Narcópolis

* Atrapado en una confrontación entre las organizaciones criminales, ante la casi nula capacidad policiaca estatal para enfrentarlos, sumado a la protección de funcionarios, políticos y autoridades policiacas, el Estado de México es un espejo que refleja la realidad de todo el país. En algunos municipios las bandas de criminales imponen su toque de queda cuando lo deciden y nadie debe circular mientras que las caravanas de grandes capos o cargamentos transitan por calles, brechas, terracerías, caminos, senderos de pueblos, rancherías o zonas residenciales.

 

Francisco Cruz

A Enrique Peña Nieto no hay manera de quitarle el aparente aspecto juvenil que resultó la mejor estrategia para obtener mayoría de votos en las elecciones de gobernador en 2005. En esos tiempos, el llamado Golden Boy sacaba provecho de la comparación que se hacía entre él y su tío Arturo Montiel Rojas, un dinosaurio que buscaba la candidatura presidencial priista y cuyo único atractivo era su esposa francesa Maude Marie Laure Christiane Versini Lancry.

Enrique representaba la fuerza del impulso priista y, supuestamente, una renovación en los cuadros políticos. Aunque obtuvo la gubernatura a través de una campaña plagada de inmoralidades, así como de ocurrencias en torno a su apostura, su partido empezó a ver en el guapo Peña a su mejor precandidato presidencial. Sin embargo, ni la imagen ni el constante entrenamiento han servido para hacer creer que pertenece y representa a un PRI renovado.

En plena campaña de 2012 —cuando en Tepotzotlán le tomaron protesta como candidato presidencial del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)—, a sus expertos en imagen se les ocurrió que era posible aparentar madurez y sabiduría con unas bonitas canas al más puro estilo del actor Jaime Camil.

Peña salió al paso de las críticas enseñando “interesantes” sienes que llevaban el mensaje de una sabiduría adquirida en románticos lances políticos. Sin embargo, las canas no pudieron hacer nada para evitar, el 22 de mayo, el impacto de un misil estadunidense para involucrar a tres ex gobernadores priistas tamaulipecos —Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores— con el crimen organizado.

El cuartel central peñista tomó acuse de recibo, pero apenas resentía el impacto del obús Cavazos-Yarrington-Hernández, cuando se hizo público que investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) involucraban al ex gobernador chihuahuense José Reyes Baeza, incondicional de Peña en su campaña presidencial, como un protector a sueldo de los capos del Cártel de Juárez.

Las indagatorias sobre Reyes Baeza incluían su llegada a la alcaldía de la fronteriza Ciudad Juárez —centro operativo de “El Viceroy” Vicente Carrillo Fuentes, hermano del extinto Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”—, y apoyos económicos del “narco” para fortalecer su campaña por la gubernatura de Chihuahua. En la mesa también se puso la desaparición y asesinato —el 8 y 9 de agosto del 2006 respectivamente— del periodista Enrique Perea Quintanilla.

Si hasta febrero de 2012 la vida sentimental que se tejía a Peña en las revistas del corazón, del jet set y la farándula —con Jessica Delamadrid, Rebeca Solano, Maritza Díaz y Angélica Rivera, amén de la extinta Mónica Pretelini— había definido su presencia pública, el caso de los ex gobernadores mostró un oscuro pasado del Partido Revolucionario Institucional.

Si se mira hacia atrás, bien valdría la pena analizar no sólo la situación en los estados del norte o algunos del sur, sino en la misma casa del presidente Peña: el estado de México, que durante su administración (2005-2011) se convirtió en el refugio favorito de los grandes capos del crimen organizado, así como en la capital del asesinato y violación de mujeres. Los capos se sintieron a gusto, “entraron como Pedro por su casa”, impusieron su “orden” y se disputaron la plaza.

“Por miedo a la inseguridad, residentes de Huixquilucan están huyendo a ciudades de Estados Unidos como Texas y Florida. Tal es su temor, que ni la seguridad privada con la mayor tecnología y capacitación, vivir en fraccionamientos con circuito cerrado de vigilancia, o adquirir cotosos blindajes, los han podido retener”, escribieron, el 30 de junio de 2011, Claudia Solera y Laura Toribio en Excélsior.

