El terror de las alturas

* Los habitantes de la Tierra Caliente mexiquense saben de sobra que los narcotraficantes pueden ser sometidos si las fuerzas militares y policiacas quisieran. No se trata de una cuestión de superioridad de armamentos ni de logística. El gobierno federal no quiere hacerlo, consideran, desde la etapa de la guerra de Felipe Calderón. Los supuestos avances en la lucha contra el narco que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio presume y que usa para justificar las masacres michoacanas son falsos. Sólo el facto de las armas representa de por sí la diferencia y la balanza se inclina a favor de los militares. Tanto así, que los mismos habitantes de la región reconocen que los narcotraficantes temen hasta de manera supersticiosa a los helicópteros que patrullan en el sur mexiquense y que ellos identifican como G3.

 

Miguel Alvarado

Mientras los Caballeros Templarios sitian municipios michoacanos y disuelven manifestaciones en su contra a balazos, en el sur mexiquense la Familia apuntala su dominio y control del trasiego de droga en la región, pero además pone de manifiesto que ya ocupa otro tipo de municipios, como Valle de Bravo, donde han encontrado en la extorsión y el cobro de protección, un negocio paralelo tan productivo para ellos como el del narcotráfico.

Llegados originalmente a Luvianos y desde Michoacán, el cártel de La Familia encuentra sus antecedentes en una banda criminal llamada La Empresa, fundada por Nazario Moreno, ya fallecido, pero que involucraba justificaciones religiosas para sus actividades. Luego de un periodo de alianza con Los Zetas, cuando estos últimos eran el brazo armado de los hermanos Beltrán Leyva, decidieron separarse y formar la estructura que actualmente controla el sur mexiquense y parte del valle de Toluca. La Familia ha penetrado incluso en la ciudad de México, donde es reconocida como uno de los 15 cárteles que pelean el control de barrios como Tepito.

Pelearon contra Los Zetas el control de Luvianos y pronto lograron expulsarlos. Establecieron sus propios gobiernos, eligieron sus autoridades, pagaron campañas políticas y promovieron leyes internas en municipios como Tejupilco, Amatepec y Tlatlaya, zona limítrofe con Michoacán y Guerrero. Formaron un pequeño reino donde apuntalaron su poder hasta que los jefes de la plaza pelearon por diferencias sobre el apoyo a partidos políticos. Hermanos ellos, se separaron. Uno se quedó con los michoacanos mientras que el otro formaba Guerreros Unidos, que junto a Los Caballeros Templarios, son las escisiones generadas desde La Familia. En enero del 2011 se difundía la desintegración del cártel michoacano y se anunciaba la llegada de los Templarios. Más una maniobra publicitaria del gobierno federal de Felipe Calderón que una buena noticia, pocas horas tardó en pulverizarse. Las ejecuciones y los enfrentamientos en territorio michoacano alcanzaron también al Estado de México y Luvianos, donde un paraje en Caja de Agua, ranchería emblemática porque allí consolidó su dominio La Familia, fue escenario para dos combates con más de 60 muertos entre los cárteles que terminó por decidir quiénes eran los nuevos dueños de la plaza.

Ni siquiera La Familia, con el poderío económico que ha alcanzado y la violencia que desarrolla, puede hacerlo sin el permiso o la complicidad de las autoridades. A pesar de que la Marina y el ejército mantienen bases en las cercanías de Luvianos, han sido incapaces de detener a los líderes, aún cuando todos saben quiénes son. La presencia militar se limita en lo público al cuidado de las entradas y la esporádica revisión del transporte. A veces incursionan en la sierra de Nanchititla, en busca de algo o alguien, pero pronto abandonan porque dicen no conocer la región.  Pero no siempre es así. De vez en cuando, como sucedió a principio de julio del 2013, la Marina detiene a algunos que considera relacionados con el crimen organizado. Aquella ocasión, cinco jóvenes fueron detenidos y, según su propia denuncia, golpeados por los uniformados. Los pobladores cerraron los accesos a la región para exigir que los detenidos fueran liberados y que la Marina abandonara la base que ocupa.

