Mariana

* Rodolfo Domínguez, abogado de la familia de Mariana Lima, explicó que el caso fue atraído por la SCJN luego de que se agotaron y no resultaron favorables una serie de recursos jurídicos presentados como lo mandata la ley penal mexiquense, tales como el amparo y la revisión.

 

Anaiz Zamora Márquez

México, DF/ Cimac.  La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de Mariana Lima Buendía, joven presuntamente asesinada en el Estado de México en junio de 2010, al considerar que la falta de investigación con debida diligencia, la no aplicación de protocolos de investigación con perspectiva de género, y la impunidad con la que se resolvió el homicidio, son cuestiones de interés y trascendencia para la sociedad mexicana.

El miércoles pasado, la Primera Sala de la SCJN decidió ejercer su facultad de atracción en el caso de la joven de 29 años presuntamente asesinada por el agente judicial mexiquense Julio César Hernández Ballinas, en el cual las autoridades mexiquenses se han empeñado en afirmar que fue un suicidio y no un caso de feminicidio.

Presentado para su admisión por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el caso abre la posibilidad de que la SCJN siente jurisprudencia sobre la adecuada forma de indagación en estos delitos, pues es el primer caso de feminicidio que atrae la Corte y en el que se analizarán las faltas e irregularidades que se cometieron en las investigaciones.

Rodolfo Domínguez, abogado de la familia de Mariana Lima, explicó a Cimacnoticias que el caso fue atraído por la SCJN luego de que se agotaron y no resultaron favorables una serie de recursos jurídicos presentados como lo mandata la ley penal mexiquense, tales como el amparo y la revisión.

Informó que en febrero pasado se presentó una solicitud de ejercicio de facultad de atracción ante la SCJN exponiendo que el caso se mantiene en la impunidad, pues en todo momento las autoridades se han negado a abrir una línea investigación para resolver el caso por violencia feminicida, como se denunció desde un principio, y además las pesquisas no se han realizado con la debida diligencia.

El 28 de junio de 2010, según las declaraciones de Julio César Hernández, la joven se quitó la vida ahorcándose, aunque el cuerpo se encontró acostado en la cama. El policía judicial argumentó que había movido el cuerpo de lugar.

En ese momento comenzaron las irregularidades en el caso. Las autoridades realizaron una inspección de sólo 10 minutos al levantar el cuerpo, no resguardaron las evidencias y no acordonaron la zona. Sólo se quedaron con la versión dada por el judicial mexiquense.

Cabe mencionar que el presunto homicida nunca fue detenido, pese  a que la joven sostenía una relación sentimental con Hernández Ballinas, de quien sufrió violencia física, sexual y psicológica que en su debido momento fue denunciada como parte de la tipificación del delito de feminicidio en el Edomex.

Domínguez consideró que la decisión de la Corte es de suma importancia para toda la población y especialmente para las mujeres que buscan acceder a la justicia, pues la SCJN al indagar si se investigó de manera adecuada el caso y si se cumplieron o no los procedimientos y protocolos mandatados para el delito de feminicidio, sentará las bases para otros casos y fijará criterios sobre cómo se debe proceder con relación a la violencia feminicida.

Cabe destacar que además de contar con el tipo penal de feminicidio, las autoridades  mexiquenses cuentan desde abril de 2010 con el Protocolo de Actuación e Investigación del Homicidio desde la Perspectiva de Feminicidio.

Además –resaltó Rodolfo Domínguez– con este caso también se abre la posibilidad de determinar la aplicación y alcance de la sentencia de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano, resultado de la impunidad, negligencia y violación a Derechos Humanos (DH) con las que las autoridades mexicanas se manejaron en el esclarecimiento de tres de los ocho casos de jóvenes asesinadas y encontradas en 2001 en el Campo algodonero de Ciudad Juárez.

A decir del abogado integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en este caso se “están repitiendo las mismas violaciones a DH por las que fue sentenciado México en 2009”, y recordó que la sentencia de Campo Algodonero mandató acciones para la no repetición de los hechos, que no se han llevado a la práctica.

Domínguez acotó que se está en espera de que se determine quién va a ser el ministro ponente del caso, a quien corresponderá realizar la propuesta de resolución que será discutida por la Primera Sala de la Corte, aunque no hay un plazo específico para ello.

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