La jungla

* Silvia Díaz regresaba con sus hijos rumbo a su casa, a las 5 y media de la tarde, luego de recogerlos en una primaria de la colonia Izcalli IV, el viernes 5 de julio. Caminaban y tomaron su rumbo habitual, para llegar a la avenida Pilares, a la altura de las oficinas del DIF de Metepec. A lo lejos, vio correr a un joven, vestido de negro, que parecía no mayor de 15 años. Detrás de él, policías armados a pie lo perseguían y un poco más tarde seis camionetas repletas de agentes los siguieron.

 

Miguel Alvarado

La administración mexiquense de Eruviel Ávila tiene prioridades. Y su lista la encabezan los proyectos políticos personales de los miembros del gabinete, quienes ven en septiembre un mes de cambios radicales, aunque para la ciudadanía todo continúe igual. El supuesto cambio de gobernador y la llegada al poder de un grupo político distinto desatan pasiones en el palacio de Lerdo, frena inversiones y la derrama económica es selectiva, todavía más. Pero la inercia mantiene todo en movimiento. En Toluca y Metepec incluso se cumple aquel lugar común que llama a la ciudad “jungla de asfalto” con total desenfado, como si desde siempre la animalidad del hombre se impusiera.

Silvia Díaz regresaba con sus hijos rumbo a su casa, a las 5 y media de la tarde, luego de recogerlos en una primaria de la colonia Izcalli IV, el viernes 5 de julio. Caminaban y tomaron su rumbo habitual, para llegar a la avenida Pilares, a la altura de las oficinas del DIF de Metepec. A lo lejos, vio correr a un joven, vestido de negro, que parecía no mayor de 15 años. Detrás de él, policías armados a pie lo perseguían y un poco más tarde seis camionetas repletas de agentes los siguieron.

A ella, como a decenas de personas, le tocó presenciar una balacera entre secuestradores y policías en la avenida Pilares, la más grande y con mayor movimiento comercial que tiene Metepec. Repleta de comercios, bares, escuelas y edificios gubernamentales, la actividad en aquella zona no cesa a ninguna hora. Allí se había implementado un cerco para detener a dos autos, que huían de un enfrentamiento anterior. Al brincarse el retén, los policías abrieron fuego. Uno de los autos se estrelló contra la malla ciclónica que circunda la sede del DIF y uno de los tripulantes pudo todavía echar a correr.

Silvia recuerda que el joven de negro pudo esconderse en una dulcería, frente a un módulo policiaco, en una calle aledaña a Pilares, pero los vecinos y los comerciantes lo delataron. Por señas atrajeron a la policía, que pudo capturarlo fácilmente. Sin embargo, no todo fue tan fácil. En menos de 20 minutos, aquel encuentro entre secuestradores y policías dejó una mujer muerta y cinco heridos. Silvia se refugió en una de las tiendas cercanas cuando escuchó los primeros tiros y vio la corretiza. Luego, salió de aquel comercio y se dirigió a su casa. Pudo ver a la gente, escondida en otros establecimientos junto con niños de las escuelas cercanas. Dice que ella no hubiera denunciado al detenido “porque luego los dejan libres y van por la venganza. Además no se veía ni de 15 años”.

Luego la policía confirmaría que se trataba de un grupo de plagiarios, que operaban en Metepec y que tenían retenido a un doctor. La mujer muerta era parte del grupo, que dijo provenir de Michoacán. Dos días después, el diario local Alfa informaba que el hijo de un prominente matrimonio de Metepec había sido liberado, aunque no dio nombres ni tampoco si había conexión entre los sucesos.

De cualquier manera, la Procuraduría estatal confirma 89 secuestros en seis meses para el Edomex, cifra que no incluye los no denunciados y que elevaría la cifra 75 por ciento. La dependencia sostuvo que los plagios han aumentado.

El diario Alfa disecciona los números “este año se ha registrado un secuestro cada dos días, muy por encima de los números de años anteriores donde en el 2012 se denunciaba un secuestro cada tres días; mientras que en el 2011 la cifra era de un plagio cada 3.5 días”.

Metepec, desde hace años, es sede de operaciones de cárteles del narcotráfico que se encargan del trasiego y distribución, pero también de negocios alternos, como la distribución de productos pirata, cuyos negocios mantienen incluso locales comerciales que pagan renta e impuestos por servicios. La protección policiaca para estos negocios es evidente y se puede ver a plena luz del día. Los plagios son otra de las ramificaciones de esas organizaciones.

Los secuestros no sólo van dirigidos a quienes pueden pagar grandes sumas. Cualquiera es un objetivo del que se puede obtener dinero y las retenciones express son cada vez más comunes, como la sucedida en el centro de Toluca, en un estacionamiento, donde la policía rescató a un hombre por el que pedían 2 mil pesos.

La violencia parece no tener límite y encuentra cualquier pretexto. En Tultepec, en el valle de México, una palabra altisonante entre transeúntes terminó con dos muertos, 12 policías municipales detenidos y camionetas de seguridad reducidas a cenizas. No solamente el crimen organizado está inmerso en la fractura social. Ciudadanos comunes reaccionan con ira ante cualquier provocación y ven en las instancias policiacas a funcionarios públicos con permisos oficiales para ejercer la impunidad.

Otro hecho violento sucedió en Luvianos, donde elementos de la Marina detuvieron y torturaron a seis jóvenes de aquel municipio, en el sur mexiquense, el seis de julio. Los uniformados buscaban armas y drogas y entraron a un bar de la localidad, donde se llevaron a los presentes. Los amarraron y subieron a una camioneta, para dejarlos en un lugar de la sierra. Luego, cubrieron sus cabezas con bolsas y los golpearon. Liberados y bajo amenaza de muerte, relataron el episodio, que derivó en bloqueos carreteros entre Luvianos y Tejupilco por parte de los habitantes. A ese bloqueo se sumaron transportistas en protesta por la golpiza a un taxista, también en esos días, cuando sufría un asalto. Aquella región es tradicionalmente controlada por el narcotráfico y estuvo en constante disputa hasta que La Familia Michoacana obtuvo la posesión. El cártel impone autoridades y aplica reglamentos, legales o inventados y dice proteger a la población.

Los números sobre violencia también involucran los feminicidios, que en la entidad se contabilizan en 133 los dos últimos años y de los cuales 60 por ciento no tienen sentencia por alguna razón. Alfa señala que “de acuerdo con información de la Procuraduría, en 2011 se registraron 52 asesinatos de mujeres, en  2012 aumentó a 60 y en lo que va del año se han registrado 21 feminicidios… de marzo de 2011 a la fecha se han logrado 50 sentencias condenatorias por este delito, 39 de este sistema y 11 del anterior”.

La violencia exacerbada tiene sus motivos, aunque éstos parecen diluirse en los entramados sociales favoritos de la estadística y los políticos: el hambre, la educación, la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo, abstracciones que pierden en las cifras su valor efectivo. Las historias individuales certifican la descomposición social, como sucede con los testimonios de Silvia Díaz y uno de los retenidos por la Marina en Luvianos, cuya declaración reproduce la agencia local MVT: “nos estaban asfixiando, ahogando, como torturando. Los pies nos los hacían para adelante, las manos también, y amarrado me cargaban, pero con las manos hacia atrás, me cargaron demasiado, y amenace y amenáceme; me pusieron el rifle, una pistola atrás, me pegaban culatazos en la cabeza”.

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