El negocio de la delincuencia organizada

* Las transas, las discrecionalidades, la falta de seriedad y la sangre son el broche de oro con que el calderonato ha sellado sus programas de combate a la delincuencia organizada. Las inversiones económicas en la creación de “nuevos mecanismos de inteligencia”, principalmente contra el narcotráfico, son fallidas y onerosas, pese a que el trabajo eficaz es realizado por las agencias y centros de Estados Unidos en México.

 

Francisco Cruz Jiménez

Entre los éxitos de este Centro (Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC, en inglés), destacan la Operación Tigre Blanco en 1997, con la que se investigaron las actividades de la familia Hank Rhon. Asimismo, la captura y extradición en 1996, del cabecilla del cártel del Golfo, Juan García Ábrego. En 1998, el EPIC descubrió las narcofosas de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El EPIC proporciona tácticas de inteligencia que elabora a través de la vigilancia de operaciones, analizando apoyos y entrando a una variedad de bases de datos estatales y federales. Está dirigido por la DEA y se considera el centro nervioso de los esfuerzos de inteligencia en la frontera México-Estados Unidos y la base del Grupo de Inteligencia del Suroeste del FBI. Esta agencia está integrada por alrededor de trescientos agentes, analistas, expertos en computación, administradores y equipos de apoyo de quince agencias federales.

Para el EPIC, todos los datos aportados por las diferentes agencias forman un gran rompecabezas que, una vez armado o descifrado, les permite realizar arrestos, decomisos y destruir el tráfico de drogas. En tanto, el FBI mantiene en este Centro a doce agentes y analistas que ayudan con las investigaciones y recursos de análisis.

Estratégico como es México, el gobierno de Estados Unidos cuenta con al menos treinta y un corporaciones policiacas y de inteligencia cuyas tareas incluyen el espionaje de campo. No se trata sólo de seguimiento de información. Herméticos y sistemáticos, los estadunidenses parecen decididos a controlar, cada día un poco más, la vida de sus vecinos del sur. El narcotráfico y el terrorismo les han dado los pretextos sólidos. La gama infinita de la iconografía de la guerra contra las drogas es apenas una muestra de la realidad.

 

A la mexicana

 

Las transas, las discrecionalidades, la falta de seriedad y la sangre son el broche de oro con que el calderonato ha sellado sus programas de combate a la delincuencia organizada. Las inversiones económicas en la creación de “nuevos mecanismos de inteligencia”, principalmente contra el narcotráfico, son fallidas y onerosas, pese a que el trabajo eficaz es realizado por las agencias y centros de Estados Unidos en México.

El otorgamiento de contratos para implementar programas de seguridad se hace de manera discrecional y sospechosa, entre estos se cuenta el Sistema Único de Información Criminal que se entregó a una empresa con antecedentes negativos, como sanciones aplicadas por la Secretaría de la Función Pública.

Otro ejemplo del derroche y la falta de resultados es Plataforma México, conocida también como Sistema Único de Información Criminal (SUIC), que forma parte de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia.

Según el Programa de Seguridad que presentó la Secretaría de Seguridad Pública federal en marzo de 2007, en el marco de las cien acciones para los primeros cien días de gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el SUIC es “un desarrollo tecnológico de interconexión y telecomunicaciones para correlacionar todas las redes de las dependencias afines a la seguridad pública, impulsando un proceso de actualización de la red nacional de telecomunicaciones y evolucionando el concepto de cómputo, comunicaciones, control y comando (C4), para escalarlo a nodos de interconexión de telecomunicaciones (NIT)”.

A más de tres años de su nacimiento, las irregularidades en la asignación de contratos y obras de Plataforma México surgen ante el más mínimo cuestionamiento. El periódico La Jornada, en su página seis del domingo 4 de abril de 2010, desnudó al programa y con ello a la SSP federal.

Se han gastado “mil setenta y tres millones seiscientos treinta y dos mil ochocientos treinta y cinco pesos en obras, servicios y equipamiento de las instalaciones respectivas”, según respondió la propia dependencia a una solicitud de información. A ese monto se suman tres millones de pesos erogados en diciembre pasado (2009) en un espectacular colocado en un edificio ubicado en avenida Reforma, esquina Lancaster, según copia de la factura 35832.

