Los 8 pesos

* “La opción es caminar pero no es viable. Quienes aparentemente no sufren son los dueños del transporte urbano y foráneo, que encabeza la familia Alcántara, apéndice empresarial del Grupo Atlacomulco, y que encabeza al Grupo Toluca, forjado por el ex senador mexiquense Jesús Alcántara Miranda y que aglutina a las líneas Flecha Roja; Flecha Amarilla; Herradura de Plata y Turismo Triángulo Rojo. Roberto Alcántara Rojas, su hijo, es accionista mayoritario y presidente del Consejo de Administración del consorcio Iamsa que controla Ómnibus de México, Enlaces Terrestres, Primera Plus y Autobuses del Noreste”.

 

Miguel Alvarado

El alza al transporte público ha causado en Toluca confusión, pero sobre todo enojo porque las tarifas no resultaron las anunciadas. Cierto, todos estaba avisados y las líneas que operan en la ciudad han pegado sendos letreros donde se corrige el anuncio que incrementaba en un peso la anterior tarifa, de siete pesos. En el mejor de los casos, los 8 pesos que se pactaron se cobran sin más, pero el precio incrementa cada 5 kilómetros. Pero la distancia puede ser tres cuadras o 15 kilómetros. El chofer decide. Para ellos, el aumento en realidad ha llegado a 8.50 pesos para recorridos dentro del primer cuadro de la ciudad. Los reclamos no sirven de nada porque además no hay con quién quejarse. Los precios más caros los aplican los radiotaxis, que cobran hasta 17 pesos por los primeros 5 kilómetros recorridos, que representa 14 por ciento de alza. El gobierno estatal de Eruviel Ávila, cuyo lema dice “Piensa en Grande”, estuvo de acuerdo con el incremento para toda la entidad, pero no ha ejercido presión para que el servicio mejore. No es de su incumbencia. La Secretaría del Transporte cumplió con publicar las tarifas y las zonas geográficas de su aplicación. Las concesiones para explotar en servicio público en la entidad cuesta 24 mil 641 pesos para autobuses; 20 mil 203 pesos para minibases y vagonetas y 16 mil 428 pesos para camionetas de carga y pasaje. El taxi, definido como “vehículo de 4 puertas sin incluir el portaequipaje, con un máximo de 5 asientos y un mínimo de 4 incluido el del operador”, cuesta 19 mil 14 pesos. Sin embargo, la Asociación de Empresarios y Ciudadanos considera que el 20 por ciento de ese parque vehicular puede ser considerado como chatarra. Datos del PRD estatal afirman que la entidad cuenta con 126 mil unidades de transporte público, y que de éstas, sólo 35 mil han sido regularizadas, aunque se mantienen en circulación 15 mil vehículos piratas. En promedio, un usuario mexiquense pasa dos horas diarias a bordo de un autobús. Esta industria da trabajo a unos 200 mil choferes. Por su parte, el ayuntamiento de Toluca considera al transporte público como el principal problema de la ciudad, incluso por encima de la inseguridad, el narcotráfico y el tráfico de influencias. A pesar de su buena voluntad, no ha ejercido cambios tangibles. No hay un reordenamiento de rutas, que duplican trayectos de manera innecesaria, por ejemplo, pero tampoco solucionan los puntos más importantes, detallados en un estudio de la universidad estatal, y que enumera de la siguiente manera: “Duplicidad de rutas, vialidades saturadas por diferentes empresas en horas pico, competencia entre empresas de transporte público urbano, excesiva oferta de transporte público, desplazamientos lentos, las empresas han tejido complicadas rutas que se extienden de manera desigual en Toluca y su zona metropolitana, existen colonias marginadas de servicios y zonas con servicios, recorridos largos (el promedio es de una a dos horas, desde el origen hasta el destino; los usuarios del transporte público urbano no tienen otra opción”. La opción es caminar pero no es viable. Quienes aparentemente no sufren son los dueños del transporte urbano y foráneo, que encabeza la familia Alcántara, apéndice empresarial del Grupo Atlacomulco, y que encabeza al Grupo Toluca, forjado por el ex senador mexiquense Jesús Alcántara Miranda y que aglutina a las líneas Flecha Roja; Flecha Amarilla; Herradura de Plata y Turismo Triángulo Rojo. Roberto Alcántara Rojas, su hijo, es accionista mayoritario y presidente del Consejo de Administración del consorcio Iamsa que controla Ómnibus de México, Enlaces Terrestres, Primera Plus y Autobuses del Noreste. Este grupo había planeado, en el 2009, obtener el control absoluto de todos los derroteros, al menos en la ciudad de Toluca, aprovechando los planes de reordenamiento. La propuesta era crear una controladora que administrara al resto de las empresas, pero hasta el momento no ha tenido avances. Otro de los dueños es Axel García, un ex alcalde de Cuautitlán Izcalli que a través de la empresa Izgaza ejerce un monopolio de línea dura. Es presidente de la Asociación de Alianza de Autotransporte de la República Mexicana. “Muchas de las concesiones están en manos de poderosos políticos, donde se incluyen los nombres de los ex gobernadores Arturo Montiel y César Camacho Quiroz; del secretario del Medio Ambiente, Gustavo Cárdenas Monroy; de la familia Alcántara; del panista Juan Carlos Núñez Armas y del ex secretario del Transporte, Fernando Maldonado”, apunta el periodista Elpidio Hernández para este semanario. Otros son los empresarios Vicente Coss Ramírez, Guadalupe Uribe y Román Dávila, considerados caciques del transporte. Así, política y actividad empresarial van de la mano en el negocio del transporte público en el Estado de México. Caso aparte es el del ex secretario Fernando Maldonado, quien por un lado impulsaba una reforma a la actividad pero por otra tiene participación económica en empresas. Las reformas nunca pudieron completarse, en el sexenio de Enrique Peña. Las autoridades simulan, en el mejor de los casos, preocupación y atingencia, pero cambios de fondo pocas veces pueden impulsarse. El ayuntamiento de Toluca, con todo y sus prioridades, se enreda en sus propios negocios, donde funcionarios públicos prefieren armar redes internas de corrupción que trabajar para las funciones que son contratados. “García Aguilera, emparentado con el extinto profesor Carlos Hank González por contraer matrimonio con una de sus sobrinas, es famoso por su capacidad para comprar voluntades pero también por la violencia utilizada para invadir derroteros ajenos. Amparado en el transporte público, ha logrado forjar una carrera política que tuvo su punto más alto en el sexenio de Arturo Montiel Rojas. En 1988 pasó de transportista a alcalde de Cuautitlán Izcalli, luego a subprocurador general de Justicia y más tarde a fiscal especial para combatir los delitos cometidos por fraccionadores; en 2006 el líder de los ruleteros intentó malogradamente repetir en la alcaldía de Cuautitlán, ahora abanderado por los petistas tras ser expulsado de las filas tricolores”, recuerda Hernández. Una especie de cruzada contra el transporte público en Toluca se organiza desde “Metrobús Ya”, con presencia en redes sociales, organiza marchas y aglutina a estudiantes, uno de los sectores más afectados por el incremento. El ayuntamiento local ha calificado a la capotal mexiquense como una “ciudad estudiantil” y es en esos términos que ha diseñado su plan de trabajo. Pero ante un problema que involucra mediación ante empresarios y aplicación de la ley, nada ha podido concretar. La misma Universidad estatal intentó negociar un descuento para ellos, inútilmente.

