El caso Bustamante

* El miércoles 25 de marzo de 2009 el Departamento de Asuntos Internos de esa corporación confirmó que en la fronteriza Ciudad Juárez fue ejecutado su agente prófugo Vincent Bustamante, cuyo cuerpo —en descomposición y con huellas de una tortura salvaje— fue tirado y sumergido en un canal de irrigación en las cercanías de un parque industrial.

 

Francisco Cruz Jiménez

Si los escándalos ocasionados por Wikileaks obligaron al Pentágono a reforzar su Comando del Espacio Cibernético, cuya sede se encuentra en Fort Meade, habrá que ir pensando qué hará el gobierno mexicano para enfrentar ese tipo de amenazas no sólo en los sitios conocidos, sino en el refugio subterráneo, con lo retrasada que llega la tecnología al país, sin tomar en cuenta la endémica corrupción, señaló el viejo agente de inteligencia mexicana.

Y en este punto recordó un cable de Wikileaks firmado por el embajador estadunidense Antonio Garza, entregado a La Jornada, y se preguntó qué puede hacer la tecnología para combatir la corrupción, cuando un oficial del Estado Mayor Presidencial, el cuerpo élite responsable de resguardar a la familia presidencial, entregó a un cártel de las drogas el expediente médico de Felipe Calderón.

El cable, precisó el rotativo en su edición del 21 de febrero de 2011, “fue redactado con motivo de la detención del mayor Arturo González Rodríguez, del Estado Mayor Presidencial, ocurrida en los últimos días de 2008. El arresto representa la más grave violación de la seguridad hasta la fecha, pero no es sorprendente si se considera que altos funcionarios civiles —con importantes responsabilidades en el combate al narcotráfico— han sido acusados de corrupción en los últimos seis meses.

“La revelación de que González estaba proporcionando información y materiales al cártel de Arturo Beltrán Leyva representa un doble golpe para el gobierno de México. En primer lugar, el hecho de que un miembro de una unidad del ejército encargada de la protección del presidente estaba pasando información sobre los movimientos presidenciales a los cárteles expone un hueco en la seguridad de Calderón. Si bien no se sabe a qué información específica tuvo acceso González, o los detalles exactos que pasaba a los cárteles, se trata de una falla importante en la seguridad.

“El segundo punto, que para el diplomático estadunidense resulta desconcertante, es que González aparentemente había estado en la nómina del cártel desde 2005, tiempo durante el cual tuvo distintos cargos en el gobierno. Conforme cambiaba de funciones, lo mantuvieron como un ‘activo’ del cártel, y la naturaleza de su involucramiento con los cárteles cambió. Es muy probable que proveyó de información acerca de otros departamentos del Ejército (no sólo del EMP) a lo largo de su relación de tres años con los cárteles”.

Las filtraciones muestran una parte de las debilidades. Y no sólo las telecomunicaciones están intervenidas por Estados Unidos. En 2003, el gobierno de Vicente Fox autorizó el despliegue de agentes de la Federal Air Marshal en los aviones que tienen por destino aquel país, o bien, en los que de aquella nación arriban a México.

Las facultades de la US Marshal Agency, creada en 1789, para aprehender a fugitivos requeridos por el gobierno estadunidense en otras naciones, para investigaciones internacionales y la protección de jueces, abogados y testigos, constan en el informe de rendición de cuentas de la administración 2000-2006, en el apartado correspondiente a las actividades de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Fue precisamente en 2003 cuando el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, cerraba el año con una respuesta a esta intervención —todavía desconocida, pues hasta 2007 fue ventilada por El Centro—, dejando en claro que México colaboraría con Estados Unidos en el combate al terrorismo y el crimen organizado: “en casos aislados donde se vea la necesidad de que podamos tener gente de seguridad nuestra, mexicanos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en los aviones con la bandera mexicana, lo vamos a hacer”.

En esa ocasión también informó que los servicios de inteligencia de Estados Unidos y México trabajarían juntos en la vigilancia y que los agentes policiales mexicanos ya tenían el entrenamiento necesario para vigilar los vuelos, pero nunca dijo que había autorizado la presencia del emblemático servicio de la US Marshal en los aviones con bandera estadunidense que transitan por aeropuertos nacionales.

Tal como documentó El Centro, agentes al servicio del United States Marshal —o Cuerpo de Alguaciles— establecidos en México, imparten un programa de entrenamiento en técnicas de investigación a las policías locales.

En 2003, el US Marshal Services informó lacónicamente que abrió oficinas en la Ciudad de México, en Kingston, capital de Jamaica, y en Santo Domingo, República Dominicana. Su misión sería coordinar con autoridades locales, investigaciones sobre fugitivos, arrestos y deportaciones, además de hacer participar en programas, cursos de capacitación y técnicas de sobrevivencia a policías mexicanos, jamaicanos y dominicanos.

