Mapas

* Toluca, donde Peña administró por seis años la entidad más importante del país, también se modifica. El narcotráfico en el Estado de México se había circunscrito desde hace años al sur local, una región empobrecida y aislada que limita con Michoacán y Guerrero al mismo tiempo.

 

Miguel Alvarado

México nunca será el mismo después de la presidencia de Enrique Peña. A él le toca gobernar la época más compleja, que incluye la pulverización de las instituciones y una marcada simulación de los procesos democráticos. La idea de globalización mueve y transforma países donde lo que importa no es lo correcto sino lo que vende, así sea basura.

El mapa del narcotráfico también comienza a cambiar. Los cárteles, a los que hacen ver que se desarrollan al margen de gobierno y sociedad, trazan en el país su propia geografía. Para ellos no hay estados ni ciudades, todo se reduce a plazas de venta, ferias ciclópeas donde todo tiene un precio, excepto la vida, como dicta también el modelo económico del libre mercado.

Toluca, donde Peña administró por seis años la entidad más importante del país, también se modifica. El narcotráfico en el Estado de México se había circunscrito desde hace años al sur local, una región empobrecida y aislada que limita con Michoacán y Guerrero al mismo tiempo. Zona de paso pero también de protección, sirvió de base para la llegada de Pelones, Zetas y posteriormente La Familia y Los Caballeros Templarios, que se disputan el control absoluto bajo la mirada vigilante, observadora del árbitro definitivo en el que se han convertido los gobiernos municipales y estatales. Luego de matanzas memorables, La Familia expulsó a sus rivales y se dedicó a consolidar su imperio. Llegada de Michoacán, donde estableció en Zitácuaro la ciudad capital, aquel cártel inició lentamente su expansión. El valle de México fue el siguiente paso, pues representa un mercado de 23 millones de personas y ubica innumerables complejos industriales. El valle de Toluca, sin embargo, permanecía hasta hace tres años al margen. El narco se reducía a las pequeñas tiendas y al paso obligado que significa la capital. Las campañas presidenciales fueron buen pretexto para La Familia, que inició también su transición. Pronto, secuestros, extorsiones y anuncios pintados en bardas y cortinas metálicas aparecían amenazadores. La plaza de Toluca, originalmente respetada porque aquí están los actores políticos más poderosos, es ahora cercada por La Familia. En las casas de pueblos otomíes, regiones pobres del municipio con San Cristóbal Huichochitlán y San Andrés Cuexcontitlán, luego de las elecciones del primero de julio, fueron repartidos a los habitantes papeles impresos con amenazas donde se advierte que si no se paga por protección, “se los va a llevar la chingada”.

La elección presidencial lo ha polarizado todo. Se está a favor o en contra de los resultados. El triunfo de Peña no ha resuelto nada, así como el triunfo de cualquier otro no lo haría. La iglesia católica en Toluca hace su parte. “Quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra”, publicaba El Sol de Toluca, diario consentido de Peña Nieto y propiedad de Mario Vázquez Raña, en una entrevista al vicario de la Diócesis capitalina, Guillermo Fernández Orozco. Con una jerga encantadora, el sacerdote se encargaba de recordar que no solamente el PRI había comprado votos y que las protestas de fraude debían ser olvidadas, para bien de todos.

Los mensajes de Fernández, como los de dios y la mitad de las casillas electorales, son inescrutables. “A su parecer, el movimiento juvenil “#Yo soy 132”, es una mezcla de varios intereses y habría que ver si todos son estudiantes, pues en algunas protestas hay gente de Atenco, de 40 años, que no creo que sean estudiantes, apunta quien observa desde la derecha.

Es la primera elección presidencial mexicana en la que no hay celebración pública. Ni siquiera Santa Anna, atolondrado dictador enamorado de sí mismo, se permitió aquella desatención. Pero en el PRI hay miedo, que no vergüenza, por aquellos 19 millones 226 mil 784 sufragios que siempre se ubicarán en el terreno de la duda, junto con la anécdota de Soriana, una cadena con más de 200 tiendas en todo el país y que le ha facturado al gobierno del Edomex más de 4 mil millones de pesos en productos los últimos 4 años. Humberto Fayad, director general, se ha cansado de repetir por todos los medios que su negocio no hizo tratos con el PRI para vender monederos electrónicos y que es una casualidad muy curiosa que sólo en una tienda se hayan registrado compradores compulsivo, que en ese mismo establecimiento apareciera sospechosamente un reportero gráfico de La Jornada y que un día después el gobierno del DF clausurara aquel Soriana Zaragoza, en los límites con Nezahualcóyotl. Sobre las tarjetas con el logo de la CTM, ni él mismo cree su punto de vista.

Quizás Fayad tenga razón pero, como el fraude anunciado, no puede comprobar sus dichos ni siquiera con documentos. Los grupos sociales han condenando a la tienda, que perdió 414 millones de dólares los últimos días, aunque lo que más les duele es el descrédito. Tiendas cerradas al paso de manifestaciones, por miedo a los enojados. Carritos de supermarket abandonados en los pasillos, cargados de despensas pero con letreros de los indignados, que se alejan de la bodega con insultos. Complots animados por la guerrilla cibernética y Anónymous, que elaboran manuales para hacer más efectivo el bloqueo, son su pan cotidiano. Ya habrá forma de compensarlos, pues Peña es un político maduro, al menos con quienes conviene y no desampara a sus aliados.

Las irregularidades están en todos lados. Soriana no es la única afectada por las bondades electorales en el Edomex. El diario local Alfa documentó una taquiza, para maestros de Elba Esther Gordillo, que costó 4 millones 285 mil pesos al gobierno estatal con presupuesto de la Secretaría de Educación, en marzo del 2012, con la empresa Rico Mac Taco S. A, “que de acuerdo con su página de internet tiene dos sucursales, una en el Distrito Federal y otra en el municipio de Tlalnepantla”, con fines de agradecimiento.

Mientras se pretende una investigación, Luis Videgaray es perfilado como secretario de Hacienda, Miguel Ángel Osorio o Eruviel Ávila, como secretarios de Gobernación y Miguel Ángel Murillo como procurador general.

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