Operación Zacatecas

* La operación tricolor para recabar dinero tomó fuerza el 12 de junio del 2012, menos de un mes antes de las votaciones, cuando Peña convocó a los 16 mandatarios priistas “a la casa del gobernador del Edomex, Eruviel Ávila Villegas”, según documentos obtenidos por este semanario que muestran el plan aplicado a nivel nacional a partir de esa fecha. Los escritos muestran el caso de Zacatecas, cuyo gobernador, Miguel Alonso Reyes, estuvo presente en la cita con Ávila y Peña.

Miguel Alvarado

Nada es casualidad y nadie sabe para quién trabaja ni puede confiar en quienes contratan para contar dinero ajeno. La muerte de Juan Armando Hinojosa García, hijo del empresario mexiquense Armando Hinojosa Cantú, ha levantado toda clase de sospechas luego de que el helicóptero en el que viajaba se estrellara al norte de Toluca, en el municipio de Jiquipilco.

En otras fechas, el accidente sería eso, un error de alguien, pero ha sucedido cuando el proceso electoral presidencial involucra una demanda por fraude y compra de votos y la familia Hinojosa, que facturó cerca de 23 mil millones de pesos en la administración mexiquense de Enrique Peña, es parte del entramado que los obradoristas denuncian como parte del plan priista que tiene a Peña prácticamente sentado en Los Pinos.

Sobre la muerte del hijo del empresario y ex esposo de Rosa Herrera, hija del ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, se sabe que abandonó el hotel Cantalagua, en Contepec, Michoacán, donde se realizaba una fiesta para celebrar el cumpleaños desfasado del virtual presidente. Ahí estaban, entre otras figuras públicas, Luis Videgaray, Luis Miranda, Elba Esther Gordillo y el propio Peña. Hinojosa García, de 30 años y con domicilio en el Fraccionamiento Providencia de Metepec abordó, cerca de las 11 de la noche, uno de sus helicópteros de la marca Augusta, modelo 109 y que alquila a funcionarios mexiquenses desde hace años, para volar al aeropuerto de Toluca, a media hora de distancia. Pero en el camino se le atravesaron el mal tiempo y la impericia del piloto, un oficial de primera línea porque tenía que llevar a destino a políticos que no perdonan. Incluso, altísimos árboles fueron involucrados en ese desastre, que comenzó el sábado 28 de julio y terminó el domingo por la mañana, cuando el ejército y la policía encontraron los restos. Las exequias se realizaron en la Catedral capitalina. Allí estuvieron el gobernador Eruviel Ávila y el propio Peña, serio y sombrío como pocas veces se le ha visto. Se retiró del lugar sin dar declaraciones públicas, pero ni falta que hicieron. Eruviel, hábil para aprovechar tragedias, anunció la reestructuración de rutas aéreas. Lo mismo hizo cuando se enteró de la violación a niñas en el parque El Colibrí, de Ixtapaluca. Esa ocasión se le ocurriría revisar manuales de seguridad para campistas.

