La injusta ley

* Eva Cecilia Pérez Vargas, de 16 años, desapareció el 26 de noviembre de 2011 en Tlalnepantla. Su madre, Amparo Vargas, pidió apoyo al ex gobernador de la entidad y ahora presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, sin ser escuchada.

 

Gladis Torres Ruiz/ CIMAC

Amparo Vargas, madre de Eva Cecilia, joven de 16 años víctima de César Armando Librado Legorreta, “El Coqueto”, alertó que la condena de cárcel que se prepara contra el feminicida confeso podría disminuir luego de que el criminal se mostró “dispuesto” a colaborar en las investigaciones del caso.

En entrevista con Cimacnoticias, la madre de la última víctima del feminicida detenido en febrero pasado, indicó que las abogadas y abogados que llevan el caso les informaron a las familias que la sentencia contra “El Coqueto” podría reducirse debido a que ha colaborado para reunir las pruebas necesarias, y ampliar la indagatoria sobre los asesinatos de siete mujeres –tres de ellas menores de edad.

Advirtió que no sería justo que el juez de Control y Juicios Orales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con sede en Tlalnepantla, José Luis Embriz Vázquez –quien lleva el caso–, tomara en cuenta que el feminicida ha colaborado “cuando con total cinismo declaró cómo abuso sexualmente y asesinó a nuestras hijas”.

Eva Cecilia Pérez Vargas, de 16 años, desapareció el 26 de noviembre de 2011 en Tlalnepantla. Su madre, Amparo Vargas, pidió apoyo al ex gobernador de la entidad y ahora presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, sin ser escuchada.

Ahora la mujer exige que Librado Legorreta sea juzgado bajo todo el rigor de la ley. “Él no se tocó el corazón para matar a mi hija que era una niña, ahora nos comentan que está contribuyendo, lo que podría originar que la pena bajara. Sólo sabemos que lo podrían sentenciar a 70 años por cada una de nuestras hijas; ahora con esto no sabemos cuánto bajaría (la condena)”, afirmó la madre de familia.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) confirmó a esta agencia de noticias que Librado Legorreta es procesado por el delito de feminicidio, el cual quedó tipificado en el Código Penal estatal el 18 de marzo de 2011 con penas que van de 40 a 70 años de prisión.

Amparo Vargas recordó que ella dijo a las autoridades que quien plagió a su hija podría estar en la ruta de microbuses, ya que la última vez que se le vio fue al abordar la unidad de la Ruta 2 que, después se supo, manejaba “El Coqueto”. Los ministeriales nunca investigaron esa hipótesis.

Librado Legorreta, de 29 años, cometía sus violaciones y homicidios entre el DF y el Estado de México en el microbús del transporte público que manejaba y pertenecía a la Ruta 2, que corre del Metro Chapultepec a Valle Dorado, en el municipio de Tlalnepantla.

El cuerpo de Eva Cecilia Pérez Vargas fue localizado 40 días después de su desaparición debajo de un puente del Circuito Exterior Mexiquense, en la zona de Tultitlán.

Amparo Vargas precisó que las madres y familiares de las víctimas han visto en dos ocasiones al feminicida en el penal de Barrientos, una antes de su fuga y la otra, días después de la segunda detención.

Informó que el próximo 19 de octubre se realizará en ese reclusorio una audiencia en la que estarán ambas partes involucradas.

Entre 2005 y 2011, durante la gubernatura del ahora presidente electo, Enrique Peña Nieto, fueron asesinadas 922 mujeres en el Estado de México, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

La mayoría de los crímenes ocurrieron en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán.

 

Exigen a diputadas crear Comisión de Feminicidio

 

Más de 200 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) del país exigieron a la Legislatura entrante crear la Comisión Especial para el Seguimiento del Feminicidio y Desapariciones de Mujeres, la cual hasta el momento no ha sido considerada por las y los diputados como prioritaria, a pesar del alto número de niñas y mujeres víctimas de ambos flagelos.

En los últimos cuatro años en México se han registrado 3 mil 139 víctimas de feminicidio en 13 entidades del país; en tanto que en sólo nueve estados 3 mil 149 mujeres están desaparecidas, y cuyas edades oscilan entre 10 y 17 años, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

En un comunicado, las y los firmantes, entre los que se encuentran más de 40 organizaciones del país que integran el OCNF, afirmaron que hoy en México la situación de violencia contra las mujeres es una emergencia, toda vez que nuestro país ocupa en el mundo el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres.

Por ello demandaron a las y los diputados propongan una instancia especial que investigue el feminicidio y las desapariciones de mujeres, ya que “hasta el momento no se ha considerado como prioridad la creación de una comisión que atienda el creciente problema de la violencia feminicida”.

Lo anterior luego de que el pasado 20 de septiembre diputadas y diputados de las distintas fracciones parlamentarias solicitaron, a través de puntos de acuerdo, la creación de cerca de 32 comisiones especiales sobre temas diversos, sin embargo nadie pidió la creación de la Comisión Especial del Feminicidio, tal como informó Cimacnoticias.

En entrevista, la ex diputada federal Teresa Incháustegui, también ex presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio, y una de las firmantes de la petición, dijo que sería sumamente grave que siendo esta la Legislatura donde hay más diputadas no se atendiera algo tan importante como lo es el derecho a la vida y la seguridad de las mujeres.

La LXII Legislatura de la Cámara de Diputados esta integrada por 186 mujeres, 50 diputadas federales más que en la Legislatura anterior, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a los partidos políticos a cumplir con la cuota de género.

“No es un tema encantador (el feminicidio), ni de mucho lucimiento; es decir, no es la parte bonita, es complicada y de difícil trato con los gobiernos estatales. Es un tema que no lleva dinero como la Comisión de Presupuesto, pero sería muy grave que sólo quisiéramos tocar los temas encantadores y bonitos de la agenda de género, y dejemos de lado temas tan sensibles como el de la violencia feminicida”, advirtió Incháustegui.

En su comunicado, las activistas reiteraron la importancia de dar continuidad a los trabajos realizados por la Comisión Especial de Feminicidio en la Legislatura pasada, y tomando en consideración las recomendaciones de julio pasado emitidas al Estado mexicano por el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Las OSC exigieron que se agilice la homologación y la tipificación del feminicidio con elementos objetivos que permitan su adecuada admisibilidad en los códigos penales locales, y se fiscalice la estandarización de los protocolos de investigaciones criminales con perspectiva de género.

También pugnaron porque en todas las entidades de la República y a nivel federal haya un solo modelo de registro para feminicidio u homicidios en razón de género y para la desaparición de mujeres.

En el documento, también firmado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, se indica que el órgano legislativo deberá evaluar de manera permanente los servicios de atención a la violencia en contra de las mujeres en las instituciones de salud, en las instancias de la mujer, y en la procuración e impartición de justicia.

Así como fiscalizar la implementación de las políticas públicas establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de prevención.

Además las activistas agregaron que la comisión especial deberá dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Campo Algodonero, referente al asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2001.

En la 59 Legislatura de la Cámara de Diputados (2003-2006) se creó la Comisión Especial del Feminicidio, presidida por la antropóloga y diputada del PRD Marcela Lagarde, y mediante la cual elaboró la primera investigación sobre violencia feminicida en México.

En la LX Legislatura (2006-2009), la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana fue presidida por el PAN.

Para la LXI Legislatura (2009-2012) se volvió a crear la Comisión Especial de Feminicidio, encabezada por la perredista Teresa Incháustegui, y desde la cual se impulsó la iniciativa para tipificar penalmente este delito a nivel federal.

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