Percepción social

* De reducirse más la distancia porcentual, con el cómputo de los trescientos consejos distritales, muchos pronostican que el resultado se va a judicializar, quedando en manos del Tribunal Federal Electoral la decisión de esta elección, que no será decidida ya por los ciudadanos, dejando entonces la soberanía nacional no en el pueblo, sino en los magistrados que resolverán al final y que en el ánimo popular ya no gozan de una credibilidad que convenza, siendo por tanto inaceptable que ellos impongan a los ganadores.

 

Luis Zamora Calzada

¿Qué queda después de una jornada electoral calificada por diversos medios como una cochinada y otros calificativos similares? Porque a partir de los resultados anunciados a nivel federal afloraron sentimientos encontrados en muchas personas el 2 de julio, con un manifiesto rechazo a la emisión y cobertura televisiva de las 11:30 de la noche del día anterior y del encabezado de periódicos que anunciaban a un triunfador.

En algunos era perceptible la decepción, los comentarios adversos se multiplicaban. Otros, como también era de esperarse, con los rostros iluminados, quedan a la espera de beneficios prometidos de corta y larga duración.

Las dudas, por supuesto, saltan a la vista. ¿Cómo es posible que mediante un conteo rápido y con solo el 6.86 por ciento de actas capturadas se haya hablado de un ganador, otorgando una ventaja de 7 por ciento entre el primer y segundo lugar? Porque más tarde, en la madrugada del lunes, con 42.85 por ciento de las casilla computadas, la distancia se reducía a 3.55 por ciento entre ambos lugares, lo que a todas luces difiere de los primeros datos que motivaron algarabía televisiva en un público dividido, en donde hubo quienes decidieron apagar sus aparatos, pensando en otra burda manipulación.

De reducirse más la distancia porcentual, con el cómputo de los trescientos consejos distritales, muchos pronostican que el resultado se va a judicializar, quedando en manos del Tribunal Federal Electoral la decisión de esta elección, que no será decidida ya por los ciudadanos, dejando entonces la soberanía nacional no en el pueblo, sino en los magistrados que resolverán al final y que en el ánimo popular ya no gozan de una credibilidad que convenza, siendo por tanto inaceptable que ellos impongan a los ganadores.

En el fondo del asunto quedaron al descubierto verdaderos vacíos legales que no se habían cuestionado en otros momentos nacionales. La secuela procesal de la elección debe tener una revisión legal en cada una de sus partes desde la propia asignación de los consejeros electorales, que han dejado de ser representantes de los ciudadanos para enfrascarse en una pelea permanente de posiciones de los partidos en sus nombramientos, dejando al pueblo como mero espectador, sembrando la desconfianza que se profundiza ante las omisiones que se cometen al no existir un marco jurídico que norme en términos de otorgar seguridad y certeza jurídica a los votantes, recurriendo al libre albedrio de acciones, declaraciones y determinaciones de los propios consejeros al no contar con la fundamentación y motivación convincentes como la firma del pacto de civilidad a que fueron sometidos los candidatos por supuestas presiones del Consejo Empresarial, lo que a todas luces fue una ocurrencia para “presionar” a uno de ellos, al no aplicarse la ley en sus términos.

Otro tema se observó en el registro de candidatos, donde quedó sembrada la duda de la ilegalidad, sobre todo en aquellos casos donde, sin terminar una responsabilidad, la abandonan para inscribirse en la candidatura de otro puesto de elección popular sin importar el juramento rendido en la toma de protesta y la supuesta voluntad depositada en esa persona en una elección anterior, lo que puede constituirse en una violación flagrante y la colocación en tela de juicio de quienes han pasado de un espacio de representación a otro, aprendiendo quizá solo respecto a los métodos para ganar elecciones, que nada tiene que ver con el interés supremo del pueblo de instaurar un poder público para su beneficio, pero sí del interés personal del beneficiario para vivir del erario y de sus probables excesos en el ejercicio de sus funciones.

Los tiempos y términos de probables delitos colocan en el escenario actos que pueden calificarse de parcialidad, ante la falta de sanciones como fueron los supuestos rebases de topes de gastos, la divulgada compra del voto, calificada por el presidente del IFE como un simple mito y bastantes procesos contrarios a derecho que fueron observados por la gente de carne y hueso, pero ignorados por la autoridad electoral.

Puede ampliarse la lista de irregularidades interminablemente. Sin embargo, es necesario mencionar que un alto porcentaje de los habitantes de México requiere de “menos televisión y más educación”, sobre todo de educación cívica para ejercer el derecho de ser ciudadanos de la república.

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