Superada la nota social, la muerte de Hinojosa García sigue sin desviarse un ápice la línea de intriga y terror que la autollamada política de alto nivel practica desde tiempos de de don Porfirio. Quien no sirve a los intereses en turno, a pesar de su foja de servicios, debe ser desarticulado, por el bien de todos. Unos optan por el destierro diplomático. Otros, por la sumisión, el silencio y el retiro de la vida pública. Otros vuelven a obedecer pero algunos pocos deben sacrificarse. La barbarie del poder alcanza para todos. Los Colosio, Posadas, Mouriño, Blake, los mismos Salinas, los Ruiz saben de esas historias. A Juan Armando Hinojosa García, el joven entusiasta que se encargó de la logística en la campaña presidencial priista, todavía le alcanzó para estar en Cantalagua, propiedad de la extensa familia de Peña Nieto y que administra Mayolo del Mazo, empresario local enriquecido a la sombra de sus poderosos parientes políticos hace años. Por lo pronto, Toluca es hervidero de versiones. Que Fidel Herrera presentó ante Peña a los Hinojosa, comerciantes sin mayor talento que la ambición y que de rentar espectaculares callejeros se adentraron en menos de siete años en el negocio de las aeronaves y la ejecución de obra pública. Que Hinojosa, el padre, acompañaba a Peña en la mayoría de sus giras por el extranjero porque se encargaba de negocios privados sin factura que involucraban al propio mandatario. Que usaban las aeronaves de los Hinojosa porque eran las más seguras y confiables. Que el helicóptero que mató al junior estaba esperando en realidad a otro pasajero, cuyas iniciales son EPN. Que en aquella fiesta en Cantalagua el joven Hinojosa había dicho que quería retirarse temprano y buscaba cómo lo trasladaran a su hogar. Que fue el propio Peña quien ordenó que Hinojosa García usara el helicóptero que había llevado al virtual presidente a Cantalagua. Que Luis Miranda, el ex secretario de Gobierno mexiquense y orgulloso Golden Boy es el operador negro, amo y señor de todos los dineros que el PRI habría usado de manera ilegal para la jornada del primero de julio. Que Luis Videgaray es solamente un triste parapeto. Triste, pero limpio de cabo a rabo. Y que, también, sólo se trató del karma ineludible que persigue a los que tienen el corazón a la derecha y lo combinan con profundos conocimiento financieros y estómagos todo-terreno.

Las naves Augusta coleccionan récords escalofriantes en sus andares públicos. Ya en el 2011 el secretario mexiquense de Desarrollo Metropolitano, Fernando Alberto García Cuevas, salvaba por un pelo la vida cuando su nave, otra Augusta C109, se desplomaba sin más en pleno Coyoacán. El accidente le costó meses de terapia y recuperación a ese priista, pero dos pasajeros murieron en el percance.

A raíz de que Hugo Piña, director general de Seguridad Pública de la entidad, falleciera luego de que su helicóptero cayera sobre el edificio de la Procuraduría mexiquense en el 2000, las naves estatales fueron depuradas porque Arturo Montiel era pasajero cotidiano de aquellas veleidades. Fue hasta el 2006 cuando la flotilla quedó por fin saneada. Curiosamente, Luis Videgaray, entonces secretario de Finanzas, supervisó la venta de 12 helicópteros a la empresa Augusta, por 8 millones de dólares y que se integraría a un capital total de 13 millones de dólares que la misma Augusta facturó para entregar 3 aeronaves nuevas. El gobierno de Peña gastaba 17 millones de pesos al año por mantenimiento y combustible. Luego, el reemplazo de Videgaray, Raúl Murrieta, completó compra-ventas por hasta 15 millones de dólares totales. Otros tres Augusta se agregaban a la flotilla estatal pero además se adquirían tres helicópteros Koala a la misma empresa, que prometió enviar un último embarque con otras tres unidades.

En el 2008 el gobierno mexiquense compraba una nave para combatir incendios. También era una Augusta 119 tipo Koala. “Dos años después se descubrió que los gobiernos de Durango, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco y Estado de México habían ayudado a la empresa de aviación del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, Servicios Aéreos Milenio S.A. de C.V., fundada en 1999 y que prestaba servicios de helicópteros y aviones Lear Jet 45. Esa compañía también adquiría naves Bell y usaba los modelos Augusta. Estos aparatos eran rentados por el gobierno mexiquense para vuelos de los funcionarios”, publicaba este semanario en el 2011.

El negocio de aeronaves de los Hinojosa tiene por nombre Eolo y pertenece a la empresa Grupo Higa, que ha participado en la construcción del aeropuerto internacional de Toluca y en algunos tramos carreteros de alto impacto.

El nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú, padre del fallecido, se hizo público en las elecciones presidenciales cuando se le ligó a Monex y al Grupo Fraga, ubicados en el centro de las demandas perredistas por fraude electoral.

Tiempo de logística

 

Hinojosa García era el encargado de Logística de la campaña de Peña. Oficialmente, preparaba la llegada y salidas del entonces candidato priista a las diversas plazas que recorrió en las giras. Le rendía cuentas a varios, entre ellos al encargado de las negociaciones del PRI para obtener fondos y apoyos económicos, Luis Miranda Nava, ex secretario de Gobierno con Arturo Montiel y el propio Peña. A Miranda se le ubica como el verdadero operador de la campaña presidencial, con un poder absoluto sobre el coordinador Luis Videgaray, contratado para figurar en público por su aparente récord intachable.

