hay violaciones, asesinatos, levantados, y siempre nos encontramos que hay dos o más policías involucrados”.

Este día la Fiscalía Regional de Ecatepec, encabezada por Iván Martínez, les informará sobre las investigaciones del caso, por lo que solicitarán nuevamente medidas de protección para la familia, además de que informó Mancera, se realizará una reunión entre los fiscales de todas las secciones del municipio a fin de integrar una comisión que revise todos los casos que se encuentran sin resolver.

De acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Ecatepec se encuentra entre los 125 que concentraron el 54 por ciento de los casos de feminicidio, seguido de Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán.

 

No responde a CEDAW sobre discriminación a mujeres

 

 

 

Nueva York. El Estado mexicano recibió una tunda del Comité de la CEDAW, al no informar claramente sobre sus acciones contra la discriminación de género.

Al comparecer ante el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la delegación del Estado mexicano fue duramente cuestionada por las constantes violaciones a los Derechos Humanos (DH) de las mujeres en nuestro país.

Lo anterior ocurrió durante la 52 sesión del Comité de Expertas de la CEDAW, en Nueva York, para evaluar el cumplimiento de la Convención aprobada en 1979 por la ONU, y ratificada por México en 1981.

Las expertas que integran el Comité demandaron respuestas puntuales a la representación mexicana sobre sus acciones para prevenir y castigar la trata de personas y la violencia de género, abatir la impunidad, y garantizar el derecho al aborto legal, entre otros temas.

Dubravka Šimonović criticó a las y los funcionarios por sólo enumerar leyes aprobadas a favor de las mujeres: “¿Cuál es la reducción de la violencia contra las mujeres para pensar que se ha garantizado que vivan seguras? ¿Cuál es el objetivo trazado? ¿Cuántos asesinatos menos hay? ¿Cuántas desapariciones menos hay para decir que se ha logrado el objetivo?”.

La francesa Nicole Ameline arremetió contra la jefa alterna de la delegación mexicana, la directora del Inmujeres, Rocío García Gaytán:

“¿No es acaso justo hacer de la violencia contra las mujeres una causa de prioridad nacional? Usted ha reconocido la violencia e impunidad que viven las mujeres y que llega a niveles insostenibles. ¿Tienen en cuenta esta urgencia? ¿Tienen como prioridad acelerar la coordinación?”.

La también experta Soledad Murillo manifestó su indignación por la impunidad en las violaciones sexuales contra 26 mujeres en San Salvador Atenco, en mayo de 2006.

“¿Cómo es posible que cuando las mujeres fueron violadas en el traslado realizado por la policía, aún no haya un solo detenido?”, inquirió previo a que la delegación mexicana informara al Comité que ya había dos personas arrestadas por los hechos.

El anuncio fue calificado por organizaciones de DH como una “simulación” del Estado mexicano, y criticaron que no se avisara de esas aprehensiones a las sobrevivientes de tortura sexual y a sus familias.

Murillo cuestionó la incongruencia del Estado al tener una Fiscalía para investigar la trata de personas, pero sin facultades contra el crimen organizado. Pidió que se le explicara cómo a un tratante se le aplican sólo cinco años de prisión y a una mujer por abortar 35 años de cárcel.

Entre las respuestas ambiguas de la delegación oficial, la responsable de la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, Dylcia García, dijo que hay “acciones de impacto” para enfrentar la violencia contra las mexicanas, y se limitó a presumir los bancos de datos de mujeres desaparecidas y la aplicación de protocolos y alertas contra ese delito.

El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio, y el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Seguridad Pública federal, Facundo Rosas, sólo enlistaron leyes, programas, cursos de capacitación y hasta informes de trabajo de sus dependencias.

 

Panorama desolador

 

En un hecho histórico, 113 organizaciones civiles presentaron 18 informes alternos al reporte oficial entregado por México a la instancia de la ONU, para demostrar el incumplimiento de 20 recomendaciones emitidas por las expertas desde 2006.

Los grupos ciudadanos acusaron el aumento de la discriminación y violencia contra las mujeres debido al combate de la delincuencia organizada y la militarización.

