Los amigos

* El siguiente texto es parte del libro Los Golden Boy’s, escrito por el periodista Francisco Cruz en el 2012 y editado por Planeta.

 

Francisco Cruz Jiménez

El par de temas que dejó en el tintero —Montiel y Salinas— será una sombra inseparable en la trayectoria del ex diputado federal Alfonso Navarrete (actual secretario federal del Trabajo), como quedó de manifiesto en septiembre de 2009 durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en San Lázaro, cuando panistas y perredistas no desaprovecharon la oportunidad para recordárselo en su cara. Muy sagaz, Navarrete Prida repartió las culpas.

Sobre el asesinato de Enrique Salinas  afirmó que se actuó hasta donde se pudo y que sus indagaciones apuntaban a elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que en ese tiempo encabezaba García Luna.

Señaló que, cuando se pretendió llamar a declarar a dichos elementos, se les envío a  un curso fuera del país, y que al pedir información a la PGR sobre las llamadas realizadas a la casa de Enrique Salinas, la respuesta que obtuvo fue que el “conmutador estaba descompuesto”.

El 23 de octubre de 2006, en su columna “Plaza Pública” que aparecía en el periódico Reforma, el extinto periodista Miguel Ángel Granados Chapa escribió: “Subsisten las preguntas a cuya respuesta Navarrete creyó, o nos hizo creer que estaba aproximándose. Seguimos sin saber quién y por qué mató al menor de los Salinas de Gortari, que no pereció víctima de un asalto callejero o tras un incidente de tránsito, de manera casual. ¿Está su muerte vinculada a los caudales que poseía y que se pretendiera arrebatarle?”

Y en cuanto a la exoneración de Montiel, argumentó: “Las pruebas que hay en ese expediente tienen que ver con la Cuenta Pública aprobada por el Congreso del Estado [que], por cierto, se aprobó por unanimidad con el concurso de los diputados de Acción Nacional y no había falla alguna.”

Pero Navarrete, con su cualidad para inventar respuestas, argumentó que pidió a la PGR su propia investigación o algún caso contra el ex gobernador Montiel, y encontró “un no ejercicio de acción penal. Remató diciendo que, por más que hubiera gritos, sombrerazos o escritos, si no había pruebas, porque ése era un asunto de pruebas, no podía haber consignación.

Antes de dejar su oficina en la Torre de Morelos (el edificio central de la Procuraduría mexiquense), recomendó al jefe del Poder Ejecutivo que su sucesor fuera un hombre “decidido, inteligente y con temple”, y que garantizara la impartición de justicia. Sólo Enrique Peña sabe si se tomó en cuenta ese consejo, pero nombró como procurador al jurista Abel Villicaña Estrada, decisión avalada por 77 de los 75 diputados locales.

En la hoja de vida de Navarrete también destacan sus cargos como secretario particular del procurador general de la República en 1993, subsecretario de Gobernación en 1994 y asesor jurídico en Morelos en 1996, así como sus reclamos o aclaraciones, en varias ocasiones, al periódico Reforma.

Por ejemplo, el 25 de julio de 2006, atendiendo a su derecho de réplica, Navarrete negó que Montiel y Peña le hubieran asignado una notaría pública por favoritismo o compadrazgo. “La nota parte de un presupuesto falso al señalar que yo no pude realizar la práctica notarial a la que alude el Artículo 14 de la ley de la materia, pues me desempeñaba como procurador. […] Es una pena que para un artículo que le mereció a su medio la primera plana no se hubiese tomado la molestia de preguntarle al interesado, con lo cual quizá abonaríamos en la objetividad de la información que se publica”.

La reclamación hizo que muchos lectores —quienes ni siquiera se habían percatado de la información— volvieran los ojos a los encabezados de la primera plana del día anterior, firmada por Germán Zepeda y Arturo Espinosa: “Adquieren notarías gracias a Montiel”.

Y ya en el cuerpo de la nota aparecía el quejoso: “En su último año como gobernador del Estado de México, Arturo Montiel creó 25 notarías públicas, de las cuales al menos siete repartió a amigos y colaboradores de su gabinete. Entre los beneficiados se encuentran Alfonso Navarrete; Emanuel Villicaña, hoy contralor de la Secretaría de Gobierno y hermano del actual procurador. […] Las notarías se entregaron de manera provisional entre noviembre del 2004 y marzo de 2005; algunas las ratificó el propio Montiel antes de dejar el cargo y otras le tocaron al actual mandatario, Enrique Peña. […] Navarrete se convirtió en notario provisional el 21 de marzo del 2005, siendo Procurador, pero ese mismo día pidió licencia para no quedar al frente de la notaría 143 con sede en Huixquilucan. Un año después, Peña le dio la titularidad del despacho”.

 

Oscuras relaciones

 

La primera semana de diciembre de 2005, todo Luvianos —por lo menos los ricos y algunos de los principales dirigentes del pueblo—se aprestaba a recibir al maestro Fernando Zamora Morales, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), organización que dirige a unas 85 mil personas en plazas de base, y a otras 20 mil plazas administrativas.

Desde su fundación en 1952, el sindicato ha representado para el PRI una gran reserva de votos. No es casualidad que 13 de los 18 secretarios generales que ha tenido hayan pasado de modestos profesores a políticos de altos vuelos arropados siempre por los colores y la insignia priista, desde Sixto Noguez Estrada, quien alcanzó la presidencia de la Gran Comisión del Congreso local en 1987, hasta Héctor Hernández Silva, quien en 2009 fuera electo diputado federal por el distrito XXVI con sede en Toluca.

Convertido en un apéndice electoral del partido en el poder y que, por décadas, ha monopolizado la representatividad de los maestros mexiquenses, cada seis años el SMSEM alista un “ejército” de maestros —el de 2012 para los comicios presidenciales incluyó a casi 10 mil— responsable de labores políticas: de representantes de casilla a coordinadores de promoción del voto a favor de la “democracia” priista, con la promesa de mejoras laborales y salariales a corto plazo.

Con esas credenciales, en muy poco tiempo Zamora —cuyo periodo como líder magisterial empezó en 2003 y terminó en 2006— se convirtió en uno de los mayores operadores del PRI en la entidad mexiquense. De la mano de Montiel, fracasaría su intento de llegar a la Legislatura local, pero el equipo de Peña lo rescataría e impulsaría como diputado local en 2009, y tres años después, ganaría una curul en el Congreso de la Unión. Pero eso es adelantarse a la historia.

Aquella ocasión de diciembre de 2005 pintaba para fiesta grande. “El Profe”, como lo llamaban de cariño, no sólo era uno de los brazos políticos del gobierno del estado a través del control de los maestros, sino candidato a diputado por un distrito electoral local con cabecera en Toluca. Dada su cercanía con el otrora gobernador Arturo Montiel y la amistad que le profesaba el sobrino de éste, Enrique Peña Nieto, pocos dudaban de que, en 2006 —después de los comicios del domingo 12 de marzo— “El Profe” estaría despachando en la Legislatura del Estado de México. Todavía el miércoles 7 de diciembre de ese 2005, nadie anticipaba su fracaso.