La operación tricolor para recabar dinero tomó fuerza el 12 de junio del 2012, menos de un mes antes de las votaciones, cuando Peña convocó a los 16 mandatarios priistas “a la casa del gobernador del Edomex, Eruviel Ávila Villegas”, según documentos obtenidos por este semanario que muestran el plan aplicado a nivel nacional a partir de esa fecha. Los escritos muestran el caso de Zacatecas, cuyo gobernador, Miguel Alonso Reyes, estuvo presente en la cita con Ávila y Peña.

A Alonso se le ordenó instruir a funcionarios de primer nivel en su gobierno para que formaran cuadros operativos con empleados para que se ubicaran por zonas y regiones previamente determinadas. Cuatro fueron los distritos fundamentales y se eligió para operarlos a Arturo Nahle García, procurador de Justicia de aquel estado; al Oficial Mayor de Gobierno, Le Roy Barragán Ocampo; al secretario de Planeación y Desarrollo Regional, José María González Nava y a Enrique Flores Mendoza, secretario de Desarrollo Agropecuario.

El oficial mayor Barragán Ocampo era el contacto con los funcionarios de segundo nivel y contrató a Víctor Manuel Rentería, suboficial de Recursos Materiales y Servicios como representante político, con la obligación de organizar a empleados de tercer escaño para operar físicamente a favor de Peña. En Zacatecas fue Rentería quien representaba a la carne de cañón. Abrió cuentas de cheques para pagar a proveedores, que a su vez se encargaban de entregar dinero a operadores políticos, a compañías de materiales de construcción, pagar tarjetas de descuentos y telefónicas y a repartir despensas, dádivas y promocionales. Hasta recursos provenientes del extranjero se depositaron en la cuenta 7427006 de la sucursal Banamex 7001 y provenían de Business Capital Group. Otra cuenta abierta para el mismo efecto fue la 7427022 en la misma sucursal de Banamex, donde se depositaban envíos desde la empresa norteamericana Global Net Services.

Rentería operó dos cuentas bancarias, una en la sucursal 10824 de Banorte, donde expidió pagos a empresas de materiales, para lo cual usó los cheques 121 al 170 y se liquidó a las empresas AMASA, Materiales Hernández y Todo de Block. También pagó tarjetas telefónicas con los cheques 71 al 120 y a la operadora política Sol Galván le entregó 200 mil pesos.

Otra cuenta, la 50000942984 de Inbursa, sirvió para “la distribución de recursos para operadores políticos”, inscritos en un programa que llamaron Bingo. Estos operadores intervenían con empleados de instancias gubernamentales como la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, el Sector Salud, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. Esta cuenta bancaria también se usó para la compra de espectaculares.

Víctor Manuel Rentería también abrió cuentas para algunos de sus familiares, como la 50011691232, a nombre de su padre en Inbursa; la 0447503334 en Bancomer, a nombre de su madre y otras tres a nombre de tres hermanos en Inbursa, Banorte y Banamex.

El secretario de Planeación y Desarrollo, José María González Nava, contrató a Priscila Benítez Sánchez, directora de Fondos y Proyectos para el Desarrollo y le entregó 602 mil pesos en efectivo el 29 de junio del 2012 para pagos de operación política. También había contratado a José Ángel Núñez Delgado, a quien le dio 200 mil pesos en efectivo la misma fecha; a Glendy de la Rosa Vázquez, quien recibió 100 mil pesos en efectivo; a Rosendo García, a quien le entregó 48 mil pesos y a Genaro Hernández Olguín, quien cobró 30 mil pesos la misma fecha.

Ese mismo secretario abrió en Banorte la cuenta 558858528 y usó los cheques 421 al 463. El 462 fue para pagar a su hermano, Adrián González Nava, 187 mil 196 pesos el 22 de junio del 2012. De los otros cheques se desconocen los destinos.

