El Barco Ebrio

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En buena hora  cayó la destitución de Benítez Treviño como titular de la Profeco en la LVIII Legislatura del Estado de México. Algo incómodos andaban algunos diputados con la culminación de una de las mayores afrentas que le han hecho a los mexiquenses en lo que va de su gestión: la designación y respectiva toma de protesta legal de dos magistrados del Tribunal Electoral que incumplen el requisito legal de independencia de cualquier partido político estatal o nacional: Jorge Arturo Sánchez Vázquez y María Irene Castellanos Mijangos.

 

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Y es que el desaseo en que incurrieron para validar ambas designaciones, supuestamente elaboradas por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, no sólo se limitó a la manipulación del procedimiento legislativo previsto para tales casos, sino a la indecorosa exhibición de las diferencias que ya consumen al PAN, PRD y MC en el Congreso.

 

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Hoy, concluido el proceso, sale a la luz que en la bancada blanquiazul Ulises Ramírez había comprometido ante Aarón Urbina, presidente de la Junta de Coordinación Política, el voto de sus integrantes en favor de los ahora magistrados electorales, mientras que por el PRD Héctor Bautista había hecho lo mismo.

 

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Sólo que el grupo de Enrique Vargas del Villar, coordinador legal de la fracción panista, quiso mostrar músculo y exhibir las debilidades de Ramírez Núñez, votando en contra. A su vez, Octavio Martínez Vargas, cabeza visible del grupo opositor de Bautista López en la Cámara de Diputados, intentó lo propio desacreditando el proceso y votando también en contra.

 

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Así se explica la participación del legislador Alfonso Bravo Álvarez Malo en la sesión plenaria en que se aprobaron esas designaciones, para señalar que ninguno de los dos cumplía el requisito legal de imparcialidad política. Del ex presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Trica), Jorge Arturo Sánchez, rescató su relación marital con Elena Lino Velázquez, secretaria de Programa de Acción y Gestión Social del Comité Directivo Estatal del PRI mexiquense. Bravo Álvarez Malo se preguntó si el flamante magistrado antepondrá su deber legal al marital cuando llegue a sus manos un asunto electoral que tenga que ver con el tricolor.

 

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De la magistrada Castellanos Mijangos exhibió una foto que la muestra en campaña política con el ahora presidente de Nezahualcóyotl, Juan Zepeda Hernández, preguntándose si sería capaz de juzgar con objetividad e imparcialidad los casos electorales que involucren al PRD. Lo que no dijo es que la referida magistrada pertenece al grupo del ex senador Bautista López, por lo tanto opositora de Martínez Vargas, quien dirigió el debate en su contra.

 

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Por razones similares Movimiento Ciudadano, que supuestamente coordina Higinio Martínez Miranda, diferenció también su votó en la plenaria. Mientras que éste votó en contra, habida cuenta de su pleito secular con la familia Bautista López, Juan Abad de Jesús lo hizo a favor, en compensación por la “honrosa encomienda” de presidir la Directiva durante el cuarto periodo extraordinario convocado precisamente para cumplir dicha aprobación.

 

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Queda claro, entonces, que no intentaban parar esa designación, evitar la afrenta a la ciudadanía, sino mostrar la descarada proclividad que tanto Ulises Ramírez como Héctor Bautista exhiben hacia el gobernador, verdadero mandamás en el Congreso de la entidad, y verdadero proponente de la designación de los multicitados magistrados.

 

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Por eso mismo tampoco hicieron demasiados gestos a la humillación que representó dirigir la sesión de la Diputación Permanente en que se les tomó protesta. Martínez Vargas, ya se sabe, es su Presidente, mientras que Álvarez Malo es Secretario.

 

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Una nueva versión circula en torno a la matanza de 10 sicarios en Valle de Bravo, en el poblado del Pinal del Marquesado, ocurrida el 19 de marzo del 2013. Algunos testigos señalan que los sicarios se detuvieron en el pueblo a comprar tacos, que llevarían para comer a otra parte. Mientras esperaban, les fue avisado que una patrulla de militares estaba por llegar. Los mafiosos pagaron sus tacos y se fueron, pero fueron vistos por los militares, quienes los siguieron algunos minutos, antes de abrir fuego contra ellos. Los narcotraficantes respondieron lanzando granadas de mano, pero éstas no detonaron. Un tiro dio en la cara del conductor y la narco-camioneta se volcó. Los sicarios quedaron heridos pero vivos, a excepción del chofer.

 

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Los militares se apearon y remataron allí a los perseguidos, pues la orden que tenían era exterminar a esa célula. Los sicarios eran más de diez. Algunos, como pudieron lograron escabullirse entre los bosques y eludir las balas de los militares. Luego, en el anuncio oficial, se dio a conocer que habían muerto durante un combate, cuando la Ford Tritón de los malos esperaba en un paraje a las patrullas, a quienes habría disparado primero. De los tacos, nadie supo nada.

 

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El salvajismo con el que se lucha por los territorios y mercancía derivada d estupefacientes no tiene medida. Algunos señalan al ejército de brindar protección y ser ellos mismos los principales distribuidores, junto con cuerpos policiacos. Tiene sentido, porque sólo así se explica que las ciudades estén inundadas de droga, que a veces es más fácil de conseguir que unos cigarros, pero también del grado de impunidad de malhechores, funcionarios y agentes.

 

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El ex procurador de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo, es el sustituto de Humberto Benítez al frente de la Profeco. Antes de ser procurador, Castillo fue el encargado de investigar el caso de la muerte de la niña Paulette Gebara, en Huixquilucan. Fue el encargado de avalar la teoría de que la cama se la había tragado y justificó que nadie viera el cuerpo de la menor, a pesar de que hubo gente que durmió en ella. Luego sustituyó a Alberto Bazbaz, quien renunció como titular de la PGJEM precisamente por el caso, en el 2010. Este año los dos funcionarios encontraron cobijo en la administración federal de Peña Nieto, lo que se temó como un pago de favores o al menos un agradecimiento muy singular por los servicios públicos y privados prestados a aquella administración.

 

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De perseguidor a defensor de compradores, a Castillo siempre se le recordará porque fue el procurador a quien se le fugó El Coqueto, aquel asesino de mujeres que manejaba un microbús, y que, esposado y vigilado por tres agentes en un cuarto de tres por tres metros, ubicado a 30 metros de altura, logró escaparse. Lo capturó dos veces, pero tuvo que hacer el ridículo. Un cargo menor, con responsabilidades sesgadas y limitadas es lo que ahora tendrá Castillo, a quien intentan colocar en un cargo donde no se vea, pero por más que le hacen, no lo consiguen. Anteriormente, fue también el encargado de llevar las investigaciones sobre la explosión del edificio de Pemex en la ciudad de México. Su conclusión fue sesuda: se trató de una explosión.

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