LVIII Legislatura: legistitis y sumisión

* Miguel Carbonell, investigador y docente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en una ponencia titulada “Calidad de la Ley y Técnica Legislativa” advierte de este mal, legislar y legislar sin considerar la oportunidad y valor de las nuevas normas. Acusa que es un defecto de nuestro parlamentarismo y nuestros diputados responder a cada necesidad con una nueva norma, como si al solo conjuro de la ley resolviéramos en este país nuestros problemas. Y critica además que las nuevas normas y leyes carezcan de la calidad necesaria para hacerla no sólo válida sino práctica.

 

Jorge Hernández

En el primer año de gestión la actual LVIII Legislatura mexiquense mantiene con el Ejecutivo del Estado la misma relación de sumisión que, a pesar de su integración política e ideológica supuestamente plural, siempre la ha distinguido. A esta vergonzosa y lamentable condición hay que agregar ahora una desmedida e injustificable inclinación por crear a diestra y siniestra nuevas normas y leyes: una debilidad que el especialista en Derecho Constitucional Miguel Carbonell, entre otros, califica como “legistitis”.

Lo primero es casi un axioma: no necesita demostración. Desde los orígenes de nuestro modelo político, tanto en el ámbito nacional como en el estatal, el Ejecutivo siempre ha sido la figura dominante. Con la alternancia, sin embargo, aunque el presidente de la República ha visto disminuir un poco sus facultades formales y reales, en las entidades las de los gobernadores se han fortalecido constituyéndose en poco menos que señores feudales.

Nuestra experiencia, por lo demás, es significativa. Arturo Montiel en primerísimo lugar alcanzó tal relieve y poder que incluso, ya sabemos, quiso ser presidente. Su sobrino, merced a ese poder y proyección mediática, lo es. El ahora gobernador mexiquense parece empeñado en superar esas formas y poderes reales para mantener postrado al que se supone debería ser su contrapeso.

Nada más démosle seguimiento y recordemos los modos del actual mandamás en el Congreso, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Aarón Urbina Bedolla, quien no destaca por sus escasas virtudes cívicas, intelectuales o de estadista – que el área de Comunicación Social del poder Legislativo se esfuerza, por cierto sin conseguirlo, en maximizar-, sino por sus modos harto sumisos y zalameros.

Nada más veámoslo y oigámoslo en alguna de sus giras dizque sociales –de las que alguien debería llevar la cuenta en dinero, pues se ve que gasta pero en serio- para corroborar esa voluntad de sumisión al Ejecutivo.

Entre sus dichos destacan dos. En principio, siempre asegura sin rubor alguno que sale de gira porque el gobernador se lo ha ordenado, que salga a corroborar que los diputados están “trabajando” en sus comunidades y distritos entregando apoyos en despensas, materiales de construcción y ahora tabletas electrónicas para niños y jóvenes estudiantes. Afirma que va con otros diputados para eso y después informárselo a Eruviel Ávila.

Dice también que el mérito de esos apoyos no es de los diputados, que tan sonrientes los entregan, sino del mismísimo gobernador. No importa, sigue, si son del PRI, o del PAN o del PRD o de cualquiera otro partido los diputados que los entregan, esas despensas, esos bultos de cemento, esas tabletas las manda Ávila Villegas. Sólo le falta decir que si Eruviel no quisiera no los mandaba. Poco importa que haya un Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC) a disposición de los legisladores –que les aporta dos y medio millones de pesos por año-, si el mandatario no quiere no se los libera. Y ha de ser, porque hay que ver las cantidades que manejan los diputados del PRI y sus aliados, mientras que los pocos opositores apenas para cubrir las apariencias.

Esta es una de las caras de esa sumisión, la que convierte en poco menos que otra dependencia del Ejecutivo  al que debería ser uno de los poderes constitutivos del Estado.

La segunda característica que permea esta Legislatura, la legistitis, se refleja en las poco más de doscientas iniciativas de reforma legislativa aprobadas  en este primer año. De éstas, 6 son nuevas leyes. A este ritmo, al término de la gestión serán más de 600 reformas y 18 nuevas leyes. Esto sin mencionar que para su aprobación tres periodos ordinarios de sesiones no ha sido suficiente, sino que ha tenido que convocar a ¡seis periodos extraordinarios!

Miguel Carbonell, investigador y docente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en una ponencia titulada “Calidad de la Ley y Técnica Legislativa” advierte de este mal, legislar y legislar sin considerar la oportunidad y valor de las nuevas normas. Acusa que es un defecto de nuestro parlamentarismo y nuestros diputados responder a cada necesidad con una nueva norma, como si al solo conjuro de la ley resolviéramos en este país nuestros problemas. Y critica además que las nuevas normas y leyes carezcan de la calidad necesaria para hacerla no sólo válida sino práctica.

Entre los principales defectos que le apunta a las normas aprobadas sin la debida atención, señala la falta de análisis y estudio para dictaminarlas primero y someterlas al pleno después, pero sobre todo para justificar su oportunidad social; su falta de sustento financiero, es decir que nunca se acompañan de la debida proyección para su puesta en práctica, y la falta del debido análisis jurídico para evitar que choquen o se opongan a otra legislación.

En este contexto haya que apuntar que las recientemente aprobadas Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública, Ley de Voluntad Anticipada, Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y Ley que Regula las Casas de Empeño ya se encontraban perfiladas en el marco jurídico estatal, por lo que quizás sólo había que precisar algunos temas como el de las casas de empeño.

Pero caso significativo es el de la nueva Ley del Agua, pues apenas la Legislatura anterior había aprobado una, la anterior y primera, y la actual la abrogó para pasar aquella. ¿Era necesario eliminar la primera y expedir esta nueva? La pregunta vale porque una rápida mirada de ambas dejan ver numerosas similitudes. Hubiera bastado su actualización y mejoramiento, pero abrogarla y expedir una nueva no es más que un exceso y un afán legislador injustificado.

La ley de contratación pública es caso similar. Los códigos administrativo y financiero regulaban el tema, ¿qué caso tiene sacarlo de ellos para armar una sola ley? Legistitis sin más.

Lo mismo puede decirse de algunas reformas, como la que implementa la cárcel de por vida para ciertos delitos, aprobada hace un año y ahora ampliada a más delitos. Durante su modificación no hace ni un mes, el diputado Armado Portuguez acusó primero que era un instrumento para criminalizar la pobreza, pero además una norma inútil porque al final de cuentas en un año de vigencia sólo había conseguido sentenciar a esa pena a dos delincuentes.

Ante esto cabe recordar a Montesquieu, quien advertía precisamente contra el afán de legislar por legislar, de crear leyes innecesarias que sólo terminan por debilitar a las buenas.

Pero esta es la regla en nuestro Congreso, acatar la voluntad del gobernador tenga o no razón.

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