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El Barco Ebrio

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La ex alcaldesa de Toluca, la priista María Elena Barrera, pudo controlar a su ayuntamiento. Hoy senadora, Barrera dejó armado un grupo de funcionarios que con el tiempo organizó una pequeña mafia que autorizaba compras y contrataba proveedores que los beneficiaban individualmente. Además, esos funcionarios estaban emparentados con la ex secretaria particular de Enrique Peña Nieto.

 

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Un ejemplo de lo anterior lo proporciona el DIF municipal, dirigido actualmente por Diana Elisa González Calderón, hermana de la nueva alcaldesa, la priista Martha Hilda González. Allí trabaja José Marías Iglesias Becerril, quien aparece en el directorio de la instancia como jefe de Departamento de Adquisiciones. El entramado, revelado a este semanario por un empleado de aquella dependencia, enfatiza el tráfico de influencias que un grupo puede llegar a tener, pero también cómo se construye un capital, financiero y político, a lo largo de una carrera que implica cargos públicos.

 

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José María es novio de Patricia Garduño, hermana de la actual directora de la Tesorería del DIF municipal, Laura Garduño., todos colaboradores de María Elena Barrera Tapia, prima-hermana a la sazón de Martha Verónica Tapia Mejía y hermana de Elizabeth Tapia Mejía, quien al mismo tiempo se convierte en una de las proveedoras consentidas de José María.

 

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Martha Verónica Tapia Mejía estaba casada con Carlos Ocaña Ponce, ex jefe del Departamento de Servicios Generales del Instituto de Salud del Estado de México, hasta hace 4 años. Sobre Ocaña pesan señalamientos sobre “compras fraudulentas, ficticias, comprobaciones de gastos con facturas apócrifas, creación de empresas de su propiedad y a las que se le contrata para dar mantenimiento al servicio de cómputo, pagando facturas elevadas por los servicios, desvío de recursos para promocionar remodelación y ampliación de su academia”, narra el denunciante.

 

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Carlos Ocaña y su esposa, Martha Verónica Tapia Mejía, deciden divorciarse para desvanecer nexos familiares, pues Ocaña había elegido a otra prima-hermana de la ex alcaldesa Barrera, Liliana Marisol Tapia Mejía, como jefa de Servicios Generales en el mismo ISEM, cuando él fue enviado a trabajar en Agua y Saneamiento.

 

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La prima estuvo allí cerca de 3 años y medio, pero aprovechó para contratar como proveedor a su esposo, Ángel Emilio Arellano Novoa, quien prácticamente le vendió todo al Instituto de Salud mexiquense. Un ejemplo, dice el denunciante, es la renta de oficinas móviles, cuyo costo real era de 10 mil pesos pero que Arellano Novoa lograba facturar hasta en 150 mil pesos.

 

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Por su parte, Carlos Ocaña pudo comenzar un negocio propio como constructor de casas en San Antonio Buenavista, para el cual utilizaba como operadora a Citlali Mariana Acosta. Pero las ventas para el ISEM también incluían servicios de transporte, mantenimiento y construcción.

 

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Ocaña tenía ya antecedentes sobre corrupción, cuando trabajaba en las oficinas del Seguro Popular que se ubicaban en el ISEM, en Avenida Tecnológico de Metepec. Una auditoría interna lo habría inhabilitado en tanto se investigaba un robo en esa dependencia. Un personaje más en esa trama es José Ricardo Mondragón Tapia, sobrino de la doctora Barrera, y quien es jefe de Recursos Materiales en el IMEVIS (Instituto Mexiquense de la Vivienda Social).

 

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El diario local Alfa documenta que “el ayuntamiento se autorizó el gasto de un millón 993 mil pesos para el pago de celulares de su alta burocracia, incluida la alcaldesa y 2 millones 268 mil para Nextel, de acuerdo a sus reportes financieros disponibles en el portal de Transparencia. Ese dinero bien pudo ser invertido en cosas más útiles para los habitantes, como limpiar la ciudad, por ejemplo”. Esto, en el actual periodo de Martha Hilda González Calderón.

 

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“Pero ese no es el único dispendio. Para que Martha Hilda salga muy bonita en todos los medios de comunicación, dispone de un presupuesto de 21 millones 532 mil pesos etiquetados como “Comunicación Social”, y otros 17 millones 551 pesos para “Publicidad y Propaganda”. Está claro que en su lógica no importa lo que son, sino cómo se ven”, remata el mismo diario Alfa.

 

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Mientras unos se clavan todavía en la final pambolera ganada por el América, otros se aprestan para estrenar equipos nuevos, como la presidencia municipal de Valle de Bravo, que rentó una franquicia para la Tercera División profesional. Proveniente de Mérida, esta franquicia costó muy poco. Un depósito por 120 mil pesos y una renta anual por 400 mil pesos. Casi nada en comparación a las cantidades manejadas por el Ame o los diablos rojos y “Saturnine”. La apuesta de Valle de Bravo por el turismo incluye una enorme variedad de eventos, pero también la inclusión del futbol. De entrada, anuncian que todos los jugadores serán vallesanos

 

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No es nuevo que dependencias de gobierno le entren al negocio del fut. Tampoco que los políticos estén involucrados. Un ejemplo cercano lo puso el ex alcalde petista de Metepec, Óscar González, cuando levantó una cosa llamada Garañones, también en la Tercera División, y se dedicó a hacer bisnes con los jugadores. Uno de sus operadores, hace dos años, era el ex director de la policía municipal, Ricardo Ramos Arzate, quien cobraba los servicios públicos de la municipal a fraccionamientos y empresas, a quienes alquilaba los policías para servicios privados. El propio González se vio obligado a separarlo del cargo, pero no de la sociedad que habían iniciado en el fut.

