Ciudad de crimen

* La alcaldesa de Toluca, Martha Hilda González Calderón afirma que la inseguridad en esta ciudad es igual a la de otras urbes en el país, aunque se apreciación no resuelve nada. Esta afirmación contiene entre líneas la respuesta: no hay todavía suficiente presupuesto para el rubro pero tampoco especialistas que puedan organizar planes y llevarlos a cabo, tan es así que se depende casi en lo absoluto de los programas de la Federación.

 

Miguel Alvarado

El gobierno del Estado de México gasta en administrar e impartir justicia 2 mil 758 millones 543 mil 826 pesos; en prevención y reinserción social mil 231 millones 25 mil 176 pesos; en procuración de justicia 2 mil 181 millones 203 mil 616 pesos; en derechos humanos 144 millones 147 mil 897 pesos; en seguridad pública 6 mil 395 millones 383 mil 482 pesos y en protección civil 525 millones 725 mil 67 pesos, según el Presupuesto de Egresos 2013 que aprobó la Cámara de Diputados local. La seguridad y la justicia es uno de los gastos de mayor envergadura para la entidad, que sin embargo no termina de resolver problemas elementales como capacitación policiaca y superar controles de confianza.

Toluca, capital del estado más poblado del país, ha sido por fin tomado sin miramientos por una ola de inseguridad que algunos llaman crimen organizado. Si bien en cierto que desde hace años zonas específicas de la ciudad son base de operaciones de bandas y cárteles, todavía se respetaba alguna parte, que permanecía intocada y era marcada como sitio seguro por las autoridades. Tres de estas colonias eran la Morelos, Federal y Granjas, residenciales tranquilos con pocos comercio, hogar de maestros y trabajadores estatales, beneficiados con las primeras casas que entregó el gobierno, en los años 50. Grandes y confortables, no se parecen en nada a los modernos departamentos verticales, que encuentran su modelo reproductivo en Cuautitlán Izcalli. Hogar de funcionarios importantes y con vigilancia policiaca continua, las colonias en cuestión apenas registraban algunos robos o incidentes de poca monta, hasta este año, cuando los asaltos a las casas se hicieron cotidianos. En ellos, según los vecinos, estaban involucrados vigilantes de a pie o en bicicleta, pues sólo ellos saben con precisión el momento en que las propiedades se encuentran solas. Algunos creen que el Estado de México experimenta una especie de michoacanización y que ha alcanzado a la capital que albergó al actual presidente mexicano durante seis años y buena parte de su vida pública.

Pero esos residentes ven lejano ese panorama. No existe el nivel de agresión que se observa en Michoacán. Así y todo, apenas el primero de agosto del 2013, a las dos de la tarde, un hombre fue secuestrado en la esquina de Eulalia Peñaloza y Felipe Villanueva, en la colonia Federal, a la vista de transeúntes y comerciantes. Un auto le cerró el paso, mientras caminaba aquellas calles y sin mediar nada lo subieron. Los testigos aseguran que era uno de los jefes de colonos de aquella parte y que se encontraba en desacuerdo con algunos otros. Pero los más aseguran que se debe a una campaña que esa colonia impulsa como parte de un sistema de autoayuda, ante la evidente inoperancia policiaca y que implica colocar mantas con los retratos de asaltantes y ladrones del rumbo. La evidenciación es parte de una respuesta a la autoridad municipal, liderada por la alcaldesa priista Martha Hilda González, a quien se le responsabiliza por no garantizar la seguridad en la ciudad. Hace unos meses, la región norte del municipio, habitada por mayoría otomí, reclamaba al municipio el abandono en que se encuentra. Pronto comenzaron movimientos para obtener la independencia de Toluca, pues 23 mil personas son más que suficientes para gobernarse solas. La respuesta fue inmediata: despensas e inscripciones en programas sociales y hasta una presentación de la Orquesta Sinfónica calmaron algunos ánimos pero no el principal problema. González Calderón declaró públicamente que la región norte era la prioridad para su gobierno, lo que fue interpretado por vecinos del centro como una muestra de que el gobierno no sabe qué hacer ni cómo cumplir sus obligaciones. Miles de volantes impresos de manera artesanal circularon por la colonia Morelos, donde vecinos organizados hacían público su descontento.

González Calderón afirma que la inseguridad en esta ciudad es igual a la de otras urbes en el país, aunque se apreciación no resuelve nada. Esta afirmación contiene entre líneas la respuesta: no hay todavía suficiente presupuesto para el rubro pero tampoco especialistas que puedan organizar planes y llevarlos a cabo, tan es así que se depende casi en lo absoluto de los programas de la Federación.

Es cierto que los pretextos sobran. El 3 de agosto, al menos tres autos estacionados en la vía pública, en la colonia Federal, fueron despojados de sus llantas. Dejados en cuatro tabiques, enervó la indignación vecinal, aunque hasta el momento se ha topado con la pared burocrática y poco o nada se ha resuelto.  En el 2011 un grupo de secuestradores había rentado una propiedad en la calle Esteban Plata, en la colonia Granjas, para usarla como casa de seguridad. Luego de algunos casos, fueron detenidos por la policía, pero los vecinos aseguran que los plagiarios cuentan con algún tipo de protección oficial, pues un año después el cabecilla se paseaba por las calles sin que nadie lo molestara ni mediara explicación sobre su libertad.

Mientras el gobierno estatal dirime la suerte de Eruviel Ávila y compra, entre otras cosas, 12 millones pesos en alfombras para yoga, como documenta el diario local Alfa, también espera las reacciones del cártel de La Familia Michoacana, que según versiones oficiales perdió a su líder en Luvianos, Pablo Jaimes, La Marrana, en un enfrentamiento con soldados. Jaimes no era el único líder pero sí uno de los más influyentes en la Tierra Caliente mexiquense, que colinda con Guerrero y Michoacán. Y como en toda cadena criminal, el grupo delictivo busca nuevo dirigente e El Pony o El Player, según la Procuraduría estatal, quien confirmó el deceso el 7 de agosto. La presencia de este cártel en Toluca se relaciona con plagios, secuestros, extorsiones, control de piratería y trasiego de droga. En el centro de la ciudad, algunos pequeños comercios han cerrado debido a la presión de pagos por parte de este grupo. Los dueños de bares saben que deben negociar con ellos si quieren permanecer abiertos, pero aún así sus demandas son imposibles para algunos, que deben cerrar los locales para que solamente los criminales los utilicen, sin pagar los consumos.

Si las colonias Federal, Morelos y Granjas habían permanecido más o menos al margen de la actividad delincuencial, no sucede lo mismo en el resto del municipio. De punta a punta, los reclamos por el crimen son proferidos, pero no resueltos. Nadie se salva, desde alumnos del Tecnológico de Monterrey, hasta empleados de la zona del aeropuerto, padecen asaltos, amenazas y secuestros. Una de las promesas de campaña de González Calderón era abatir los índices criminales en la capital e impulsarla como una de las más importantes. Para eso firmó cerca de 25 compromisos, imitando las campañas de Enrique Peña. Hasta el momento, los compromisos más sensibles esperan mejor oportunidad.