Sin embargo, el jueves 8 de diciembre fue un día que anunció una catástrofe. Muy temprano en la Ciudad de México el periódico El Economista publicó una reveladora foto suya: uno de los tres jefes del narcotráfico en Luvianos en particular, y del sur mexiquense en general, le organizaba encuentros políticos con la gente de poder precisamente en el sur. La fotografía de primera plana del rotativo mostró a Zamora Morales montado a caballo, exhibiendo su popular cuerno de chivo y sujetando la rienda del animal, un misterioso personaje que sólo en ese momento pasaría inadvertido para las policías antinarcóticos de la Ciudad de México. Las del estado lo identificarían tres años más tarde.

La historia en El Economista, firmada por el reportero Rubén Torres, tuvo otros matices, igualmente reveladores: “Líder magisterial acusado de amenazas. Se llama Fernando Zamora Morales y es el líder de uno de los gremios más grandes en el país, el SMSEM, integrado por unos ochenta y un mil profesores estatales. […] En la foto oficial del Comité Ejecutivo del gremio, el profesor Zamora aparece sonriente, perfectamente trajeado, junto a los otros treinta y cuatro miembros de la dirección sindical. […] En otra imagen, tomada hace unos meses, viste de rojo y está parado junto al entonces candidato a la gubernatura, Enrique Peña Nieto. Exultantes, sudorosos, ambos encabezan un mitin de campaña con maestros mexiquenses, que son utilizados de ese modo por el PRI, prácticamente desde la fundación del sindicato. […] Pero hay un lado más privado de este líder sindical: el que capta la foto que publicamos en la portada de nuestra edición de hoy. Igualmente sonriente, Zamora monta a caballo, en un rancho del municipio de Luvianos. Lleva puesta ropa informal y, en la cabeza, un sombrero calentano. Una veintena de personas tiene la vista fija en él, incluido un caballerango que lleva el animal por la rienda. Nada tendría de raro la imagen, de no ser por el arma larga, un cuerno de chivo que empuña el personaje. En el contexto social de Tierra Caliente no es extraño ver ese tipo de armas en convivios, e incluso que las disparen al aire en señal de algarabía. Pero Zamora es el líder del sindicato de maestros. […] Y ahora aspira a una diputación por Toluca”.

Tres años después de publicada la misteriosa fotografía, en mayo de 2008, funcionarios de la ASE informaron a la prensa en Toluca que aquel misterioso personaje que sostenía las riendas no era un caballerango, sino Albert González Peña, “El Coronel” o “El Tigre”, cabecilla del grupo criminal conocido como La Sagrada Familia. Informes de Gerardo García Benavente, director de Inteligencia de la ASE, citados por la prensa local, también advirtieron que “la guerra de grupos delictivos de alto impacto en una amplia zona del sur mexiquenses es una realidad insoslayable”.

Anuncios

El Barco Ebrio

*

No todos los maestros marchan. No todos consiguen sus exigencias tomando una ciudad. No todos piensan que la insurgencia es la única vía que surte efecto. Algunos explican mejor que los alzados, primero, las razones de las protestas. No todas son políticas o sindicales. O individuales. Hay algunos verdaderamente comprometidos con su oficio y entienden las razones de la Reforma Educativa. Para empezar, dicen, esa reforma no es educativa, pero sí laboral. Y no es educativa porque no cambia de ninguna manera los programas escolares. Ni siquiera los toma en cuenta. No importa lo que se enseñe, pero sí cómo se enseña, afirman maestros mexiquenses mientras recuerdan los 117 errores ortográficos de la nueva edición de libros de texto gratuitos. Esa edición, de 2 millones 99 mil ejemplares, fue repartida sin miramientos a pesar de que los gazapos estaban identificados.

 

*

Así, la reforma educativa ni siquiera plantea una capacitación a los maestros, que bien la necesitan, ni el refuerzo de técnicas de la enseñanza. Va directo a salarios, formas de pago, despidos, control de ingresos y aborda el famoso examen de capacidades. Los primeros filtros para decidir si un maestro es capaz, pasan por lo tributario.

 

*

El Estado de México gasta anualmente en “Educación para el desarrollo integral”, 61 mil 458 millones 203 mil 557, de un presupuesto global de 174 mil 408 millones 421, mil 939 pesos, según el Presupuesto de Egresos local. Más de la mitad de esos 61 mil millones de van en salarios de funcionarios y los propios maestros, casi todos insertos en el orgánico Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. No todo se gasta en lo que se puede entender por “educación”: escuelas apropiadas, planes de enseñanza, salarios dignos, capacitación. Los contenidos que imparten los maestros están regidos por la Secretaría de Educación federal. No hay más. Desde allá se diseñan planes de estudio y formatos escolares. Los pagos, prestaciones, sindicalismos, son otra cosa. Más de 80 mil maestros estatales paga el Edomex. Su líder, quienquiera que sea, siempre accede a un escaño en la Cámara de Diputados local, inmediatamente después de terminar su gestión. Algunos ejercen una larga carrera política, como el actual diputado local Fernando Zamora, desde el priismo.

 

*

Así, no resulta extraño que a los maestros se les use, ya desde la CNTE, del SNTE o del SMSEM, como arma política, como olla de presión, y se les exhiba públicamente como vándalos o héroes patrios, según resulte conveniente. En el Edomex, el Segundo Informe del gobernador Eruviel Ávila estuvo rodeado de curiosos eventos, uno de los cuales involucró a la “educación”. Luego de que medios locales denunciaran el acarreo de empleados estatales al foro donde Ávila presentó su discurso, se supo que una gran parte de ellos eran maestros. Desde algunas escuelas de Toluca se filtraron documentos donde se hacía “una invitación” a los docentes para que al menos vieran por televisión aquella obligación convertida en circo desde hace años.

 

*

Días después llegó a las direcciones de algunas escuela, material didáctico enviado por el gobierno mexiquense. Junto a esas cajas, también iban sugestivos carteles acerca del Informe de Ávila Villegas, para que los pegaran en las instalaciones. Pero también, junto con todo aquello, se incluía una orden que emplazaba a la escuela para enviar fotografías de los papás de los niños observando el Informe. ¿Fotos? Sí, pedidas especialmente por los supervisores, quienes al mismo tiempo cumplían órdenes. Un caso concreto es el Departamento de Educación Indígena, desde donde salieron algunas de esas peticiones. Al Departamento le llegó una circular con esa misma indicación. Como nadie las tiene, o casi nadie, a algunos maestros se les ocurrió la puntada de hacer una simulación, con imágenes extraídas de internet y computadoras en vez de aparatos de tele. La Secretaría de Educación estatal confirmó lo anterior, pero dijo que las circulares se enviaron en calidad de “invitaciones”. Los supervisores, aclara, lo tomaron de otra forma y obligaron a los maestros.

 

*

Pero esas actividades extracurriculares son lo de menos. Algunos maestros de Toluca que trabajan en la zona indígena de Huichochitlán y Autopan reportan que cada quincena les llega un descuento por 700 pesos para cubrir el salario de la cocinera del plantel. Lo más preocupante es que esas escuelas no tienen cocina ni cocinera, que por otro lado cobra 2 mil 700 pesos. Si las escuelas juntan más en los descuentos, el dinero restante va a parar a un fondo misteriosos del cual nadie sabe nada. También denuncian que el programa Escuelas de Tiempo Completo es un embrollo burocrático que impide su implementación. Las escuelas no tieen lavabos para los niños, ni tampoco piso firme.

 

*

Lo anterior es nada más una probadita. Las escuelas federales en el Edomex preparan ya un nuevo tipo de contrato, que será temporal. Así, algunos docentes marchan, otros toman ciudades, los más dan clases en las condiciones que se les impongan. Pero la mayoría tiene algo en común y es que tarde o temprano se los friegan.