 

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Como policía, Ramos se hizo famoso por sus actividades irregulares. Pero en el mundo del futbol se volvió todavía más poderoso porque resultó bueno para detectar “nuevos valores”. Con la promesa de entrenarlos y colocarlos en un equipo mejor, Ramos trajo a Metepec futbolistas casi niños para los Garañones, a quienes se les ofrecía casa y comida, aunque nada de sueldo. El ex policía sondeaba los mercados y los ubicaba, como había prometido, en otros equipos, aunque a veces ni siquiera tan invisibles como el de Metepec. La cosa era que el jugador no obtenía nada por su traspaso, pues así estaba pactado, y debía jugar aun contra su voluntad en destinos improbables. En eso del futbol, no sólo Azcárraga de quita la camiseta en cadena nacional. Pero él es uno de los dueños del país. Los otros, imitadores, se suman a la cohorte de estafadores que todos los oficios y profesiones tienen.

Ivonne, la ficha

* Ivonne Ortega Pacheco es propietaria de mil 706 hectáreas que se extienden desde su municipio natal, Dzemul, hasta la franja costera que delimita esa localidad rural; 75 por ciento del terreno fue adquirido por sólo 412 mil pesos; es decir, alrededor de tres centavos por metro cuadrado”, recuerda el periodista Francisco Cruz Jiménez de la ex gobernadora de Yucatán, en el linbro Los Golden Boy’s, publicado por Planeta en el 2012.

 

Francisco Cruz Jiménez

Ivonne Ortega es operadora política y una de las figuras más cercanas a Peña Nieto, quien la apoyó para llegar a la gubernatura de un estado en poder del Partido Acción Nacional. Administra una entidad que es paso obligado para el tráfico de ilegales y drogas provenientes de Sudamérica, pero no se inquieta y prefiere el modelo de gobierno trazado por el gobernador mexiquense en publicidad e imagen. En 2010 fue reconocida por el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza como una de los Jóvenes Líderes Globales, misma distinción que recibió Peña en 2007.

Ivonne, resaltan los especialistas, no posee una formación tecnócrata, como otros Golden y su nivel de estudios es elemental, pero demostró que es una excelente operadora de las prácticas corruptas que distinguen al PRI.

Marcada por sus genes políticos, la polémica se acentuó cuando el lunes 10 de agosto de 2009, la entonces gobernadora, emitió un comunicado oficial pagado con recursos del estado para dar a conocer su divorcio del doctor Carlos Cabrera Rivero, con quien se había casado en 2002.

A pesar de su cercanía con el mexiquense Peña y los señalamientos de que llegaría al gabinete presidencial, en octubre de 2011, mientras se hacía público que los empresarios rompían con ella, siete organizaciones ciudadanas y dos adherentes presentaron una demanda ante el Congreso de la Unión para exigir que se le abriera un juicio político.

La Sociedad en Movimiento, Acciones Líderes, Red de Maestros, Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán, Red Social contra la Represión, Frente Cívico Familiar, Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de Yucatán, Movimiento Ciudadano por el Análisis y la Reflexión, y Comité Vecinal Manzana 115 estaban conscientes de que sería casi imposible que prosperara su demanda, pero esperaban que los diputados federales “cumplan con su deber, den entrada al expediente, lleguen al análisis de fondo, y envíen una señal positiva, en el sentido de que los gobernantes, sin importar el nivel, cuando violan la ley, serán sancionados en los términos que ésta lo dispone.

Las acusaciones fueron enumeradas una a una: desde el inicio de su administración, la titular del Poder Ejecutivo yucateco se ha caracterizado por mantener un alto desorden financiero en el manejo de los recursos públicos; falta de transparencia y rendición de cuentas; incumplimiento de convenios con la Federación mediante la falta de aportación de recursos estatales a programas federales;  atraso injustificado en la construcción de obras vitales para el estado; el permanente desvío de fondos etiquetados, aun de origen federal, para usarlos como de libre disposición; además de actos de represión como una forma de ahogar libertades ciudadanas a través de la indebida utilización de la fuerza pública, tanto por acción como por omisión:

“Los que suscribimos este boletín somos quienes firmamos y presentamos la denuncia de juicio político, pero no estamos solos: hay junto con nosotros una gran cantidad de ciudadanos inconformes que sigue creciendo conforme se suman nuevos actos ilegales y se agregan casos de represión, injusticia y desvío de recursos. En la denuncia que se presentó, se consignan hechos relacionados con el desorden financiero, utilizando para ello los números oficiales que el propio gobierno del estado se ve obligado a proporcionar, cuyo análisis demuestra que la administración que encabeza Ortega incurre en contradicciones en sus informes de la cuenta pública, realiza ajustes contables sin sustento ni explicación alguna a fin de ‘acomodar’ los números a su conveniencia, utilizando recursos etiquetados y gastando más dinero que el autorizado en los presupuestos de egresos, lo que viola de manera grave preceptos de las constituciones políticas federal y local.

”Las obras inconclusas han sido un sello característico de la gobernadora de Yucatán. Obras en proceso que le fueron heredadas por la administración anterior a ella, incluso con fondos disponibles para su conclusión, siguen sin terminarse, destacando entre ellas dos hospitales generales, el de Valladolid y el de Tekax. Sólo eso, el no haber podido o querido terminar obras vitales para la población como son los hospitales, son razones suficientes para la procedencia del juicio político y su destitución e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos”. Dicho boletín puede consultarse en la dirección electrónicawww.frentecivicofamiliar.org/index.php, publicado el 20 de octubre de 2011.

Nada pasó, pero el lunes 12 de diciembre de 2011, el periodista local Luis A. Boffil Gómez, publicó una nota muy clara en el periódico La Jornada sobre los andares de la curvilínea gobernadora: “Ivonne Ortega Pacheco es propietaria de mil 706 hectáreas que se extienden desde su municipio natal, Dzemul, hasta la franja costera que delimita esa localidad rural; 75 por ciento del terreno fue adquirido por sólo 412 mil pesos; es decir, alrededor de tres centavos por metro cuadrado.

”Según datos obtenidos en el Registro Público de la Propiedad y de comisarios ejidales de Dzemul, quienes desistieron de efectuar una junta informativa por presuntas amenazas en su contra, Ortega Pacheco se convirtió en 2008, un año después de comenzar su gobierno, en la dueña de mil 706 hectáreas que colindan con las 890 del complejo turístico y habitacional Flamingo Lakes Resorts, en el mismo municipio.

”En el Registro Público de la Propiedad consta que 25 por ciento de las mil 706 hectáreas; es decir, 426.5, eran propiedad de Ligia Isabel Pacheco Graniel, madre de la mandataria, quien las heredó a su vez de su esposo, mientras mil 279.5 hectáreas, 75 por ciento de la superficie total, fueron adquiridas por sólo 412 mil pesos. De acuerdo con la valuación efectuada en el Registro de la Propiedad, cada hectárea tuvo un costo de 322.9 pesos; por lo tanto, el metro cuadrado tuvo un precio de tres centavos.