Criticaron que en las cuatro ocasiones que se solicitó la Alerta de Violencia de Género (AVG), el gobierno federal se negó a otorgarla. Sobre el feminicidio, advirtieron que entre 2007 y 2009 se incrementó 68 por ciento en todo el país y continúa impune.

En derechos reproductivos, calificaron como “alarmantes” los altos índices de muerte materna, en especial entre las indígenas que no tienen fácil acceso a los centros de salud.

Respecto al aborto, las activistas observaron que aunque la interrupción del embarazo por violación es legal, su acceso es casi nulo sobre todo en 17 estados que reformaron sus constituciones para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”.

A Rocío García Gaytán no le quedó más que reconocer que en México privan la desigualdad y la discriminación de género. Pero se defendió: “Nunca habíamos avanzado tanto en Derechos Humanos de las mujeres gracias a la alianza con los tres poderes, los tres niveles de gobierno, y el apoyo de la mayoría de la sociedad civil”.

Alianzas, cumpleaños y plan

* Justo el mismo día del festejo del mexiquense, entre los obsequios y parabienes recibidos de la cargada tricolor y anexas, de los hombres y mujeres de los poderes fácticos que con su simple existencia mandan al diablo a las instituciones, conoció el Plan Nacional de Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México, a cargo de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, que tiene como objetivo “demostrar que la elección presidencial fue violatoria del artículo 41 de la Constitución”.

 

Eduardo Ibarra Aguirre/ Forumenlinea

Seguramente el cumpleaños número 46 de Enrique Peña Nieto, festejado en familia en Atlacomulco, Estado de México, la sede del grupo económico-político que lo proyectó, no fue el más feliz de los festejados hasta hoy, con todo y que cuenta en su haber con la declaratoria de candidato triunfador de la elección del 1 de julio, a cargo del Instituto Federal Electoral. En su exitosísima carrera política e institucional nunca fue tan impugnado como ahora.

Justo el mismo día del festejo del mexiquense, entre los obsequios y parabienes recibidos de la cargada tricolor y anexas, de los hombres y mujeres de los poderes fácticos que con su simple existencia mandan al diablo a las instituciones, conoció el Plan Nacional de Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México, a cargo de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, que tiene como objetivo “demostrar que la elección presidencial fue violatoria del artículo 41 de la Constitución”.

La apuesta oficial a fracturar al Movimiento Progresista por medio de la neutralización de los que presentan como “dirigentes modernos”, aún no tiene espacio. Para subrayarlo son los presidentes de los partidos y Andrés Manuel López Obrador los coordinadores.

Tampoco funcionó la táctica para demonizar a #YoSoy132 y confrontarlo con las 300 organizaciones –despreciadas por María Amparo Casar– que integraron la Convención Nacional contra la Imposición. Voceros del primero saludaron las acciones “acertadas y positivas” anunciadas por Obrador, pero subrayaron “somos totalmente independientes de sus iniciativas, nos mantenemos apartidistas, pacíficos y plurales”.

Aún está en la mesa de las políticas a emprender, la de negociar con las organizaciones sociales que se reunieron en San Salvador Atenco, sobre la base de su agenda, para desarticular al ascendente movimiento ciudadano que apenas ayer dio muestras de ello. La idea es de Jorge Castañeda y no se ruborizó al presentarla en Televisa. Por su parte, #YoSoy132-académicos propondrá el lunes 23 “una iniciativa de consenso en la que no se rechace ninguno de los acuerdos de la Convención Nacional contra la Imposición, pero siempre dentro del marco ético del movimiento, es decir, sin violencia y apartidista”.

A lo anterior es preciso añadir la suma de esfuerzos de Acción Nacional y el PRD para presentar ante la Procuraduría General de la República una denuncia de hechos para que se investigue el presunto lavado de dinero en la campaña del candidato priista, así como persistir ante el IFE para que resuelva la triangulación de recursos que presuntamente realizó el tricolor a través de Monex. Mas Gustavo Madero reiteró: “Acataremos sin regateos el fallo del tribunal electoral, cualquiera que éste sea”.