Por su parte, Diario Amanecer publicó el 23 de abril de 2010: “Huixquilucan… residencia de narcos y políticos (…) la gravedad del asunto se recrudeció durante la administración de Montiel, cuando el entonces alcalde David Korenfeld Federman, secretario del Agua del gobierno peñista, abrió las puertas de la municipalidad al crimen organizado, dicen, en un afán de evitarse conflictos que afectaran su débil carrera política. […] No es desconocido, entonces, que actualmente opera un corredor del narcotráfico en los municipios de Huixquilucan, Metepec, Ixtapan de la Sal y Valle de Bravo”.

El narcotráfico se ha convertido en eje de la violencia en el Estado de México. Da la impresión de que los capos tienen motivos para sentirse seguros, pues son los dueños de la fuerza y la intimidación. Sus peores enemigos son, en la mayoría de las ocasiones, ellos mismos.

La dinámica de la delincuencia organizada cambió en los gobiernos estatales de Emilio Chuayffet Chemor y César Camacho Quiroz, luego despegó en el sexenio de Arturo Montiel Rojas y se consolidó con Peña Nieto. Ninguno encontró la fórmula para hacer frente a los grupos del crimen, capaces de repartir dinero en todos los niveles de gobierno y de armarse mejor que los policías de cualquier municipio.

La entidad mexiquense, pues, ha dado pauta para todo. Y, con una guerra personal como la que declaró Felipe Calderón a los cárteles del narcotráfico —y cuyos saldos incluyen 250 mil desplazados, 30 mil desaparecidos, 20 mil huérfanos y 5 mil niños ejecutados—, la agenda legislativa del nuevo mandatario será fundamental.

Muchos son los testimonios que sustentan la buena relación entre los grandes capos y el gobierno a cambio de favores mutuos, sin embargo, como bien reza el dicho: “Picar está en la naturaleza del alacrán”, que ilustra la muerte de varios políticos en manos del crimen organizado.

Tal es el caso del presidente municipal de Zacualpan, José Eduviges Nava Altamirano, secuestrado y ejecutado el viernes 19 de agosto de 2011. O de un amigo muy querido de Peña, Christopher Salvador Vergara Cruz, presidente municipal de Ixtapan de la Sal, asesinado en una emboscada en octubre de 2008, acontecimiento que hizo saber a Enrique con quién trataba.

 

 

Testigo de honor

 

A poco más de cuatro años de distancia, apenas sus familiares y uno que otro amigo recuerdan a Vergara Cruz. Nadie tiene presente que la suya fue de las primeras ejecuciones de un alcalde —de un municipio “importante” y, además, un personaje muy cercano al gobernador—,  atribuida a pistoleros y matones a sueldo de los cárteles del crimen organizado.

Cuando se recorren las calles pintorescas de Ixtapan —un municipio-balneario semitropical, dos horas al sur de Toluca, la capital mexiquense—, da la impresión de que todo sigue igual, que el tiempo se detuvo en sus aguas termales y donde las principales actividades económicas son las de siempre comercio, turismo, migrantes y narcotráfico.

La población parece haberse adaptado muy bien. Y así acepta a su élite local, encabezada por la familia San Román— una de las familias más pudientes del municipio— con sus excesos y todo lo que representó el asentamiento de la alta clase política del Estado de México en los sexenios de Montiel y Peña. La ejecución de Vergara es un tema que nadie quiere recordar. Y muy pocos se atreven a hablar de los cárteles del  crimen organizado.

Alto y elegante siempre, Vergara se distinguió por su habilidad para relacionarse con los poderosos del lugar. Pero esta no era la mejor de sus cualidades, sino ser integrante del grupo de Golden Boy’s encumbrado por Montiel, a la sombra del gobernador Peña y de su secretario de Trabajo, José Adán Ignacio Rubí Salazar.

Se puede decir que su habilidad para hacer tratos la aprendió  bien de  Rubí, uno de los hombres más poderosos de aquella región. Diputado local de 1996 a 1999, y ex alcalde de Ixtapan, fincó su influencia en la capacidad de negociador que descubrieron de inmediato personajes de las familias más influyentes del lugar como los San Román y Montiel.