 

*

El gobierno que todo lo hace en grande también tiene demandas en grande. En el ISEM, donde los acreedores tienen ya más de 6 meses sin cobros, se quejan ahora de que les entregan cheques que no pueden ser canjeados porque no hay fondos. Aquel sector atraviesa una crisis interna que puede costarle el cargo a César Nomar Monge, secretario de Salud estatal y parte del círculo más cercano y familiar del gobernador Ávila. Desde el mismo gobierno exigen su salida y la pronta reparación de los desaguisados que arrastra aquella administración.

 

*

El hecho es que no hay dinero. Más bien, lo hay pero no se reparte. Sólo cobran los amigos, los que de plano amenazan con escándalos públicos o los que tienen suerte. El resto de los proveedores espera ya impaciente y confían en que saliendo Ávila del poder las cosas se normalicen. Falta saber a ciencia cierta que los cambios en el gobierno estatal sucedan tal y como se anuncian desde hace más de un año.

El otro procurador

* Como corolario de la carrera de este nuevo Golden Boy quedaron las 328 personas ejecutadas de forma violenta del 1 de enero al 7 de agosto de 2012, mientras los estudios de la ONU confirman que la entidad mexiquense es una de las que concentra el mayor número de feminicidios cometidos sin aclarar en México. Este fragmento pertenece al libro los Golden Boy’s, del escritor Francisco Cruz, editado por Planeta en el 2012.

 

Francisco Cruz Jiménez

Alfredo Castillo es uno de los hombres más importantes para Peña Nieto, quien prefiere tenerlo cerca, con lo que demuestra que entre sus prioridades está amarrar sus cabos sueltos.

Un día después de su renuncia, que se hizo pública el 7 de agosto, Milenio Diario recordó: “La investigación de la muerte de la niña Paulette no fue el único caso polémico en el que Castillo participó. Ya como procurador, presentó a los medios a César Armando Librado Legorreta, ‘El Coqueto’, acusado de violar a ocho mujeres y asesinar a otras siete. Sin embargo, ‘El Coqueto’, quien era vigilado por tres policías, se escapó de las instalaciones de la Subprocuraduría mexiquense en Tlalnepantla, lo que provocó fuertes críticas. Finalmente el atacante fue capturado”.

En septiembre de 2011, Castillo informó a la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados que, en 56 por ciento de los asesinatos dolosos de mujeres de los últimos cinco años en la entidad, “se desconocía al responsable”. Según el OCNF (Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio), de enero de 2005 a agosto de 2010—durante la gestión de Peña —, se reportaron 922 homicidios dolosos de mujeres, la mayoría en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán.

Durante la gestión de Castillo se tipificó el delito de feminicidio el 17 de marzo de 2011, pero para la coordinadora del OCNF, Luz Estrada, la tipificación es “tramposa”, ya que resulta imposible acreditar el delito porque se debe comprobar que la víctima sufrió discriminación.

La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas (CATWLAC, por su sigla en inglés), encabezada por Teresa Ulloa, solicitó, en varias ocasiones, la renuncia del funcionario por su trabajo incompetente para resolver los casos de violencia contra la mujer. Durante junio y julio de 2012, nuevamente el escándalo y la impunidad llegaron a la PGJEM con el caso de Jessica Lucero, de 14 años, quien denunció ante el Ministerio Público de San Cristóbal, Ecatepec, haber sido víctima de violación, identificando como su agresor a Carlos García Sanjuán, de 22 años, mejor conocido como “El Quico”.

Sin embargo, las autoridades no lo detuvieron, ni tomaron medidas de protección para la niña, pero sí le exigieron 2 mil pesos para “agilizar los trámites”. El 14 de julio Jessica fue asesinada a pedradas y su cuerpo hallado en un terreno baldío de la colonia El Parque en San Cristóbal, Ecatepec.

“El Estado de México está convertido en un infierno para las mujeres, ahí el número de violaciones rompe la media nacional y en muchos casos este crimen viene acompañado del asesinato de la agraviada”, escribió Marcela Turati en un amplio reportaje que se publicó el 2 de septiembre de 2012 en el número 1870 de la revista Proceso. El encabezado fue elocuente: “El paraíso de las violaciones”: “Según cifras oficiales, en el Estado de México se denuncian 6.5 violaciones  sexuales cada día. Esta cifra queda lejos de la realidad, ya que ocho de cada diez casos no se denuncian”.

Pero, sin lugar a dudas, el evento que puso en evidencia que el trabajo de Castillo fue sólo una apariencia, tiene que ver con la rápida detención— con que sorprendió a varios antes de su renuncia—  de un grupo de 17 presuntos asaltantes que, el  12 de junio de 2012, asaltó y violó a varias mujeres en un campamento de jóvenes cristianos en el parque El Colibrí, en el municipio de Chalco. Sin embargo, su hazaña se demeritó en el momento en que se le ocurrió presentar en los medios de comunicación, no sólo al grupo de asaltantes, sino también el video donde estos explicaban la forma en la que violaron a las menores. Esta “buena idea” provocó la molestia de los familiares y representantes de las víctimas, así como de organismos defensores de derechos humanos, quienes hicieron un reclamo público argumentando daño a la dignidad de los afectados.

Durante la administración de Castillo Cervantes, los agentes judiciales investigadores se volvieron más atrevidos o descarados: en un cateo para capturar  a Óscar Oswaldo García Montoya, “El Compayito”, líder de la organización delictiva “La mano con ojos,” allanaron la casa del poeta Efraín Bartolomé, en la colonia Torres de Padierna, delegación Tlalpan del Distrito Federal, de donde un agente ministerial identificado como Michell Salas, se robó un reloj Mont Blanc, que apareció luego de que el dueño demandó el incidente.

El caso Bartolomé no fue el único. Un día después de la partida de Cervantes —8 de agosto de 2012—, el diario toluqueño Alfa hizo públicos algunos irregulares cateos en la colonia Morelos de Toluca, “donde la familia Quiroz acusó a elementos de la PGJEM de haber registrado ilegalmente su casa ubicada en la  calle Javier Molina y de donde los uniformados se llevaron 50 mil pesos en efectivo, 100 mil pesos en joyas, aparatos electrodomésticos y celulares; es decir; 300 mil pesos entre dinero y artículos.”

Como corolario de la carrera de este nuevo Golden Boy quedaron las 328 personas ejecutadas de forma violenta del 1 de enero al 7 de agosto de 2012, mientras los estudios de la ONU confirman que la entidad mexiquense es una de las que concentra el mayor número de feminicidios cometidos sin aclarar en México.

La llegada de Peña a la residencia oficial de Los Pinos ha generado condiciones para la aparición de una nueva élite en el poder que, necesariamente, empieza por alimentarse de personajes que laboraron bajo sus órdenes en el gobierno del Estado de México. Y en ese grupo destaca, en particular, el nombre del ex procurador Alfonso Navarrete Prida, quien ha incursionado también en el “periodismo” de opinión. En 2010 y 2011, por ejemplo, hizo su aparición como co-conductor de un programa de la presentadora Dolores de la Vega, una de las creadoras y practicantes del “periodismo con pose”.

