CIA made in México

* Pese a las múltiples críticas derivadas de la sustitución de policías por militares en algunos puntos de la geografía nacional, para Estados Unidos la Secretaría de la Defensa Nacional “carece de autoridad para realizar arrestos y es capaz de procesar información y evidencias para ser utilizadas en casos judiciales.

 

Francisco Cruz Jiménez/ Tercera de nueve partes

Las filtraciones de Wikileaks también demuestran que Felipe de Jesús se ha entregado, como ninguno de sus recientes antecesores, a Estados Unidos y que hace caravanas con sombrero ajeno porque los grandes, impactantes y mediáticos golpes que se han dado contra organizaciones criminales no le pertenecen. Todos son logros de la inteligencia estadunidense, como refiere el antes citado cable de Pascual.

“Expertos de la embajada dicen que las autoridades mexicanas con más regularidad se apoyan en los tips (o avisos) confidenciales que les proporcionan las agencias estadounidenses y las organizaciones de inteligencia, y que muchas de las capturas de figuras importantes de los cárteles de la droga se realizaron con asistencia de Estados Unidos”.

Otro envío de Pascual, el 3573, también con carácter de “secreto”, fechado el 17 de diciembre de 2009 y publicado por la prensa mexicana y periódicos como El País de España, refiere:

“Las fuerzas de la Secretaría de Marina (Semar) de México, respondiendo y actuando ante información proporcionada por Estados Unidos, en una operación realizada el 16 de diciembre mataron a Arturo Beltrán Leyva (El Barbas), la baja al más alto nivel de una figura de un cártel bajo el gobierno mexicano y un ejemplo de la excelente cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

“La unidad que realizó el operativo recibió entrenamiento amplio por parte de Estados Unidos. La muerte de Arturo Beltrán Leyva no resuelve el problema de las drogas de México, pero esperamos que genere un momentum necesario para lograr avances sustantivos contra las organizaciones del tráfico de drogas.

“Funcionarios de las agencias de aplicación de la ley en la Embajada (estadounidense) dijeron que la operación arresto [sic] contra Beltrán Leyva comenzó una semana antes de su muerte, cuando la embajada proporcionó a la Semar información detallada sobre su ubicación”.

La Semar está bien entrenada, bien equipada y ha demostrado una capacidad de respuesta rápida a información de inteligencia. Su éxito pone al Ejército en una posición difícil para explicar por qué ha sido reacio al actuar, sobre información de inteligencia buena, a realizar operativos contra objetivos de alto nivel”.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos, originalmente, entregaron la información sobre Arturo Beltrán Leyva a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuyo rechazo a actuar con celeridad refleja una aversión al riesgo que representa para la institución una importante victoria en la lucha contra los narcóticos. “La Sedena proporcionó apoyo a la Semar durante la lucha contra las fuerzas de Arturo Beltrán Leyva, pero sólo puede tomar un poco de crédito del éxito de la operación”.

Esta captura, revela el documento, fue motivo para que el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fuera considerado “un perdedor neto”. “Los miedos a la corrupción están bien fundamentados, tomando en cuenta el número de operativos que han sido suspendidos o que han fracasado por la fuga de información”, refiere el mismo cable 3195, al recordar que se informó a la Sedena antes que a la Marina sobre la ubicación de El Barbas, pero que ésta simplemente omitió actuar.

Pese a las múltiples críticas derivadas de la sustitución de policías por militares en algunos puntos de la geografía nacional, para Estados Unidos la Secretaría de la Defensa Nacional “carece de autoridad para realizar arrestos y es capaz de procesar información y evidencias para ser utilizadas en casos judiciales.

“Misiones conjuntas de análisis (de información de inteligencia), una en Tijuana y San Diego, y otra en Ciudad Juárez y El Paso, fueron diseñadas para expandir nuestros esfuerzos bilaterales y abordar una debilidad (…); el disfuncional bajo nivel de colaboración entre el Ejército Mexicano y las autoridades civiles a lo largo de la frontera.

“Nuestros lazos con los militares (mexicanos) nunca habían estado tan unidos en términos no sólo de transferencia de equipo y entrenamiento, sino en todo tipo de intercambio de información de inteligencia que esencialmente está haciendo la diferencia contra el crimen organizado”.

 

Del US Marshal al FBI

 

Pero los golpes a la soberanía mexicana no sólo responden a acontecimientos recientes, pues los centros de espionaje norteamericano en ubicaciones privilegiadas echaron raíces hace más de cincuenta años. Desde finales de la década de los cincuenta y principios de la década de los sesenta, en el siglo XX, el espionaje estadunidense decidió profundizar las raíces que ya tenía en nuestro país, no obstante que su operatividad, efectividad y tecnologías superaban y rebasan por mucho a las del aparato de inteligencia mexicano.