La vida política, sin embargo, nada tiene de lineal. Y en la víspera del festejo el otrora gobernador del Estado de México –donde hacen confesar en videos a presuntos delincuentes, con señas de torturas en los rostros, su responsabilidad en hechos aborrecibles pero que sólo debe dictaminar un juez, tras el debido proceso–, obtuvo la felicitación de Evo Morales por “haberse constituido en el ganador de las elecciones”. Con la del presidente boliviano se cubre a todos los estados que integran Alba. Un evidente éxito de la diplomacia del Institucional.

Tres semanas transcurrieron de la cita con las urnas y la película que exhibió el duopolio de la televisión y el oligopolio de la radio, como si fuera elección finlandesa, quedó superada por la realidad.

Jesús Murillo Karam ya reconoció el reparto de tarjetas Monex cuando hace días eran “infundios absolutos” para Peña Nieto. Y lo que falta.

¿Por qué?

 

“Prefiero despertar en un mundo donde Estados Unidos sea proveedor del 100 % de las armas

mundiales”.

Lincoln Bloomfield, funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.

 

Marcelo Colussi/ Argenpress

En estos días murieron 12 personas en una balacera en Estados Unidos y alrededor de 50 resultaron heridas. Lo cierto es que ya no resulta novedad la noticia de una masacre en ese país. Lo curioso a tener en cuenta en estos casos es su modalidad: un “loco” que se pone a matar gente a diestra y siniestra, armado hasta los dientes, en medio de una escena de aparente tranquilidad ciudadana. Estamos tan habituados a eso que no nos sorprende especialmente. Si el mismo hecho ocurriera, por ejemplo, en una nación africana o centroamericana serviría para seguir alimentando su estigmatización como “países pobres y, fundamentalmente, violentos”. Allí, en el Sur del mundo, la violencia y la muerte cotidiana adquieren otras formas: no hay “locos” que se broten y produzcan ese tipo de masacres; la muerte violenta es más “natural”, está ya incorporada al paisaje cotidiano, recordando que muere más gente de hambre -otra forma de violencia- que por proyectiles de armas de fuego.

La repetición continuada de estos sucesos tremendamente violentos obliga a preguntarse sobre su significado. Si bien es cierto que en muchos puntos del planeta la violencia campea insultante con guerras y criminalidad desatada, luchas tribales o sangrientos conflictos civiles, no es nada común la ocurrencia de este tipo de matanzas, con esa forma tan peculiar que la potencia del Norte nos presenta casi con regularidad. Si ocurren, como sucedió hace un año en Noruega, constituyen una catástrofe nacional. En Estados Unidos, por el contrario, ya son parte de su estampa social “normal”.

Explicarlas sólo en función de explosiones psicopatológicas individuales puede ser una primera vía de abordaje, pero eso no termina de dar cuenta del fenómeno. Sin dudas que quienes la cometen, quienes terminan suicidándose en muchos casos, pueden ser personalidades desestructuradas, psicópatas o psicóticos graves; simplemente “locos” para el sentido común. ¿Pero por qué no ocurren también en los países del Sur plagados de guerras internas y armas de fuego, donde la cultura de violencia está siempre presente y las violaciones a los derechos humanos son el pan nuestro de cada día? ¿Por qué se repiten con tanta frecuencia en la gran potencia? Ello habla de climas culturales que no se pueden dejar de considerar. La violencia no es patrimonio de las “repúblicas bananeras”, en absoluto, aunque cierta versión peliculesca -estadounidense, por cierto- nos intente acostumbrar a esa visión.

Ese patrón de violencia fenomenal que desencadena periódicamente masacres de esta naturaleza no es algo aislado, circunstancial. Por el contrario, habla de una tendencia profunda. La sociedad estadounidense en su conjunto es tremendamente violenta. Su clase dirigente -hoy por hoy, clase dominante a nivel global- es un grupo de poder con unas ansias de dominación como jamás se vio en la historia, y el grueso de la sociedad no escapa a ese clima general de violencia, entronizado y aceptado como derecho propio.