 

El otro procurador

 

Llegó a Toluca en 2000 para incorporarse al gabinete montielista como subsecretario estatal de Seguridad Pública. Un escándalo de espionaje político detonado en julio de 2001— y que dejaba mal parados al gobernador Arturo Montiel y al secretario de Administración, Enrique Peña—, que se disipó bajo su mediación, le valió a Navarrete Prida, en ese 2001, la designación como procurador general de Justicia.

Aunque le precedían señalamientos de manejos extraños en la PGR —y fue sometido a una investigación por parte de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) por presunta venta de plazas, cuando era subprocurador; en dicha averiguación también se investigó una supuesta relación con el Cártel de Juárez—, supo mover los hilos de la política local y tejer alianzas hasta convertirse en uno de los rivales más serios de Enrique Peña Nieto para la sucesión de Montiel. Sin embargo, su candidatura naufragó en diciembre de 2004, cuando se fue de la lengua después del asesinato del ingeniero Enrique Eduardo Salinas de Gortari.

Ya como gobernador, en septiembre de 2005 Peña Nieto aprovechó un vacío legal y lo ratificó como procurador, pasando por encima de los diputados de la Legislatura local. Con los alfileres que da el poder, lo sostuvo durante cinco meses. La imagen pública de Navarrete sufrió un golpe severo porque aprovechó ese tiempo para exonerar públicamente a su ex jefe Arturo Montiel. Más tarde, Peña lo envió a la Secretaría de Asuntos Metropolitanos en la que Navarrete aguantó hasta el 22 de enero de 2009. Ese año, al PRI estatal llegó una orden para hacerlo candidato a diputado federal por el distrito que incluye la exclusiva zona residencial de Interlomas, en el municipio de Huixquilucan.

Aunque, en febrero de 2006, era de conocimiento público que se alistaba para romper con el grupo Peña-Montiel y sumarse a la campaña de Roberto Madrazo Pintado— el 15 de febrero recogió sus pertenencias y se despidió de sus más cercanos colaboradores para marcharse “con la conciencia tranquila, sin culpas y con la satisfacción del deber cumplido”, bromeaba el propio Navarrete”—, esto no fue así, sino que dejó la Procuraduría estatal para ponerse a las órdenes  de Enrique Peña Nieto.

Sin duda, uno de los primeros casos que le tocó cubrir como procurador fue el asesinato de Enrique Salinas de Gortari, hermano menor del ex presidente Carlos Salinas, cuyo cuerpo fue descubierto en Huixquilucan el 6 de diciembre de 2004., El cadáver tenía una bolsa de plástico en la cabeza y se hallaba dentro de un automóvil Passat gris abandonado en la esquina de las calles Contabilidad y Ampliación Empresarios. Al lugar acudió Navarrete Prida. Asiduo a los reflectores y con aspiraciones políticas, se comprometió a esclarecer “a la brevedad” el crimen e incluso garantizó, en una entrevista para TV Azteca, que el caso “no quedaría en el olvido ni impune”, que “se haría justicia”.

Luego de las primeras investigaciones sobre el asesinato, Navarrete Prida advirtió que “sacudiría” al mundo de la política con los resultados obtenidos, pero el 15 de febrero de 2006 abandonó el cargo sin sacudir ni su conciencia. Su célebre frase se entendió en los círculos políticos como un recordatorio del ex procurador para hacer saber que él poseía la verdad y que la revelaría en caso de necesidad personal. El crimen del menor de los Salinas quedó en la impunidad, como él lo reconoció, aunque argumentó que un juez federal había determinado que el caso era de competencia federal y, por lo tanto, correspondía a las autoridades federales esclarecerlo.

Navarrete también pasará a la historia por ser el procurador que exoneró a Montiel en las investigaciones que se le siguieron por enriquecimiento ilícito. Montiel lo había rescatado del desempleo luego de que, a inicios del año 2000, fuera señalado en un fraude derivado de una supuesta venta de plazas en la Procuraduría General de la República (PGR). Más adelante, a finales de 2005 y principios de 2006, fue la inexplicable fortuna que amasaron el ex gobernador y su parentela la que ocupó las primeras planas de diarios locales y nacionales.

Para aquellos días, el malogrado precandidato presidencial era dueño —en sociedad con su esposa Maude Versini— de innumerables propiedades, algunas en el extranjero, como un lujoso departamento en París valuado en no menos de diecisiete millones de pesos. Aquel escándalo le costó a Montiel la candidatura presidencial y una investigación judicial. Los involucrados se tranquilizaron cuando, el 13 de enero de 2006, prácticamente después de haber declarado, Navarrete sentenció que no había delito que perseguir, y envió a la reserva aquel simulacro de investigación.

Los periodistas Miguel Alvarado y Elpidio Hernández recordaron que, después, el ex procurador justificó, como si él hubiera sido el representante legal de la familia Montiel, que las diferencias entre las declaraciones patrimoniales que el ex gobernador presentó en 1997 y las que se investigaron se debían a que, en 1999, Montiel recuperó los dividendos de todas las empresas en que participaba. En una entrevista radiofónica, Navarrete explicó que el tío de Peña Nieto construyó, entre 1995 y 1996, más de 3 mil 500 casas en el valle de Toluca, pero que después retiró  sus acciones en la constructora, lo que le representó ingresos “muy importantes”. Añadió que Montiel también se retiró de la empresa Cocinas Quetzal.

El par de temas que dejó en el tintero —Montiel y Salinas— será una sombra inseparable en la trayectoria del diputado federal Navarrete, como quedó de manifiesto en septiembre de 2009 durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en San Lázaro, cuando panistas y perredistas no desaprovecharon la oportunidad para recordárselo en su cara. Muy sagaz, Navarrete Prida repartió las culpas.

Sobre el asesinato de Enrique Salinas  afirmó que se actuó hasta donde se pudo y que sus indagaciones apuntaban a elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que en ese tiempo encabezaba García Luna.

Señaló que, cuando se pretendió llamar a declarar a dichos elementos, se les envío a  un curso fuera del país, y que al pedir información a la PGR sobre las llamadas realizadas a la casa de Enrique Salinas, la respuesta que obtuvo fue que el “conmutador estaba descompuesto”.

El 23 de octubre de 2006, en su columna “Plaza Pública” que aparecía en el periódico Reforma, el extinto periodista Miguel Ángel Granados Chapa escribió: “Subsisten las preguntas a cuya respuesta Navarrete creyó, o nos hizo creer que estaba aproximándose. Seguimos sin saber quién y por qué mató al menor de los Salinas de Gortari, que no pereció víctima de un asalto callejero o tras un incidente de tránsito, de manera casual. ¿Está su muerte vinculada a los caudales que poseía y que se pretendiera arrebatarle?”.

Y en cuanto a la exoneración de Montiel, argumentó: “Las pruebas que hay en ese expediente tienen que ver con la Cuenta Pública aprobada por el Congreso del Estado [que], por cierto, se aprobó por unanimidad con el concurso de los diputados de Acción Nacional y no había falla alguna”. bó por unanimidad con el concurso de los diputados de Acción Nacional y no había falla alguna”.