“Comisarios ejidales —quienes rechazaron dar sus nombres— explicaron que las mil 706 hectáreas que posee Ortega colindan con al menos nueve pequeñas comunidades rurales que pasarían a formar parte del complejo Flamingo Lakes Resorts, el cual tendría más de 2 mil 300 residencias, 11 edificios de condominios, dos campos de golf, áreas ecológicas, una zona para embarcaciones y servicios médicos de primera clase”.

Mucho se habla en torno a su persona. Se le quiere o se le odia. Una cosa es cierta, sus alianzas con Peña la han hecho una celebridad.

Municipios: permiso para endeudarse

* ¿Qué tan conveniente fue autorizarles a contratar deuda si en lugar de incrementar sus recursos monetarios los han visto disminuir? ¿Podrán manejar adecuadamente nuevos créditos si persiste la notable incapacidad de conseguir más dinero por cuenta propia?

 

Jorge Hernández

Toluca. En el marco de la reciente aprobación de la iniciativa del gobernador Eruviel Ávila que autoriza a los 125 ayuntamientos de la entidad a contratar créditos destinados a la reestructuración o refinanciamiento de su deuda pública, un documento reciente del Órgano Superior de Fiscalización estatal (OSFEM) muestra que en materia de recaudación fiscal se observa para el año 2012 una caída general del 11 por ciento en relación con el año 2011, mientras que en cuenta corriente un incremento en el número de municipios con déficit hasta del -5.1 por ciento del 9 al 33 por ciento.

En términos más accesibles, estos datos quieren decir que los ayuntamientos mexiquenses tuvieron menos dinero en 2012 que el año anterior, y que sus esfuerzos por mejorar ingresos propios y cuentas corrientes no dieron resultados positivos, si no es que fueron incluso un fracaso.

De ser así, la pregunta se impone. ¿Qué tan conveniente fue autorizarles a contratar deuda si en lugar de incrementar sus recursos monetarios los han visto disminuir? ¿Podrán manejar adecuadamente nuevos créditos si persiste la notable incapacidad de conseguir más dinero por cuenta propia?

Cierto que esta nueva autorización –aprobada el pasado mes de abril por la LVIII Legislatura- establece que para el pago de dichos créditos las administraciones locales tomarán sus participaciones monetarias tanto federales como estatales, lo que indudablemente garantiza su cumplimiento, pero no impone por ningún lado la obligación de trabajar más en la mejoría de la cuenta corriente y la recaudación de impuestos y otros ingresos fiscales.

Sin elementos que permitan suponer lo contrario, será muy difícil que este permiso para endeudarse genere finanzas sanas a los municipios. De hacer caso a la experiencia más reciente, más pronto que tarde los veremos todavía más inestables en términos financieros que hasta hoy.

De acuerdo con el documento “Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos en remuneraciones mensuales a que podrán acceder los integrantes de los ayuntamientos de los municipios del Estado de México, por eficiencia en recaudación y en cuenta corriente en el ejercicio fiscal 2013”, publicado en la Gaceta de Gobierno  el 22 de abril, “de 2011 a 2012 hay un efecto desfavorable por el aumento de 22% a 31% de los municipios con variación negativa en los ingresos propios. En el rubro de variación de 20% o más en ingresos propios de los municipios, disminuyó de 38% a 28%”.

De igual modo, “de 2011 a 2012, hay un incremento de 9% a 33% de los municipios que tienen un déficit de hasta -5.1% en la cuenta corriente. Hay una disminución en el número de municipios con superávit mayor al 20%, de 44% en 2011 a 7% en 2012”.

El documento fue elaborado para especificar qué porcentaje sobre sus remuneraciones podrán aumentarse los ediles mexiquenses como “estímulo” por haber mejorado en los dos rubros citados.  Esto deriva, cabe recordar, de lo que dispone el Consejo de Valoración Salarial del Poder Legislativo en relación con las remuneraciones que deberían percibir los presidentes municipales y miembros de los cabildos por los servicios prestados a sus localidades.

Aunque no se trata de disposiciones que deban cumplir obligadamente, sino sólo recomendaciones orientadas a que sus “remuneraciones se ajusten a criterios de responsabilidad, equidad, transparencia y moderación, de acuerdo al cargo que desempeñan y a las condiciones socioeconómicas del municipio y con el fin de contribuir en la tarea para eliminar la discrecionalidad en la asignación de sueldos de los cargos municipales, motivando que estos sean calculados bajo un esquema técnico”, no deja de sorprender el margen de discrecionalidad que sigue quedándoles para asignarse los salarios que quieran.

Pero más interesante resulta observar que sólo 36 municipios son merecedores de ese estímulo, casi todos medianos y pequeños, mientras que de los mayores sólo Metepec, Tecámac y Texcoco pueden considerarse fiscalmente eficientes recaudadores. En el tema de la cuenta corriente, menos todavía son los que guardan el equilibrio: 21, todos pequeños y medianos.

De lo grandes, en cambio, la situación es un claroscuro. Toluca puede ser el más estable, pero Naucalpan reprueba en ambos puntos.

El texto en cita aclara que la metodología para obtener el porcentaje de estímulo por eficiencia recaudatoria, “consistió en realizar un análisis del nivel de variación de los ingresos propios 2012 contra los ingresos propios 2011, considerando en éstos, la suma de impuestos, derechos, contribuciones o aportaciones de mejoras por obras públicas y aprovechamientos; (por otra parte) la metodología para obtener el porcentaje del estímulo por eficiencia en cuenta corriente, consistió en determinar el déficit o superávit, donde ingresos son: impuestos, derechos, contribuciones o aportaciones de mejoras por obras públicas, productos, aprovechamientos, ingresos de los organismos públicos descentralizados de asistencia social, de carácter municipal, denominados “Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia”, participaciones, Ramo 33 (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) y egresos: servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y transferencias”.

Ni siquiera se trata de una evaluación más amplia y detallada, ¿cómo calificarían si se incluyeran otros criterios? De compararse, por ejemplo, con el índice de responsabilidad que el propio OSFEM presenta, sería mayor el desajuste que se observa. Los municipios que demandan mayor responsabilidad para ser gobernados todavía no alcanzan niveles de administración eficaces y eficientes.  Ecatepec, Nezahualcóyotl  y Naucalpan, entre los primeros, no son ejemplo de estabilidad financiera.

Volvemos a la pregunta: con estos números, ¿podrán sanear sus finanzas contratando nueva deuda? conven�i.� ��p>Sin embargo, en el caso de las mal llamadas “reformas estructurales” —ya que no lo son simplemente porque no se sumergen en la esencia de los problemas y fenómenos estructurales— esta recarga es sólo parcial, formal, de naturaleza mercantil, circulacionista y coyuntural, con un intenso y carcomido contenido ideológico inspirado en la mejor tradición dogmática de las recetas neoliberales de la economía neoclásica: más mercado, iniciativa privada, apertura externa, destrucción de los sindicatos, achicamiento de la participación del Estado en la economía y exacerbación de sus funciones represivas, individualismo extremo, etcétera.