Exultante y sin la más mínima sombra de duda o recato el por ese entonces candidato a representante de Washington ante Naciones Unidas, John Bolton, en el 2005 y en medio del clima de “guerras preventivas” que se había echado a andar luego de los atentados de las Torres Gemelas, pudo decir que “cuando Estados Unidos marca el rumbo, la ONU debe seguirlo. Cuando sea adecuado a nuestros intereses hacer algo, lo haremos. Cuando no sea adecuado a nuestros intereses, no lo haremos”. Es decir: la gran potencia se arroga el derecho de hacer lo que le plazca en el mundo, y si para ello tiene que apelar a la fuerza bruta, simplemente lo hace. Esa es la cultura estadounidense. El vaquero “bueno” matando indios “malos” cuando lo desea; así de simple.

Estados Unidos ha construido su prosperidad sobre la base de una violencia monumental (por cierto, como todas las prosperidades de los imperios: a la base siempre hay un saqueo. La propiedad privada es el primer robo de la historia). La Conquista del Oeste, la matanza indiscriminada de indígenas americanos, el despojo de tierras a México, la expansión sin límites a punta de balas, el racismo feroz de los anglosajones blancos contra los afrodescendientes -con linchamientos hasta no hace más de 50 años y un grupo extremista como el Ku Klux Klan aún activo al día de hoy- o el actual racismo contra los inmigrantes hispanos legalizado con leyes fascistas, toda esa carga cultural está presente en la cultura estadounidense. Único país del mundo que utilizó armas nucleares contra población civil -no siendo necesarias en términos militares, pues la guerra ya había sido perdida por Japón para agosto de 1945, cuando se dispararon-; país presente en forma directa o indirecta en todos los enfrentamientos bélicos que se libran actualmente en el mundo, productor de más de la mitad de las armas que circulan en el planeta, dueño del arsenal más fenomenal de la historia con un poder destructivo que permitiría hacer pedazos la Tierra en cuestión de minutos y productor de alrededor del 80% de los mensajes audiovisuales que inundan el globo con la maniquea versión de “buenos” versus “malos”, Estados Unidos es la representación por antonomasia de la violencia imperial, del desenfreno armamentístico, del ideal de supremacía. Las declaraciones de Bolton citadas más arriba no pueden ser más elocuentes.

Su símbolo patrio, el águila de cabeza blanca, lo pinta de forma cabal: ave rapaz por excelencia, muchas veces se alimenta de carroña o robando las presas de otros cazadores, conducta “ladrona” que llevó al padre de la patria Benjamin Franklin a oponerse vehementemente a la designación de este animal como representación del país. [El águila blanca] “no vive honestamente. Por haraganería no pesca por sí misma. Ataca y roba a otras aves pescadoras”, escribió indignado fundamentando por qué no debía ser esa ave el símbolo nacional. Obviamente, sus ideales no triunfaron.

Lo que sucedió estos días en el estreno de la película de Batman, repetición de dramas más o menos similares en estos años, es consecuencia natural -y ¡obligada!, se podría decir- de una historia donde la apología de la violencia y de las armas de fuego está presente en los cimientos de su sociedad. “El derecho a poseer y portar armas no será infringido”, establece tajante la segunda enmienda de su Constitución. Para salvaguardar este derecho y “promover y fomentar el tiro con rifle con una base científica”, en 1871 se fundó la Asociación Nacional del Rifle, hoy día la asociación civil más vieja del país, con cuatro millones de miembros y treinta millones de allegados y simpatizantes. Por lo que puede apreciarse, la pasión por las armas (¿por la muerte?) no es nueva. Las masacres son parte fundamental de la historia de Estados Unidos.

De acuerdo con informaciones de la organización Open Secrets, en los últimos años distintas instancias que buscan restringir las armas de fuego han invertido alrededor de un millón y medio de dólares en sus campañas, en tanto la Asociación Nacional del Rifle para ese mismo período ha cabildeado gastando más de diez millones de dólares para mantener intocable la segunda enmienda.

Si es cierto, como dijera Freud, que no hay real diferencia entre psicología individual y social, porque en la primera está ya contenida la segunda, la “locura” del joven asesino de estos días no es sino la expresión de una cultura de violencia que permea toda la sociedad estadounidense haciéndola creer portadora de un “destino manifiesto”. Pero la realidad es infinitamente más compleja que vaqueros “buenos” contra indios “malos”.