El Barco Ebrio

*

Ahí van algunos números que hacen ver a las reformas fiscales como meras ecuaciones de ociosos, incapaces de resolver un problema de fondo y forma y que delimitan, una vez más, una esclavitud disfrazada de libertad de expresión, de derecho a manifestarse, a la queja, a la represión, a la fiesta y a una moderadas y casi imposible escala económica, pero que nunca conduce a una verdadera toma de decisiones, de aquellas que pueden cambiar la vida colectiva y privada de uno.  Así, a los negocios de Slim les han perdonado, de alguna manera, 26 mil millones de pesos en impuestos; a los de Elecktra le condonan el pago de 8 mil 572 millones; en WalMart dejan de pagar impuestos por 6 mil 588 millones; Grupo Modelo deja de pagar 5 mil 305 millones de impuestos; Bachoco, 2 mil 597 millones;  Bimbo, mil 382 millones; Tiendas Gigante, mil 733 millones; Coca Cola, 700 millones; Productos Herdez, 391 millones y Liverpool, 4 mil 202 millones de pesos en pago de impuestos. Servidos

 

*

Revuelta y abstrusa como es, la reforma fiscal está explicada en términos para no entender. Ni siquiera la entienden los diputados, aunque para ellos es innecesario. Pero la mayoría debería entenderla. Redactada “para eruditos”, la reforma esconde algunas trampas mortales, que puede que no sean anda comparadas con el IVA a chicles, refrescos, alimentos para mascotas con todo animales y una que otra compra-venta de casas. Ah, y quienes entienden aquella propuesta generalmente no pueden explicarla de la mejor forma.

 

*

Una de esas trampas tiene que ver con un seguro de desempleo que se pretende implementar. A primera vista, luce a todo dar, pero luego, ya no tanto. Este seguro de desempleo saldría de un impuesto directo al salario del empleado del 3 por ciento. Este tres por ciento forma parte del 5 por ciento que algunos pagan para el Infonavit. La nueva ley dictaría entonces, en un apartado, que personas de 50 años o más no puedan disponer de sus aportaciones a este Infonavit porque ya no son sujetos de crédito.

 

*

También un Consejo de Administración decidiría cómo y con quién invertir los fondos de las Afore, sin posibilidad de impugnación y ni siquiera de conocimiento público.

 

*

La decisión de gravar casi todo en México parte en realidad de algunas actividades arraigadas en quienes gobiernan. Una de ellas es buscar en el endeudamiento la solución a los problemas económicos. No es sólo el gobierno, la ciudadanía ha vivido, por siempre jamás, de prestado. A veces paga, pero la mayoría no. Los mal pensados creen que el gobierno peñista tiene, además, muchas deudas. No importa que el dinero que se recabe con esa reforma no alcance para nada, que no represente un cambio en la cultura de la contribución. El chiste es que hay algunos servicios que hay que pagar, porque los acreedores, ésos, no esperan. Si las campañas priistas costaron más de 4 mil millones de pesos –un poco más que el desfalco de Granier en Tabasco-, el monto a ganar debe ser enorme. Entre los acreedores están los amigos, los dueños del poder empresarial peor también otros, a quienes se dicen combatir frontalmente en una batalla antidrogas que se resolverá con un decreto de legalización, tarde o temprano.

 

*

Y ya que Peña temía que lo abuchearan, que compra todo el Zócalo para él solo. Primero lo desalojó, como era esperado, y luego lo llenó con unos cuantos de miles de acarreados, a quienes les darían 500 pesos, la comida y la cena. Los camiones, repletos de priistas enjundiosos, partieron de diversas zonas del Edomex, sobre todo del valle de México, a eso del mediodía. Esperaron pacientes bajo el agua a que el mandatario y su familia se asomaran y Peña dijera las palabras, aquellas de Viva México, que poco significa ahora. Así, si hubo rechifla, nadie la notó. Todo fue aplausos y uno que otro rayo láser en la cara de los príncipes. Hasta un Grito se compró el presidente.

 

*

Más allá de enriques y eruvieles, México es ya un país en guerra civil. La ciudad de México es uno de los escenarios de esa guerra sin frentes absolutos ni ejércitos totalmente definidos. No se entiende bien el meollo de la lucha, pues no son los más jodidos los que la encabezan, promueven. Son los que quieren el poder y el presupuesto que manejan unos. Y eso es todo. La guerra civil, la verdadera, tendrá que esperar un poco más.

Hablar en grande

* A Eruviel le tocó sustituir al mandatario más visto de todo México, el más publicitado, el más mediático y quien tuvo la oportunidad de ejercer el presupuesto público a su entero antojo. A fuerza de inserciones pagadas en medios electrónicos y prensa escrita, Peña fue considerado por su grupo para la presidencia nacional. La consiguió, finalmente, pero Eruviel no ha podido sacudirse el peso moral y político del sobrino de Arturo Montiel Rojas.

 

Miguel Alvarado

El 16 de mayo del 2011, Eruviel Ávila aseguraba que firmaría 6 mil compromisos para una campaña que eventualmente lo llevaría a la gubernatura del Estado de México. Contagiado por la táctica de Enrique Peña y el “te lo firmo y te lo cumplo” que tan bien le sirvió en el 2005, el político de Ecatepec no midió lo que decía. “En esta campaña habremos de firmar los compromisos, tal y como lo hiciera nuestro hoy gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, siguiendo su ejemplo e innovando en esa forma también vamos a firmar ante notario público los compromisos. De hecho en estos primeros minutos estaríamos firmando el compromiso número uno”, afirmaba sonriente al pie de las Torres Bicentenario. Dos años después y en medio de rumores que lo colocan fuera del cargo, Ávila rinde su Segundo Informe de actividades, en una entidad donde ha ocurrido de todo, excepto el plan de trabajo del gobernador.

A Eruviel le tocó sustituir al mandatario más visto de todo México, el más publicitado, el más mediático y quien tuvo la oportunidad de ejercer el presupuesto público a su entero antojo. A fuerza de inserciones pagadas en medios electrónicos y prensa escrita, Peña fue considerado por su grupo para la presidencia nacional. La consiguió, finalmente, pero Eruviel no ha podido sacudirse el peso moral y político del sobrino de Arturo Montiel Rojas.

El primer año de Ávila administrando al Edomex se entendió como una etapa de ajuste, en la que además le tocaba sostener una campaña política presidencial que costó, oficialmente, 336 millones pero que otros análisis la ubican en 4 mil 599 millones de pesos. Eso, y que literalmente les debiera la gubernatura a Montiel y Peña, justificaron un año de nulo crecimiento, inversiones y derramas por debajo de los estándares anuales y un perfil público suscrito a empujar la campaña tricolor y condenar lo que desde allí se condenaba.

Pero que el Ejecutivo mexiquense estuviera entrampado en una parálisis explicable sólo así, no significaba que la vida en la entidad se detuviera. Continuaba sometida a una inercia que permitía lo suficiente y que contrastaba violentamente con las principales promesas de campaña que todavía algunos se permitían concederles el beneficio de la duda.

Así, aquella frase pronunciada con toda puntualidad en las giras de campaña, “cero tolerancia a la delincuencia”, se convirtió, a partir del 16 de septiembre del 2011 en el espejo negro del gobernador, donde se han reflejado hasta hoy los niveles de eficacia que guarda su administración.

Pero esa “cero tolerancia” destila cifras y anécdotas. Tres de ellas, las más crueles ubican a jóvenes mexiquenses desaparecidos por más de un año y que finalmente fueron hallados en morgues estatales, luego de secuestrados y buscados por todos los medios. Los familiares, incluso, debieron resolver esos casos. Paralelo a esto, 256 secuestros han sido denunciados en los últimos 21 meses, según un recuento del diario local Alfa.