 

Y hay que añadir que esas reformas se implementan en el mismo momento y contexto de que fracasan —y han fracasado sistemáticamente— en los principales centros capitalistas avanzados desde la crisis de 2008-2009 donde se vienen implementando reformas similares agravando la crisis, el déficit de los gobiernos europeos, las castigadas tasas de crecimiento económico que, difícilmente rebasan, en promedio anual, el 1% aumentando, en cambio, la deuda pública simplemente para salvar a los bancos y al capital financiero de corte especulativo.

Pero tal y como se están imponiendo las reformas de marras, sí afectan profundamente las condiciones de vida y de trabajo de la población al articularse y sistematizarse en un solo resultado evidentemente en beneficio del capital: con la reforma laboral se desreglamenta, flexibiliza y precariza el trabajo, al mismo tiempo que se abarata y desvaloriza el salario (nominal y real) con la introducción y reglamentación jurídico formal del pago por horas y del trabajo temporal que, de suyo, desmonta la antigüedad al introducir la permisión legal de contratos de trabajo lesivos de esa naturaleza. Sin mencionar la legalización del outsourcing como auténtico mecanismo cada vez más accesible y utilizado por el capital para desmontar legalmente las conquistas y prestaciones sociales de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales, particularmente de las que son independientes del Estado y combativas.

La recarga y la unción de neoliberalismo a través de “reformas estructurales”, a un sistema económico como el mexicano, no resuelve la enorme dependencia histórico-estructural de los ciclos macro y microeconómicos de Estados Unidos. A éste va a parar más de 80% de las exportaciones y de allí proviene un porcentaje similar de nuestras importaciones causando grandes estragos en las balanzas comercial y de pagos como atestigua la historia económica del país por lo menos desde mediados de la década de los años treinta del siglo pasado hasta la actualidad.

Entre otros factores, como la diferencia entre las entradas y salidas de capital extranjero y la reversión de sus ganancias a sus países de origen —causando, al mismo tiempo, desinversión y des-acumulación en el país receptor— ese enorme y permanente déficit comercial y de la balanza de pagos —responsable, a la par, del intercambio desigual— ha sumergido al país en un círculo vicioso expresado en bajo crecimiento económico, altos déficits fiscales, creciente endeudamiento interno y externo, inflación, profundización de la dependencia comercial, financiera y monetaria; frecuentes devaluaciones de la moneda nacional y dependencia cuasi absoluta del proceso de innovaciones tecnológicas y científicas del capitalismo hegemónico.

Las reformas estructurales implementadas por el gobierno y el PpM le inyectará más gasolina al enclenque tanque de la economía dependiente de México, pero a costa de una centralización del capital aún más perversa de la que ya se ha acumulado en el curso de los gobiernos neoliberales y de un reforzamiento del régimen de superexplotación del trabajo vigente históricamente en el país, caracterizado por la producción de plusvalía absoluta a través de la prolongación de la jornada de trabajo, la intensificación del mismo y la cada vez mayor extendida expropiación de parte del fondo de consumo de los trabajadores que, a través de diversos mecanismos, nutre la acumulación de capital en beneficio del aumento de las tasas de ganancia de las grandes empresas, pero en particular, de las transnacionales. Obviamente sin mencionar el enorme y supernumerario ejército de subempleados —mal llamado “sector informal”— que en la actualidad supera los 30 millones de personas constituyendo el mayor ejército de América Latina. Estos contingentes se ven forzados a recurrir a esa actividad precaria para medio subsistir en las peores condiciones, sin derechos, ni prestaciones, trabajando prácticamente sin interrupción laboral, incluyendo a los miembros de la familia. Hay que mencionar que la reforma hacendaria contempla gravar con impuestos a estos trabajadores por las actividades que realizan.

Y esto es así porque el fondo de la crisis del capitalismo no es simplemente expresión de problemas financieros, monetarios, inmobiliarios o de mera especulación, como general y mediáticamente lo publicitan los medios de comunicación ante la opinión pública. Más bien, como hemos argumentado en otras ocasiones, la crisis capitalista se deriva de una profunda crisis de los mecanismos de producción de valor y de plusvalor que, para su “superación”, requiere desvalorizar constantemente a la fuerza de trabajo, lo que implica disminuir el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción y reproducción con el objetivo explícito de aumentar la tasa efectiva de plusvalor y, por consiguiente, la tasa de ganancia. Pero, en el siguiente movimiento de acumulación de capital, una menor cantidad de fuerza de trabajo, más tarde que temprano, incide en la disminución de la cuota de plusvalor lo que termina por castigar la tasa de ganancia, tal y como Marx explicó en la Sección Tercera del Volumen III de El capital cuando describe las causas que contrarrestan la ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia y entre las que menciona la “reducción del salario por debajo de su valor” o, más bien, del valor de la fuerza de trabajo y que, por cuestiones metodológicas, consideró simplemente como un fenómeno circunstancial que opera en la estricta esfera de la competencia capitalista. Sin embargo, aclara que este mecanismo constituye una de las causas más importantes que contribuyen a contrarrestar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia (Íbid., p. 235).

La política económica neoliberal que se está aplicando en México de manera sistemática desde 1982, además de servir fehacientemente para cumplimentar los intereses del capital, de las empresas transnacionales y de los organismos financieros y monetarios tipo FMI, Banco Mundial, BID y OCDE, paradójicamente, y con la benevolente ayuda del PpM y el silencio del otrora candidato de las mal llamadas “izquierdas” que ahora construye su propio partido para “competir” por la presidencia en el año de 2018, está asegurando la permanencia del recargado antiguo partido de Estado para que trascienda en el gobierno, ese último año, con un nuevo sexenio, contra todas las predicciones, buenas o malas, que presagiaban su bancarrota una vez que, después de gobernar ininterrumpidamente durante 71 años bajo la cobertura de una dictadura cuasiperfecta, apostaban por su erradicación del sistema político mexicano frente al advenimiento de lo que pomposamente denominaron “alternancia” y “democracia plural” como principios de la vida política del país.

Sin embargo, lo que en los hechos en verdad ha ocurrido es que el partido de la derecha y de la ultraderecha (PAN), fue quien verdaderamente se descalabro en la última elección presidencial al perder la mayoría de sus posiciones políticas y de gobierno tanto a nivel de la presidencia de la República, como en Estados y municipios del país. Por lo que respecta al otro partido integrante del PpM (PRD), se ha desfigurado al ubicarse lastimosamente en el centro del espectro político implementando y validando de manera subordinada e incondicional las políticas neoliberales de signo antipopular y elitista.

