Los agentes del US Marshal

* Los agentes del US Marshal o servicio de alguaciles son familiares para nuestro país desde hace mucho tiempo: el 20 de noviembre de 1910, por ejemplo, pusieron en marcha un plan mayor en casi toda la zona fronteriza para seguir de cerca el movimiento armado mexicano. Casi ocho décadas después, en 1998, los alguaciles abrieron, oficialmente, una oficina de investigaciones internacionales en la Embajada de Estados Unidos, en el corazón de la capital mexicana.

 

Francisco Cruz Jiménez

La divulgación del operativo no fue una concesión gratuita a los mexicanos ni un apoyo al gobierno de Felipe de Jesús. Los estadunidenses fueron obligados a revelar algunos detalles cuando descubrieron que dos de sus agentes federales murieron asesinados en México —Brian Terry, de la Patrulla Fronteriza, en diciembre de 2010 y Jaime Zapata, en febrero de 2011— con armas que el gobierno de Estados Unidos entregó a criminales mexicanos.

Por si faltara algún ingrediente, y al margen de las negaciones de Napolitano sobre su conocimiento del tráfico controlado, el 3 de marzo de 2011 John Dodson, agente de la Administración de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), dijo a la cadena televisiva estadunidense CBS que sus superiores le ordenaron autorizar el contrabando de armas a México sin informar al gobierno de este país.

Dodson relató que sus superiores ordenaron en 2009 que las oficinas de la ATF en Arizona permitieran a contrabandistas adquirir armas con la intención de conocer su destino final en México. Y el destino final de las municiones de algunas de ellas fueron los cuerpos de dos agentes.

Según los informes y las estadísticas posteriores, Estados Unidos autorizó el envío ilegal de al menos 2 mil 500 armas de alto poder en un periodo de quince meses. Sin embargo, sólo algunos muy altos funcionarios estadunidenses conocen con precisión el número y la fecha exacta en que arrancó el operativo secreto para armar a los cárteles mexicanos.

Los agentes del US Marshal o servicio de alguaciles son familiares para nuestro país desde hace mucho tiempo: el 20 de noviembre de 1910, por ejemplo, pusieron en marcha un plan mayor en casi toda la zona fronteriza para seguir de cerca el movimiento armado mexicano. Les interesaban algunos revolucionarios y funcionarios del gobierno del dictador oaxaqueño Porfirio Díaz.

Los agentes recibieron órdenes de seguir de cerca, investigar y espiar a personajes como Francisco I. Madero, además de hacer lo mismo con aquellos porfiristas —empresarios o políticos— y revolucionarios que pudieran convertirse en un peligro para Estados Unidos. Casi ocho décadas después, en 1998, los alguaciles abrieron, oficialmente, una oficina de investigaciones internacionales en la Embajada de Estados Unidos, en el corazón de la capital mexicana.

En el marco de un conjunto de medidas adoptadas en materia de seguridad en los últimos seis años, las autoridades mexicanas permitieron que representantes de agencias de seguridad en el transporte y de aviación federal de Estados Unidos vigilaran los aeropuertos e instalaciones aéreas. Se autorizaron visitas de representantes de la Transportation Security Administration (Oficina de Seguridad del Transporte) a los aeropuertos mexicanos, con el fin de intercambiar puntos de vista sobre las medidas de seguridad en materia de aviación civil, aunque en realidad eran visitas para inspeccionar las terminales aéreas.

Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe de Jesús dieron luz verde a la presencia de funcionarios de la Federal Aviation Administration (Oficina Federal de Aviación) en aeropuertos e instalaciones aeroportuarias mexicanas, con el fin de evaluar la seguridad en estos puntos clave desde los que se podría vulnerar la seguridad del territorio norteamericano.

Otra facultad brindada a la Casa Blanca, al Pentágono y al Departamento de Justicia fue la posibilidad de sobrevolar con aeronaves gubernamentales estadunidenses el espacio aéreo mexicano. Claro, de conformidad con las Bases de Coordinación Aérea.

Como parte de las labores de inteligencia de la US Marshal en México se logró extraditar a territorio norteamericano, la madrugada del 9 de enero de 2007, a Jorge Arroyo García, alias Armando Arroyo, uno de los diez delincuentes más buscados por esa corporación. Acusado del asesinato del alguacil David March, en abril de 2002, Arroyo fue enviado a la cárcel del condado de Orange, en California.