La labor de los agentes del US Marshal parece ir un poco más allá: el miércoles 25 de marzo de 2009 el Departamento de Asuntos Internos de esa corporación confirmó que en la fronteriza Ciudad Juárez fue ejecutado su agente prófugo Vincent Bustamante, cuyo cuerpo —en descomposición y con huellas de una tortura salvaje— fue tirado y sumergido en un canal de irrigación en las cercanías de un parque industrial.

Un poco más: Bustamante era un oficial veterano y, lo que no se informó o se guardaron las autoridades para sí, es que era cabecilla de una banda de contrabandistas de armas a México. Había desaparecido una semana antes de su ejecución, cuando debía presentarse ante un juez federal, y conocía muy bien el área y a los delincuentes que operaban en esa zona porque también había sido agente de la policía de El Paso.

De 48 años de edad, comisionado en El Paso, Texas, Bustamante enfrentaba en su país acusaciones por robo de armas propiedad del gobierno estadunidense, que después se encargaba de hacer llegar a criminales mexicanos o a contrabandistas. Su fin fue trágico: múltiples balazos en la parte de atrás de la cabeza. En términos del crimen organizado esto tiene un significado: es el precio de la traición. Los asesinos ni siquiera lo despojaron de las credenciales de identidad que portaba.

Se intentó suavizar la información porque el caso habría representado evidencia sólida sobre la penetración real de la delincuencia organizada en cuerpos policiacos tan emblemáticos como el US Marshal, conocido como el más antiguo poder civil del gobierno estadunidense y el cuerpo policiaco más versátil, creado por George Washington.

Para algunos analistas independientes de Estados Unidos, la verdad habría tenido consecuencias profundas porque “no sería sólo el caso de un agente federal muerto”. Quedaban explícitas la materialización de la deshonestidad —traducida como corrupción— en las corporaciones federales y la información que éstas le habrían entregado a criminales mexicanos o estadunidenses sobre la protección, reubicación y nuevas identidades de testigos protegidos, un programa que opera el US Marshal Services.

Únicamente esta corporación sabe quiénes son, dónde están y en qué trabajan las más de siete mil quinientas personas a las que se les ha otorgado el estatus de testigo protegido, y en dónde están sus al menos nueve mil quinientos familiares.

Por eso se filtró que el agente tenía problemas financieros y que sólo empeñaba las armas gubernamentales robadas de la oficina, no que traficaba. La realidad: Bustamante tenía al menos diecisiete años de servicio en los cuerpos policiacos, incluido el US Marshal, y hacía tiempo radicaba, con su esposa y los dos hijos de ambos, en El Paso, donde era muy conocido.

Al momento de su ejecución estaba suspendido y bajo investigación; le habían recogido su placa de alguacil y su arma de cargo. Luego, el FBI investigó el caso como asalto a un policía ejemplar. Pero agentes mexicanos encontraron que la muerte tenía todas las características de una ejecución del crimen organizado. También se supo que la última vez que se le vio con vida estaba acompañado por agentes estadunidenses del servicio de Aduanas y de la migra. Muerto Bustamante, se acabó el caso en Estados Unidos.

Y todavía hubo más silencio en México cuando, por la importancia y lo que estaba en juego, la PGR ejerció su facultad para atraer e investigar el homicidio de Bustamante. Usado con una amplísima discreción, ese derecho que se aprobó durante el gobierno del priista Ernesto Zedillo Ponce de León ha servido más para esconder información, porque no está sujeta a ningún criterio ni hay obligación de dar a conocer los resultados. Hasta hoy se desconocen los de este asunto.

Especialistas como Javier Oliva han destacado en su momento que, “con el correr de los años (la atracción) comenzó a convertirse o en un obstáculo o en una evidencia de la falta de coordinación entre las autoridades judiciales locales y las autoridades judiciales federales (…) por lo que es necesario revisar la oportunidad, la agilidad que implica para la impartición de justicia en la investigación de algunos casos la facultad de atracción”.

El tema terminó por apagarse esa misma semana con la primera visita a México de la titular del Departamento de Estado, Hillary Clinton, quien manifestó su admiración por la guerra de Calderón contra los cárteles del narcotráfico. Pero ese día se recordó que en las cortes federales de Estados Unidos había pendientes y abiertos al menos doscientos casos por acusaciones de corrupción contra agentes del Departamento de Seguridad Interna, comisionados en la frontera.

Dos años después de la ejecución del agente Vincent Bustamante se hicieron públicos algunos detalles espinosos del contrabando controlado de armas a México, a través del operativo Rápido y Furioso, emprendido por autoridades de Estados Unidos, como lo reconoció la secretaria de Seguridad Interna de ese país, Janet Napolitano.

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