Todo indica pues que, de la misma forma como ha venido ocurriendo durante el período neoliberal que ya cubre seis administraciones gubernamentales, la crisis capitalista se profundizará castigando las tasas promedio de crecimiento económico que dibujan una línea de tendencia declinante durante todo ese periodo —por supuesto con fluctuaciones al alza o a la baja, pero cada vez más breves las primeras y más prolongadas las segundas— y que ni las actuales reformas llamadas estructurales, ni las políticas económicas neoliberales serán capaces de superar. Más bien, habrá una profundización de los rasgos más perversos del patrón capitalista neoliberal dependiente mexicano mientras los trabajadores, las clases populares y, en general, las clases subalternas del país —verdaderas víctimas de los efectos negativos y lacerantes de dichas políticas— no se organicen en función de una estrategia global de transformación económica, social y política que ponga verdaderamente en jaque al poder político existente que se encuentra en las manos de una burguesía dependiente, transnacional y parasitaria que sólo se ocupa de satisfacer los intereses de las enriquecidas clases dominantes del país y del capitalismo hegemónico, en particular, del estadounidense.

 

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

El Barco Ebrio

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En buena hora  cayó la destitución de Benítez Treviño como titular de la Profeco en la LVIII Legislatura del Estado de México. Algo incómodos andaban algunos diputados con la culminación de una de las mayores afrentas que le han hecho a los mexiquenses en lo que va de su gestión: la designación y respectiva toma de protesta legal de dos magistrados del Tribunal Electoral que incumplen el requisito legal de independencia de cualquier partido político estatal o nacional: Jorge Arturo Sánchez Vázquez y María Irene Castellanos Mijangos.

 

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Y es que el desaseo en que incurrieron para validar ambas designaciones, supuestamente elaboradas por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, no sólo se limitó a la manipulación del procedimiento legislativo previsto para tales casos, sino a la indecorosa exhibición de las diferencias que ya consumen al PAN, PRD y MC en el Congreso.

 

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Hoy, concluido el proceso, sale a la luz que en la bancada blanquiazul Ulises Ramírez había comprometido ante Aarón Urbina, presidente de la Junta de Coordinación Política, el voto de sus integrantes en favor de los ahora magistrados electorales, mientras que por el PRD Héctor Bautista había hecho lo mismo.

 

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Sólo que el grupo de Enrique Vargas del Villar, coordinador legal de la fracción panista, quiso mostrar músculo y exhibir las debilidades de Ramírez Núñez, votando en contra. A su vez, Octavio Martínez Vargas, cabeza visible del grupo opositor de Bautista López en la Cámara de Diputados, intentó lo propio desacreditando el proceso y votando también en contra.

 

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Así se explica la participación del legislador Alfonso Bravo Álvarez Malo en la sesión plenaria en que se aprobaron esas designaciones, para señalar que ninguno de los dos cumplía el requisito legal de imparcialidad política. Del ex presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Trica), Jorge Arturo Sánchez, rescató su relación marital con Elena Lino Velázquez, secretaria de Programa de Acción y Gestión Social del Comité Directivo Estatal del PRI mexiquense. Bravo Álvarez Malo se preguntó si el flamante magistrado antepondrá su deber legal al marital cuando llegue a sus manos un asunto electoral que tenga que ver con el tricolor.

 

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De la magistrada Castellanos Mijangos exhibió una foto que la muestra en campaña política con el ahora presidente de Nezahualcóyotl, Juan Zepeda Hernández, preguntándose si sería capaz de juzgar con objetividad e imparcialidad los casos electorales que involucren al PRD. Lo que no dijo es que la referida magistrada pertenece al grupo del ex senador Bautista López, por lo tanto opositora de Martínez Vargas, quien dirigió el debate en su contra.

 

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Por razones similares Movimiento Ciudadano, que supuestamente coordina Higinio Martínez Miranda, diferenció también su votó en la plenaria. Mientras que éste votó en contra, habida cuenta de su pleito secular con la familia Bautista López, Juan Abad de Jesús lo hizo a favor, en compensación por la “honrosa encomienda” de presidir la Directiva durante el cuarto periodo extraordinario convocado precisamente para cumplir dicha aprobación.

 

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Queda claro, entonces, que no intentaban parar esa designación, evitar la afrenta a la ciudadanía, sino mostrar la descarada proclividad que tanto Ulises Ramírez como Héctor Bautista exhiben hacia el gobernador, verdadero mandamás en el Congreso de la entidad, y verdadero proponente de la designación de los multicitados magistrados.

 

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Por eso mismo tampoco hicieron demasiados gestos a la humillación que representó dirigir la sesión de la Diputación Permanente en que se les tomó protesta. Martínez Vargas, ya se sabe, es su Presidente, mientras que Álvarez Malo es Secretario.

 

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Una nueva versión circula en torno a la matanza de 10 sicarios en Valle de Bravo, en el poblado del Pinal del Marquesado, ocurrida el 19 de marzo del 2013. Algunos testigos señalan que los sicarios se detuvieron en el pueblo a comprar tacos, que llevarían para comer a otra parte. Mientras esperaban, les fue avisado que una patrulla de militares estaba por llegar. Los mafiosos pagaron sus tacos y se fueron, pero fueron vistos por los militares, quienes los siguieron algunos minutos, antes de abrir fuego contra ellos. Los narcotraficantes respondieron lanzando granadas de mano, pero éstas no detonaron. Un tiro dio en la cara del conductor y la narco-camioneta se volcó. Los sicarios quedaron heridos pero vivos, a excepción del chofer.

 

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Los militares se apearon y remataron allí a los perseguidos, pues la orden que tenían era exterminar a esa célula. Los sicarios eran más de diez. Algunos, como pudieron lograron escabullirse entre los bosques y eludir las balas de los militares. Luego, en el anuncio oficial, se dio a conocer que habían muerto durante un combate, cuando la Ford Tritón de los malos esperaba en un paraje a las patrullas, a quienes habría disparado primero. De los tacos, nadie supo nada.

 

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El salvajismo con el que se lucha por los territorios y mercancía derivada d estupefacientes no tiene medida. Algunos señalan al ejército de brindar protección y ser ellos mismos los principales distribuidores, junto con cuerpos policiacos. Tiene sentido, porque sólo así se explica que las ciudades estén inundadas de droga, que a veces es más fácil de conseguir que unos cigarros, pero también del grado de impunidad de malhechores, funcionarios y agentes.

 

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El ex procurador de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo, es el sustituto de Humberto Benítez al frente de la Profeco. Antes de ser procurador, Castillo fue el encargado de investigar el caso de la muerte de la niña Paulette Gebara, en Huixquilucan. Fue el encargado de avalar la teoría de que la cama se la había tragado y justificó que nadie viera el cuerpo de la menor, a pesar de que hubo gente que durmió en ella. Luego sustituyó a Alberto Bazbaz, quien renunció como titular de la PGJEM precisamente por el caso, en el 2010. Este año los dos funcionarios encontraron cobijo en la administración federal de Peña Nieto, lo que se temó como un pago de favores o al menos un agradecimiento muy singular por los servicios públicos y privados prestados a aquella administración.

