Verint: espionaje oficial

* En marzo de 2007, el gobierno del presidente George W. Bush anunció una aportación de 50 millones de dólares en tecnología para la detección de armas de destrucción masiva en tres puertos mexicanos. El Departamento de Estado confirmó que Verint Technology Inc. fue la ganadora de la licitación, convocada por la oficina de asuntos internacionales de antinarcóticos del mismo Departamento, para instalar en México un centro de espionaje telefónico.

 

Francisco Cruz Jiménez

Según la APIS, la información personal que las empresas aéreas tendrían que entregar es el número de pasaporte, Estado u organización que lo expidió y fecha de caducidad; nombre y apellidos, nacionalidad, fecha de nacimiento y sexo del pasajero. También se incluye el número de visa, fecha y lugar de expedición; lugar de residencia, lugar de destino, lugar de nacimiento, estatus del pasajero —tripulación o pasajero en tránsito— y número de grabación de datos del pasajero.

Las líneas aéreas que lleguen a Estados Unidos deben enviar la información vía electrónica a más tardar quince minutos después de que haya despegado el avión. Así, las autoridades estadunidenses pueden verificar con todo detalle la información en los bancos de datos de sus agencias de seguridad e inteligencia, antes de que el avión llegue a su territorio.

Sin duda, los gobiernos panistas son los que mayor simpatía han demostrado a los intentos y esfuerzos de Estados Unidos para instalar centros de espionaje en México, tal como lo denunció el 7 de marzo de 2006 Roberto Madrazo Pintado, entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República.

Según el ex candidato, ex gobernador y ex líder nacional priista, el gobierno de Fox otorgó un permiso para que el Departamento de Estado de Estados Unidos interviniera los teléfonos de 240 mil mexicanos. En una gira proselitista por Morelia, sostuvo que el espionaje a los opositores políticos se hacía desde el gobierno norteamericano. Aunque le faltaban elementos para probarlo, prefirió no quedarse callado.

Aquel día detalló que el gobierno mexicano había otorgado el permiso a través de la Agencia Federal de Investigaciones y la Procuraduría General de la República, para que esas doscientas cuarenta mil personas fueran investigadas con la justificación de tener presuntos vínculos con el crimen organizado.

Las empresas involucradas, como Teléfonos de México, rechazaron hacer cualquier aclaración al respecto. Otras, como Avantel-Axtel y la propia Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), dijeron desconocer la existencia de Verint y de cualquier acuerdo de cooperación para el espionaje de Estados Unidos en México.

En marzo de 2007, el gobierno del presidente George W. Bush anunció una aportación de 50 millones de dólares en tecnología para la detección de armas de destrucción masiva en tres puertos mexicanos. El Departamento de Estado confirmó que Verint Technology Inc. fue la ganadora de la licitación, convocada por la oficina de asuntos internacionales de antinarcóticos del mismo Departamento, para instalar en México un centro de espionaje telefónico.

La vocera de dicha oficina, Susan Pittman, indicó entonces que el contrato obtenido por Verint “es parte del paquete de la asistencia que nosotros otorgamos al gobierno de México para apoyarlo en sus esfuerzos de aplicación de la ley”, indicó la funcionaria. Asimismo, consideró que es el gobierno mexicano el que deberá explicar la forma en que se aplicará esta tecnología.

 

Sometimiento

 

Tres años después de la bomba soltada por El Centro, la revista Proceso desató una nueva polémica sobre el intervencionismo estadunidense. En su número del 14 de noviembre de 2010 reveló cómo, desde el foxismo, comenzaron las negociaciones para que el Pentágono trabajara abiertamente con sus agentes en territorio nacional, inclusive al interior de las dependencias federales.

En los hechos, y pese al rechazo de la Secretaría de la Defensa Nacional, personal de nueve instituciones de espionaje del vecino país operan al amparo de la gestión de Felipe Calderón. El centro de operaciones de la llamada Oficina Binacional de Inteligencia (OBI) se encuentra en el corazón de la Ciudad de México. Y de binacional sólo tiene los lugares de origen y el de operaciones, porque en ella únicamente trabaja personal norteamericano.

“Con el gobierno de Felipe Calderón, Estados Unidos logró lo que siempre ambicionó: establecer en la ciudad de México un centro de espionaje. Y fue el ascenso del narcotráfico en el país el que abrió la puerta a todas las agencias de inteligencia estadounidenses, predominantemente, militares, para que operen desde el Distrito Federal sin necesidad de encubrir a sus agentes como diplomáticos”.