Aunque el intervencionismo es hoy más abierto que nunca, la presencia en México de la CIA, cristalizada el 18 de diciembre de 1947 —seis años después del ataque de las fuerzas japonesas a Pearl Harbor—, cobró fuerza con la Revolución Cubana y por el interés de Estados Unidos de mantener y expandir la Guerra Fría contra los países socialistas.

La eficacia de los agentes estadunidenses ha registrado impactos espectaculares para defender los intereses de su país. Como blanco de sus primeros golpes militares cuentan aquellos contra los presidentes argentinos Arturo Frondizi, en 1962, y Arturo Illía, en 1966; los asestados al dominicano Juan Bosch en 1963 y al ecuatoriano Carlos Arosamena en el mismo año. La penetración de la CIA afectó también las presidencias que corrían durante 1964 en Bolivia y Brasil, de Víctor Paz Estensoro y Joao Goulart, respectivamente.

Ellos controlaron y pusieron en marcha el gran operativo militar —en palabras precisas, la aparatosa invasión y ocupación de Panamá, que llamaron Causa Justa—, bajo las órdenes de Colin Powell, para derrocar, capturar y encarcelar al general Manuel Antonio Noriega el miércoles 20 de diciembre de 1989.

Ex agente de la CIA, Noriega fue enjuiciado por el delito de narcotráfico en una corte federal de Estados Unidos en Miami. Fue encontrado culpable y condenado a cuarenta años de prisión, mientras en su país, controlado por el Pentágono, se le abrían otros juicios por los asesinatos de Hugo Spadafora y Moisés Giroldi, la llamada matanza de Albrook y el fusilamiento de activistas de las Fuerzas de Defensa de Panamá. En todos los casos fue declarado culpable.

Para cuando el entonces recién asumido presidente mexicano Adolfo López Mateos externó su solidaridad con la Revolución Cubana, la CIA no sólo ya operaba en México, sino que financiaba su propio partido político: el Nacional Antisocialista, creado el 18 de marzo de 1960 en el aniversario de la expropiación petrolera.

Pese a las presiones que ejercían contra funcionarios locales para que se les otorgaran facilidades para ejecutar sus operaciones, los agentes de la CIA en territorio mexicano mantenían un bajo perfil dentro de la política gubernamental.

Sin embargo, incidentes como el del 3 de noviembre de 1960 evidencian que su poder e influencia nunca fueron menores. Aquel día se documentó cómo numerosas ametralladoras, subametralladoras, fusiles de asalto y pistolas propiedad de la CIA fueron descubiertas por agentes de la PGR y de la entonces Dirección Federal de Seguridad en el número 26 de la calle Berlín, en la Ciudad de México.

Pese al sensacionalismo generado por el incidente la información fue manejada con delicadeza en los llamados periódicos nacionales. Algunos plasmaron que el arsenal no era tal, sino que eran piezas de museo; otros sólo presumieron que las armas estarían destinadas a la región del Caribe, específicamente a Cuba, para alimentar la Guerra Fría. Controlados por el gobierno, todos soslayaron la participación de la inteligencia estadunidense en ese cargamento.

En cualquiera de los casos se ocultó la identidad de los agentes de la CIA responsables de trasladar las armas y quienes fueron detenidos en el lugar. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional dictaminó que el armamento era de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Pero igual, documentado el caso hasta la CIA, los detenidos quedaron en libertad.

Ese mismo año se asentó al noroeste de México una oficina del Servicio de Información de los Estados Unidos (USIS), encargada de monitorear los estados de Sinaloa, Sonora y Nayarit, así como de distribuir gratuitamente el libro “El infidel Castro”. Según se documentó en su momento, los encargados de las operaciones eran Douglas Zischke y Jack Goodwin, este último agregado cultural de la embajada estadunidense en México.

En 1961, el ex presidente Lázaro Cárdenas del Río acudió ante la Procuraduría General de la República para denunciar a un personaje asociado a la CIA, Mario Guerra Leal, quien lo acusó de “traición a la patria” por pretender, supuestamente, cambiar el sistema de vida democrático mexicano por uno “totalitario y comunista”.

Ese mismo año, en el mes de abril, fue descubierta en las costas de Cozumel, Quintana Roo, una lujosa casa flotante que servía para las operaciones encubiertas de la CIA. Ésta era propiedad de un magnate petrolero texano, distinguido por ser gran amigo del entonces embajador en México, Thomas Clifton Mann y del vicepresidente estadunidense Lindon B. Johnson. Su blanco era la Cuba de Fidel Castro.

Anuncios

Deja un comentario

Aún no hay comentarios.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s