El combate a la inseguridad no se puede entender si o se conoce a las cabezas que dirigen estos programas. Una de las primeras acciones de Ávila Villegas fue depurar lo policiaco. Así, tan fácil como un plumazo, decidió que la Agencia de Seguridad Estatal desaparecía. Aquello fu consumado el 2 de noviembre del 2011 y en su lugar nacía la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En su momento, Peña Nieto había creado aquella ASE exponiendo las mismas razones que Ávila y Salvador Neme Sastré se convertiría en su nuevo titular. Neme duró poco, casi nada y a finales de agosto del 2013 anunciaba su renuncia e inmediata incorporación al gabinete federal, donde terminó perdiéndose de vista en algún lugar de la llamada Gendarmería Nacional. Estuvo 713 días al frente de la SSC, durante los cuales perdieron la vida 65 elementos y la tolerancia se transformó, más bien, en impunidad. Entre julio del 2012 y junio del 2013, cifras de la Asociación mexicana de Instituciones de Seguros, hubo 22 mil 130 robos de automotores en la entidad, la número uno a nivel nacional. En los primeros seis meses del 2013 hubo 287 asesinatos y 101 homicidios dolosos. La sucesora de Neme, Rocío Alonso Ríos, es considerada una sustituta provisional, en espera de que Ávila se fortalezca o definitivamente se enrole al gabinete de Peña Nieto.

La presencia del narcotráfico en la entidad se confirmó de la peor de las formas. Al sur mexiquense, nuevos municipios se sumaron a los ya controlados por La Familia Michoacana y disputados por Zetas, Templarios y Guerreros Unidos. Valle de Bravo, el destino turístico más importante en el Edomex, es uno de ellos. El narcotráfico en los valles de México y Toluca, más de 70 municipios en conjunto, también reportó actividad. Al menos mil 500 elementos mantiene el ejército en la entidad, que suman 2 mil 500 junto a federales y marinos.

De los trenes que circularían entre Toluca el DF y una línea del Metro en Neza, Chimalhuacán, los Reyes y Valle de Chalco, nada se sabe. Anunciados en el 2011, en la campaña, dieron pie a la utilización del “piensa en grande”, lema que también se convirtió en el de su gobierno.

En aquella entrega de cheques de fe, en el 2011, propuso eliminar la tenencia vehicular y el IETU. Sobre el primero, Peña Nieto había formalizado desde el 2012 la acción, en base a una resolución del Congreso federal. Eruviel Ávila la hizo suya y la incluyó en lo que él dio en llamar “decálogo”. Sobre el IETU, la nueva reforma hacendaria del peñismo propone su eliminación a partir del 2014. Eruviel, una vez más, tendría la mesa lista.

La radiografía política del actual gobernador mexiquense no podría interpretarse sin las rendiciones de cuentas. A pesar de que el sistema de Transparencia está activado desde hace años, la opacidad de los datos resulta incomprensible. Un lenguaje ni siquiera técnico y que impide al usuario común acceder a los datos que necesita es el primer escollo para quien lo necesita. La transparencia sobre bienes públicos, salarios y uso de presupuestos es una de las grandes fantasías del gobierno mexiquense. El sistema se alimenta con datos elegidos a discreción y los temas públicos se protegen impúdicamente, pues dicen los administradores, “implican o se trata de una parte de la vida privada del funcionario público”.

Eruviel mismo llegó a la candidatura priista envuelto en un halo que por misterioso se volvió vulgar. Las versiones señalan que el PRD tuvo un acercamiento con el entonces alcalde de Ecatepec y que le propuso la candidatura. Aquella “ventanita” la mantuvo abierta Eruvuiel hasta el final, cuando en los minutos finales de un cónclave-cena del priismo se decidió hacer a un lado a Alfredo del Mazo Maza y ofrecer un trato al del valle de México. Eruviel, que no pertenece al grupo de peña, aceptó y pactó con el poder. Uno de los tratos no escritos era su separación de la silla de Lerdo, luego de dos años, para que se impusiera a alguien más afín. Pero el actual gobernador ha cumplido. Ha mantenido la promesa de “no estorbar”. Las consecuencias inciden directamente en la población. La derrama económica no llega. Los pequeños comercios han cerrado. La llegada de Peña a la presidencia ha beneficiado sólo a sus amigos más cercanos. El gobernador no tiene respuestas adecuadas para explicar los niveles de inseguridad ni tampoco las inversiones estatales, salvo cifras que perfilan entregas de despensas, lap tops, libretas y becas escolares, y por qué su gobierno no es austero, como también había prometido. Un ejemplo es la compra de tapetes de yoga por 12 millones de pesos desde la Secretaría de Educación, el mes pasado.  Si Ávila anticipara, habría escogido mejores palabras que las de aquella campaña: “durante mi sexenio habremos de apretarnos el cinturón para poder gastar menos en el aparato burocrático y destinar más recursos en beneficio de la gente. Hay que pensar en grande, hay que actuar en grande”.

IVA México

* Como históricamente nada se celebra, pueden cambiar ese grito por “IVA México”, como circula en las redes sociales, al fin y al cabo hasta la fecha del inicio de nuestra Independencia nos ha sido cambiada.

 Luis Zamora Calzada

Juan Garrido delató el movimiento ante el intendente de Guanajuato, Juan Antonio Riaño. A su modo, le habló de los planes de los “bandoleros”, incluso detalló que el primero de octubre incitarían a la gente contra los españoles con la imagen de la virgen de Guadalupe por delante para alocar al pueblo, usando las armas adquiridas con dinero de una guapa señora de la ciudad de México, María Ignacia Rodríguez de Velasco, mejor conocida como la “Güera Rodríguez”. Empezarían en Guanajuato o Querétaro, el lugar se determinaría a última hora.

La noche del 15 de septiembre de 1810, don Miguel Hidalgo fue a jugar baraja a la casa de un amigo español, justo a dos cuadras de su iglesia; fue hasta las dos de la mañana del 16, cuando Juan Aldama e Ignacio Allende despertaron al señor cura, a los que se unió Mariano Hidalgo, hermano del sacerdote.

Es comprensible. Al saberse delatados, Allende y Aldama se encontraban nerviosos. Hablaban de escapar, de ponerse a salvo para no ser encarcelados, de planear para otros tiempos el inicio del movimiento. El señor cura escuchaba desde otra habitación y en lo que terminaba de vestirse pidió chocolate para todos, que les fue servido. En sus primeros sorbos don Miguel Hidalgo les dijo: “señores: somos perdidos. Aquí no hay más recurso que ir a coger gachupines”, según se narra en “La otra historia de México”, de Catón, quien precisa que esto fue a las tres y media de la mañana, tomando como fuente una carta escrita por Aldama, con la narración de esa madrugada crucial de día domingo 16 de septiembre de 1810. Fue hasta las cinco de la mañana cuando tocaron las campanas para reunir a la gente en el atrio de la iglesia, en donde Hidalgo pronunció su discurso, sin ningún grito, hoy festejado como el “Grito de Independencia” el día 15 del mes citado.

La fecha la corrobora Ignacio López Rayón en los “Elementos de Nuestra Constitución” y por don José María Morelos y Pavón en los “Sentimientos de la Nación”. Ambos se refieren al 16 de septiembre como “el día aniversario en que se levantó la voz de la Independencia y nuestra Santa Libertad comenzó”, por tanto a quienes se les antoja gritar “Viva México” el día 15 que lo hagan. Y como históricamente nada se celebra, pueden cambiar ese grito por “IVA México”, como circula en las redes sociales, al fin y al cabo hasta la fecha del inicio de nuestra Independencia nos ha sido cambiada.

