Todo el poder en familia

* Estadísticas que la PGR y la PGJEM han elaborado sobre asesinatos con características de ejecución o ligados al crimen organizado —cuerpos con señales de tortura, maniatados, mutilados, con los ojos vendados y, en su gran mayoría, con el tiro de gracia— indican que en el Estado de México las muertes violentas por arma de fuego aumentaron de 111 en 2007, a 364 en 2008, 490 en 2009 y 623 en 2010. Este texto es un extracto del libro Los Golden Boy’s, escrito por Francisco Cruz en el 2012, editado por Planeta.

 

Francisco Cruz Jiménez

El asesinato de Christopher Salvador Vergara Cruz fue, para muchos, un claro indicio de cómo andaban las cosas en el estado de México. Ni la sólida relación comercial entre Televisa y Peña pudo ocultar los pactos de algunos funcionarios con el crimen organizado, entre los que destacan los  casos de José Manzur Ocaña, delegado de la PGR en el estado de México en 2007 —heredero de uno de los apellidos de mayor abolengo político mexiquense en las últimas décadas—, y del extinto atlacomulquense Cuitláhuac Ortiz Lugo —jefe de la Policía Ministerial del Estado de México y primo de sangre de Peña—, quienes en el sexenio peñanietista abrieron la puerta para convertir al estado de México en el refugio de los grandes capos del narcotráfico, tal y como se advierte en los libros Tierra narca y AMLO, mitos, mentiras y secretos, publicados por la Editorial Planeta.

Como dato curioso, el 22 de junio de 2009 se instruyó un pliego de ejercicio de acción penal, por delincuencia organizada y otros delitos, contra Manzur Ocaña, delegado de la PGR en el estado de México del 1 de agosto de 2007 al 7 de julio de 2008. Hoy es considerado prófugo de la justicia federal y desde aquel día nadie sabe nada de él. Por si pocos lo saben, el caso no es menor. Como referencia puede señalarse que Manzur Ocaña es medio hermano del diputado federal José Manzur Quiroga, quien por tres años se desempeñó como subsecretario general de Gobierno en la administración de Peña, cargo que también ocupó durante el sexenio de Montiel. Los Manzur son originarios de El Oro, municipio localizado al norte de la entidad mexiquense.

Cuitláhuac Ortiz, cuya carrera policial despegó con Peña —unidos por lazos de sangre a través de la madre del comandante y el finado padre del gobernador—, fue involucrado en la cadena de jefes de las policías del estado de México comprometidos con Joaquín El Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leyva, pero que se habían acercado a La Familia.

Aunque el parentesco con el gobernador Peña le sirvió como manto protector y nunca se le abrió una investigación formal, a Ortiz Lugo se le implicó en el robo de tres  millones de dólares que La Familia habría entregado a un grupo de policías mexiquenses. Esa cantidad era independiente de las que la organización destinaba cada mes para el delegado de la PGR, José Manzur Ocaña.

El 15 de noviembre de 2009, desde las corporaciones policiacas mexiquenses se informó que Ortiz Lugo había muerto porque, en estado de ebriedad, estrelló contra un árbol la camioneta Silverado que conducía. Esto sucedió a las afueras del lujoso fraccionamiento en el que se encontraba su residencia, en una de las exclusivas zonas de Atlacomulco. Con su muerte se fueron para siempre las acusaciones y los señalamientos públicos de su complicidad con el crimen organizado. Y nadie recordó su parentesco con Enrique, o muy pocos se atrevieron a hacerlo.

Para ilustrar la situación en que se encuentra el Estado de México basta con enumerar a los “distinguidos” personajes del crimen organizado que, en los sexenios de Montiel y Peña, se asentaron en algunas de las más exclusivas zonas como Interlomas en Huixquilucan, Condado de Sayavedra en Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Lerma, Metepec, Valle de Bravo, Luvianos y Coacalco:

Los hermanos Beltrán Leyva, Joaquín Guzmán Loera—“el Chapo Guzmán”—”, el texano Édgar Valdés Villareal —“LaBarbie”—, Carlos González Montemayor —“El Charro”—, Jorge Balderas Garza —“El JJ”—,  Jorge Gerardo Álvarez Vázquez —“El Indio”—, José Filiberto Parra Ramos — “La Perra”—, y el colombiano Pablo Emilio Reyes Hoyos —“El Chaparrito”—, quienes se distinguían por ser el otro brazo fuerte del entonces gobernador Enrique.

Como muestra se puede recordar que en pleno poder del peñanietismo en territorio mexiquense nacieron dos cárteles: La mano con ojos y Los templarios. Y que en septiembre de 2008 se reportó la primera gran matanza colectiva del país en la zona boscosa del parque nacional de La Marquesa, donde un escuadrón de la muerte integrado por policías municipales y estatales bajo el mando de Raúl Villa Ortega —“El R”, por reclutador—, asesinó a 24 humildes albañiles, de quienes se sabe que vivían en una relación homosexual. Fue este un trabajo de “limpieza social”.

Estadísticas que la PGR y la PGJEM han elaborado sobre asesinatos con características de ejecución o ligados al crimen organizado —cuerpos con señales de tortura, maniatados, mutilados, con los ojos vendados y, en su gran mayoría, con el tiro de gracia— indican que en el Estado de México las muertes violentas por arma de fuego aumentaron de 111 en 2007, a 364 en 2008, 490 en 2009 y 623 en 2010.

Un análisis elaborado en mayo de 2005 con estadísticas de la PGJEM, y publicado después en el libro Tierra narca, el Estado de México, refugio de los grandes capos del narcotráfico sorprendió al gobierno estatal: “Durante los últimos cinco años se han cometido más de un millón 220 mil 142 delitos, o unos 637 por día, un crimen cada dos minutos, promedio.”

Reportes de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) establecen: “Llos delitos de alto impacto, como son secuestro, homicidio y violación se incrementaron en casi 21 por ciento en el periodo comprendido del 2005 a 2007. […] En materia de secuestro, el porcentaje se incrementó en casi 21.5 por ciento entre 2005 y 2007, con 140 casos en total. […] Y el homicidio aumentó [cerca de] 23 por ciento, ya que en 2005 se reportaron 5 mil 108 ocho casos, contra 2 mil 365 denuncias de 2006 y 6 mil 274 en 2007”.

Las organizaciones que pelean el territorio son los cárteles de Sinaloa, Los Zetas, La Familia Michoacana —que dio paso a La mano con ojos—, Los Pelones, Pacífico Sur, los remanentes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y el grupo del hoy detenido Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. En municipios al norte, como Atlacomulco y su vecino, El Oro, se han identificado grupos del cártel de Juárez. Y en Valle de Bravo se ha documentado la presencia de células que responden directamente a El Chapo Guzmán.

Si uno se atiene a documentos que obran en investigaciones de fiscales federales, escuchas telefónicas o reportes internos elaborados por agentes de la PGR, hay dos casos en especial que, por sus peculiaridades, se insertan en la tradición más oscura de la política mexicana priista, es decir, las eternas dudas sobre la muerte de Mónica Pretelini y el asesinato de los cuatro escoltas de la familia Peña Pretelini en el puerto de Veracruz.

Al paso de los años, cohíben las permanentes imágenes de estos eventos. Ambos se resumen neciamente entrelazados en la intimidad; sus fibras se arremolinan enmarañándose más. Se van para volver de nuevo. Detrás de la fachada de “olvido” persisten las dudas.

Aunque hay datos en voluminosos expedientes de investigaciones que encabezan fiscales federales de la PGR, nada se ha esclarecido respecto al tema, y a muchos, entre ellos Peña, les conviene que se olvide.

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