Aquella madrugada, la Embajada mostró lo que esperaba de Felipe de Jesús: “con esta muy importante extradición, es claro que los gobiernos de México y Estados Unidos mantendrán la cooperación sin precedentes en materia de procuración de justicia —cuyo resultado dejó una cifra récord de sesenta y tres extradiciones el año pasado— y que enjuiciaremos a quien atente, cualquiera, contra los oficiales policiacos”.

La captura de Arroyo en febrero de 2006 se la adjudicaron elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, pero el embajador Antonio O. Garza les quitó el gusto mediante un comunicado de prensa que difundió el día 24 de aquel mes: “esta detención fue el resultado de la constante investigación y la estrecha cooperación entre el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshal) y la AFI. Reconocemos profundamente estos esfuerzos conjuntos. Este caso prueba que los criminales no pueden escapar de la justicia cruzando al otro lado de la frontera y demuestra el compromiso en ambos lados para aprehender y enjuiciar a los prófugos de la justicia”.

En otras palabras, la ubicación y captura de Arroyo —fugitivo desde 2002— fue posible gracias a las investigaciones de agentes estadunidenses adscritos al servicio del US Marshal, responsable desde 1996 del transporte de presos y de los llamados inmigrantes ilegales. La AFI sólo fungió como brazo ejecutor en la captura.

El 6 de marzo de 2007, El Centro publicó un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fechado el 5 de septiembre de 2006, que confirmó las operaciones de una oficina especial de investigación y lucha antiterrorista del FBI en México, cuya existencia siempre ha sido negada por las autoridades mexicanas. Se encuentra ubicada en la Embajada de aquel país, en pleno Paseo de la Reforma.

Según la publicación, la oficina especial del FBI trabaja “para evitar que los terroristas vaguen libremente por el planeta y para ponerlos ante la justicia”. A raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, el FBI sólo ha establecido ocho centros de este tipo en el mundo, todos con especialistas de primer nivel en materia de antiterrorismo e inteligencia contra el crimen organizado internacional. Las oficinas están ubicadas en las capitales de Jordania —Amán—, de Irak —Bagdad—, de Alemania —Berlín—, de Inglaterra —Londres—, de Francia —París—, de Israel —Tel Aviv— y de Italia —Roma—.

El FBI en México reportó directamente a su oficina en Washington que un presunto integrante del grupo islámico Al Qaeda, AdnanGushar el Shukrijumah, pasó por territorio nacional en 2004, procedente de Honduras. En su informe, plasmó la presunta intención del grupo islámico de utilizar a México como puente para introducirse en territorio estadunidense.

Agentes de esa oficina en Paseo de la Reforma también han apoyado al gobierno mexicano, como en 2006, cuando ayudaron a ubicar y  capturar a un grupo de hackers que violó la seguridad de la página oficial de la Presidencia de la República, que permaneció bloqueada por varias horas.

El martes 24 de abril de 2007, la extinta publicación, presionada por el gobierno debido a la información “incómoda” que presentaba a sus lectores, dio cuenta de cómo México —aunque ese México es Calderón— accedió a ser informante de Estados Unidos a través del acuerdo “Frontera Inteligente”, pero sin detallar a sus gobernados los datos que aportaría en los reportes.

“El gobierno de México se comprometió con Estados Unidos a entregar por adelantado información confidencial sobre los pasajeros que viajan a ese país en avión”, pero sin hacerlo del conocimiento de los mexicanos, como ocurre en Europa, donde el asunto se ventila públicamente en la prensa.

En México nadie puede conocer con precisión cuáles son los datos confidenciales que las líneas aéreas envían a Estados Unidos sobre cada pasajero que se sube a un avión para volar al vecino país del norte. El 21 de marzo de 2001, el gobierno de Vicente Fox signó con Estados Unidos el acuerdo de veintidós puntos para una “Frontera Inteligente”. El octavo capítulo de dicho tratado es denominado información adelantada de pasajeros en los vuelos entre los dos países y otros vuelos.

En 2004 las autoridades de la Comisión Europea negociaron con Washington un acuerdo similar, con el que aceptaron entregar treinta y cuatro datos personales. Apenas en 2006 permitieron también que esta información fuera consultada por agentes especiales del FBI y de la CIA.

Independientemente de los acuerdos bilaterales entre países, desde 2003 existe un Sistema de Información Avanzada (conocido en inglés como APIS) al que se adhirieron cerca de ciento cuarenta líneas aéreas de todo el mundo, y cuya guía fue elaborada por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y Aviación Civil Internacional. Esta guía recomienda a las aerolíneas informar sobre cada vuelo y cada pasajero. Los informes incluyen el día y la hora de partida, día y hora de llegada, último aeropuerto de llegada y salida, y número de pasajeros.

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