Reformas que faltan

 

 

Entrados en fervor patrio, al Congreso de la Unión le faltan reformas a la Constitución para vulnerar totalmente a la población. Es incomprensible que no haya un agregado al artículo que quieran para normar el desalojo de un pueblo que se levanta en 2013 para festejar al pueblo que se levantó en1810, tal y como ocurrió el viernes 14 de septiembre del año en curso. Con brutalidad narrada en reducido número de medios, se desalojó a los maestros que no han sido escuchados, pero cruelmente satanizados por los “comunicadores” al servicio del poder, para despertar ira social en contra de un magisterio mal pagado y mal tratado en nuestro país.

Las televisoras todo lo dictan. A su modo pregonan lo que al gobierno en turno conviene, crean sus propias realidades, sus propias víctimas, pobres policías atacados por los malvados maestros que no merecen ni ser llamados ciudadanos. Urge la reforma de los artículos 35, 36, 37 constitucionales, en particular el inciso C) del 37, sugiriendo se agregue que la ciudadanía mexicana la pierde “todo individuo que se manifieste en contra de leyes que aprueba el poder legislativo, a dictado de iniciativas del Poder Ejecutivo, así como los que participen en plantones que serán disuelto y sancionados por el Poder Judicial, correrán igual suerte los que escriban contraviniendo cualquier dictado proveniente del poder”, acompañado todo de spots, con referencias de imágenes históricas de “revoltosos” diversos como un tal Hidalgo, Allende o Morelos entre otros.

El artículo 14 debe ser modificado de manera inmediata. ¿Cómo es posible, señores senadores y diputados, que permanezca en el texto que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”? Esto no permitirá examinar y correr a los maestros, debe eliminarse en su totalidad el que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”, totalmente contrario a lo que dice la Ley para la Profesionalización Docente, respecto al periodo de inducción al servicio con duración de tres años, con una evaluación anual y que si cumple con las exigencias, recibirá el nombramiento definitivo. Si no, será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa.

Sabemos que estas probables iniciativas serán aplaudidas por sus correligionarios, dispuestos a instaurar el siglo XVII en pleno siglo XXI de esta segunda década que transcurre.

Las letras chiquitas de Peña y su paquete fiscal

* Como está el país, ni una cosa ni la otra será suficiente para cubrir las necesidades del gobierno. Prestando un poco de atención, las letras chiquitas de los proyectos hacendarios-fiscales para 2014 incluyen otro rubro: déficit fiscal —que aumentará de 0.4 a 1.5 por ciento—. En otras palabras, recurrirán al financiamiento, interno y externo, mediante la colocación o emisión de deuda por algunos cientos de miles de millones de pesos.

 

 

*Francisco Cruz/ **Marco A. Durán

Sin duda, sin quererlo o por la complacencia de los analistas, a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso les salió una jugada de tres bandas con la presentación de su Reforma Fiscal o Hacendaria: al Partido de la Revolución Democrática (PRD) le dieron un nuevo soplo de vida porque le “cumplieron” con el no al IVA en alimentos y medicamentos; al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) le quitaron la bandera de “primero los pobres”, y estos últimos de veras creen que serán los más beneficiados.

Todo está a punto de parecer tan real —al margen de algunas protestas empresariales y otras por el IVA en rentas y colegiaturas—, que hasta parece un sueño hecho realidad. Pocos, casi nadie ha reparado en las letras chiquitas de la reforma —a decir verdad un documento muy tímido y muy pobre— y del Programa de Egresos Federal (PEF) que se pondrá en marcha en 2014 y que ya está a en el Congreso de la Unión.

Sin embargo, alguien debe pagar por el arrepentimiento de Peña y compañía de meter la reversa en los cambios al IVA. Veamos, pues: el gobierno sólo tiene dos formas de allegarse recursos propios: los gravámenes —y puede uno llamarles: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Sobre la Renta (ISR) o cualquier otro nombres que se le quiera dar— y, la segunda, a través de lo que genera el país mediante la producción y venta de bienes y servicios.

Como está el país, ni una cosa ni la otra será suficiente para cubrir las necesidades del gobierno. Prestando un poco de atención, las letras chiquitas de los proyectos hacendarios-fiscales para 2014 incluyen otro rubro: déficit fiscal —que aumentará de 0.4 a 1.5 por ciento—. En otras palabras, recurrirán al financiamiento, interno y externo, mediante la colocación o emisión de deuda por algunos cientos de miles de millones de pesos.

La presidencia de Peña y la Hacienda de Videgaray han decidido seguir el ejemplo de José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa para mantener su engaño: endeudar al país. Con esas dos palabras, el nuevo gobierno priista le ha dado atole con el dedo al PRD y al país en general. Picado el anzuelo, vale aclarar que esa deuda y sus intereses se pagarán alguna vez.

Peña y Videgaray no impondrán gravámenes a los alimentos y a los medicamentos porque sean “hermanas” de la caridad ni porque el PRD los haya metido en cintura o los haya hecho entender. No, no y no. No lo harán porque la crisis o estancamiento de la economía los ha obligado a ello. Abortaron los nuevos impuestos y eliminarán algunos, poquísimos, privilegios —a los empresarios y la escasísima clase media— porque estarían haciéndose el harakiri.

Además, argumentan que la reforma será “justa” porque no gravará con el IVA a alimentos y medicamentos. Pero será una “justicia” muy cara e ineficiente. Veamos, cada año la llamada tasa cero beneficia con 2 mil 400 pesos a cada hogar del decil de menores ingresos; pero esa ayuda representa otro apoyo de 18 mil 200 pesos para cada familia del decil más rico.

La llamada gran reforma terminó en una leve miscelánea que sólo permitirá el aumento del ISR a una tasa de 32 por ciento a quienes ganen entre 400 mil y 500 mil pesos anuales; esto es, entre 33 mil y 41 mil pesos mensuales.

También pondrá en marcha un gravamen a las aguas azucaradas o refrescos, así como a algunos productos de confitería —chicles, entre otros—, con el pretexto de apoyar la lucha contra la obesidad y enfermedades que provoca tanto dulce. Ya el tiempo la descubrirá tan inútil, como ha pasado con medidas para abatir el consumo y abuso del cigarrillo.

Peña, Videgaray y sus asesores olvidaron que la demanda de dulces y refrescos —como la de alcohol y cigarrillos— es inelástica. En términos comprensibles, eso significa que el producto se consumirá al precio que le pongan. Si no, habría que preguntarle a Banco de México (Banxico) y al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) por qué el vino y el tabaco están dentro de la canasta básica Sin temor a la equivocación, la respuesta sería clara: los mexicanos prefieren desayunar un cigarrillo o una cerveza antes que un vaso de leche o un pan.

También se han propuesto otro impuestos a las mineras, alguno más a las comunicaciones —como al uso de 700 Mhz y 2.5 Hgz. para telefonía móvil y televisión— y se eliminarán el IETU y el IDE. También se extenderá el IVA de 16 por ciento, en todo el territorio nacional, y se propuso quitar algunos privilegios fiscales —como la consolidación— y gravar utilidades en la Bolsa Mexicano de Valores (BMV).

Cierto, también un impuesto a universidades privadas, con lo que el gobierno pretende recaudar unos 11 mil millones de pesos; sin embargo, el impacto sería mínimo porque el gobierno deberá erogar, de entrada, al menos, 260 millones de pesos para ofrecer nuevos lugares en las universidades públicas. Es decir, dar la posibilidad de estudios superiores a más jóvenes, con el apoyo del Estado.