Pese al rechazo de las Fuerzas Armadas para que esta oficina se estableciera en México, el director del Cisen, Guillermo Valdés Castellanos, no dejó de trabajar, durante lapsos entre los dos sexenios, en la puesta en marcha de la OBI. Inclusive, previo a formalizarse la existencia de la citada oficina —agosto de 2010—, el Departamento de Defensa de Estados Unidos comenzó a reforzar —en enero de 2009— la capacitación que en materia de inteligencia ya brindaba a miembros de la milicia mexicana. Varios militares recibieron esta preparación en bases estadunidenses.

Con la venia del Presidente de la República, los agentes norteamericanos no sólo investigan libremente a las organizaciones del crimen organizado y del narcotráfico, sino también vigilan a todas las dependencias gubernamentales, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México.

De la mirada incansable e insaciable tampoco se salvan las representaciones diplomáticas acreditadas en territorio nacional. Con la OBI se da luz verde para que el trabajo de las dependencias y funcionarios mexicanos sea supervisado, vigilado y calificado por ojos extranjeros.

“Según el acuerdo formal, en la nueva oficina los agentes estadounidenses interactúan con sus contrapartes mexicanos bajo la coordinación del Departamento de Estado y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para el Pentágono, la marcada presencia de sus agentes en territorio nacional tiene como propósito fusionar los servicios de inteligencia y espionaje de los dos países para identificar y explotar las vulnerabilidades de las organizaciones del narcotráfico y de las bandas de la delincuencia organizada. Bajo esa directiva, dada a conocer el 18 de marzo (2010) último por el general Víctor Eugene Renuart, entonces jefe de del [sic] Comando Norte, en México se han efectuado varios operativos exitosos contra narcotraficantes (…)”, plasma la publicación.

A un costado de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en el número 265 de avenida Paseo de la Reforma, en el piso veintidós y los tres correspondientes al penthouse, predominan, según la publicación, los agentes del Pentágono, del que dependen la Agencia de Inteligencia Militar (DIA), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia Nacional de Seguridad.

Con un menor número de espías está el Departamento de Justicia, del que se desprenden el FBI, la DEA y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. En tanto, el Departamento de Seguridad Interior cuenta con dos áreas, la de Inteligencia de Guardia Costera (CGI) y la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio (ICE). Por su parte, el Departamento del Tesoro tiene agentes de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros (TFI).

“Además, la OBI abrió dos oficinas ‘satélites’: una en Ciudad Juárez y otra en Tijuana, donde los agentes estadounidenses comandan “fuerzas de tarea” contra el narcotráfico, con el apoyo de personal mexicano. Se desconoce el número de elementos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que trabajan en territorio mexicano con la autorización del gobierno federal a partir de la apertura de la OBI, anunciada el 31 de agosto pasado, pues las autoridades mantienen esa información como ‘clasificada’”, relata.

Cada una de las personas o vehículos que circulan cerca del edificio de Reforma 265 son captados por cámaras especiales de vigilancia, colocadas ahí por el Gobierno del Distrito Federal, no obstante la cercanía con el inmueble de la Bolsa Mexicana de Valores y con la Embajada estadunidense.

“El edificio de Reforma 265 es el más alto del lugar, lo que impide que desde lo alto se pueda auscultar el modus operandi y el despliegue tecnológico de ese cuartel de inteligencia (…) El edificio donde operan los servicios de inteligencia de Estados Unidos parece un inmueble más en esa zona que alberga bancos, aseguradoras, oficinas de telecomunicaciones y comerciales y despachos privados. Lo único que llama la atención es la entrada y salida de ciudadanos estadounidenses”.

Las dependencias mexicanas integradas a la OBI son el Cisen, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública federal, subordinadas a los servicios de seguridad e inteligencia de Estados Unidos.

El fortalecimiento de la colaboración de la inteligencia estadunidense ha creado los principales productos “propagandísticos” del calderonismo: las ejecuciones de Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”, de Ignacio “Nacho” Coronel y Ezequiel Cárdenas Guillén, alias “Tony Tormenta”. Otras victorias robadas son las detenciones de Edgar Valdez Villarreal “La Barbie”, Teodoro García Simental “El Teo”, y José Gerardo Álvarez Vázquez “El Indio” o “El Chayán”.

Otra oficina de inteligencia estadunidense establecida en México desde 1974 y que ha tenido notables triunfos es el Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC, en inglés), cuyo funcionamiento se limita a la frontera entre ambos países y opera contra el narcotráfico, el tráfico de armas y otras formas de delincuencia organizada.

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