 

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De perseguidor a defensor de compradores, a Castillo siempre se le recordará porque fue el procurador a quien se le fugó El Coqueto, aquel asesino de mujeres que manejaba un microbús, y que, esposado y vigilado por tres agentes en un cuarto de tres por tres metros, ubicado a 30 metros de altura, logró escaparse. Lo capturó dos veces, pero tuvo que hacer el ridículo. Un cargo menor, con responsabilidades sesgadas y limitadas es lo que ahora tendrá Castillo, a quien intentan colocar en un cargo donde no se vea, pero por más que le hacen, no lo consiguen. Anteriormente, fue también el encargado de llevar las investigaciones sobre la explosión del edificio de Pemex en la ciudad de México. Su conclusión fue sesuda: se trató de una explosión.

El consentido del presidente

* Las empresas de Juan Armando Hinojosa han acaparado los contratos más grandes otorgados por el gobierno del Estado de México. Cifras conservadoras aseguran que ha facturado unos 23 mil millones de pesos los últimos 12 años y su margen de ventas no disminuye, a pesar de que la muerte de su hijo, Armando Hinojosa, ensombreció por un tiempo sus relaciones públicas.

 

Miguel Alvarado

Lerma. La construcción de la carretera Toluca-Naucalpan está con concesionada al empresario consentido del presidente de México, Enrique Peña Nieto, el magnate Juan Armando Hinojosa, quien hizo fortuna en los sexenios de Arturo Montiel Rojas y el propio Peña, entre 1999 y el 2005.

Aquella carretera ha arrojado ya 16 detenidos, otomíes del poblado de Xochicuautla, en el municipio de Lerma, quienes se oponen a la realización de la pista, pues supone perder su patrimonio al atravesar terrenos y casas. Y aunque los protestantes ya fueron liberados señalan a la empresa, Autovan, de  construir una obra que no se necesita, pues existen al menos dos vías de comunicación alternas, según se desprende de la carta enviada al presidente mexicano, por la investigadora de la UNAM, Elisa Lipkau Henríquez, para que “reconsidere su posición de continuar con el proyecto de la Autopista Toluca- Naucalpan por el bien de la comunidad de Xochi, de los habitantes del Distrito Federal, ya tan aquejados de falta de agua y sobre todo, de la ecología en nuestro país, ya de por sí sobreexplotado. Pensamos que esta autopista, además, no es necesaria, ya que existe la autopista México-Toluca y la autopista a Naucalpan que cubre con las necesidades de transportación entre Santa Fe y el aeropuerto de Toluca”

El aeropuerto de la capital mexiquense se ha convertido en pretexto para la construcción de nuevas vialidades que afectan Toluca pero también otros destinos, con la explicación superficial de hacer más rápida la conexión terrestre entre el aeropuerto del DF y el mexiquense, este último con un registro negativo de uso y derrama comercial que lo ubica como un elefante blanco, a pesar de los anuncios gubernamentales de la llegada de más empresas aeronáuticas. Lo cierto es que números oficiales indican una caída del 50 por ciento en el tráfico aéreo y del 45 por ciento en operaciones. Fue construido por la empresa española OHL, otra de los socios consentidos en la era de Peña Nieto, y tiene el 489 por ciento de las acciones de esa terminal.

Apenas el 20 de mayo, el gobernador mexiquense Eruviel Ávila aventuraba las cifras totales respecto a la funcionalidad del puerto aéreo: 15 destinos nacionales y tres internacionales y que ya incluían las nuevas rutas, Veracruz y Tijuana, además de la empresa Aeromar.

Las empresas de Hinojosa han acaparado los contratos más grandes otorgados por el gobierno del Estado de México. Cifras conservadoras aseguran que ha facturado unos 23 mil millones de pesos los últimos 12 años y su margen de ventas no disminuye, a pesar de que la muerte de su hijo, Armando Hinojosa, ensombreció por un tiempo sus relaciones públicas.

Según el sitio web http://indigenasdf.org.mx/, que mantiene la Asamblea de Migrantes Indígenas, el proyecto carretero es una de las promesas no cumplidas de Peña como gobernador del Edomex porque los campesinos no dejaron que se talara un bosque ubicado en la ruta de la vía, y que tiene carácter de sagrado. Así, en el 2012 la empresa Autovan había entendido que el proyecto se detendría si no conseguía una nueva forma de sacarlo adelante. Esta forma llegó gracias a un crédito por 5 mil millones de pesos que Banobras le extendió a Juan Armando Hinojosa, apuntalado con un decreto de expropiación, publicado por las autoridades mexiquenses el 6 de octubre del 2012, donde el bosque se le entregaba a Autovan debido a que representaba “un bene

Este decreto dice, al pie de la letra, que “la autoridad municipal de Lerma, México certificó que los inmuebles a expropiar no cuentan con registro o antecedente alguno que los identifique con algún valor artístico, histórico o cultural” y pasó por alto las costumbres del pueblo Hñañhu, defensor y en quien recae el cuidado de esa región. La autopista se construye con capital privado y ello, dice http://indigenasdf.org.mx/, se opone a la Ley de Expropiación del Estado de México, que aclara en su artículo 2 que Artículo “en el Estado de México la propiedad privada sólo podrá ser expropiada por causa de utilidad pública y mediante indemnización”. En juego están más de 3 mil hectáreas que cuentan con propietarios que han acreditado su legítima posesión. Desde el 12 de mayo, una asamblea en el pueblo de Xochicuautla se realizó bajo la presión de agentes ministeriales, quienes intimidaron a los vecinos para que no asistieran. A los integrantes, se les presionó para decidir a favor de Autovan. Los habitantes denunciaron la presencia de policías que protegieron aquella asamblea e impusieron silencio a los pobladores. Así, se decidió a favor de la expropiación pero nunca se votó para ello. “Uno de los escrutadores de votos, José Luis Domínguez, se negó a firmar el acta de conformidad, denunciando diversas irregularidades, motivo por el cual fue secuestrado por una patrulla que lo mantuvo bajo custodia por unos minutos, aunque la presión de la comunidad permitió su liberación”, apuntan los habitantes. Ese convenio, dicen, no dice qué pasará con el agua que pasa por el terreno ni por qué los afectados directos no recibirían indemnización, al menos de inicio, pues se les negó información sobre eso.