Al margen de lo que decida el Congreso de la Unión, Peña y Videgaray solicitaron imponer un gravamen o impuesto a la compra-venta  y renta de casas, a los autobuses foráneos y a la comida para las mascotas. E incluyeron otro a la diversión: toros, futbol, conciertos, box, lucha y toda clase de espectáculos o presentaciones, excepto cine y teatro… ¿Por qué será?

 

Quieren 650 mil millones

 

Si los legisladores aprobaran todas las peticiones de Peña —incluida la eliminación de unos cuantos privilegios a los empresarios—, el gobierno federal obtendrá en 2014 apenas unos 261 mil millones de pesos adicionales, algo así como entre 1.4 y 2 por ciento respecto del Producto Interno Bruto (PIB), nivel muy bajo para las necesidades del país, tomando en cuenta un presupuesto de egresos de 4.5 billones de pesos.

Pues sí, 4.5 billones de pesos es lo que el gobierno piensa gastar. Pero, sumados todos los impuestos, derechos, aprovechamientos y eliminación de privilegios, Peña y Videgaray apenas obtendrían 3.9 billones de pesos el año próximo.

Habrá que hacer, entonces, otro razonamiento: en cualquier negocio e incluso en el hogar sólo hay dos cuentas: gasto e ingreso. Si el primero es mayor al segundo, sólo hay dos soluciones: recortar el gasto —Peña y Videgaray jamás se atreverán a hacerlo— o pedir prestado. En el Estado de México, ambos probaron que saben cómo pedir a la banca y hacer pagar a los contribuyentes para mantener a la marcha de la economía. Por temor a perder privilegios políticos, que expondrían al PRI, ninguno de los dos se atreverá a recortar.

Ambos prefieren jugar con el futuro de México y recurrir al endeudamiento, aunque los pasivos netos del país —el endeudamiento— rebasan en 40 por ciento el valor total de la economía, mientras la deuda recomendada por organismos como Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional es del 27 por ciento, como porcentaje del PIB.

Y así se entra de lleno a las letras chiquitas o déficit fiscal: para equilibrar ingresos y egresos en 2014 Peña propuso un endeudamiento neto por 650 mil 478 millones de pesos, los cuales provendrían de la emisión de deuda interna por un monto de 550 mil millones de pesos, y un endeudamiento adicional a entidades de control directo —Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otros— por otros 150 mil millones de pesos.

No, para los especialistas no hay sorpresa. El gobierno mexicano reciente —bajo cualquier apellido: Luis Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Zedillo, Fox, Calderón o Peña— han recurrido a la creatividad —aunque ninguno la ha tenido— no encuentra el valor de proponer una verdadera reforma fiscal y hacendaria. A estas alturas, la deuda total del sector público federal se ubica en la línea de los 6 billones de pesos.

Los mexicanos han pagado bastante caro el precio de la deuda y sus intereses. ¿El resultado? Empobrecimiento inexorable de la población o 60 millones de pobres, la mitad de la población.

Vale hacer algunas precisiones. El “costo financiero” de la deuda actual o lo que los especialistas llaman los intereses a pagar, en 2014 se ubicarán en el orden de 384 mil millones de pesos, o el equivalente a 60 por ciento de lo que está solicitando, para deuda, la Secretaria de Hacienda. Y eso significa en términos llanos que 60 de cada 100 pesos que costará la nueva deuda en 2014 serán para pagar sólo los intereses de la deuda actual.

Según el Proyecto de Egresos, 310 mil 646 millones serán para el pago de deuda del gobierno federal; 60 mil 980 millones para deuda de los estados, 21 mil 548 millones para programas de apoyo a ahorradores y deudores de la Banca — dinero para seguir pagando la venta de los bancos a extranjeros, luego de “los errores de diciembre” de 1994 y que derivó en la crisis financiera más fuerte en la historia moderna.

Visto en esa perspectiva, los dineros de la nueva deuda serán transferidos íntegramente a inversionistas y organismos multinacionales —Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo o FMI—, así como a los bolsillos de distinguidos” banqueros. Esos recursos, pues, enriquecerán más a los dueños del dinero. No irán a parar a ningún programa social ni a educación, seguridad, investigación ni serán destinados para los más desprotegidos de este país. Terminarán, valga, en el bolsillo sin fondo de algunos vivales que, a cambio del dinero y sus dividendos le otorgan a México calificaciones de grado de inversión.

En el pasado —los 80 y 90— esto ha sucedido. El resultado ha sido siempre el mismo: el empobrecimiento. Según las cifras más confiables, unos 58 millones de mexicanos —17 de ellos en grado extremo— viven en la pobreza. Para el gobierno es más importante pagar los intereses y la deuda. Y para Peña resultó más fácil aumentar la deuda y el déficit hasta 1.5 por ciento en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos —unos 21 mil 476.9 millones de dólares o 270 mil 608 millones de pesos—, que cobrar nuevos impuestos.

Es mejor, parece, seguir viviendo del petróleo; no hacer nada para mejorar la recaudación y seguir beneficiando a los empresarios. Según la Auditoria Fiscal de la Federación 2009, el sector privado adeudaba 453 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda en créditos fiscales; y sólo 46 empresas tenían privilegios por 214 mil 665 millones de pesos.

Por temor al impacto político, las “finanzas públicas” seguirán petrolizadas: tres de cada 10 pesos de los ingresos presupuestarios los seguirá proveyendo el monopolio paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de recursos propios y el pago de impuestos petroleros.

Nulificado también el principio básico de la tributación o fiscalizar para poder subsistir y no vivir de un solo insumo, la deuda que el gobierno espera contratar para 2014 por 650 mil millones de pesos equivale a 2.25 veces el presupuesto para educación. En otras palabras, eso significaría que si en lugar de ocupar el dinero para pagar deuda se destinara a educación, podría triplicarse la matrícula escolar en todos los niveles, se atendería a todos los niños y jóvenes en edad de ir a la escuela.

Los 650 mil millones de pasivos que se pagarán, equivaldrán a cinco veces lo que se destinará a seguridad social. Esa misma cantidad equivaldrá a 5.7 veces el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social. Cansado y tedioso como parece sacar tantos números, esos 650 mil millones podrían usarse servir para sacar de la pobreza a los 58 millones de mexicanos, mientras se mantiene en el más oscuro de los secretos el destino de los recursos de 600 fideicomisos del gobierno federal y nadie se preocupa por transparentar el gasto.

La Reforma Fiscal-Hacendaria considera la creación de un seguro universal a través de algunas vertientes: La ley para Seguro de Desempleo; la ley para la Pensión a Personas de 65 años y más; y el acceso al Servicio Médico Gratuito de toda la población. Pero los recursos para estos tres nuevos programas saldrán de algún lado. A falta de impuestos, Peña optó por el camino más fácil en el corto plazo: el endeudamiento.

Parece fácil pero, a largo plazo, la medida será catastrófica considerando que entre más deuda haya más pobres generará el país y menos posibilidades de atenderlo. Se crea un círculo vicioso entre la deuda y los pobres.

La conclusión: una borrachera o bonanza de corto plazo. A la larga, como en el pasado reciente, la “cruda” realidad será de consecuencias serias: bajo crecimiento, escasa productividad, marginación, pobreza y crisis.