“De acuerdo con la información de la SSP, los trabajos para el combate a la delincuencia y eficiencia en el desempeño de la Policía Federal implicaron el desarrollo de diversas obras públicas, servicios relacionados con las mismas y equipamiento contratado. […] De 2007 a 2009, Plataforma México adjudicó a varias empresas veintinueve contratos sin concurso para la asignación de las obras. La SSP no especifica el tipo de trabajo, el equipamiento contratado ni las empresas beneficiadas; sólo indica el total de los costos. El de mayor cuantía es el F/OM/DGOPS/OP/AD/135/2008, por doscientos ochenta y nueve millones sesenta y cinco mil quinientos setenta y tres pesos.

“Pese a la fuerte erogación de recursos en Plataforma (casi equivalente al presupuesto de la SEIP —Subsecretaría de Estrategia e Inteligencia Policial— en 2008, de mil seiscientos cincuenta y cuatro millones trescientos mil pesos) en la última evaluación de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación que abarca ese año, se advierte la omisión de diversas tareas para las que fue creada, así como la propia SEIP.

“Algunas omisiones consignadas por la ASF en la auditoría de la Cuenta Pública 2008 son que mediante Plataforma, la SSP no cumplió con su labor de supervisar los sistemas nacionales de emergencia telefónica y los centros de atención a víctimas del delito. En tanto, los registros de los sistemas automatizados y manuales de la SIEP no permitieron identificar el seguimiento de los servicios de protección de instalaciones estratégicas y federales coordinados por esas instancias. En consecuencia: los mecanismos de control interno fueron insuficientes para generar información oportuna con el fin de que la SSP cumpliera con su labor.

“Tampoco logró establecer mecanismos de control y seguimiento sobre las acciones de coordinación que realiza para la protección de las personas, así como generar información oportuna y suficiente para su atención, entre otras observaciones, recomendaciones, aclaraciones y procedimientos de sanción a servidores públicos (39 en conjunto), que estableció la ASF y que en estos días el órgano interno de control de la SSP federal tendrá que responder”.

Pero el Sistema Único de Información Criminal arrastra problemas casi desde su creación, pues las autoridades de la SSP, lejos de allegarse los mejores recursos para fusionar la información de inteligencia policial de las distintas instituciones de seguridad pública, a través de la interconexión de sus redes para crear la base de datos a disposición de las autoridades de los tres niveles de gobierno, se sumergieron en el escándalo.

En diciembre de 2007, la SSP asignó a Mainbit S. A. de C. V., empresa sancionada con anterioridad por la Secretaría de la Función Pública, un contrato multianual de servicios informáticos por más de mil trescientos millones de pesos.

Por esa razón y dada la opacidad en la asignación del contrato millonario, el representante legal de la empresa Integradores de Tecnología, Enrique Miguel Samper Aguilar, y la de Arrendamientos y Servicio en Computación, Diana Hernández Almeida, se inconformaron ante la Secretaría de la Función Pública. En su queja expusieron que la dependencia a cargo de Genaro García Luna favoreció de manera “dolosa” a Mainbit, pues se le asignó el contrato en tan sólo diecisiete días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria.

Los inconformes refirieron que no se hizo la debida valoración de la empresa responsable de brindar el delicado servicio de Plataforma México y todo lo que implica: manejar bases de información clasificada y restringida, como reportes de inteligencia, investigación policial y el padrón de policías de todo el país, entre otros datos de acceso limitado.

En su argumentación, los abogados de las dos empresas —de cinco que concursaron en total— señalaron que el fallo de la licitación se hizo público apenas pasadas cuarenta y ocho horas de la presentación formal de las propuestas —24 y 28 de diciembre, respectivamente—, lo cual, aseguran, hace evidente que no se estudiaron las más de ocho mil cuarenta y un hojas entregadas por todos los aspirantes.

Según lo establecido en la licitación pública 00022001-017-07, Mainbit se comprometió a establecer, en un plazo de cinco años, un Centro de Administración Tecnológica para “proveer a los usuarios de la dependencia y sus órganos desconcentrados de capacidad de cómputo y conectividad con altos niveles de servicio”.

La convocatoria para el concurso de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios del sector público, publicada por la SSP el jueves 6 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, detallaba que la fecha límite para adquirir las bases de la licitación 00022001-017-07 fue el 11 de diciembre; la presentación y apertura de proposiciones vencía el día 18 del mismo mes, a las diez horas, y el acto de fallo se estableció al 20 de diciembre a las diecisiete horas.

Por sus apariciones en el portal de CompraNet y en la base de datos del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la empresa Mainbit es una de las favoritas de las dependencias a la hora de otorgar contratos, pese a contar con varias demandas, descalificaciones, rescisiones e inhabilitaciones por incumplimiento con diversas dependencias del sector público.

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