El procurador de Justicia, Arturo Nahle García, contrató a Rafael Gutiérrez Martínez, director general de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado para que operara en el municipio de Fresnillo; al contralor interno del gobierno estatal, Guillermo Huízar, para que operara en Sombrerete; al director general del Instituto de Cultura Física y Deporte, Martín Barraza Luna, para que se hiciera cargo del municipio de Calera; al director general del Instituto de la Juventud, José Haro de la Torre y al secretario de Desarrollo Económico, Eduardo López, para que controlara el municipio de Enrique Estrada.

El Oficial Mayor del gobierno, Le Roy Barragán, contrató al director del Instituto Zacatecano de Cultura, Adolfo Yáñez, para que trabajara en Jerez; a Silverio López, también director del Instituto Zacatecano de Cultura, para el municipio de Valparaíso; al subsecretario de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Ubaldo Ávila Ávila, para que operara en Nochistlán; al director del Régimen Estatal del Seguro Popular, Miguel Díaz Montaño, para el municipio de Jalpa; al director administrativo y de Unidad de Enlace de los Servicios de Salud, Francisco Díaz Luna, para Tlaltenango; al director del Instituto Estatal de Migración, Rigoberto Castañeda, para que controlara el municipio de Monte Escobedo; al director de Protección Civil y Bomberos, Antonio de la Torre, para el municipio de Tepetongo y al jefe del Departamento de Educación Primaria de la Secretaría de Educación y Cultura, Vicente Méndez, para el municipio de Joaquín Amaro.

El secretario de Planeación y Desarrollo Regional, José María González Nava, contrató a José Manuel Maldonado Romero, director general del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos; a Cliserio del Real Hernández, director del Servicio Estatal de Empleo y fue apoyado por Carlos Peña, secretario privado del gobernador Alonso, para que operaran en los municipios de Zacatecas, Murguía y Río Grande, respectivamente.

Por último, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Enrique Flores Mendoza, contrató a Artemio Ultreras, director del ISSSTEZAC; a Héctor Pastor, director general del SEDIF; al coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal, Miguel Rivera; al titular de la Coordinación General de Gobierno, Uriel Márquez; al rector de la Universidad Tecnológica de Zacatecas, Felipe Álvarez Calderón y a Amado del Muro, director del Jiapaz, para que controlaran los municipios de Guadalupe, Pinos, Loreto, Pánfilo Natera, Villa Hidalgo y Villa García.

Esta red de colaboracionismo explica lo que el perredismo considera fraude electoral. El esquema fue repetido en las entidades que gobierna el PRI, aunque Zacatecas fue ejemplo de eficacia. Así, aportó el mayor porcentaje de votos para el PRI en todo el país, con 51 por ciento y el tinglado permitió, entre otras cosas, la triangulación ilegal de recursos, la elaboración de una doble contabilidad, de la que el IFE no se enteró; borró el rastro de recursos financieros y consiguió desde el extranjero dinero para las campañas.

El otro triángulo

El 2 de agosto, el senador petista Ricardo Monreal mostraba públicamente una cuenta bancaria del priista Luis Videgaray, desde donde se habrían triangulado recursos dirigidos a las campañas presidenciales, ahora en el Estado de México.

La cuenta, abierta en el Scotiabank a nombre del gobierno estatal, presentaba millonarios depósitos a partir de febrero del 2012, cuando se registró uno por mil 30 millones 724 mil 699 pesos.

Esa cuenta era administrada por Luis Videgaray, coordinador de las campañas de Peña y en su momento del ahora gobernador del Edomex, Eruviel Ávila, y tiene el número 03800806935. Recibió depósitos desde otra cuenta abierta en BBVA Bancomer. Según los números de Monreal, hubo desde febrero 5 depósitos, que juntos daban la cantidad de 8 mil 600 millones de pesos.

Según la relación de estados de cuenta número 806935, con número de cliente 123941073, en marzo del 2012 se depositaron mil 621 millones 304 mil 570. En abril, se registraron 2 mil 584 millones 595 mil 854 pesos; en mayo hubo en la cuenta 3 mil 195 millones 35 mil 23 pesos y en junio un último depósito por 250 millones 73 mil 878 pesos fue realizado. Videgaray, por su parte, calificó de “absolutamente falso” el informe del senador.

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