Las empresas de Armando Hinojosa son muchas, pero destacan Grupo Higa; Aerotaxis Eolo; Constructora Teya- IGSA; Publicidad y Artículos Creativos; Autopistas de Vanguardia, S.A. de CV; Mezcla Asfáltica de Calidad; Señales y Mantenimiento, SA de CV, y Consorcio IGSA Medical del Perú, además de una red de amigos y conocidos, de estrecha relación con el primer círculo del presidente mexicano, y entre quienes se menciona a  José Luis Tinoco Gutiérrez, Juvenal Meléndez Arriaga, Ramón Salgado Vega, Raúl Alamo Naidar, y Carlos Acra.

Los terrenos otomíes afectados por el trazo de la Toluca-Naucalpan, que en realidad es una vía que llega a los centros de negocios de Sata Fe, son un caso más en la larga historia de despojo territorial en el Edomex. De maera general, la actividad empresarial de Juan Armando Hinojosa Cantú está relacionada con la obtención de contratos a través de la modalidad PPS, como la sobras del viaducto elevado y la obra y mantenimiento del Hospital Regional de Zumpango, que costó unos 7 mil millones de pesos al gobierno estatal. Ha realizado trabajos en conjunto con la familia Hank, como la autopista Durango-Mazatlán y acompañaba cotidianamente al ex gobernador Peña en sus viajes por el extranjero, con el fin de concretar negocios en otros países.

Juan Armando Hinojosa es un moderno Midas. No puede evitar cambiar en oro todos los negocios que hace, a pesar de la ayuda del Grupo Atlacomulco y el impulso inicial de Arturo Montiel Rojas, a quien le debe integrarlo a un grupo de 49 empresarios, en sus inicios, el Consorcio Integrador del Ramo de la Construcción. La trágica muerte de su hijo, quien estaba en una fiesta en el rancho Cantalagua, festejando el cumpleaños de Enrique Peña, no lo amedrentó más de lo normal. Ha sabido encontrar estómago de hierro y aprovechar las coyunturas. Que su mejor amigo sea presidente de México es una casualidad que le ha caído a las maravillas, y en cuento la Federación comience su programa de obras públicas, Hinojosa y Autovan estarán presentes.

Sin novedades

* La madre de “María” debe trasladarse constantemente a las instalaciones de la FEF para conocer el avance en las investigaciones para identificar al responsable de violar y asesinar a su hija. Sin embargo, casi siempre sale de ahí “sin ninguna novedad”.

 

Anaiz Zamora Márquez/ Cimacnoticias

México. “María” fue violada, torturada y asesinada; su cuerpo sin vida fue encontrado en una de tantas calles en el Estado de México. Su madre interpuso la denuncia –pues sin ella no hay delito que perseguir– ante el Ministerio Público (MP) correspondiente.

Tras varias averiguaciones, el MP determinó que se trataba de un feminicidio, por lo que envió el expediente a la Fiscalía Especializada de Feminicidios (FEF), creada en 2011 por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

A esa fiscalía, según su decreto de creación, le compete “conocer, investigar y perseguir” los hechos constitutivos de los delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres por razón de género.

La madre de “María” debe trasladarse constantemente a las instalaciones de la FEF para conocer el avance en las investigaciones para identificar al responsable de violar y asesinar a su hija. Sin embargo, casi siempre sale de ahí “sin ninguna novedad”.

Cimacnoticias visitó las instalaciones de la FEF para verificar su operación y efectividad. El primer obstáculo es la falta de información oficial para ubicar la dirección de la fiscalía.

La FEF carece de un sitio web propio para orientar a la ciudadanía. Ni siquiera la página electrónica de la PGJEM cuenta con un link de acceso directo a esa instancia.

Se tiene que buscar en el directorio de funcionarios y dependencias de la procuraduría, para finalmente saber que la fiscalía está en la misma sede de la PGJEM, es decir, en la ciudad de Toluca. Para colmo, la extensión telefónica de la FEF que aparece en el directorio es errónea.

Ya en el lugar, en la calle José María Morelos Oriente número 1300 esquina con Jaime Nunó, colonia San Sebastián, el ingreso se vuelve engorroso, toda vez que se debe explicar y registrar el motivo de la visita. Es cuando uno se da cuenta de que el personal de la entrada desconoce si ahí está la FEF.

En el ala izquierda del tercer piso de la PGJEM –sin letrero alguno que la identifique– está la fiscalía, la cual comparte espacio con la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género.

En la puerta de entrada sólo hay un cartel con los rostros y datos de mujeres y hombres desaparecidos que están incluidos en el Programa de Recompensas.

En el cristal que sirve de pared frontal de la FEF están pegadas las notificaciones sobre algunos casos, la mayoría data de 2012.

Para entrar a esa oficina, otra vez hay que proporcionar los datos personales, así como explicar el motivo de la visita y dar el nombre de la empleada o empleado que dará la atención.

 

Maraña burocrática

 

Personal de la FEF aclaró que los casos que atiende no son presentados o denunciados directamente por las madres o familiares de las mujeres asesinadas, sino que llegan ahí luego de ser canalizados por el MP donde se presentó la denuncia.

Así, los familiares deben proporcionar ante la fiscalía el número de expediente para acceder a una atención más rápida.

Igualmente, no todos los casos de feminicidio cometidos en la entidad mexiquense llegan a Toluca; algunos MP envían el expediente a la oficina de la FEF en Tlalnepantla, de la que no hay información en línea.

Cimacnoticias observó que hay madres que llegan solas o acompañadas de un familiar para preguntar de los avances en sus casos. Algunas de las que acuden por primera vez van acompañadas de un abogado particular o de oficio.

“Me dijeron que me diera la vuelta para ver cómo iban las cosas”, dice una de ellas al vigilante que pregunta a quién visita. Luego de esperar más de 20 minutos, un “licenciado” la atiende y poco después la mujer sale de la FEF porque le explicaron que “no hay nada nuevo”.

A la fiscalía también acuden las mujeres víctimas de violencia de género y cuyos casos también fueron canalizados desde un MP. La FEF carece de cubículos para atender de manera individual a quienes denuncian agresiones físicas o psicológicas por parte de sus parejas.

En la FEF prevalece el ajetreo característico de todas las oficinas de gobierno. Mujeres y hombres bien vestidos portan a la vista el gafete que los identifica como empleados del lugar, y de vez en cuando llega personal con placas de agente de seguridad estatal.

Cargan papeles, sacan copias, hacen llamadas telefónicas, hablan entre sí… todas estas actividades con el supuesto objetivo de dar con los responsables de los crímenes que ahí se investigan.

En la FEF también se brinda asesoría psicológica a las y los familiares relacionados de forma directa con la víctima. La atención se brinda a las pocas mujeres que piden el servicio. Muchas comentaron que por los tiempos de traslado no pueden asistir de manera frecuente.

Las pocas mujeres que acuden a la Fiscalía llegan confundidas y notablemente fatigadas por el trayecto. Regularmente salen de ahí confiando en que en la próxima visita ya habrá un resultado a su demanda de justicia.