Finalmente los jóvenes fueron dejados libres. La detención del Z-40, Miguel Ángel Treviño, líder de Los Zetas fue el preludio de una jornada letal para Michoacán, que en dos días registró 22 muertos, entre enfrentamientos y asesinatos de civiles, como sucedió en el municipio de Los Reyes, cuando una manifestación pública contra Los Templarios terminó en balacera contra los quejosos, dejando cinco muertos. Apatzingán y Lázaro Cárdenas, sus carreteras, fueron bloqueadas por el crimen organizado y la comunicación fue cortada, hasta hallar estabilidad. En el Estado de México, entre el 19 y 22 de julio, el municipio de Valle de Bravo resintió la actividad criminal. Allí, el cártel de La Familia cerró por unas horas los accesos al centro de la población, mientras cobraba cuotas a comerciantes y extorsionaba a empresarios. Los habitantes del primer cuadro señalaron que habían dejado cuatro decapitados en esa zona como un aviso y aunque no hay una guerra o enfrentamientos abiertos, consideran que La Familia defiende esa plaza contra los embates de Los Templarios. Valle de Bravo, el principal foro turístico del Estado de México y hogar de los hombres más ricos del país, es desde hace pocos años una base de operaciones del narcotráfico, a semejanza de Huixquilucan, cuando fue elegido como sede para que los jefes del narco establecieran sus casas.

Los habitantes de la Tierra Caliente mexiquense saben de sobra que los narcotraficantes pueden ser sometidos si las fuerzas militares y policiacas quisieran. No se trata de una cuestión de superioridad de armamentos ni de logística. El gobierno federal no quiere hacerlo, consideran, desde la etapa de la guerra de Felipe Calderón. Los supuestos avances en la lucha contra el narco que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio presume y que usa para justificar las masacres michoacanas son falsos. Sólo el facto de las armas representa de por sí la diferencia y la balanza se inclina a favor de los militares. Tanto así, que los mismos habitantes de la región reconocen que los narcotraficantes temen hasta de manera supersticiosa a los helicópteros que patrullan en el sur mexiquense y que ellos identifican como G3. Los describen como aeronaves que vuelan con sensores y radares que facilitan cacerías nocturnas o en condiciones climáticas adversas. Equipados con armas que alcanzan rangos de disparo de hasta un kilómetro, las naves de la Marina han causado decenas de muertos, a quienes cazan de vez en cuando. Esta versión de ataque ha causado más terror que bajas, pero es un ejemplo del poderío militar. Los últimos helicópteros recibidos por la Marina son tres modelos Sikorsky UH-60M Black Hawk, entre el 2007 y el 2012 y que, dice la dependencia, donó el gobierno de Estados Unidos, que pagó por ellos al fabricante 71 millones de dólares, incluidos repuestos y servicios. También, en noviembre del 2012 otro modelo fue recibido por la Armada, el primero de tres modelos EC-725 Super Cougar, aunque estaban originalmente destinados para las bases de Minatitlán, en Veracruz. Los pilotos y personal para atender estas naves han recibido adiestramiento en Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. “El EC-725 ya está en servicio con la Fuerza Aérea Mexicana, que ha adquirido doce de estas aeronaves, seis de las cuales ya se encuentran en México. Las unidades de la FAM se entregaron con armamentos que incluyen lanza-cohetes de 70 milímetros y pods para ametralladoras de calibre .50 Al día de hoy, se desconoce si los helicópteros adquiridos por la Marina vienen con algún tipo de armamento. Lo que sí es seguro es que, a diferencia de las maquinas de la FAM, los EC-725 de la SEMAR cuentan con un sistema de bocinas de alto poder, montadas en el carenaje trasero de la aeronave y que permiten realizar llamados o transmitir mensajes a personas en tierra”, apunta una descripción del diario El Universal.

Datos del diario local Tres PM aseguran que en la guerra de cárteles, en enero del 2013, la zona sur mexiquense reporta 550 ejecutados oficialmente. Para esta región, los datos sobre muertes y asesinatos son confusos, aunque los números reflejan poco o nada la realidad del narcotráfico en el Estado de México y la oposición del gobierno a esa actividad.

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