Fue Rubí, en la gestión municipal que encabezó entre 2000 y 2003, quien autorizó la construcción de hoteles de cinco estrellas y fraccionamientos de lujo como Rancho San Diego, El Country Club, Gran Reserva y Residencial Ixtapan Grand Reserva, que hoy habitan Montiel, Peña, Miranda Nava y la familia Domit, entre otros.

También promovió acuerdos municipales para excluir a pequeños hoteleros y concederles favores a los grandes empresarios turísticos. Los pequeños empresarios acusaron de caciquismo al entonces alcalde Rubí y denunciaron favoritismos para las poderosas familias que controlan aquel municipio, como las de Eduardo Beltrán, cercano al propio Rubí, la de Roberto San Román Dunne y la de Arturo San Román Moore.

Gracias a estas “buenas acciones” consiguió que su sobrino, Christopher Salvador Vergara Cruz, fuera considerado como candidato priista a la alcaldía, cargo que recibía con un sinfín de compromisos adquiridos por su tío y que eran imposibles de deshacer.

Esta habilidad para relacionarse con los poderosos se hizo evidente el 11 de enero de 2007, fecha en que contrajo matrimonio con la joven Denisse Muñoz Hernández, pues entre sus testigos se vio acompañado por tres personalidades  importantes. Una de primer orden, el gobernador Enrique Peña Nieto, testigo de honor en aquel enlace. Los otros, Gabriel Olvera Hernández, alcalde de Valle de Bravo; y Gerardo Xavier Hernández Tapia, presidente municipal de Coatepec Harinas.

El lugar elegido para la boda religiosa fue la Parroquia de la Asunción de María, donde llegó la contrayente enfundada en un espectacular vestido blanco y caminando por el camino de alcatraces y rosas blancas con las cuales se adornó toda la iglesia; a su lado estaban sus padrinos de Velación, Rubí Salazar y su esposa Laura del Carmen Soto de Rubí.

Allí estaban Ana María Hernández Escobar, Alfredo Muñoz y Gloria Cruz Vázquez— madre de Vergara— para fungir como sus testigos de honor en la firma del matrimonio civil en el Golf Country Club, donde la juez de lujo fue María Guadalupe Monter Flores, en ese entonces directora del Registro Civil estatal. Gracias a su amistad con Peña, Monter escalaría a la Secretaría de Educación, luego a la de Turismo y se haría de una notaría, pero en aquel enero de 2007 todo estaba concentrado en la felicidad de la pareja.

Nadie imaginó que esta felicidad iba a durar muy poco, pues Vergara fue emboscado y asesinado —con proyectiles de armas de fuego de grueso calibre— la tarde del 4 de octubre de 2008, cuando circulaba por la carretera que comunica al municipio mexiquense de Coatepec Harinas con el de Pilcaya, en Guerrero.

Vergara conducía su camioneta Trail Blazer, placas LXP 7055 del Estado de México, cuando fue alcanzado por un vehículo desde donde le hicieron más de 20 disparos. El ataque se reportó a las tres y cuarto de la tarde. El alcalde, de 33 años de edad, acompañado por dos de sus subalternos, regresaba de Guerrero, cerca del paraje de Mesón Viejo, en la comunidad San Alejo, cuando fue emboscado. Con impactos de bala en el parabrisas, así como en la puerta del piloto y la trasera del lado izquierdo, la camioneta del edil quedó a un costado de la carretera.

El alcalde recibió 13 impactos de bala, mientras Alfredo Rodríguez González, secretario del ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, y Raymundo Fuentes Rivera, tercer regidor, recibieron uno cada quien. Estos últimos fueron trasladados en helicópteros al Centro Médico del ISSEMyM en Toluca.

Corresponsal del diario La Jornada, el reportero toluqueño Israel Dávila escribió el 5 de octubre de 2008: “Más de 500 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal, del Ejército y la Policía Federal Preventiva instrumentaron un operativo en al menos seis municipios aledaños a Ixtapan y colocaron unos 12 retenes donde revisaban todos los vehículos que circulaban por las carreteras del sur del estado. Los retenes más grandes se habilitaron en la zona limítrofe con Guerrero”. Fuentes extraoficiales aseguran que este alcalde, como el resto de los ediles de la zona sur del estado, han sido extorsionados por bandas del crimen organizado, quienes presuntamente les exigen 40 mil dólares a cambio de seguridad.

