Transitorio octavo

* La Ley aprobada la noche del primero de septiembre del 2013, en estos términos el transitorio octavo, se convierte en la propia contrarreforma que impuso el Congreso de la Unión y el poder Ejecutivo, al parecer “no leer” tiene algunas ventajas para el caso concreto de muchos legisladores, no así del pueblo y mucho menos de los maestros.

 

 

Luis Zamora Calzada

El desastre educativo de la nación no es responsabilidad de los maestros, los culpables directos son quienes han diseñado las políticas educativas estatales y federales, con sus administradores del sistema; en la imposición de normatividades y leyes que rigen o regirán a las escuelas públicas nada tiene que ver el docente, es determinación en el ámbito de su competencia de quien las emite.

Las movilizaciones de maestros que hoy se satanizan y exhiben tienen su origen en el carácter autoritario para imponer reformas y nuevas leyes sin escuchar a nadie, marco jurídico en donde se puede encontrar artículos y transitorios para la defensa de los mismos, por ejemplo, la Ley General del Servicio Profesional Docente, ubicada en el ojo del huracán, en su transitorio octavo establece:

“El personal que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentre en servicio y cuente con Nombramiento Definitivo, con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados, se ajustará a los procedimientos evaluatorios y actividades de regularización a que se refiere el Título Segundo, Capítulo VII de esta Ley. El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 48 de la Ley, no será separado del servicio público y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen.

“El personal que no se sujete a las evaluaciones o no se incorpore a los programas de regularización del artículo 48 de la Ley, será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda”.

La Ley aprobada la noche del primero de septiembre del 2013, en estos términos el transitorio octavo, se convierte en la propia contrarreforma que impuso el Congreso de la Unión y el poder Ejecutivo, al parecer “no leer” tiene algunas ventajas para el caso concreto de muchos legisladores, no así del pueblo y mucho menos de los maestros.

 

 

Carrera magisterial

 

 

El programa de carrera magisterial, con significado centrado en el recurso económico que recibe el maestro no corre ningún riesgo, la Ley General del Servicio Profesional Docente aprobada por 390 votos provenientes del PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza y una fracción del PRD, 69 votos en contra y 4 abstenciones, en su transitorio décimo primero es claro al señalar que “el programa de Carrera Magisterial continuará en funcionamiento hasta en tanto entre en vigor el programa a que se refiere el artículo 34 de esta Ley, cuya publicación deberá hacerse a más tardar el 31 de mayo del año 2015.

“Lo anterior, sin perjuicio de que antes de esa fecha la Secretaría ajuste los factores, puntajes e instrumentos de evaluación de Carrera Magisterial y, en general, realice las acciones que determine necesarias para transitar al programa a que se refiere el artículo 34 de esta Ley.

“Los beneficios adquiridos por el personal que participa en Carrera Magisterial no podrán ser afectados en el tránsito al programa a que se refiere el artículo 34 de esta Ley.

“La XXII etapa de Carrera Magisterial para los docentes de Educación Básica se desahogará en los términos señalados por la convocatoria correspondiente a dicha etapa”.

Las leyes en materia laboral garantizan que los derechos que otorgan son irrenunciables, no se puede reducir carga horaria, salario, asignar funciones diferentes a las determinadas en un nombramiento, entre otros, cualquier afectación al respecto llevaría a demandas laborales, judicializando el asunto educativo.

Los docentes en activo interinos tampoco corren riesgo, se establece que continuarán en la función en que se vienen desempeñando, con la salvedad de que serán sometidos a la evaluación y en caso de obtener resultados “suficientes”, recibirán el nombramiento definitivo o indeterminado como se conoce en nuestra entidad.

Queda claro que la gran desventaja en este momento en el profesorado, es la falta de una cultura de la legalidad, en donde se puede aprender rápidamente para vencer los obstáculos y vicios de una secuela procesal impuesta.

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