Ivonne, la ficha

* Ivonne Ortega Pacheco es propietaria de mil 706 hectáreas que se extienden desde su municipio natal, Dzemul, hasta la franja costera que delimita esa localidad rural; 75 por ciento del terreno fue adquirido por sólo 412 mil pesos; es decir, alrededor de tres centavos por metro cuadrado”, recuerda el periodista Francisco Cruz Jiménez de la ex gobernadora de Yucatán, en el linbro Los Golden Boy’s, publicado por Planeta en el 2012.

 

Francisco Cruz Jiménez

Ivonne Ortega es operadora política y una de las figuras más cercanas a Peña Nieto, quien la apoyó para llegar a la gubernatura de un estado en poder del Partido Acción Nacional. Administra una entidad que es paso obligado para el tráfico de ilegales y drogas provenientes de Sudamérica, pero no se inquieta y prefiere el modelo de gobierno trazado por el gobernador mexiquense en publicidad e imagen. En 2010 fue reconocida por el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza como una de los Jóvenes Líderes Globales, misma distinción que recibió Peña en 2007.

Ivonne, resaltan los especialistas, no posee una formación tecnócrata, como otros Golden y su nivel de estudios es elemental, pero demostró que es una excelente operadora de las prácticas corruptas que distinguen al PRI.

Marcada por sus genes políticos, la polémica se acentuó cuando el lunes 10 de agosto de 2009, la entonces gobernadora, emitió un comunicado oficial pagado con recursos del estado para dar a conocer su divorcio del doctor Carlos Cabrera Rivero, con quien se había casado en 2002.

A pesar de su cercanía con el mexiquense Peña y los señalamientos de que llegaría al gabinete presidencial, en octubre de 2011, mientras se hacía público que los empresarios rompían con ella, siete organizaciones ciudadanas y dos adherentes presentaron una demanda ante el Congreso de la Unión para exigir que se le abriera un juicio político.

La Sociedad en Movimiento, Acciones Líderes, Red de Maestros, Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán, Red Social contra la Represión, Frente Cívico Familiar, Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de Yucatán, Movimiento Ciudadano por el Análisis y la Reflexión, y Comité Vecinal Manzana 115 estaban conscientes de que sería casi imposible que prosperara su demanda, pero esperaban que los diputados federales “cumplan con su deber, den entrada al expediente, lleguen al análisis de fondo, y envíen una señal positiva, en el sentido de que los gobernantes, sin importar el nivel, cuando violan la ley, serán sancionados en los términos que ésta lo dispone.

Las acusaciones fueron enumeradas una a una: desde el inicio de su administración, la titular del Poder Ejecutivo yucateco se ha caracterizado por mantener un alto desorden financiero en el manejo de los recursos públicos; falta de transparencia y rendición de cuentas; incumplimiento de convenios con la Federación mediante la falta de aportación de recursos estatales a programas federales;  atraso injustificado en la construcción de obras vitales para el estado; el permanente desvío de fondos etiquetados, aun de origen federal, para usarlos como de libre disposición; además de actos de represión como una forma de ahogar libertades ciudadanas a través de la indebida utilización de la fuerza pública, tanto por acción como por omisión:

“Los que suscribimos este boletín somos quienes firmamos y presentamos la denuncia de juicio político, pero no estamos solos: hay junto con nosotros una gran cantidad de ciudadanos inconformes que sigue creciendo conforme se suman nuevos actos ilegales y se agregan casos de represión, injusticia y desvío de recursos. En la denuncia que se presentó, se consignan hechos relacionados con el desorden financiero, utilizando para ello los números oficiales que el propio gobierno del estado se ve obligado a proporcionar, cuyo análisis demuestra que la administración que encabeza Ortega incurre en contradicciones en sus informes de la cuenta pública, realiza ajustes contables sin sustento ni explicación alguna a fin de ‘acomodar’ los números a su conveniencia, utilizando recursos etiquetados y gastando más dinero que el autorizado en los presupuestos de egresos, lo que viola de manera grave preceptos de las constituciones políticas federal y local.

”Las obras inconclusas han sido un sello característico de la gobernadora de Yucatán. Obras en proceso que le fueron heredadas por la administración anterior a ella, incluso con fondos disponibles para su conclusión, siguen sin terminarse, destacando entre ellas dos hospitales generales, el de Valladolid y el de Tekax. Sólo eso, el no haber podido o querido terminar obras vitales para la población como son los hospitales, son razones suficientes para la procedencia del juicio político y su destitución e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos”. Dicho boletín puede consultarse en la dirección electrónicawww.frentecivicofamiliar.org/index.php, publicado el 20 de octubre de 2011.

Nada pasó, pero el lunes 12 de diciembre de 2011, el periodista local Luis A. Boffil Gómez, publicó una nota muy clara en el periódico La Jornada sobre los andares de la curvilínea gobernadora: “Ivonne Ortega Pacheco es propietaria de mil 706 hectáreas que se extienden desde su municipio natal, Dzemul, hasta la franja costera que delimita esa localidad rural; 75 por ciento del terreno fue adquirido por sólo 412 mil pesos; es decir, alrededor de tres centavos por metro cuadrado.

”Según datos obtenidos en el Registro Público de la Propiedad y de comisarios ejidales de Dzemul, quienes desistieron de efectuar una junta informativa por presuntas amenazas en su contra, Ortega Pacheco se convirtió en 2008, un año después de comenzar su gobierno, en la dueña de mil 706 hectáreas que colindan con las 890 del complejo turístico y habitacional Flamingo Lakes Resorts, en el mismo municipio.

”En el Registro Público de la Propiedad consta que 25 por ciento de las mil 706 hectáreas; es decir, 426.5, eran propiedad de Ligia Isabel Pacheco Graniel, madre de la mandataria, quien las heredó a su vez de su esposo, mientras mil 279.5 hectáreas, 75 por ciento de la superficie total, fueron adquiridas por sólo 412 mil pesos. De acuerdo con la valuación efectuada en el Registro de la Propiedad, cada hectárea tuvo un costo de 322.9 pesos; por lo tanto, el metro cuadrado tuvo un precio de tres centavos.

“Comisarios ejidales —quienes rechazaron dar sus nombres— explicaron que las mil 706 hectáreas que posee Ortega colindan con al menos nueve pequeñas comunidades rurales que pasarían a formar parte del complejo Flamingo Lakes Resorts, el cual tendría más de 2 mil 300 residencias, 11 edificios de condominios, dos campos de golf, áreas ecológicas, una zona para embarcaciones y servicios médicos de primera clase”.

Mucho se habla en torno a su persona. Se le quiere o se le odia. Una cosa es cierta, sus alianzas con Peña la han hecho una celebridad.

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