Ajustes

* Que Luis Miranda sea mencionado para suceder a Eruviel Ávila no es casualidad, a pesar de que se le considera un funcionario sin popularidad ni peso político público. Ni falta le hace pues se considera la habilidad y lealtad mostrada a Montiel y Peña, a quienes ayudó a conseguir el caro sueño de la presidencia mexicana, máximo negocio que puede conseguirse en el país.

 

Miguel Alvarado

Luis Miranda Nava visita su ciudad. La diferencia es que ahora lo hace con otros ojos, distinto de cuando la recorrió cuando era aspirante a la alcaldía por Toluca, en el 2006 y que perdió ante el panista Juan Rodolfo Sánchez. Ahora sabe que puede suceder al gobernador Eruviel Ávila en el cargo, una silla casi tan importante como la presidencia de México, pues del Edomex se extraen recursos económicos y humanos que afianzan o derriban proyectos políticos. Siempre ha sido así. Y Miranda siempre ha sido el operador político más eficaz del Grupo Atlacomulco, desde que Arturo Montiel lo incorporó a su equipo cercano de trabajo. Moreno y de mediana estatura, a Miranda siempre lo ha seducido el poder pero no se ha sentado a esperarlo, a pesar de que proviene de una familia de políticos, encabezada por Luis Miranda Cardozo, un ex magistrado y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y quien contaba, hasta el 2006, con 126 propiedades en el Estado de México según el Registro Público de la Propiedad, cada una con un valor promedio de un millón de pesos. Casado dos veces, la primera con una familiar de la senadora María Elena Barrera, comenzó su carrera política en 1999 como coordinador de Asuntos Jurídicos, pero demostró su lealtad a Montiel Rojas cuando operó parte del esquema de compra de tierras a los ejidatarios de San Salvador Atenco, que debían vender sus propiedades para la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México. A Miranda le correspondió, a partir de octubre del 2001, interponer denuncias penales contra quienes no querían deshacerse de las tierras. Pero las parcelas, si bien eran declaradas interés de la Federación, eran compradas por funcionarios mexiquenses por 7 pesos el metro cuadrado, pero las revendían al gobierno estatal. Miranda actuaba allí como intermediario. Entre los compradores estaban Arturo Montiel Rojas, gobernador, y el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda. El proyecto aeroportuario costaba unos 5 mil de dólares. Finalmente cancelado, a  Mirando aquello no le dejó sino relaciones cercanísimas con Montiel y su equipo, tanto que se le encomendó la Secretaría de Administración, en el 2002. Él encaminó la llamada bursatilización de la deuda pública, que la transformaba en bonos de inversión y fue el enlace para contrata al despacho Protego, propiedad de Pedro Aspe, para que hiciera la operación, Luis Videgaray, hoy secretario federal de Hacienda, era el líder de aquel proyecto. Los bonos de inversión fueron puestos a la venta, pero se compraron en el primer círculo de Montiel Rojas. Hoy, la deuda pública de la entidad es de 75 mil millones de pesos si se toman e cuanta los proyectos PPS, licitaciones directas a empresas y definidas por el mismo gobierno del Edomex como “contratos de largo plazo que establece el sector público con un inversionista del sector privado, mediante el cual éste se compromete a financiar, desarrollar obras y prestar servicios, ampliando la capacidad presupuestal del Gobierno, para crear infraestructura”. Quienes acceden a los Proyectos para la Prestación de Servicios son los empresarios que participan al mismo tiempo en cargos del gobierno mexiquense.

El Estado de México no es el mismo del 2006, aunque su transformación ha sido política. Mientras Miranda y los intereses que lo contratan progresaron económicamente y adquirieron hasta el poder presidencial, el resto vive en la depauperación cotidiana. Cada día, su dinero vale menos pero también las oportunidades reales de progreso se limitan a empleos temporales y casi todos mal pagados. Uno de los principales problemas que enfrenta la ciudadanía es la inseguridad. En la entidad, la guerra entre cárteles por posesión de plazas ha sido silenciada por los gobiernos locales, quienes interpretan que el gobierno federal no necesita ese tipo de publicidades. Pero el Edomex tiene su narcomapa bien definido y las alianzas más que establecidas. Sin ellas, los grupos criminales no podrían operar sin impunidad. Mientras el gobernador Eruviel Ávila es arrastrado por las noticas de su remoción o sustitución, el narcotráfico se ha posicionado en los tres puntos geográficos fundamentales que forman el sur, el valle de Toluca y el valle de México. El 27 de mayo siete ejecuciones en menos de 72 se registraban en la entidad, pero ninguna se relacionó con el narcotráfico, oficialmente. En Toluca, cinco homicidios en una semana confirmaban la lucha armada que se intensificó en enero, cuando 15 ejecuciones en menos de 10 horas tuvieron lugar en las calles de la capital.

El narco en la ciudad no es un fenómeno nuevo, pero sí ha crecido de manera exponencial. Pero los funcionarios públicos son parte importante de esa historia, pues permiten y participan desde sus cargos en esas actividades ilegales. Ejemplos hay muchos, pero siempre se recordará al narco de La Familia que llegó a la dirección de Inteligencia del Ayuntamiento de la ciudad, en el trienio de María Elena Barrera. Germán Reyes tuvo control parcial de los municipales por al menos durante 9 meses. Otro caso es el del ex delegado de la PGR en la entidad, José Manzur Ocaña, a quien se investigó por presuntos vínculos con los cárteles. Se le señalaba de entregar la plaza de Toluca dos veces, una a La Familia y otra a Los Zetas, lo que ocasionó venganzas y enfrentamientos, en el 2008. Luego de separado, se le integró en alguna parte de la administración policiaca, para luego desaparecer sin explicación, Hace dos años se supo que vivía en Canadá, aunque eventualmente volvía al país. En uno de esos viajes, extraoficialmente fue levantado por un grupo armado y no se supo más de él. Sin comprobar todavía, el hecho recuerda en cambio que las operaciones criminales son podrían ejecutarse si no existiera complicidad oficial. Manzur Ocaña es medio hermano de José Manzur Quiroga, actual diputado federal y ex subsecretario general de Gobierno con Enrique Peña.

Así, la transición de la entidad se completaba. Una administración filtrada por el crimen organizado es el sueño de todos. Impunidad y desarrollo económico para unos cuantos es una de las metas intermedias, que se encaminan a conseguir el poder de principio a fin. La legitimación del crimen es cosa corriente en la historia de México. Actores como Miranda, Montiel o el propio Peña son necesarios en ese entramado. Son ejecutores a quienes la ley no los alcanza, pus están por encima de cualquier constitución.

Que Luis Miranda sea mencionado para suceder a Eruviel Ávila no es casualidad, a pesar de que se le considera un funcionario sin popularidad ni peso político público. Ni falta le hace pues se considera la habilidad y lealtad mostrada a Montiel y Peña, a quienes ayudó a conseguir el caro sueño de la presidencia mexicana, máximo negocio que puede conseguirse en el país.

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