Inmediatamente circularon versiones sobre la culpabilidad de células de Los Zetas y La Familia Michoacana, cuyas actividades consisten en el secuestro, homicidio, extorsión, venta y distribución de drogas. En una inusitada labor de inteligencia policiaca, tres días después había 14 detenidos, integrantes de La Familia y presuntos autores materiales del homicidio.

El gobernador condenó el homicidio apenas enterado, pero se guardó muy bien las relaciones extralaborales que mantenía con el alcalde. Rubí guardó silencio y consumió su pena lo mejor que pudo. La familia San Román también guardó silencio, pero organizaron a la población para que acompañara en el funeral y entierro a Vergara. Ellos mantuvieron su acostumbrado bajo perfil, resguardados detrás de los muros del hotel Ixtapan.

Días antes del asesinato, Vergara había denunciado, ante las autoridades correspondientes, amenazas e intentos de extorsión. Responsabilizaba al crimen organizado, pero sólo obtuvo como respuesta un “no pasa nada, no eres el único”.

No era la primera vez que viajaba a Pilcaya. El 26 de abril del 2007 había ido a Guerrero para participar, con el gobernador de esta entidad, Zeferino Torreblanca, en la inauguración de la vía de acceso a aquel lugar.

Sin duda alguna, sus tratos con el crimen organizado se salieron de control, pues el 3 de marzo del 2007 negó en el periódico El Universal que la siembra de droga en el sur afectara el flujo turístico en su municipio. “Ixtapan de la Sal es un pueblo tranquilo aun cuando es la ventana para entrar al estado de México… la detención de personas con armas largas, al igual que en varios municipios del sur especialmente en los denominados de Tierra Caliente, no implica que exista en esta zona la presencia de algún grupo armado”, precisó.

La versión de Vergara Cruz era poco creíble, pues para entonces ya era público que, al menos 34 municipios de la zona sur de la entidad, entre ellos Zacualpan, Coatepec Harinas, Ixtapan del Oro, Amatepec, Villa Guerrero, Zumpahuacán, Tonatico, Sultepec, Tlatlaya, Luvianos, Tejupilco, Temascaltepec y Acambay estaban cercados por el “narco”, y que 15 alcaldes habían sido víctimas de extorsión por parte de algunas organizaciones del crimen organizado. Los capos querían seguridad y que se les permitiera distribuir droga.

Atrapado en una confrontación entre las organizaciones criminales, ante la casi nula capacidad policiaca estatal para enfrentarlos, sumado a la protección de funcionarios, políticos y autoridades policiacas, el Estado de México es un espejo que refleja la realidad de todo el país. En algunos municipios las bandas de criminales imponen su toque de queda cuando lo deciden y nadie debe circular mientras que las caravanas de grandes capos o cargamentos transitan por calles, brechas, terracerías, caminos, senderos de pueblos, rancherías o zonas residenciales.

Coacalco, Ecatepec, Tultitlán, Luvianos, Huixquilucan, Atizapán, Naucalpan, Ixtapan de la Sal y Metepec son territorios donde los cárteles del Golfo de Sinaloa, Los Zetas, y La Familia se disputan los territorios imponiendo su ley y derecho de paso.

En Chihuahua, Coahuila, Baja California, Quintana Roo, Sonora, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Jalisco, Colima, Nayarit, Tabasco, Campeche, Durango, Veracruz, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán los cárteles han crecido como un monstruo de mil cabezas y se han diseminado por cada rincón.

La importancia del Estado de México no sólo radica en que sea la entidad “más rica del país”, cuyo presupuesto sexenal se aproxima al billón de pesos, sino porque su situación geográfica y colindancia con Michoacán, Morelos, Guerrero y el Distrito Federal ofrecen excelentes rutas para el trasiego de droga, su siembra, la instalación de laboratorios para procesarla y acceso al  mayor centro financiero y bancario del país.

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