El Barco Ebrio

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Como se veía venir, la LVIII Legislatura ha venido aprobando las iniciativas agendadas para el actual periodo extraordinario sin mayores escollos y prácticamente todas por unanimidad. Incluso las cuatro de un total de veinticuatro que propusieron el PAN, el PRD y el PT han sido avaladas con la venia del partido mayoritario, el PRI.

 

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Aunque pudiera pensarse que esto es resultado del trabajo fino del hombre del gobernador en el Congreso, razones sobran para pensar más bien en lo contrario, que es resultado del trabajo sucio: más de un testimonio ha llegado a esta redacción de cómo se las gasta para convencer a quien haya que convencer: o es por las buenas o es por las malas.

 

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Cuando lo primero, dicen quienes han visto, sólo los llama al pequeño privado que hay en el salón de Plenos para deslizar los fajos agrupados al estilo del Señor de las Ligas. Cuando lo segundo, dicen que desliza las palabras necesarias como contundentes para recordar colas y pasados pisables, como en el caso del ex senador panista venido a menos.

 

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Claro que esto no es nuevo, quizás con menos rudeza pero otros lo han hecho, como el mismísimo Ejecutivo del Estado, quien a su paso por la presidencia de la Junta de Coordinación Política masterizó también sus propios métodos de convencimiento.

 

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Más allá, sin embargo, de las formas, lo que vale destacar es la aprobación ya en comisiones y próximamente en el Pleno, de tres iniciativas cuyos impactos no se verán sino hasta pasado algún tiempo: la criminalización de la enseñanza por particulares sin el debido permiso, el cambio de fecha para designar nuevos consejeros y presidente del IEEM y el cambio de fecha para que el gobernador rinda el informe anual de gobierno.

 

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Quién sabe si las tres sean también del mandatario, porque si bien fueron presentadas por Nueva Alianza, el PRD y el PAN respectivamente, fueron pasadas sin mayor problema ni discusión. De la primera es muy posible que se trate de una propuesta de Eruviel Ávila cedida a Nueva Alianza sólo para simular un equilibrio que ya sabemos no existe en el Congreso.

 

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Se trata de la tipificación como delito de la práctica de la enseñanza por particulares sin las autorizaciones necesarias y legales. Fuera de contexto parece menor, pero puesta en la debida perspectiva, es otra vuelta de tuerca contra los movimientos sociales opositores y fuera del control gubernamental.

 

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Claro que lleva dedicatoria: contra aquellas organizaciones como la Unión Popular Emiliano Zapata (UPREZ) que durante años han recurrido a la práctica de abrir escuelas populares y después solicitar los reconocimientos de ley. Ahora, con esta reforma será posible detener a sus promotores y acusarlos de impartir educación sin permiso, por lo que podrán ser sancionados con prisión hasta por diez años y multas económicas por 1500 días de salario vigente, es decir, unos 90 mil pesos. La criminalización de la enseñanza, pues.

 

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Ya en la práctica veremos cómo se les persigue con mano de hierro, o se les manipula políticamente para sacarles algún provecho, como si fueran transportistas u otros grupos corporativizados. Lo que no veremos, podríamos apostar, es que no perseguirán a los de Antorcha.

 

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Del PAN se aprobó la iniciativa que cancela, esperamos que para siempre, el “Día del Informe de Gobierno”. Era una vieja demanda por considerar que el 5 de septiembre de cada año representaba uno de los mayores agravios a la sociedad: el día que se le rendía culto casi si faraónico al gobernante en turno.

 

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La reforma que modifica tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece como plazo para presentar el informe el mes de septiembre, y después de entregado otro de quince días para su glosa. Es muy probable que esto lo veamos hasta el próximo año, pues involucra una reforma constitucional que debe ser aprobada por los ayuntamientos también.

 

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Como sea, parece positiva aunque habrá que esperar de qué manera desde el palacio de gobierno se arma la contraparte, porque seguro no se conformarán con perder una de sus mejores vitrinas.

 

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La tercera, propuesta por el PRD, cambió la fecha para designar consejeros electorales de agosto a noviembre del año que corresponda. Según el proponente, considerando que corresponde a la Legislatura respectiva hacer la designación, se busca contar con mayor tiempo para poder evaluar a los candidatos. Además, encontrase en periodo ordinario para darle mayor formalidad al proceso.

 

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La pura verdad es que está de por medio la redistritación estatal. Los partidos, no sólo los del sol azteca, necesitan saber cómo quedarán distribuidos los 45 distritos locales para preparase de cara a las próximas elecciones. Y esa preparación pasa por ver cuántos consejeros de sus lealtades pueden colocar en el IEEM.

 

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Así pues, como es de ordinario, legislan según sus intereses y no los de la población. Nada nuevo, ¿o sí?

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